CeProDH - Centro de Profesionales por los Derechos Humanos

¿Qué es el CeProDH?

2017-05-17T12:45:03Z

¿Qué es el Ceprodh?

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos se creó en 1997 y tuvo como bautismo de fuego la campaña y defensa legal de los compañeros presos detenidos en La Plata en ocasión del paro nacional del 14 de agosto de aquel año. Un pequeño grupo de profesionales decidió crear este organismo a partir de la acertada visión histórica de que el movimiento obrero -ocupado y desocupado- tarde o temprano iba a entrar escena y que los capitalistas y su Estado, como es de enorme tradición en la Argentina, iban a responder a sangre y fuego para defender sus privilegios de clase. Y que ninguno de los organismos de derechos humanos existentes tenía como prioridad defender a los luchadores obreros y populares acosados por el Estado, su Justicia y sus bandas armadas.

Por aquellos años, el CeProDH fomentó la creación de comités juveniles contra la represión y la impunidad, que tuvieron una destacada presencia en la lucha contra los desaparecedores y asesinos de la clase obrera durante de la dictadura. Centenares de jóvenes entraron a la vida política a través de esa rica experiencia de acción y organización.
Hoy el CeProDH ha pegado un salto en calidad. Sus abogados, además de ser parte esencial de los protagonistas que lograron el triunfo que significó la libertad incondicional de lchadores sociales, son los defensores de los procesos obreros de tomas de fábricas más avanzados de la Argentina: Zanon y Brukman, además de tomar decenas de causas contra persecuciones y aprietes a asambleístas, piqueteros, trabajadores y militantes de la izquierda.

Actualmente forma parte como querellante en los juicios contra los genocidas de la última dictadura.

Allá donde hay una toma de empresa o despidos, dentro de las posibilidades que da la física y el tiempo, estos abnegados militantes de la causa obrera se hacen presentes. Muchos estudiantes de derecho, psicología, trabajo social, comunicadores sociales, etc., se acercan al organismo motivados por sus ansias de aportar sus conocimientos y militancia a la causa de los trabajadores y el pueblo. Pero hacen falta muchos más. Sumate al Ceprodh aportando tu conocimiento a la lucha de los trabajadores y todo el pueblo.

En el día de ayer se conoció el fallo de la...

Nora Domínguez — 2017-05-10T13:18:12Z

En el día de ayer se conoció el fallo de la Corte Suprema, que con los votos positivos de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, habilita la aplicación de la Ley 24.390, más conocida como "2x1", que reduce el tiempo de prisión porque se trata de la ley más benigna, y que podrá ser aplicable a casos de crímenes de lesa humanidad.

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Es oportuno recordar que los jueces de la Corte son designados por el presidente con acuerdo del Senado, que en la actualidad cuenta con mayoría del bloque del PJ-Frente para la Victoria. Sin los votos de este bloque los pliegos de los jueces no podrían haber sido aprobados.

El pliego de Rosatti contó con el voto positivo de 60 legisladores: 29 votos del bloque PJ/FpV , 9 la Unión Cívica Radical y el PRO con 6. Mientras que el de Carlos Rosenkrantz contó con (58) votos a favor, 26 PJ/FpV, UCR 8 y el PRO 6, por nombrar solo los bloques principales.

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En los últimos meses el Gobierno nacional, junto con sus aliados mediáticos como La Nación, lleva adelante una campaña en regla revitalizando la teoría de los dos demonios e incluso negando el genocidio de clase ocurrido en los ‘70.

Veamos ahora, detalladamente, las votaciones de los pliegos en Senadores:

Pliego de Horacio Rosatti

VOTOS A FAVOR (60)

FpV-PJ: Juan Manuel Abal Medina, Eduardo Aguilar, Hilda Aguirre, José Alperovich, Walter Barrionuevo, Inés Blas, Salvador Cabral, Julio César Catalán Magni, Graciela De la Rosa, Carlos “Camau” Espínola, Liliana Fellner, Silvina García Larraburu, Ruperto Godoy, Pedro Guillermo Guastavino, Juan Manuel Irrazábal, Ada Rosa Iturrez de Cappellini, Sigrid Kunath, María Laura Leguizamón, Mirtha Teresita Luna, José Miguel Mayans, Dalmacio Mera, José “Nato” Ojeda, Juan Mario País, Omar Perotti, Daniel Pérsico, Miguel Angel Pichetto, Marina Riofrío, Rodolfo Urtubey y Gerardo Zamora.

UCR: Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Silvia del Rosario Giacoppo, Juan Carlos Marino, Alfredo Martínez, Luis Petcoff Naidenoff, Angel Rozas y Pamela Verasay.

Frente Cívico y Social de Catamarca: Oscar Castillo.

Frente Popular: Gerardo Montenegro.

Unión Pro: Néstor Braillard Poccard, Alfredo De Angeli, Ernesto Martínez Carignano, Federico Pinedo, Laura Rodríguez Machado y Marta Varela.

Compromiso Federal: Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá.

Frente Popular Salteño: Juan Carlos Romero.

Producción y Trabajo: Roberto Basualdo.

Santa Fe Federal: Carlos Alberto Reutemann.

Peronismo Pampeano: Norma Durango y Daniel Lovera.

Movimiento Popular Neuquino: Carmen Lucila Crexell y Guillermo Pereyra.

Pares: María Cristina Fiore Viñuales.

Frente Progresista CC-ARI: María Magdalena Odarda.

Movimiento Popular Fueguino: Miriam Boyadjian.

Chubut Somos Todos: Alfredo Luenzo.

Misiones: Sandra Giménez.

Federalismo y Liberación: Carlos Saúl Menem.

VOTOS EN CONTRA (10)

FpV-PJ: Ana Almirón, Anabel Fernández Sagasti, Marcelo Fuentes, Virginia García, Nancy González, María Ester Labado, María Inés Pilatti Vergara y María de los Angeles Sacnun.

Proyecto Sur: Fernando “Pino” Solanas.

GEN: Jaime Linares.

Pliego de Carlos Rosenkrantz

VOTOS A FAVOR (58)

FpV-PJ: Juan Manuel Abal Medina, Eduardo Aguilar, José Alperovich, Walter Barrionuevo, Inés Blas, Salvador Cabral, Julio César Catalán Magni, Graciela De la Rosa, Carlos “Camau” Espínola, Liliana Fellner, Silvina García Larraburu, Ruperto Godoy, Pedro Guillermo Guastavino, Juan Manuel Irrazábal, Ada Rosa Iturrez de Cappellini, Sigrid Kunath, María Laura Leguizamón, Mirtha Teresita Luna, José Miguel Mayans, Dalmacio Mera, José “Nato” Ojeda, Juan Mario País, Omar Perotti, Daniel Pérsico, Miguel Angel Pichetto, Rodolfo Urtubey y Gerardo Zamora.

UCR: Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Silvia del Rosario Giacoppo, Juan Carlos Marino, Alfredo Martínez, Luis Petcoff Naidenoff, Angel Rozas y Pamela Verasay.

Frente Cívico y Social de Catamarca: Oscar Castillo.

Frente Popular: Gerardo Montenegro.

Unión Pro: Néstor Braillard Poccard, Alfredo De Angeli, Ernesto Martínez Carignano, Federico Pinedo, Laura Rodríguez Machado y Marta Varela.

Compromiso Federal: Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá.

Frente Popular Salteño: Juan Carlos Romero.

Producción y Trabajo: Roberto Basualdo.

Santa Fe Federal: Carlos Alberto Reutemann.

Peronismo Pampeano: Norma Durango y Daniel Lovera.

Movimiento Popular Neuquino: Carmen Lucila Crexell y Guillermo Pereyra.

Pares: María Cristina Fiore Viñuales.

Frente Progresista CC-ARI: María Magdalena Odarda.

Movimiento Popular Fueguino: Miriam Boyadjian.

Chubut Somos Todos: Alfredo Luenzo.

GEN: Jaime Linares.

Misiones: Sandra Giménez.

VOTOS EN CONTRA (12)

FpV-PJ: Hilda Aguirre, Ana Almirón, Anabel Fernández Sagasti, Marcelo Fuentes, Virginia García, Nancy González, María Ester Labado, María Inés Pilatti Vergara, Marina Rifrío y María de los Angeles Sacnun.

Federalismo y Liberación: Carlos Saúl Menem.

Proyecto Sur: Fernando “Pino” Solanas.

AUSENTES

Beatriz Mirkin (FpV-PJ) y Carlos Caserio (Unión por Córdoba)

Genocidio: desde 1983 la política de Estado fue la impunidad y la “reconciliación”

Daniel Satur — 2017-05-10T13:09:30Z

De Alfonsín a Macri, todos los gobiernos, sean radicales, peronistas o de coalición, mantuvieron el aparato represivo heredado de la dictadura y sólo frente la presión popular dieron algunas concesiones.

El martes pasado, apenas conocido el fallo de la Corte Suprema que beneficia con el “2x1” a un genocida de la dictadura cívico-militar (condenado por decenas de crímenes de lesa humanidad), la coalición Cambiemos se vio en un brete.

Si bien en varios despachos oficiales se recibió con alegría la resolución, la catarata de repudios que desató, provenientes de los sectores más diversos, obligó a algunos cerebros del Gobierno a recalcular.

Pasada una semana, desde el radical exjuez del juicio a las Juntas Ricardo Gil Lavedra (“el fallo es innecesario, inoportuno y equivocado”) hasta la ultramacrista María Eugenia Vidal (“para los delitos de lesa humanidad no puede haber atajos”) buscaron despegarse del trío supremo que desde hace una semana está en boca de todo el mundo.

Si hasta el mismísimo senador Federico Pinedo (tan afecto a la defensa de los derechos humanos como el rabino Bergman a la ecología) presentó un proyecto para limitar el fallo de la Corte así no beneficia a otros genocidas.

Es la relación de fuerzas, estúpido

Así, en pocos días, el Gobierno de Macri confirmó que, al menos en este tema, no cuenta con una relación de fuerzas tan favorable que le permita ir rápido y hasta el final en su plan de reorganización nacional.

Por eso, paradójicamente, ahora Elena Highton de Nolasco (promovida por Néstor Kirchner), Horacio Rosatti (exministro de ese mismo presidente) y Carlos Rosenkrantz (exasesor de Raúl Alfonsín) se quedaron solos blandiendo su fallo. O mejor dicho, sólo acompañados por los genocidas, sus familiares y amigos.

Incluso el diario La Nación, que desde que asumió Macri pide impunidad y más impunidad, se vio obligado a tratar el tema con cierto cuidado. Y ya se presentó una denuncia penal contra los tres jueces por “prevaricato” (es decir por cometer el delito de abuso de autoridad fallando ilegítima e ilegalmente).

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Números de verdad

En 1984 el abogado Eduardo Luis Duhalde publicó un informe titulado El Estado terrorista argentino, donde calculó que entre 150 mil y 200 mil personas formaron parte activa, con sus niveles de responsabilidad y jerarquías, del genocidio perpetrado entre 1976 y 1983.

A 33 años de aquella publicación (y un poco más de la finalización de la dictadura) sólo hay 750 genocidas condenados. Un tercio apenas de los casi tres mil imputados en causas de lesa humanidad, de los cuales (encima) la mitad está en libertad.

Huelga decirlo a esta altura, pero que al menos el 1,5 % de los genocidas terminaran enjuiciados fue producto de la valentía y la perseverancia de sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos, abogadas y abogados que tomaron la decisión de luchar, en serio, por verdad y justicia.

Durante décadas, miles de personas vienen marchando en las calles exigiendo el juicio y castigo a todos los genocidas, en memoria y honor de las 30 mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Uno de los cánticos más escuchados a lo largo de tantos años dice que “a los milicos los salvaron sus amigos, la democracia peronista y radical”. Y la razón de esas estrofas radica en la impunidad acumulada durante décadas.

Porque más allá de los relatos sobre la voluntad democrática alfonsinista o sobre la épica nacional y popular kirchnerista, todos los gobiernos que pasaron desde 1983 coincidieron en la necesidad imperiosa de trastocar lo menos posible el aparato represivo estatal heredado de la dictadura. Si no, no se podría comprender de conjunto el accionar de los dos partidos mayoritarios de Argentina y sus diferentes coaliciones a lo largo de estas cuatro décadas.

Del genocidio a la impunidad

Fue el Partido Justicialista, con acuerdo explícito del radicalismo, el que ordenó por decreto en 1975 “aniquilar a la subversión”, dándole llave en mano a Videla, Massera y Agosti la justificación política del plan genocida. Fueron la Unión Cívica Radical y el PJ los partidos que más funcionarios pusieron al servicio de las juntas militares a partir del 24 de marzo de 1976. Y fueron radicales de la talla de Balbín, Illia, Alfonsín y Perette quienes tuvieron muchas reuniones cordiales en esos años con quienes decidían sobre la vida y la muerte de millones.

Fueron la UCR y el PJ quienes impulsaron en 1981 la Multipartidaria y negociaron durante dos años con los genocidas la salida de la dictadura. Lo hacían, como sus mismos documentos lo afirmaban, “bajo el lema del Episcopado Argentino: la reconciliación nacional”.

Fue el Gobierno de Raúl Alfonsín el que se embanderó en 1983 con la “teoría de los dos demonios”, poniendo un signo igual entre el terrorismo de Estado y el accionar de las organizaciones políticas armadas, buscando así justificar la demonización burguesa de las diferentes experiencias políticas, sindicales, culturales y sociales que pusieron en jaque a las clases dominantes en los años 70.

Pero como eran muchas las personas que habían luchado contra la dictadura, el régimen en formación debía dar una señal de confianza. Así fue que en 1985 se realizó el histórico juicio a las tres primeras juntas militares que se repartieron el gobierno entre 1976 y la Guerra de Malvinas.

Pero un año después Alfonsín haría votar en el Congreso la ley de Punto Final, que le pondría un coto temporal a las denuncias de sobrevivientes y familiares de víctimas, ayudando a bajar el número de genocidas imputados. Y al otro año, en 1987, tras negar que negociaría con Aldo Rico y sus carapintadas alzados en Semana Santa, el líder radical saldría del Congreso con su ley de Obediencia Debida bajo el brazo.

Miles y miles de genocidas quedaban amparados por la “democracia” y vivirían muchos años tranquilos. Eso sí, “a cambio” se hacía votar en 1988 la Ley de Defensa Nacional, que dejaba formalmente prohibida la intervención en conflictos internos por parte de las Fuerzas Armadas. No fuera a ser cosa.

La infamia peronista

Para no ser menos, mientras dejaba el “salariazo” y la “revolución productiva” en el arcón de las promesas incumplidas, Carlos Menem decretaría los indultos para Videla, Massera, Galtieri, Viola, Suárez Mason y varios jerarcas más. Fue en 1989 y 1990, con el apoyo de todo el arco político patronal y de todos los gobernadores, desde el cordobés radical Eduardo Angeloz hasta el santacruceño Néstor Kirchner.

Años después, pasados veintidos del golpe genocida y con una década de menemismo a cuestas, el mismo régimen que había salvado a los milicos daría una impresionante demostración de suprema demagogia. En 1998 el PJ de Menem y la Alianza radical-frepasista derogarían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Es decir, las dejaban sin efecto... pero para el futuro. Nada que molestara a Astiz, Acosta, Etchecolatz, Barreiro, Milani.

Serían las jornadas revolucionarias del 19 y 20 de diciembre de 2001 las que pondrían en crisis al régimen. Y con él, a sus leyes y decretos de impunidad. Kirchner abrigó la herencia de Duhalde (con su ministro de Economía y todo) pero con ropajes necesariamente diferentes. Sin embargo, no fue hasta que la diputada de izquierda Patricia Walsh presentara un proyecto para anular las leyes y volver un poco la cosa atrás que el peronismo se sintió interpelado.

En 2003 el Congreso votó finalmente la nulidad de la Obediencia Debida y el Punto Final, ahora sí con efecto retroactivo. Y allí votaron afirmativamente, mancomunados, democráticos y como si nada hubieran tenido que ver con la historia, los bloques del PJ y la UCR.

Deberían pasar dos años más para que la Corte Suprema (recauchutada por el kirchnerismo) se sintiera obligada a declarar esas leyes inconstitucionales. Y cinco años más pasarían hasta que en 2010 el máximo tribunal declarara inconstitucionales los indultos.

Y el aparato intacto

Durante décadas, entre tantas maniobras leguleyas y transas políticas, no faltaron varios descabezamientos de las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como múltiples reformas cosméticas y llamados a la “reconciliación” de esas mismas fuerzas con la sociedad civil. Sin embargo (o justamente gracias a eso) el aparato represivo de conjunto se ha mantenido prácticamente intacto.

Si bien el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en estas décadas desarrollaron tareas fronteras afuera, colaborando con las potencias imperialistas en eufemísticas misiones “de paz” de la ONU, las fuerzas de Seguridad (a las que se sumaron la Gendarmería y la Prefectura) fueron empleadas a pleno para reprimir a la población en diferentes momentos y durante todo el período.

En reiteradas oportunidades los organismos de derechos humanos o las propias víctimas de la represión a huelgas, piquetes y puebladas denunciaron la presencia de genocidas en esos operativos, incluso comandando las acciones.

Así como Menem envió en 1997 al comandante mayor Eduardo Jorge a dirigir el operativo criminal de Gendarmería contra docentes y petroleros (asesinando a Teresa Rodríguez) en 1999 De la Rúa hizo lo propio con el comandante mayor Ricardo Alberto Chiappe, a quien asignó la tarea de reprimir una protesta docente en Corrientes donde dos jóvenes terminaron muertos. De allí a la designación de César Milani al frente del Ejército en 2013 hubo siempre un hilo conductor: si hay genocidas, mientras no sean descubiertos públicamente, que sigan brindando sus servicios.

De no comprender ese acuerdo estratégico entre los partidos tradicionales para sostener el aparato represivo y encubrir a la mayor cantidad de genocidas posible, costaría entender varias cosas. Por caso, costaría comprender por qué a más de diez años de desaparecido Jorge Julio López no existe en los expedientes judiciales un solo imputado mientras que es vox populi la participación directa de la Policía Bonaerense y se sabe quiénes podrían estar detrás de ese crimen.

También costaría entender por qué el número de imputados, procesados y condenados por el aniquilamiento de 30 mil personas y el saqueo de la economía nacional representa menos del 2 % del total de ejecutores del terrorismo de Estado.

Y costaría entender, por supuesto, por qué hoy los destinos del país siguen siendo digitados por una clase social parásita y criminal, ayudada en su empresa por un nutrido personal político, policial y judicial.

El escándalo del “2x1” protagonizado por un quinteto de jueces ricos que la población no eligió ni puede remover, no salió de la nada ni puede sorprender del todo. Esos jueces fueron puestos por las mismas manos que durante décadas votaron leyes de impunidad, decretos de amnistía y otras canalladas. Las mismas manos que, cuando la presión popular fue incontenible, anularon esas leyes y decretos, bajaron algún que otro cuadro y se vistieron de progresistas.

Echarle la culpa del estado actual de las causas y de la posibilidad de que esos genocidas salgan en libertad sólo a los editoriales de La Nación sería un acto de cinismo. Porque a los milicos, antes y ahora, los salvaron sus amigos de la democracia peronista y radical.

Genocidas beneficiados con el 2x1: la Corte falló “contra la humanidad”

2017-05-10T13:01:06Z

Así lo afirmó la Comisión por la Memoria que integran, entre otros, Pérez Esquivel y Nora Cortiñas. Exigen “a los representantes de los tres poderes del Estado” que rechacen el fallo del máximo tribunal.

En un comunicado dado a conocer el mediodía de este jueves, la Comisión Provincia por la Memoria rechazó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que beneficia a un genocida mediante la aplicación de la ley 24.390. “Se trata de un retroceso muy significativo en materia de derechos humanos que no sólo desconoce la historia de lucha de todo el pueblo argentino, sino que contradice lo actuado por esa misma Corte en la temática”, afirmó el organismo.

Es “un fallo contra la humanidad”, manifestaron desde la CPM en el comunicado. “Con esta decisión, la Corte Suprema habilita la posibilidad de reducir el tiempo de reclusión para los genocidas condenados por la justicia argentina, permitiendo que las condenas impartidas puedan moderarse considerablemente”, afirmaron.

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Según el organismo presidido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y que integra, entre otras personalidades, la Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) Nora Cortiñas, “la decisión afecta al estado de derecho y constituye una afrenta para todo el pueblo argentino que, desde los años de la dictadura, ha venido sosteniendo una lucha incansable para que el reconocimiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar y la condena a sus responsables se constituya en un baluarte irrenunciable de la vida democrática”.

“Con esta decisión arbitraria y parcial, la Corte Suprema desconoce además su propia historia como máximo tribunal de justicia”, recuerda la CPM, en referencia a que, “con decisiones anteriores, fue forjando un camino de lucha contra la impunidad, como la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad”.

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En una lectura socio-política de la acción del Poder Judicial, la CPM afirma que “mientras desde los tres poderes del Estado se promueven reformas regresivas en materia penal, anulando garantías constitucionales y endureciendo leyes para que los autores de delitos comunes permanezcan más tiempo en la cárcel aún sin condena, se favorece a los autores de delitos más graves como el genocidio, la desaparición de personas y las torturas. La desigualdad con la que se tratan unos y otros delitos es muy clara”.

Acusando de inconstitucional el fallo, la Comisión por la Memoria recordó que los tres jueces que votaron a favor de otorgar el 2x1 a un genocida lo hicieron con argumentos contrarios “a los principios de los derechos humanos incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico por el bloque de pactos internacionales de derechos humanos que son parte de la Constitución Nacional”. En ese marco, agregan, “resulta intolerable el argumento de que porque son delitos que se continúan cometiendo, como lo es la desaparición forzada, eso habilite la reducción de la pena”.

La CPM agrega que “la sociedad argentina no ha modificado su percepción sobre estos delitos a los que sigue condenando y rechazando”. Por eso “rechaza este fallo y exige a todos los representantes de los tres poderes del Estado que se expresen en el mismo sentido, salvaguardando la historia y la memoria del pueblo argentino”.

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¿Qué dijeron los principales referentes políticos sobre el 2x1 para los genocidas?

2017-05-10T12:36:58Z

A diferencia del repudio por parte de los organismos de DDHH, fueron pocos los políticos que se pronunciaron. Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, pidió “ser respetuosos” de la decisión.

"Yo acato lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Sostuve siempre que los derechos humanos son para todos. El estado de derecho y las normativas que tenemos es para ser cumplidos por todos por igual, y si los jueces consideraron que el marco legal permitía eso, tengo que respetarlo". Las palabras pertenecen al secretario de Derechos Humanos de la Nación, el macrista Claudio Avruj. El funcionario fue el único integrante del oficialismo que se expidió sobre el fallo de la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia, respaldando el beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad.

El fallo, un nuevo paso que apunta a la reconciliación con los genocidas, refuerza la política negacionista del macrismo que no sólo se esfuerza en volver a instalar “la teoría de los dos demonios” sino que ahora pretende equiparar la represión estatal, la tortura, la desaparición forzada de personas y la apropiación de bebés con los delitos comunes. “Los derechos humanos son para todos” insiste Avruj, legitimando la reducción de penas para quienes se valieron del poder del Estado para llevar adelante un plan sistemático de exterminio. Para Avruj y para el Gobierno, el supuesto “garantismo” que critican por parte del Poder Judicial no está tan mal si beneficia a los genocidas. Un verdadero combo de hipocresía para garantizar la impunidad.

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner manifestó su repudio al fallo desde sus redes sociales asegurando que “retrocede 20 años en materia de derechos humanos” y afirmó que “en el campo político habrá que fortalecer el polo popular y democrático que salió debilitado con la llegada de Cambiemos”. Sin embargo basta ver quiénes son los senadores que finalmente aprobaron la designación de estos jueces para darse cuenta que una importante mayoría forma parte de ese “polo popular” del que habla la expresidenta e integran hasta el día de hoy el bloque del Frente para la Victoria, aunque esta realidad no mereció comentario alguno.

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Tal es el caso del referente del Movimiento Evita y senador por el FpV-PJ Juan Manuel Abal Medina. El exjefe de Gabinete expresó su rechazo a la concesión del beneficio que otorgaron Rosenkrantz, Rosatti y Highton, pero su nombre es uno de los sesenta que pueden leerse en la nómina de los que aprobaron su designación. Por ese mismo motivo durante el día de ayer pudieron leerse en las redes decenas de comentarios repudiando su actitud, algo que el senador intentó eludir asegurando que “hay temas demasiado graves para usarlos en discusiones internas".

Hay temas demasiados graves para usarlos en nuestras discusiones internas. Acá todos juntos reafirmando #MemoriaVerdadJusticia pic.twitter.com/t7phM6YJw6

— Juan Abal Medina (@juanabalmedina) 4 de mayo de 2017

Miguel Ángel Pichetto, José Alperovich y Omar Perotti también forman parte de los senadores del FpV-PJ que votaron a favor del nombramiento de los jueces, aunque a diferencia de Abal Medina, ante el escandaloso fallo optaron por el silencio.

Por su parte los referentes del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Nicolás del Caño repudiaron el fallo y lo calificaron de "vergonzoso". Bregman afirmó que "la Corte Suprema de hecho está indultando" mientras Del Caño aseguró: “Los paladines de la mano dura y el punitivismo aplican mano blanda con los genocidas que cometieron delitos de Lesa Humanidad”.

"Hay que abolir la Corte Suprema. Una casta vitalicia, privilegiada, que cobra sueldos 20 veces mayores a los de cualquier laburante", remató.

Myriam Bregman, sobre el 2×1: “La Corte Suprema está indultando” https://t.co/07lnQGIr61 pic.twitter.com/IqhFfJN737

— Diario BA (@diariodeBA) 3 de mayo de 2017

Hay que abolir la Corte Suprema. Una casta VITALICIA, privilegiada, que cobra sueldos 20 veces mayores a los de cualquier laburante.

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) 3 de mayo de 2017

Cómo se construyó el fallo del 2x1

2017-05-10T12:23:02Z

El paso a paso de una nueva suerte de indulto a los genocidas.

Publicada originalmente en El Destape.

Lo primero fue comenzar por cuestionar el número de desaparecidos. Al principio se trató de algún funcionario aislado que parecía desbocarse o hablar "a título personal". Después fue con más fuerza, si hasta el propio presidente dijo que no era una cuestión de números.

A los negacionistas se sumaron los que reflotaron la “teoría de los dos demonios”. Hasta se agregaron a la cruzada algunos familiares de desaparecidos de renombre en la política argentina.

Más tarde intentaron esmerilar y deslegitimar los juicios de lesa humanidad a los ojos de la sociedad.

Al poco tiempo vino el fallo Fontevecchia, donde la Corte Suprema de la Nación sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del máximo tribunal argentino. La posición mayoritaria fue conformada por el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz y el voto propio del juez Horacio Rosatti.

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Después llegó el fallo Alespeiti, donde la Corte revocó otro de la Cámara Federal de Casación Penal que había dejado sin efecto la prisión domiciliaria a un teniente coronel del Ejército, estableciendo condiciones para que cualquier genocida aspire próximamente a la libertad. Lo hizo con los votos a favor de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Casación había revocado el arresto domiciliario de Alespeiti sobre la base de considerar el riesgo de fuga y el compromiso de la responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar efectivamente el cumplimiento de la pena. ¿Y por qué está condenado Alespeiti? Nada más ni nada menos que por 107 secuestros y desapariciones, entre los que se cuentan las del escritor Haroldo Conti y Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.

De allí a otorgarle la domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz, responsable de la desaparición de Julio López hace nada más que diez años, había un paso, y lo dieron.

Días atrás apareció en escena la Iglesia para volver a poner en la palestra la idea de la reconciliación con los genocidas y actuando en consecuencia: realizó encuentros por el "diálogo" que también incluían a familiares de represores.

¿Qué faltaba para que llegara este fallo? Nada: que los nuevos jueces devuelvan el favor recibido en el nombramiento y que Highton de Nolasco viera peligrar su eterno sillón.

¿Quién es Muiña? Un civil que integró el llamado grupo Swat que, armado hasta los dientes, recorría los pasillos del Hospital Posadas. Está condenado por secuestro, tortura y desaparición de trabajadores del hospital en El Chalet, centro clandestino montado a tal fin dentro del Posadas.

Así se llegó al día de hoy, en que todos los genocidas quedaron a las puertas de la libertad. Como una ironía extra de la impunidad, es probable que los primeros genocidas en obtenerla sean los que no tienen penas muy elevadas, como se da en casos de apropiación de bebés. Terrible, ¿no? Al día de hoy no conocemos el destino de cientos de niños apropiados en dictadura, pero los genocidas ya pueden ir pensando en reducir sus condenas.

Lorenzetti no votó a favor esta vez, pero la Corte que preside hace años viene sentando las bases para este fallo al dilatar eternamente las causas. Esa demora es la base para este fallo de impunidad.

Este Gobierno no puede indultar directamente a los genocidas, pero crea las condiciones para un punto final de hecho. Los jueces, que pertenecen a una casta vitalicia que el pueblo no votó, acompañan. Paso a paso, la impunidad se va construyendo. Todos los que peleamos desde hace décadas por juicio y castigo, por cárcel común a todos los genocidas, civiles y militares, hemos transitado un largo camino para impedir que la impunidad se consolide, y eso es algo que no podrán borrar tan fácilmente. Por la memoria de los 30.000, por el futuro. Cuando se cumplieron 40 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, el camino y la lucha siguen. Sin dudas, y con la contundencia y la fuerza necesaria para revertir este fallo: una suerte de nuevo indulto a los genocidas.

El derrotero de la Corte Suprema desde 1983 hasta hoy

María Victoria Moyano — 2017-05-10T12:08:10Z

Un análisis sobre el fallo que le otorgó el “2x1” al genocidia Muiña. Su alcance y sus posibles consecuencias.

Las categorías de delitos de lesa humanidad se fue construyendo a lo largo de la segunda mitad del Siglo XX. Los exterminios de este siglo, que continúan, hacen que este tipo de delitos se vayan configurando con elementos particulares que le dan un carácter excepcionalísimo, lo que implica que no se trata de homicidios particulares, torturas puntuales, secuestros o un simple robo.

Lo que hay en este tipo de delitos es una planificación sistemática y organizada por parte del Estado para aniquilar a un sector de la población.

La Constitución Nacional establece, en su artículo 31, que el derecho internacional se integra directamente a nuestro sistema jurídico sin necesidad de existencia de una ley que lo transforme en derecho interno. A su vez los Tratados Internacionales tienen jerarquía constitucional en virtud del artículo 75 inciso 22. Así, fueron incorporados por los constituyentes en 1994.

Impunidad de larga data

Desde la campaña presidencial de 1983, Alfonsín y sus asesores manifestaron que el sistema que aplicarían para perseguir y castigar a los criminales de la dictadura sería un método que no amenazara el régimen constitucional. Y así lo hicieron.

En el Juicio a las Juntas Militares del 22 de abril de 1985 fueron juzgados comandantes de las tres armas. De los nueve juzgados, sólo cinco fueron condenados y cuatro fueron absueltos.

Los genocidas exigieron con las armas la impunidad, para no ser juzgados ni condenados por los crímenes de lesa humanidad, es decir, por los secuestros, las torturas y la desaparición de 30 mil personas y el robo de cientos de bebés. El gobierno presentó entonces un proyecto de ley al Congreso, conocido como “Punto Final” (Ley 23.942), que fijó un plazo de sesenta días para la presentación de denuncias por los delitos cometidos durante la dictadura, con un tiempo de prescripción muy breve.

Nuevamente, ante los disturbios militares por la aprobación de la Ley de Punto Final, el Congreso aprobó la ley de Obediencia Debida (Ley 23.521) para tranquilizar a los oficiales de rango medio “que habían seguido órdenes” y por lo tanto no serían castigados.

El gobierno llamado “el padre de la democracia” comenzó temprano a garantizar la impunidad de los responsables de la dictadura, con las leyes de impunidad que son incompatibles con las obligaciones internacionales de la Argentina en materia de derechos humanos.

¿Cómo actuó la Corte Suprema? En la causa “Camps” (22-10-1987) la Corte rechazó el planteo de inconstitucionalidad respecto de la ley de Obediencia Debida.

Abuela de Victoria Moyano sostiene cartel de su hija desaparecida

Posteriormente, durante los diez años de presidencia de Carlos Saúl Menem, se emitió un total de diez decretos de concesión de indultos a militares que habían sido condenados o juzgados años antes. Los más emblemáticos fueron los decretos 1002 (octubre de 1989) y 2741 (diciembre de 1990).

Nuevamente ¿Cómo actuó la Corte? En 1990, en la causa “Riveros”, la Corte por voto de la mayoría rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto 1002/89 basándose en argumentos técnicos, por lo cual las víctimas y sus familiares carecían de legitimación para presentar recursos extraordinarios. Ya en 1992, en el fallo “Aquino, Mercedes”, convalidaron la constitucionalidad del indulto a los genocidas.

El enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad que no habían quedado incluidos en la Ley de Obediencia Debida comenzó recién a fines de 1990. La sustracción de menores, por caso, había quedado excluida de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo cual era una anomalía en las leyes de amnistía.

La Argentina incorporó a su Constitución los tratados internacionales en 1994, mientras se encontraban vigentes las leyes de impunidad y los indultos. Es por ello que se iniciaron acciones penales en el extranjero (Francia, Italia, Alemania, España y Suecia, entre otros). Los gobiernos de Menem (1989-1999), De la Rúa (1999-2001) y Duhalde (2002-2003) se negaron reiteradamente a cooperar con las órdenes de arresto y extradición solicitadas desde el exterior, argumentando que violaban las garantías del debido proceso.

Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconocía los crímenes desde 1980 (con su “Informe sobre los Derechos Humanos en la Argentina”) y establecía la incompatibilidad con las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final y con los indultos, pasó muchísimo tiempo hasta que el Poder Judicial dictara fallos trascendentes en materia de juzgamiento.

Como subproducto de las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001, desde el Gobierno se impulsaron medidas que intentaron recomponer las institucionales del Estado, fuertemente desprestigiadas por las movilizaciones populares, con la finalidad de restaurar el orden burgués (el llamado “Estado de Derecho”) seriamente cuestionado con la crisis que estalló en ese año.

Eso llevó al kirchnerismo a anular las leyes de impunidad y permitir que se enjuicie a un puñado de militares como concesión de algunas banderas a importantes sectores de masas.

Fue recién entonces cuando la Corte Suprema decidió también que los crímenes por delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y sus partícipes deben ser sancionados. El primer fallo que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad fue de marzo de 2001 del Juez Cavallo (causa Simón) y confirmada por la Sala II de la Cámara Federal el 9/11/2001.

El poder judicial venía dando cuenta de la necesidad de otorgar concesiones. Recién en 2003, producto de la movilización y el reclamo permanente de los organismos de derechos humanos acompañados por la sociedad junto a los partidos de izquierda y otras organizaciones, se dictó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Recién en junio de 2005 la Corte Suprema confirmaría esa resolución y la constitucionalidad de la ley que declaró la nulidad de las leyes.

Si bien las sentencias sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad en los fallos “Arancibia Clavel” (agosto de 2004), sobre la inconstitucionalidad de las leyes en el “Caso Simón” (junio de 2005) e inconstitucionalidad de los indultos en el “Caso Mazzeo” (julio de 2007) han creado precedentes internacionales, no es menos cierto la tardanza de la Corte Suprema y de la Cámara Nacional de Casación Penal, en la confirmación de las sentencias.

A modo de ejemplo, a diciembre de 2011 sólo el 11 % de las sentencias se encontraban confirmadas por la Corte. Todo eso sobre la base de que son causas fragmentadas, con pocos imputados (generalmente de los altos mandos), prácticamente sin civiles (ni hablar de empresarios) y con la carga de la prueba sobre las espaldas de las víctimas, entre otras dificultades.

Maria Victoria Moyano Artigas y sus padres

Queda claro que mientras se instala la fantasía de que el Máximo Tribunal “imparte justicia” los cortesanos, durante los distintos gobiernos, asumieron la tónica de la situación, por lo cual orientaron sus fallos con fuertes componentes políticos estratégicos acordes a las orientaciones de los gobiernos de turno y sus políticas de Estado para cerrar filas y “acompañar” el proceso.

“Cambiemos”, el lema de Highton de Nolasco

Días pasados la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco se pronunció con su voto, declarando admisible el cómputo del “2x1” aplicable a partir de la ya derogada Ley 24.390. Al tratarse de la ley “más benigna”, reduce el cómputo del tiempo en prisión. Lo resuelto en esta sentencia dictada en el caso de Luis Muiña (en la causa “Bignone, Benito y otro s/recurso extraordinario”) no sólo deja en libertad a Muiña sino que abre la posibilidad para que, al menos, 278 genocidas puedan ser beneficiados y volver a caminar las calles junto a nosotros.

Llama la atención que en un voto anterior, de 2009, la misma jueza haya dicho lo contrario. En aquel momento la defensa del ex médico de la Esma Jorge Magnacco pretendía la aplicación del beneficio del “2x1” a la hora de calcular cuántos años de pena había cumplido al momento de ser condenado por la sustracción de un menor de diez años. El voto mayoritario -que incluyó a Highton- sostuvieron que se trataba de un delito permanente y que se aplicaba otra ley, -que aumenta las penas para la sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años-, pues se trata de un delito de carácter permanente es decir la ley vigente en el momento en que deja de cometerse el delito.

Ahora para para defender lo opuesto y admitiendo que se trata de delitos permanentes, sostiene ahora que la Corte en aquel momento no había fijado un criterio sobre la cuestión en debate.

El autor alemán H. H. Jescheck, en su Tratado de Derecho Penal, dice que “los delitos permanentes y los delitos de Estado son delitos de resultado cuya efectividad se prolonga un cierto tiempo. En los delitos permanentes el mantenimiento del estado antijurídico creado por la acción punible depende de la voluntad del autor, así que, en cierta manera, el hecho se renueva constantemente”.

En el fallo Muiña, también se plantea el carácter permanente de un delito, ya que se está en presencia de un caso de desaparición forzada.

El fallo del “2x1” dictado la semana pasada no nombra que al momento de la sanción de ley 24.390 (1994) todavía estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por lo que obviamente no hizo una distinción para que no se aplique a delitos de lesa humanidad, ya que justamente su enjuiciamiento estaba prohibido por estas leyes.

Los votos de la minoría sostiene: “Si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430 que derogó la mentada disposición de la ley 24.390”.

Esta regla es la aceptada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que “por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo… la nueva ley resulta aplicable. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la más alta jerarquía de los Estados del continente americano al aplicar normas penales en casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó antes de la entrada en vigor del tipo penal respectivo”.

La categoría de crímenes de lesa humanidad es excepcional, lo cual lleva consigo diferentes consecuencias: la imprescriptibilidad, la imposibilidad de amnistía y su aplicación retroactiva.

El principio de legalidad viene del artículo 18 (derecho de defensa de todos los ciudadanos), con raíz en el falso máximo apotegma del régimen legal burgués de que todos somos “iguales ante la ley”. Garantía que esconde la injusticia más grande, con un “velo de igualdad”, a un régimen de explotación de unos pocos sobre otros (los esclavos modernos), encubriendo así las reales desigualdades entre las clases. Aun así, en estos casos de lesa humanidad, donde los genocidas se apropiaron del Estado y toda su maquinaria y con él perpetraron delitos aberrantes, este principio de “legalidad” debe ceder, porque si no el tratamiento igual de delitos de calibre diferente como éstos (lo que hizo la Corte) evidencia el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura.

Una institución antidemocrática

Queda clara la importancia de eliminar las instituciones antidemocráticas como la Corte Suprema, como ya lo denunció Nicolás Del Caño. Los jueces son elegidos de la manera más oscura frente a los ojos del pueblo trabajador. Es el Ejecutivo el que, según la Constitución, posee dentro de sus atribuciones el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y de los demás tribunales federales inferiores con acuerdo de dos tercios del Senado.

Y es por ello que jueces como Rosatti y Rosenkrantz, a propuesta del macrismo y con el apoyo de los senadores del FpV, fueron designados como ministros de la Corte. Frente a esto, el planteo de la elección de jueces a través del voto popular y la instauración de los juicios por jurado se hace imprescindible.

Este fallo emitido por la Corte es inversamente proporcional al alarde punitivista que el gobierno de Cambiemos viene instalando, pidiendo más penas para delitos comunes, endureciendo la persecución penal y la estigmatización de la juventud, los sectores más pobres de la sociedad, de los inmigrantes. Por ello se propone duplicar el número plazas en las cárceles federales para antes del final del mandato de Macri, quien encomendó avanzar en un plan de reforma integral del Servicio Penitenciario Federal.

Igualar delitos comunes con crímenes aberrantes cometidos por el Estado va en sintonía con el intento del macrismo de negar el genocidio, poniendo en un mismo nivel los delitos comunes, con los brutales crímenes cometidos durante la dictadura.

La Iglesia Católica no se mantuvo ajena. En el mismo momento en que se conocía la decisión de la Corte, llamó a través de su cúpula a la reconciliación, bien a tono con esta avanzada de impunidad. A lo largo de los años su rol durante la dictadura quedó más que demostrado, ya que no sólo bendicieron las armas de los genocidas, las torturas, sino que también fueron parte del robo de bebés a través del Movimiento Familiar Cristiano que actuaba como “mediador” para entregarles a los apropiadores los hijos e hijas de nuestros compañeros nacidos en cautiverio.

El “2x1” otorgado por la Corte es, además de un claro mensaje de impunidad para los genocidas, una provocación a sobrevivientes, familiares y al pueblo trabajador en su conjunto. No podemos permitir que los genocidas vuelvan a caminar entre nosotros.

¡Exigimos cárcel común, efectiva y perpetua para los asesinos, torturadores, secuestradores de bebes!

[Video] Un fallo de impunidad de jueces que el pueblo no eligió

2017-05-10T11:33:51Z

Mientras el Gobierno de Macri niega a los 30.000, la Corte Suprema beneficia a los genocidas que cometieron delitos de Lesa Humanidad.

2x1 para los genocidas: un fallo de impunidad de jueces que el pueblo no eligió - YouTube

2x1 a los genocidas: el fallo de la vergüenza

Alejandrina Barry — 2017-05-09T17:54:18Z

El fallo de la Corte puede ser equiparado, por sus consecuencias, a los indultos del menemismo.

Bronca, dolor, indignación. Pueden ser solo las primeras palabras que miles sentimos ayer al conocer el vergonzoso fallo de la Corte Suprema de la Nación. Fallo de la vergüenza. Corte de la vergüenza como la definió Myriam Bregman. Por las consecuencias que tendrá, podríamos compararlo con los indultos de Menem que consagró la impunidad de los genocidas, ya otorgada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín. Podemos definirlo como un indulto encubierto, que si bien se aplica en este caso, sienta precedente para garantizar la libertad de todos los genocidas.

Sin duda un fallo, que junto a los jueces de la Corte que lo firmaron, pasará a la historia por atreverse a enfrentar la lucha que miles y miles venimos dando en las calles para encarcelar a los asesinos de nuestros familiares.

El genocida sobre el que trata este fallo es Luis Muiña, condenado por secuestros, torturas y desaparición contra trabajadores del Hospital Posadas. Allí donde funcionó un centro clandestino de detención, donde se torturó, asesinó y desapareció a trabajadoras y trabajadores del mismo hospital, y vecinos de la zona. Muiña era civil y formaba parte del autodenominado grupo “SWAT”, un comando interno del Hospital. Recorrían las instalaciones deteniendo y torturando a trabajadores y vecinos, muchos de los cuales siguen desaparecidos. Por esto fue condenado en 2011 a la pena de 13 años de prisión.

A este genocida, la Corte aprobó por mayoría otorgarle el cómputo 2x1, basándose en la Ley 24.390 que estaba vigente en el período 1994 y 2001, que intentaba paliar la situación de presos comunes que padecen larguísimas prisiones preventivas sin sentencia.

A Muiña se le aplicará la ley del “dos por uno”, pese a que no estaba vigente ni cuando ocurrieron los hechos por los que fue condenado, ni cuando fue detenido.

Este fallo netamente político a favor de la impunidad, es un mamarracho jurídico porque estamos hablando no de delitos comunes sino de delitos de lesa humanidad perpetrados por el aparato del Estado.

El voto mayoritario plantea como “permanente” el carácter del delito por ser de “lesa humanidad”, para establecer que la ley del dos por uno estuvo vigente. Una aberración para justificar la aplicación de esta medida.

“Se decidió que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho lapso”, sostiene el voto coincidente de Highton y Rosenkrantz, que conformaron la mayoría junto con Rosatti.

Esta nueva Corte, que acompaña las políticas del Gobierno nacional, se conformó el año pasado con la incorporación de Rossati y Rosenkrantz, cuyo nombramiento no hubiera sido posible sin el inestimable apoyo en el Senado del bloque mayoritario del PJ-FpV que votó los pliegos de ambos magistrados.

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El pasado kirchnerista de Rosatti puede haber sido un aliciente para el voto a su favor en Senadores. El hoy cortesano oriundo de Santa Fe, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos entre 24 de julio de 2004-25 de julio de 2005.

No cae del cielo

Esta sentencia no cae del cielo, es producto de la política del Gobierno de Mauricio Macri de querer cambiar la historia. Desde hace un año y medio viene intentado instalar que en la Argentina no hubo un genocidio, que no hubo 30.000 desaparecidos y que los militares también fueron víctimas.

La propia Corte dictó, hace menos de un mes, el fallo Alespeiti en el que ya se habilitaba las prisiones domiciliarias masivas.

Tenemos como antecedente que, luego de once años de la reapertura de los juicios de lesa humanidad, sólo hay 750 condenados según los últimos datos aportados por el Ministerio Público Fiscal. Se encuentra condenado solamente del 30 % de los 2.780 imputados. De todos ellos más de la mitad se encuentra en libertad, y dentro de los que están detenidos, más de la mitad (518 de un total de 1.044 detenidos) goza del beneficio de la prisión domiciliaria, domiciliarias que comenzaron a otorgarse con bastante liviandad durante el último período de Gobiernos kirchneristas.

600 centros clandestinos, 30.000 desaparecidos, métodos de tortura aberrantes, un plan sistemático para la apropiación de niños y niñas, hoy 400 de ellos aún están en manos de sus apropiadores y desconocen su identidad. Estos datos, demostrados producto de nuestra lucha de décadas, ponen de manifiesto que un crimen de tal magnitud sólo pudo ser ejecutado por el Estado, que posee el monopolio de la fuerza.

Este fallo habla por boca de la clase dominante, los grandes empresarios nacionales y extranjeros, los mismos que hoy forman parte del Gobierno, que con el brazo ejecutor del Ejército y el conjunto de las fuerzas represivas llevó adelante ese genocidio contra los trabajadores y los sectores populares.

Los genocidas cometieron los peores delitos, los más brutales apropiándose del aparato del Estado, del que se sirvieron también para garantizarse impunidad y ahora estos jueces hurgan entre toda la legislación vigente en estos 40 años para elaborar un fallo a medida de la libertad de los genocidas.

La lucha contra la impunidad del genocidio fue y es una lucha enorme en nuestro país. Los genocidas que logramos encarcelar no fue obra de ningún Gobierno, sino de nuestra pelea en las calles. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos fue, es y será nuestra bandera. Porque queremos justicia para nuestros familiares y nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, porque los delitos de los genocidas no son algo del pasado, mantienen su vigencia al negarnos hoy conocer el destino de nuestros desaparecidos, manteniendo bajo llave la información de nuestros más de 400 jóvenes apropiados. Ningún Gobierno abrió los archivos de la dictadura.

Hoy, como ayer, es necesario movilizarnos para enfrentar este fallo y el avance de la impunidad. Lo tenemos que hacer con la convicción, la fuerza y la contundencia que se necesitan para enfrentar un ataque a las batallas que las Madres empezaron hace 40 años.

2 x 1: carta de una hermana de desaparecidos a los jueces

Myriam Bregman — 2017-05-09T12:01:39Z

Además de compañera de militancia, soy abogada de Gloria en causas de lesa humanidad. Ella tiene dos hermanos desaparecidos y otro sobreviviente, que con 14 años estuvo secuestrado en la ESMA. Hoy ella estuvo en Comodoro Py recorriendo los tribunales para exigir que los secuestradores de sus hermanos no queden en libertad. Allí les entregó a los jueces esta conmovedora carta donde relata crudamente cómo el genocidio atravesó a toda su familia.

Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal, Miguel Hernández.

Un golpe helado

No doy crédito, no puede ser, me digo. Pueden volver a caminar libres. Nos los podemos cruzar en un bar, en cualquier lado. Este tipo de animal no se esconde, no se avergüenza, no teme.

Pienso en el Turco Julián, nazi confeso, dueño de la vida y de la muerte en los Centros Clandestinos del Circuito Atlético, Banco, Olimpo. Podría quedar libre. Fue condenado en 2010. En un juicio en el que entre muchos desaparecidos y sobrevivientes, mi hermano Guillermo Pagés Larraya fue uno de los casos por el que se condenó a Julián y a 15 genocidas más. La desaparición, secuestro y torturas contra Guillermo fueron tratados y probados por testigos y compañeros de cautiverio en el Juicio a las Juntas en 1983.

Sí, la Corte Suprema ha entregado la llave para que las puertas se le abran a los asesinos y torturadores de nuestros familiares, de nuestros compañeros sobrevivientes.

Fui testigo en ese juicio. Mi hermano Antonio también. Declarar en un Tribunal, en un juicio por delitos de lesa humanidad, donde una de las víctimas es tu familiar, de algún modo trastoca hasta lo más hondo. Hay que exponerse delante de jueces, de asesinos, de defensores de asesinos. Buscaba con mi mirada la de mis compañeros y familiares que me habían acompañado. También es una reparación. Decirles ahí que los queremos presos, a todos, en cárcel común y para siempre.

Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal, dice Miguel Hernández. Eso recibió mi familia un 4 de septiembre de 1977. Desaparecía mi hermana Rosita. Tres años apenas cumplidos tenía yo. Mi vieja a punto de parir. Así nacía Clara quince días después. En medio de ese espanto desgarrador. Mi viejo se repartía entre gestiones, búsquedas desesperadas, patear puertas de funcionarios que por toda respuesta tenían un “jódase, los hubiera criado mejor”, juzgados y habeas corpus rechazados, y la alegría imparable de una nueva vida entre sus brazos. Un año y dos meses más tarde, nació Ana. Ese aferrarse a la vida.

Meses después, en diciembre, desaparecía Guillermo (Mariano). Antonio con 14 años era secuestrado en la Esma durante unos días. Nosotras crecíamos mamando esa angustia, esas que uno no sabe cómo hicieron, cómo hicimos, nuestros viejos, las Madres, los hijos e hijas, nosotras mismas, para llevar encima. De un silencio atronador, de eternas y miles de noches insomnes, de la ansiosa locura de la escritura se agarró mi papá.

Más tarde llegó la verdad: Guillermo estuvo desaparecido y secuestrado en los tres centros clandestinos del circuito ABO. No hay certezas, claro, de eso se valieron los genocidas, pero hay grandes indicios de que fue tirado al Río de la Plata en los horrendos vuelos de la muerte.

Tan chico, tan apasionado, tan de esa generación que nos robaron porque se enfrentaron a la miseria de lo posible y pusieron en cuestión este mundo para transformarlo.

Su corta vida de 22 años fue la de un militante voraz. Arranca en los primeros años de la secundaria en el Nacional Buenos Aires, para ser después periodista, trabajador telefónico de Entel, estudiante universitario, cuadro dirigente en Montoneros. Todo de golpe, todo junto. Cuando los milicos fusilan a su compañera Verónica Basco, Guillermo le escribe al padre una carta bellísima que empieza con una cita de Julius Fucík, un poeta checoslovaco: “por la alegría hemos vivido; por la alegría fuimos al combate. Que jamás la tristeza sea asociada a nuestros nombres”. Y le cuenta lo felices que eran juntos, pequeñas y hermosas escenas de una vida intensa, que hasta un hijo querían traer al mundo.

Ahora que los asesinos y secuestradores de Guillermo, de Rosita y de los 30.000 tienen la llave de sus celdas, no podemos quedarnos quietos. No lo hicimos nunca.

No es sólo un acto de justicia, es también en propia defensa. Todos los que fuimos testigos, todos los sobrevivientes que declaramos, en mi caso por ejemplo contra el Turco Julián y los genocidas de ABO no estamos tranquilos si podemos verlo caminar libre. Si puede vernos. Si puede amenzarnos. Si puede hacer lo que le venga en gana.

No los pueden dejar libres. No.

Sepan que no vamos a quedarnos esperando. Vamos estar alertas, movilizados, no nos van a parar ni a atemorizarnos. Cuarenta años de lucha no lo van a tirar por la borda tres jueces. Nos dieron este manotazo duro, este golpe helado, nosotros lo recibimos y nos paramos firmes. No los pueden dejar en libertad.