El pasado 30 de junio el juez de instrucción Julio Marcelo Lucini, quien reemplazó a Rimondi en la causa penal contra los trabajadores de Brukman, solicitó por oficio a la comisaría 8va. que “informe con carácter de urgente sobre la situación actual del inmueble cito en la calle Jujuy 554 de esta Ciudad y sobre las tareas realizadas en el marco de la orden dictada vinculada con el desalojo del inmueble mencionado...”. Nos podemos preguntar a qué se debe este pedido de informe a la misma policía que mantiene cercada la fábrica impidiendo que sus trabajadores puedan volver a trabajar. Tanta celeridad, la que no existe para ninguno de los pedido que los abogados de los trabajadores han iniciado, como el que solicita la nulidad de todo lo actuado por el Juez Rimondi, se debe a que este juez amigo de la Policía (1), responde de inmediato a una solicitud del apoderado de los Brukman, el Dr. Jaime Muszkat. ¿Y qué es lo que solicita este señor? Argumentando que “no están dadas las condiciones para que la empresa acceda al inmueble sin que sucedan hechos de violencia, a VS solicito: (...) se disponga la identificación y alejamiento del frente del establecimiento y de las cercanías del mismo en un radio de doscientos metros, de toda persona o grupo que hostigue, coaccione, amenace o ejerza violencia física o moral sobre los integrantes, directivos, representantes, asesores o clientes de la empresa o sobre los empleados y operarios de mi mandante...”. (negritas nuestras) Continúa con una serie de amenazas de comunicar a todas las instancias del estado (Ministerio de Justicia, Interior, etc) para que aseguren el “derecho constitucional” del patrón y sus carneros a trabajar, y asegura que “se enviarán asimismo (a las Autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) las comunicaciones respectivas para que se hagan cesar de inmediato las contravenciones de ocupación de espacios públicos y demás que comete el hostigador”.
¿Qué implicancias tiene esto que el “solicita” apoderado de estos empresarios corruptos, y sobre lo que el Juez Lucini ya ha tomado partido mandando que la policía investigue la situación de la fábrica? Es una clara amenaza a la carpa que las trabajadoras han instalado junto a asambleas, organismos de derechos humanos, partidos y organizaciones en lucha en la esquina de la fábrica para resistir y demostrar que no abandonarán la pelea por recuperar su trabajo. Que la carpa se encuentre dentro del radio de 200 metros que Muszkat exige se identifique y aleje a los “hostigadores” (léase a todos los que estamos haciendo guardias para evitar que los matones pagos por la patronal ingresen a la planta como lo hicieran en varias oportunidades) no es un detalle menor, porque si la justicia decide llevar adelante esta solicitud, implicará otro durísimo golpe a los obreros y todos los que apoyamos su lucha.

Llamamos a mantener el alerta para que evitar que la lucha de los trabajadores de Brukman sea quebrada con más represión.

(1) Ver la nota “Una de piratas”, de Laura Vales y Sebastián Hacher, en http://www.nuestralucha.org/secciones/notas/nl9/investigacion.htm