Bronca, dolor, indignación. Pueden ser solo las primeras palabras que miles sentimos ayer al conocer el vergonzoso fallo de la Corte Suprema de la Nación. Fallo de la vergüenza. Corte de la vergüenza como la definió Myriam Bregman. Por las consecuencias que tendrá, podríamos compararlo con los indultos de Menem que consagró la impunidad de los genocidas, ya otorgada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín. Podemos definirlo como un indulto encubierto, que si bien se aplica en este caso, sienta precedente para garantizar la libertad de todos los genocidas.

Sin duda un fallo, que junto a los jueces de la Corte que lo firmaron, pasará a la historia por atreverse a enfrentar la lucha que miles y miles venimos dando en las calles para encarcelar a los asesinos de nuestros familiares.

El genocida sobre el que trata este fallo es Luis Muiña, condenado por secuestros, torturas y desaparición contra trabajadores del Hospital Posadas. Allí donde funcionó un centro clandestino de detención, donde se torturó, asesinó y desapareció a trabajadoras y trabajadores del mismo hospital, y vecinos de la zona. Muiña era civil y formaba parte del autodenominado grupo “SWAT”, un comando interno del Hospital. Recorrían las instalaciones deteniendo y torturando a trabajadores y vecinos, muchos de los cuales siguen desaparecidos. Por esto fue condenado en 2011 a la pena de 13 años de prisión.

A este genocida, la Corte aprobó por mayoría otorgarle el cómputo 2x1, basándose en la Ley 24.390 que estaba vigente en el período 1994 y 2001, que intentaba paliar la situación de presos comunes que padecen larguísimas prisiones preventivas sin sentencia.

A Muiña se le aplicará la ley del “dos por uno”, pese a que no estaba vigente ni cuando ocurrieron los hechos por los que fue condenado, ni cuando fue detenido.

Este fallo netamente político a favor de la impunidad, es un mamarracho jurídico porque estamos hablando no de delitos comunes sino de delitos de lesa humanidad perpetrados por el aparato del Estado.

El voto mayoritario plantea como “permanente” el carácter del delito por ser de “lesa humanidad”, para establecer que la ley del dos por uno estuvo vigente. Una aberración para justificar la aplicación de esta medida.

“Se decidió que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho lapso”, sostiene el voto coincidente de Highton y Rosenkrantz, que conformaron la mayoría junto con Rosatti.

Esta nueva Corte, que acompaña las políticas del Gobierno nacional, se conformó el año pasado con la incorporación de Rossati y Rosenkrantz, cuyo nombramiento no hubiera sido posible sin el inestimable apoyo en el Senado del bloque mayoritario del PJ-FpV que votó los pliegos de ambos magistrados.

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El pasado kirchnerista de Rosatti puede haber sido un aliciente para el voto a su favor en Senadores. El hoy cortesano oriundo de Santa Fe, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos entre 24 de julio de 2004-25 de julio de 2005.

No cae del cielo

Esta sentencia no cae del cielo, es producto de la política del Gobierno de Mauricio Macri de querer cambiar la historia. Desde hace un año y medio viene intentado instalar que en la Argentina no hubo un genocidio, que no hubo 30.000 desaparecidos y que los militares también fueron víctimas.

La propia Corte dictó, hace menos de un mes, el fallo Alespeiti en el que ya se habilitaba las prisiones domiciliarias masivas.

Tenemos como antecedente que, luego de once años de la reapertura de los juicios de lesa humanidad, sólo hay 750 condenados según los últimos datos aportados por el Ministerio Público Fiscal. Se encuentra condenado solamente del 30 % de los 2.780 imputados. De todos ellos más de la mitad se encuentra en libertad, y dentro de los que están detenidos, más de la mitad (518 de un total de 1.044 detenidos) goza del beneficio de la prisión domiciliaria, domiciliarias que comenzaron a otorgarse con bastante liviandad durante el último período de Gobiernos kirchneristas.

600 centros clandestinos, 30.000 desaparecidos, métodos de tortura aberrantes, un plan sistemático para la apropiación de niños y niñas, hoy 400 de ellos aún están en manos de sus apropiadores y desconocen su identidad. Estos datos, demostrados producto de nuestra lucha de décadas, ponen de manifiesto que un crimen de tal magnitud sólo pudo ser ejecutado por el Estado, que posee el monopolio de la fuerza.

Este fallo habla por boca de la clase dominante, los grandes empresarios nacionales y extranjeros, los mismos que hoy forman parte del Gobierno, que con el brazo ejecutor del Ejército y el conjunto de las fuerzas represivas llevó adelante ese genocidio contra los trabajadores y los sectores populares.

Los genocidas cometieron los peores delitos, los más brutales apropiándose del aparato del Estado, del que se sirvieron también para garantizarse impunidad y ahora estos jueces hurgan entre toda la legislación vigente en estos 40 años para elaborar un fallo a medida de la libertad de los genocidas.

La lucha contra la impunidad del genocidio fue y es una lucha enorme en nuestro país. Los genocidas que logramos encarcelar no fue obra de ningún Gobierno, sino de nuestra pelea en las calles. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos fue, es y será nuestra bandera. Porque queremos justicia para nuestros familiares y nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, porque los delitos de los genocidas no son algo del pasado, mantienen su vigencia al negarnos hoy conocer el destino de nuestros desaparecidos, manteniendo bajo llave la información de nuestros más de 400 jóvenes apropiados. Ningún Gobierno abrió los archivos de la dictadura.

Hoy, como ayer, es necesario movilizarnos para enfrentar este fallo y el avance de la impunidad. Lo tenemos que hacer con la convicción, la fuerza y la contundencia que se necesitan para enfrentar un ataque a las batallas que las Madres empezaron hace 40 años.