Con un aire enrarecido, en el que incluimos el llamativo robo que sufrieran dos de los abogados querellantes por el CeProDH y las amenazas a 2 fotógrafos del diario Río Negro, han pasado las primeras jornadas del Juicio oral a 8 genocidas que actuaron en la región, Sobre las que podemos afirmar que su resultado ha sido revelador. Los importantes testimonios y pruebas que ya se han empezado a producir arrojan las primeras conclusiones, que intentaremos sintetizar aquí, y que serán parte de las que iremos enviando semanalmente.

El plan sistemático constitutivo del Genocidio

Ha quedado demostrado que lo que sucedió en la región no fue aislado de lo acaecido en el resto del país y la existencia de un plan con claros objetivos políticos, económicos y sociales.

Así lo indicó la testigo de concepto ofrecida por el CeProDH, Adriana Calvo de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, al explicar que el plan genocida era nacional y procuró aniquilar a todo aquel que siendo parte de una organización política (en su acepción más amplía) resulte un obstáculo a sus objetivos. Es decir, no se desaparecía a cualquiera, sino que el centro de la represión estaba en las organizaciones y, especialmente, las de carácter sindical de los trabajadores y estudiantil, en segunda medida.

Calvo, quien se apoyo en años de investigación, lo sintetizo así “cambiar esa sociedad porque se pretendía implantar un plan económico y era imposible con una sociedad organizada, ni tampoco los que implantaron los gobierno posteriores como Menem. Había una sociedad organizada, tener opinión sobre todo los temas era lo normal. Por eso tanto trabajo para planificarlo con mas de 600 campos, no se hace sólo para las organizaciones armadas, justamente para que ese plan pasara había que romper todos los lazos de solidaridad que se había dado el pueblo. Lo grave es que posteriormente a esa etapa de aniquilamiento vino una etapa posterior de negación del genocidio y trasformar esto en una guerra entre dos bandos de locos. Hemos investigado y la etapa posterior donde se lo niega y se lo reemplaza por una guerra entre dos bandos, malos de un lado y malos de otro. El ‘a mi no me toco’, es impresionante escuchar ‘a mi no me paso nada durante la dictadura’, y a la vez afirman ‘ perdí todo derecho’ ,’ no tengo trabajo’, esto es una forma, perder el derecho a tener el derecho, hace que el efecto sea mas perdurable en el tiempo, si no tenía nada que ver, al transformar el objeto del genocidio, ellos son las víctimas pero no yo, no tenga nada que imitar en su actitud para pensar que hacían para ser desaparecido… Por eso nos costó tanto, porque repensar que hacíamos los desaparecidos eso fue imposible con la teoría de los dos demonios. La justicia tiene el deber de generar verdad y esta es parte de la vedad, no fueron hechos aislados, no fueron delitos comunes, fue un genocidio…”

A su turno, Raúl Radonich, aportó al objetivo económico que tuvo el genocidio, al indicar con números precisos, cómo aumentó exponencialmente la deuda externa argentina, en la que se “estatizaron” multimillonarias deudas del gran empresariado nacional.
También Benedicto del Rosario Bravo explicó que uno de los objetivos del golpe, era desarticular la militancia política. Afirmó: " hoy lo analizo, era contra el pueblo (la dictadura), para que jamás nunca el pueblo levantara la mano contra una injusticia ". Con mucha emoción prosiguió: "Esto no lo conté nunca, porque me cuesta, me cuesta por que no quiero fomentar el miedo a los militantes, porque ellos querían que no militemos, yo les digo a los jóvenes, a mis hijos que hay que ser militantes “

“La Escuelita” y el circuito represivo

Distintas víctimas, sobrevivientes del Centro Clandestino de Detención (CDD) “La Escuelita” (cuyos casos no se investigan es este tramo del Juicio por la política nacional de juzgamiento limitado) declararon alrededor del “caso Ragni”, es decir, por la desaparición forzada de Oscar Ragni, quien continúa desaparecido.

Estos testimonios dejaron a la luz que efectivamente, el hijo de Oscar Ragni e Inés Rigo de Ragni, estuvo secuestrado en “La Escuelita”. Lugones lo dijo sin dubitación “era el narigón Ragni”.

Queda más que demostrada la existencia del CCD “La Escuelita” con los propios testimonios de las víctimas. Ellos que estuvieron allí, lo describen con detalle, dan su aproximada ubicación geográfica.. Sumado a ello, en el año 1984 muchos de ellos reconocieron el lugar junto a miembros de la APDH Neuquén, y diputados nacionales. Es la verdad de los compañeros testigos la que aporta toda la prueba para condenar a los genocidas.

Los testimonios de los compañeros y compañeras demuestran que existía en la zona un circuito represivo, que incluía a la Escuelita, al que hay que agregarle las diferentes Comisarías de Río Negro y Neuquén, el sótano de la Policía Federal y las diferentes cárceles de Neuquén, Rawson, Bahia Blanca y Roca entre otras. El operar conjunto de las diferentes fuerzas represivas queda también al descubierto en ese juicio.

También ha quedado demostrado que en la zona existía un verdadero circuito represivo, Oscar Paillalef explicó como antes de su secuestro, fue la misma policía de Río Negro quien, por orden del imputado Reinhold, lo fue a buscar a su domicilio. Ha quedado sobradamente demostrado como en el secuestro de Oscarcito Ragni actúo la policía Federal, como parte de un grupo de tareas. Entre otros ejemplos que indican que todas las comisarías y cárceles de la zona funcionaban también como lugares de detención y tortura antes de los traslados a “La Escuelita”.

La existencia de los archivos de la represión

La DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires) desde 1960 hasta 1995 era la encargada de mantener uno de los archivos de inteligencia. Es el unico de los archivos abiertos, y en ellos había información como “delincuente subversivo” de David Lugones, quien en la misma audiencia y por supuesto muy sorprendido, reconoció su firma, en una declaración que en el año 1976 le hicieron firmar con los ojos vendados.

Ese documento es parte de los ex archivos de la DIPBA, que si bien han sido parcialmente desclasificados, no son de acceso público y fueron solicitados como prueba por la querella del CeProDH, junto con el pedido al gobierno provincial y al gobierno nacional de la totalidad de los archivos de la represión, sobre los que no se ha tenido respuesta alguna.

Esta situación vivida con la firma de Lugones, sumado a los testimonios que indican la existencia de un fotógrafo en “La Escuelita” y el sonido de una maquina de escribir cuando los secuestrados declaraban, demuestran indiscutiblemente lo que desde el CeProDH afirmamos desde antes del inicio del juicio: la existencia de archivos de la represión que los gobiernos provinciales y el nacional se niegan abrir públicamente.

Entendemos que los gobiernos deben abrir los archivos de la represión para saber todos los genocidas que actuaron en cada CCD, cuál era su rol, como así también el destino de los compañeros que hoy continúan desaparecidos y el destino de los más de 400 niños apropiados.
De esta forma los compañeros no se verían en la obligación de tener que demostrar que tabicados y bajo tortura reconocen a sus verdugos. Así no tendríamos que lamentar más desapariciones de testigos claves como Julio López, de quien seguimos exigiendo su aparición con vida ya y responsabilizamos al gobierno nacional.

Entendemos que estas son algunas de las primeras conclusiones que pueden extraerse de estas primeras jornadas del juicio. Con ellas, consideramos que se empiezan a dar los primeros pasos sobre dos de los principales objetivos que nos hemos puesto como querellantes en este juicio: Por un lado, la producción de la prueba que efectivamente mande a la cárcel común y perpetua por el delito de genocidio a estos 8 militares; Por su parte, también se cumple el objetivo de que este Juicio (pese a sus limitaciones que ya hemos indicado - ver “crónicas” en www.ceprodh.org.ar) saque a la luz la verdad histórica de lo que paso en Argentina ha sido un verdadero genocidio de clase, impulsado por el gran empresariado nacional y extranjero, y que las FFAA ejecutaron, para imponer un plan socio-económico que aún hoy padecemos los trabajadores y el pueblo.

CARCEL COMUN Y PERPETUA POR GENOCIDIO A TODOS LOS MILICOS Y PARTICIPES CIVILES
APARICION CON VIDA DE JULIO LOPEZ