Luego de la detención del dirigente ruralista Alfredo De Angeli el pasado sábado sobre la ruta 14, el conflicto que el gobierno mantiene con las patronales del campo se agudizó. Las entidades agrarias dictaron un nuevo lock out patronal profundizando el desabastesimiento a la población y la suba de precios apoyados por cacerolazos y nuevos cortes de ruta en todo el país. Cristina Kirchner luego de tres días sin pronunciarse ratifico su decisión de continuar en la puja por la renta agraria, pero esta vez decidió que sea el parlamento quien ratifique su decisión enviando un proyecto de ley al Congreso y utilizando un discurso de defensa de la democracia, la constitución y las instituciones del Estado, en sus palabras “la democracia se defiende con más democracia y que las instituciones se defienden con más instituciones”.

IGUALDAD ANTE LA LEY O JUSTICIA PARA POCOS?
Decía Cristina Kirchner “Me acordaba hace días de algún militante social que por pedir comida en un supermercado o cortar una calle, fue condenado y cumplió cárcel, dos años en Batán. Con los jueces de la Constitución y las leyes de la Constitución. También me acuerdo de vendedores ambulantes, o travestis en la puerta de la Legislatura porteña, un año presos. Me gustaría también que la misma Justicia fuera cuando un estanciero corta la ruta o desabastece, o no deja pasar combustible” justificando así la presidenta la represión en Gualeguaychú y detención de Alfredo de Angeli, Juan Ferrari y otros ruralistas el 14 de junio por parte de la Gendarmería. Pero lo cierto es que el gobierno nacional trató de reforzar su autoridad estatal ante los mas de 90 días de cortes de rutas, queriendo legitimar el uso del aparato represivo e intentando mostrar que el mismo se utiliza ante toda protesta que “atente contra la Constitución Nacional” cualquiera sea el sector que la realice.
Debemos decir claramente que tal “neutralidad” de la coerción pública no existe, el accionar represivo se descarga abrumadoramente contra los trabajadores y sectores oprimidos de la población, las represalias caen sobre los trabajadores que salen a pelear por sus puestos de trabajo, condiciones laborales o por el salario.
Contrariamente al discurso presidencial de igualdad “formal” ante la ley lo que se expresa es la vigencia de una justicia en beneficio de los grandes empresarios.
Como lo demuestran los desocupados y el pueblo pobre de la Quiaca que salieron a enfrentar las consecuencias del desabastecimiento del lock out patronal reclamando contra los miserables $150 mensuales, los irrisorios 60 centavos por cada pibe de los comedores, como así también por el acceso a tierra a los campesinos, agua potable y contra la contaminación ambiental producida por las multinacionales de la minería y el 6 de junio fueron brutalmente reprimidos. Así como los trabajadores de la fábrica Mafisa, de Olmos, Provincia de Buenos Aires, donde luego del desalojo y represión por la Bonaerense, hoy 18 de ellos son procesados por graves delitos penales, o como los trabajadores del Casino Flotante, reprimidos por la Prefectura y la Policía Federal en 9 oportunidades, con uno de los trabajadores acusado por el grave y escandaloso delito de “Tentativa de Homicidio”.
Miles de trabajadores y luchadores sociales a lo largo de todo el país están siendo procesados por pelear por sus derechos y justas reivindicaciones, incluso encarcelados como el caso del dirigente piquetero Pepino Fernandez en Salta.
Todos ellos procesados por esta justicia para pocos que a su vez permite el trabajo semi esclavo que las grandes marcas de ropa imponen sobre los trabajadores textiles de la comunidad boliviana tal como lo demostró el fallo del Juez Oyarbide del mes de mayo del corriente.

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y LAS INSTITUCIONES
Un fetiche de la disputa de la millonaria renta agraria

Cristina Kirchner mantiene la puja por la renta agraria y para seguir su disputa llama a desterrar los métodos de acción directa y a la defensa de las instituciones y la democracia, en sus palabras “quiero darle a esa decisión que tomé con las facultades que me concede la Ley, más contenido democrático y más institucionalidad aún”, invocando su “representación” sobre “todos los argentinos”, cuando en mas de 90 días se expreso claramente que los intereses de los trabajadores y sectores oprimidos no se ven representados en ninguno de estos dos bandos patronales y son los únicos perjudicados por el desabastecimiento y la suba de los precios.
En nombre de la democracia este gobierno de los “Derechos Humanos” oculta que la defensa de cualquiera de estos intereses en pugna implica mantener las bases y el andamiaje jurídico de la última dictadura genocida como la ley Videlista del peón rural, que prohíbe el derecho a huelga de los trabajadores rurales e impone las terribles condiciones laborales permitiendo incluso el trabajo infantil. Un estado que garantiza las super ganancias de los grandes empresarios que promovieron el golpe genocida, manteniendo las leyes de flexibilización y precarización laboral con la complicidad de la burocracia que en los 70 confeccionaba las listas negras junto a las patronales para entregar luchadores obreros a los militares. Una democracia que se sostuvo con las leyes de obediencia debida y punto final así como los indultos a los genocidas. Que hoy mantiene intactas las fuerzas represivas del Estado permitiendo que el 95% de los genocidas continúe en libertad y mantiene 400 jueces y mas de 9.000 policías de la dictadura en funciones. Una democracia donde poco se sabe sobre la desaparición de los 30.000 y de sus 400 hijos.
Hoy al cumplirse 21 meses de su desaparición, el gran ausente en el discurso presidencial una ves más fue Jorge Julio Lopez!!

EL ROL DE LOS ORGANISMOS DE DDHH ANTE LA CRISIS
Ante el discurso de la presidenta, distintos Organismos de Derechos Humanos han pronunciado su apoyo al Gobierno de los Kirchner llamando a la defensa de la democracia y sus instituciones y movilizándose a la Plaza de Mayo. Hebe de Bonafini solicitó la detención de los dirigentes de las entidades agropecuarias que protagonizaron el lockout patronal, a quienes responsabiliza por "asociación ilícita" y para los que solicitó una condena de 15 años de prisión diciendo que “el "modus operandi" de las organizaciones denunciadas, a las que califica como "grupos inmorales", consiste en operar "articuladas celularmente" y "no desdeñan la diatriba y la extorsión lisa y llana", utilizando "perversos métodos terroristas".
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos siempre hemos levantado una posición independiente de los distintos gobiernos de turno, el Estado y sus instituciones en el caminos de lograr cárcel a todos los genocidas y en apoyo a las luchas delos trabajadores y oprimidos. El CeProDH NO participó del acto oficial, como así tampoco de las actividades convocadas por las entidades patronales del campo o sus simpatizantes para apoyar el lockout que vienen llevando a cabo desde hace 100 días contra los más elementales intereses del pueblo como es el acceso irrestricto a los alimentos. Exigimos a 21 meses de su desaparición forzada, aparición con vida ya del compañero Jorge Julio Lopez!!