Desde nuestro Organismo intervinimos como parte querellante en este juicio, guiados por el objetivo de aportar en la pelea por rescatar la verdad histórica de los ´70, la lucha de aquella generación y que se expresara en la sentencia esa verdad, mediante el reconocimiento de que lo que sucedió en la dictadura militar fue un Genocidio contra los trabajadores y el pueblo. Partiendo, en primer lugar, que si se llegó a este juicio fue por la enorme pelea que han dado las Madres de Plaza de Mayo como Inés y Lolín; padres como Oscar Ragni y de todos aquellos que seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy.

Las consecuencias prácticas de reconocer el Genocidio significa que se juzgue a todos los genocidas por todos los compañeros y no sólo a alguno por algunas víctimas, diluyendo de esta forma el plan total de exterminio que llevaron adelante. Por ello nos opusimos a que la causa sea elevada en tramos y solicitamos que se juzgue a todos los partícipes del circuito represivo de la región.

A lo largo de este Juicio se fue demostrando que teníamos razón en solicitar que no se desmembre la causa, cuando algunas víctimas vinieron a declarar al juicio por otros casos, pues su caso no había sido seleccionado para ser juzgado en este “tramo”; dilatando su juicio y castigo. Pero sobre todo, cuando decenas de partícipes del genocidio eran considerados testigos y no imputados, consecuencia de esta forma de juzgar: como delitos aislados y no como parte de un todo.

En este juicio se desnudó el rol de la Triple A en Neuquén, que operó desde la Universidad Nacional del Comahue, siendo el preludio del genocidio. También se desnudó que existió un circuito represivo que incluyó las diferentes fuerzas represivas, como las Policías provinciales y federal, el Servicio Penitenciario Federal, entre otras, pero sólo se juzgó a 8 integrantes del Ejército.

También quedó evidenciado que la prueba la aportaron las víctimas y sus allegados. Por el contrario, desde el Estado no sólo no se ha aportado una sola prueba en este juicio, sino que ante nuestra solicitud de apertura de los archivos de la represión el gobierno ha enviado un “archivo secreto” donde no dice una sola palabra del destino de los desaparecidos pero sí sobre la militancia y actividades políticas de los familiares de las víctimas luego de la dictadura, durante los gobiernos constitucionales. Una muestra más de la impunidad y la continuidad que existe aún hoy con la dictadura. Y frente a nuestra denuncia de esta realidad, la respuesta del fiscal fue, ante el pedido del defensor de los militares O´Reilly, iniciarnos una causa por “revelar secretos de Estado” a las abogadas del Ce.Pro.D.H., cuando negaron sistemáticamente nuestros pedidos de investigar e imputar a los partícipes del genocidio que fueron declarando como “testigos” en este juicio.

Repetimos: fueron las víctimas y sus allegados quienes dieron los datos necesarios para que se pudiera condenar a los genocidas, y aportaron los elementos necesarios para reconstruir la verdad que con el genocidio quisieron aniquilar con métodos contrarrevolucionarios: la de una generación que luchaba por un objetivo revolucionario, por una sociedad sin explotadores ni explotados, en un momento de ascenso de los explotados. Por ello, cada uno fue relatando su militancia política, sindical, estudiantil, gremial, barrial, demostrando que el grupo a aniquilar fue conformado por los genocidas: todos aquellos que eran un obstáculo para imponer el plan económico y el quite de conquistas.

Por ello nos aferramos a esta pelea con la pasión que nos transmitía esa verdad que se debatía en este juicio. Y fuimos coherentes con ello y solicitamos en nuestros alegatos que se condene a los 8 imputados a prisión perpetua por genocidio, en honor a esa verdad que se evidenciaba. Porque la condena por genocidio obliga a avanzar en la condena a todos los que fueron parte, las fuerzas represivas pero también los impulsores, justificadores e ideólogos que fueron los que se enriquecieron con las consecuencias planificadas y queridas por ese genocidio. Porque entendíamos que esa pelea no era del pasado sino del presente y del futuro, fuimos inclaudicables en denunciar la impunidad, en solicitar la imputación de los participes del genocidio y en contraponer los argumentos de los milicos, pues nuestra convicción retoma la lucha de esa generación. El mismo día que se dictó la sentencia, se cumplía un mes de la desaparición de Julio López, muestra más que vigente de que el aparato represivo continúa actuando e impune. Ese mismo día la Cámara de Casación ordenaba liberar a Astiz y a Acosta.

Ese 18, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a los 8 imputados a penas de prisión que oscilan entre los 7 y los 25 años, por los delitos de asociación ilícita agravada, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados.

Entendemos que es un paso que se halla condenado a todos los imputados a prisión, pero marcamos las limitaciones de lo fallado en relación a esa verdad histórica por la cual peleamos en este juicio.

El veredicto no condena por genocidio, ni en el marco de un genocidio, lo cual es un retroceso de la conquista que obtuvimos en las sentencias a Etchecolatz y Von Wernich. Es un retroceso en la pelea porque la verdad de los trabajadores y el pueblo sea reconocida en la sentencia, lo cual hubiera dejado un importante antecedente hacia el futuro. Lamentablemente los jueces, a tono con la lógica ordenada por el gobierno de los Kirchner que no quiere las condenas por genocidio (pues significa cuestionar también a los beneficiarios de ese genocidio, los empresarios que siguen impunes) no nombró el genocidio en su veredicto.

Así se desdibuja el plan común y se muestra a la sociedad una verdad distorsionada también, porque no se reconoce cuál era el objetivo que tenían los genocidas. Ese objetivo no era cometer delitos en sí mismos (asociación ilícita) sino aniquilar físicamente a toda una generación de trabajadores, estudiantes e intelectuales que se rebelaba contra el orden capitalista. Necesitaban liquidar a esa generación para imponer un plan económico, aumentar la explotación de la clase trabajadora, arrebatarle sus conquistas, y destruir la organización y la militancia, para que las generaciones futuras no osaran luchar por sus reivindicaciones ni por cambiar esta sociedad de explotación. Lecciones que toman una actualidad mayúscula cuando los capitalistas quieren cargar sobre los trabajadores la crisis económica internacional en curso. Pero además, el condenar por delitos aislados, permite que se condene a cada genocida por casos individuales, como una sumatoria de delitos individuales, permitiendo condenas como la de Oviedo a sólo 7 años de prisión.

Como esa generación que no se conformaba con lo que querían darles los de arriba sino que luchaba por lo que se merecían, seguiremos luchando porque se condene por genocidio a todos los partícipes de la dictadura por todos los compañeros, reconociendo la verdad de los sobrevivientes y de los desaparecidos, la verdad histórica de los 70.

Con el paso adelante dado al haber conseguido la cárcel para estos 8 genocidas, se renuevan las fuerzas para seguir la lucha contra la impunidad hasta lograr la cárcel común y perpetua a todos los genocidas por todos los compañeros. Y aunque quieran ocultarlo, seguiremos gritando nuestra verdad, la de aquella generación que se rebeló para terminar con la explotación del hombre por el hombre.