Este lunes 29 de septiembre, el Juez de instrucción Roberto Oscar Ponce ordenó el procesamiento de 6 trabajadores de Brukman por el delito de usurpación. Los abogados de los trabajadores habíamos presentado un recurso de casación contra la resolución de la Sala VII de la Cámara que revocaba la falta de merito dictada a favor de los trabajadores, sin embargo, sin estar firme la sentencia de la Cámara, el juez libra igualmente la orden de procesarlos. Por esta vía penal, la justicia asimila el derecho de los trabajadores a luchar por su fuente de trabajo con el delito de usurpación, mientras los únicos y verdaderos delincuentes, la patronal que vació y abandonó la fábrica dejando sin trabajo a los obreros, gozan de la más absoluta impunidad.

La orden de procesamiento del juez Ponce se basa en una escandalosa resolución de los jueces de la Sala VII de la Cámara de Apelaciones Abel Bonorino Peró, José Manuel Piombo -funcionarios y cómplices de la dictadura- y Guillermo Rafael Navarro. Los mismos jueces que fundamentaron el desalojo en abril de este año argumentando que la propiedad privada y los intereses económicos están por encima de la vida e integridad física de los trabajadores, haciendo lugar a la apelación de la patronal, revocaron la falta de mérito “para procesar o sobreseer” -dictada en marzo de este año por el juez Enrique Velásquez del Juzgado de Instrucción 36 en el marco de la causa iniciada por el segundo desalojo en marzo de 2002- a los seis trabajadores de Brukman que habían sido acusados de “usurpación, robo y defraudación”y que reconocía que no había usurpación porque la ocupación fue pacífica y la patronal había abandonado la fábrica y que nos encontrábamos frente a un conflicto laboral y no penal.
Con argumentos profundamente antiobreros que reproducen casi al pie de la letra las declaraciones en los medios de comunicación de la patronal, los jueces de la dictadura plantean que “se investigan en este legajo las circunstancia que tuvieron origen el 18/12/01, cuando un grupo de aproximadamente veinte trabajadoras de la empresa Cebex SA-textil Brukman- acompañados de treinta personas ajenas a la fábrica, los cuales serían integrantes de distintas agrupaciones sociales y políticas, procedieron a tomar el inmueble sito en Av. Jujuy 554 por la fuerza, pese a la oposición manifiesta del encargado del edificio, ya que el hecho fue cometido con posterioridad a la finalización de la jornada, cuando los directivos, funcionarios y la mayoría de los trabajadores de la empresa se había retirado. Al día siguiente impidieron el acceso a los restantes trabajadores -aproximadamente ochenta empleados- así como a los directivos y funcionarios, y comenzaron a comercializar por cuenta propia los productos y materias primas del establecimiento. El 16 de marzo de 2002, y luego de concretado el desalojo de los ocupantes del establecimiento por orden judicial, un grupo numeroso de manifestantes, junto con algunos trabajadores de la firma en cuestión, arremetieron contra el acceso del lugar logrando vencer a la custodia policial y tomar nuevamente el edificio, para proseguir con la venta de materia prima insumos y productos terminados del proceso textil”. Esto es una mentira carente de todo sustento probatorio.
No sólo avasallan, sino que penalizan el derecho de los trabajadores a luchar por su fuente de trabajo cuando afirman , sin más prueba que las declaraciones patronales: “Analizando en abstracto, como el derecho de los trabajadores de ingresar y permanecer en su lugar de trabajo es accesorio a la relación laboral con el empleador, la ocupación del lugar como medida de acción directa vinculada a reclamos de esa índole es de mero carácter instrumental en la negociación, pero no puede contener o justificar el hecho de despojo de la posesión de la fábrica y desapoderamiento de los bienes ajenos” “Finalmente, (...) corresponde recomendar se dé cumplimiento a lo peticionado por la representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 338 vta., para lo cual se estima de utilidad la nómina de los ocupantes efectuada por la síndico en el acta de inspección del 19/3/02 aportada al expediente comercial; se amplíen las declaraciones de aquellas personas que en su tiempo trataron directamente con los imputados para que precisen el nombre y apellido de sus interlocutores en cada una de las circunstancias que describen y se recaben de las cadenas de información televisiva y escrita las imágenes y notas que fueron difundidas públicamente que contribuyan a identificar y determinar a todos los participes de tales hechos”.
Los mismos jueces cómplices del genocidio, que rechazaban los hábeas corpus de los familiares de los desaparecidos, ordenan una verdadera cacería contra los obreros y todos los que los apoyamos en su lucha. Su odio de clase es tan grande que critican en su fallo el sobreseimiento dictado en Marzo de 2002 por el Juez Velásquez a 3 trabajadores de Brukman luego del primer desalojo violando el principio de cosa juzgada.

El procesamiento que acaba de ordenar el juez Ponce, avalando lo dicho por los jueces de la Cámara, significa un salto en el intento de quebrar la solidaridad nacional e internacional con los obreros de Brukman, amenazando además con “investigar penalmente” a todo aquel que se solidariza con esta lucha. No podemos permitir que además de ver cercenado su derecho a trabajar, los trabajadores sean perseguidos y procesados. Por ello es más necesario que nunca iniciar una gran campaña contra el desprocesamiento de los trabajadores y el más enérgico repudio a estos jueces.

LA JUSTICIA COMERCIAL VUELVE A PRORROGAR LA QUIEBRA DE BRUKMAN
El jueves 25 de Septiembre los trabajadores, acompañados por el CeProDH y varias organizaciones, fueron al Juzgado Comercial a exigir se decrete la quiebra de la empresa ante el vencimiento de la ridícula prorroga que nuevamente la juez había concedido a los Brukman. Sin embargo ese mismo día en una entrevista el Secretario del Juzgado Comercial confirmó que la prorroga no vencía ese día sino el 17 de octubre, ya que mágicamente descuentan los días que el expediente había estado en la Cámara, aun cuando la misma Cámara denegó la apelación de los Brukman. Denunciamos esta nueva maniobra dilatoria como un nuevo intento de salvar a los empresarios corruptos, como bien lo alertan los trabajadores en su comunicado del 22/09, antes de saberse esta noticia- “sostener a esta banda de empresarios corruptos. Los Brukman jamás presentaron la documentación contable, se ha mantenido el proceso con una empresa fantasma. Pero ahora, el sindicato traidor que nunca nos defendió (SOIVA) y que en diciembre de 2001 pedía la quiebra ha pasado a prestar conformidad a la patronal. Por su parte la síndico que había impugnado por serias irregularidades al acreedor mayoritario (Meadows Pines), una empresa fantasma que tiene su domicilio constituido en la oficina de un accionista de Brukman, ahora dice que esta hipoteca trucha sería válida. Incluso dicen que hasta la AFJP, lejos de pedir un enjuiciamiento por evasión para que los Brukman terminen con su merecido “traje a rayas”, les haría un plan de pago (¡¿?¡).
Junto con nuestras abogadas denunciamos estos ilícitos en el fuero penal tributario supuestamente creado para terminar con estas maniobras fraudulentas. Demostramos cómo sacaron la plata del país, vaciaron la fábrica, introdujeron mercaderías del exterior que hacían pasar como producción nacional, evadieron todos los impuestos y los aportes a la seguridad social, y todavía no se ha tomado ninguna medida concreta”.
Hacemos un llamado, junto a los mismos trabajadores, a organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, organismos de derechos humanos, centros de estudiantes, asambleas barriales, partidos políticos, legisladores y personalidades de la cultura a seguir apoyando a los obreros de Brukman para que su lucha triunfe, que los trabajadores vuelvan a su fábrica y que se desprocese de inmediato a los trabajadores.