Más de 50 mil personas marcharon desde Plaza de los Dos Congresos a Plaza de Mayo. Las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia exigieron al Gobierno la aparición con vida ya de Jorge Julio López, desaparecido hace un año y medio, y el castigo a los responsables políticos y materiales de los asesinatos de Carlos Fuentelaba y de Lázaro Duarte.

Con dolor y con bronca en este 24 de marzo denunciamos que hace 18 meses que nos falta un compañero, Jorge Julio López, uno de los miles y miles de detenidos-desaparecidos. Sobrevivió a la dictadura y luchó contra la impunidad de los genocidas. Testimonió en el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz. Desde su secuestro a la actualidad, no hay ningún imputado ni líneas firmes de investigación. Julio no está hoy en esta Plaza y su ausencia acusa más que todos los discursos, a la impunidad que continúa", afirmaron las organizaciones en el documento consensuado. Una de las consignas que aglutinó a quienes marcharon hoy fue exigir al Gobierno la aparición con vida de López, desaparecido desde septiembre de 2006.
Además, criticaron la ineficacia en el juzgamiento a todos los genocidas. "Que Julio siga desaparecido y los responsables impunes es la muestra más dolorosa y más contundente de que la impunidad del ayer continúa. Aunque el Gobierno pretenda hacernos creer que impulsa la cárcel para los genocidas, todos sabemos que el 95 por ciento sigue sin que la justicia los haya siquiera rozado", denunciaron.

Asimismo, mostraron su disconformidad por el casi nulo avance de las causas por delitos de lesa humanidad. "En su discurso del 1º de marzo en el Congreso, Cristina Kirchner dijo que los represores que hay que juzgar son 992 y que se lo debe hacer en los próximos cinco años. La Presidenta miente: ella sabe que 992 es una cifra absurda para los 650 campos de concentración reconocidos oficialmente. El número real de los involucrados en el genocidio, aún sin contar a los cómplices civiles, es muchas veces mayor". Por el pedido de la primera mandataria de dar por concluidos los procesos judiciales en los próximos cuatro años, los organismos de Derechos Humanos prevén la resurrección del nefasto Punto Final: "Poner un plazo temporal a la causas es anticipar un nuevo punto final".

Tampoco faltó referencia en el documento leído desde el Palco en Plaza de Mayo a la represión que han sufrido últimamente los trabajadores y las trabajadoras. "El Gobierno de los Kirchner reprime las luchas como una ’marca registrada’: convirtió en sistemático el método de las patotas, junto a la represión de la gendarmería, la prefectura y demás fuerzas de seguridad, recurriendo incluso a la militarización de los lugares de trabajo". Una víctima de la metodología represiva fue el docente Carlos Fuentealba, asesinado hace casi un año en Neuquén. "El Gobierno nacional trató de eludir su responsabilidad en la represión y buscó provincializar el conflicto", sostuvieron. Los manifestantes exigieron el castigo a los responsables políticos y materiales de la muerte del maestro así como de la de Lázaro Duarte, el militante del MST asesinado en la misma provincia.

Por otra parte, denunciaron al Gobierno que- tras la fachada de la protección a los Derechos Humanos- avanza en la criminalización de la protesta social, que ya tiene a 4000 luchadores procesados. También, manifestaron su desaprobación por la denominada ley antiterrorista por considerarla una "herramienta para reprimir al pueblo y sus organizaciones".
Quienes estuvieron en la Plaza manifestaron su compromiso por continuar levantando las banderas de los 30000 desaparecidos. "En ese camino, sorteando todos los embates, estuvimos, estamos y estaremos cada 24 de marzo en esta Plaza". Al unísono, gritaron: "30.000 compañeros detenidos-desaparecidos. ¡Presentes!".

Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)
"A pesar de que han puesto el 24 un feriado y de que los centros clandestinos de detención los están transformando en museos donde pintan flores y pajaritos, llegamos a este aniversario del golpe genocida con mucha gente. Llegamos con un Gobierno que tiene un discurso en el que incorpora algunas de las premisas de los Derechos Humanos como cobertura pero continúa con las mismas políticas de los 90.
Cuando la ministra Nilda Garré empezó a hablar que en cuatro años tienen que estar terminados todos los juicios, estos dichos vinieron a esclarecer la política del Gobierno, que era la que tanto temíamos. Esto implicaba hacer un par de juicios emblemáticos y dejar al conjunto de las Fuerzas Armadas genocidas en funciones para reprimir a todos los que luchan".