En estos días comenzó a debatirse en el Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores. Durante décadas en nuestro país rigió un sistema conocido como “tutelar” mediante el cual las instituciones (incluida las represivas) podían intervenir bajo la excusa de “tutelar” a los menores que se encontrarían en situaciones “irregulares”, de “abandono” o en “situación de riesgo”. Esto permitía que el Estado por intermedio de la justicia de menores pudiera institucionalizar a los niños pobres y abandonados mediante la aplicación de la ley 10.903, conocida como la Ley del Patronato o Ley Agote. Era similar o más bien, era indiferente, si el niño había realizado alguna conducta ilegal que justifique su encierro pues, más bien, era culpable de ser pobre, excluido, abandonado. Contra esta idea tutelar o de situación irregular se levantó un gran numero de juristas que proclamaban que debía adoptarse una normativa que abandone el sistema tutelar y se adecue a la “Convención de los derechos del niño”, reconociendo a los niños y adolescentes como “sujetos de derecho”. Adoptando un sistema de “protección integral” tendiente al “interés superior del niño” dejando de llamarlos “menores” para ser llamados “niños y adolescentes”, lo que finalmente se recepta en la ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de niños, niña y adolescentes” que deroga la 10.903. Lo cierto es que en materia penal rige la ley 22.278, nacida en la dictadura militar que establece que son “no punibles” (ósea no pasibles de ser sometidos a una pena) los que sean menores de 16 años de edad, pero a la vez permite la imposición de una “medida tutelar”, es decir internaciones, lo que en los hechos constituye una sanción penal.

Desde hace varios años existen estos proyectos, pero la discusión en ciernes, es el resultado de la campaña de “mano dura” que impulsa “mayor seguridad” desde diversos sectores de la burguesía y que en definitiva busca la criminalizació n de la juventud. La baja de edad de imputabilidad ha sido un reclamo histórico de la derecha y hoy desde diversos ámbitos, incluido el gobierno nacional, se acuerda en poner en la agenda del debate, con diversos argumentos, tanto desde los sectores más reaccionarios, como desde los sectores “progresistas” como el Juez de la Corte Raúl Zaffaroni (que representaría al sector “garantista”).

De las voces que reclaman la baja de la imputabilidad, existe un sector que representa a la derecha mas reaccionaria, que pide que los menores vayan presos sin importar la edad, y si es posible que no salgan nunca mas. Este sector encabezado por la clase social de los ricos y poderosos es el mismo que pide mano dura y pena de muerte, para que en el marco de crisis económica sigan primando sus privilegios y se fortalezca y defienda su derecho de propiedad por sobre todas las cosas. Lamentablemente esta campaña también ha adquirido adscriptos de las clases populares que son bombardeados constantemente por los medios de comunicación que les hacen creen que la respuesta a sus males va a venir de la mano de “combatir la inseguridad y meter a los pibes presos” (esto pudo verse en la ultima reacción en Valentín Alsina que en sus orígenes fue un barrio obrero)

Del otro, en el que incluimos el proyecto oficial del gobierno, se inscriben los que tienen el mismo objetivo de bajar la edad de imputabilidad, pero con argumentos mas progresistas, como es el de reconocerle a los menores las garantías mínimas de un proceso penal. Ellos se refieren a los “infractores de la ley penal” entendiendo que debe reconocerse al niño infractor como “sujeto de derechos y garantías” por lo tanto, una persona con capacidad de “responder” penalmente, y bregan desde hace años por que se adopte un sistema penal juvenil de “derecho penal mínimo” en el cual “le sean respetadas las garantías procésales en igualdad con los adultos”. En este sector enrolamos a Raul Zaffaroni quien proclama la baja de la edad de imputabilidad para que los “adolescentes en conflicto con la ley penal” (como les gusta llamarlos), puedan tener las garantías que todo proceso penal les garantiza a los adultos. Para el juez de la Corte , el objetivo sería bajar la edad de imputabilidad a cambio de una cierta “igualdad” con los adultos en materia de garantías penales. Este argumento que aparece como progresista y defensor de los derechos del niño, resulta absolutamente funcional a la derecha que reclama mano dura, y miope de la realidad que viven los niños y jóvenes en el capitalismo.
Lo cierto es que desde ambos sectores, se busca el mismo fin: que la juventud de los sectores explotados y oprimidos, ingresen legalizados al sistema penal a una edad más temprana, lo que significa que aún recociéndoles las máximas garantías procesales, la respuesta a la situación de desamparo y de falta de futuro de la juventud, sea la represión estatal por la vía del sistema penal y el encarcelamiento
Lo primero que es necesario develar es que en nuestro país existen miles de niños criminalizados, institucionalizados . Miles son encerrados y torturados en Comisarías, perseguidos por la policía en los barrios y asesinados por la pena de muerte que significa el gatillo fácil. Miles de ellos son víctimas de este sistema brutal, que les ofrece paco en vez de futuro, que los excluye y deja fuera de la educación y los condena al hambre y la desocupación.

Esta campaña de mano dura que busca bajar la edad de imputabilidad, significa en concreto un ataque a la juventud que busca ocultar los verdaderos problemas sociales. Así como el origen de las primeras cárceles de Europa y Estados Unidos se vinculan al disciplinamiento de los proletarios a través de la inculcación de valores del orden, la sumisión y la obediencia, el verdadero objetivo de la baja de edad de imputabilidad es el disciplinamiento de la juventud de los explotados.
Por eso aún bajo el vestido de las “garantías” y la “democracia de la igualdad” lo que se quiere proteger sin distinción es el derecho de propiedad de la clase dominante, cuestionada por aquellos que no respetan las normas de este sistema de explotación y opresión que los excluye y condena a la miseria, silenciando con el ordenamiento jurídico las reales desigualdades que separan al rico del pobre.

Los garantistas cumplen una función ideológica muy grande, que es legitimar y legalizar con un ropaje “democrático” el derecho y el sistema penal de la burguesía. Naturalizan mediante el “derecho bueno” la dominación de clase, con los principios de igualdad ante la ley, y la idea de “sujetos libres e iguales”, ocultan la mayor de las desigualdades e injusticias que es la explotación de una clase sobre otra. En este caso, el propiciar la baja de la edad de imputabilidad contra los jóvenes de los sectores explotados -que es contra quienes se utiliza el sistema penal como medio de represión y disciplinamiento- , aun bajo un discurso de “mayores derechos y garantías” tiende a reproducir el sistema social imperante injusto y clasista.

Lo cierto es que ante la situación de exclusión, desocupación, falta de educación y oportunidades para los jóvenes, la clase dominante cierra filas en el mismo objetivo: encerrarlos, disciplinarlos y seguir excluyéndolos. Históricamente la juventud ha sido un sector de oposición, de rebelión contra la exclusión y explotación. No es casual el ataque a este sector en momentos de crisis capitalista. Por ello no se discute en el Congreso como se prohíben los despidos para que los padres de estos jóvenes no queden sin trabajo, sino que se discute cómo encerrar a la juventud en las cárceles del sistema, para ocultarlos y cerrar con rejas también ese espíritu de lucha, rebeldía, y oposición. Ese es su verdadero objetivo.

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