En el mega operativo represivo ordenado por el juez penal Irigoyen el 24 de noviembre contra los trabajadores de la fábrica Brukman bajo control obrero, las abogadas del CeProDH, Myriam Bregman, Ivana Dal Bianco y Mariana Salomón fuimos duramente golpeadas cuando intentábamos ejercer la defensa de las obreras. Varios medios de comunicación registraron el hecho y decenas de profesionales amigos nos hicieron llegar su solidaridad.
Pero decididas a pelear en lo que pudiéramos para que este hecho de agravio a la defensa no quedara impune realizamos la denuncia penal que realizamos contra la Policía Federal, el juez Irigoyen y todos los que participaron del ilegal operativo.
El Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en sesión de fecha 27 de febrero de 2003 aprobó el dictamen de la Comisión de Defensa, con la adhesión de la Comisión de Defensa del Abogado, ordenando realizar ésta presentación. La misma se efectuó el 18 de marzo y manifiestan en un extenso escrito:
“Este dictamen subrayó que ese operativo de desalojo de obreros que mantuvieron la fuente laboral cuando los propietarios abandonaron la empresa, ordenado por el Juez Dr. Raúl Irigoyen, se llevó a cabo por miembros del grupo especializado G.E.O., pero con la extraña participación de personal de una empresa privada de seguridad, y ex altos funcionarios de la empresa.
La Comisión de Defensa del Abogado resaltó que en operativo policial no faltaron golpes con escopetas recortadas y palos, que se extendieron a las nombradas profesionales, quienes concurrieron al lugar para averiguar cuál era la autoridad a cargo del operativo y quién había ordenado las medidas judiciales que se estaban llevando a cabo.
No le quedaron dudas a esa Comisión que se han afectado en forma directa e inmediata las más elementales normas que hacen al derecho de defensa y al trabajo, ambos de raigambre constitucional, sin olvidar las innumerables normas de derecho internacional hoy vigentes en la República”.