Entrevistamos a Myriam Bregman, abogada del CeProDH. Le consultamos sobre la designación del nuevo juez Zaffaroni de la Corte Suprema y la política de Kirchner y Béliz sobre una de las instituciones más desprestigiadas en la población.
Myriam Bregman: Es un hecho que ampliamente se festeja que al fin un garantista como Zaffaroni estará en la Corte. Pero como sabemos los que defendemos cotidianamente los derechos humanos de los trabajadores, no es un problema de “garantías” lo que aqueja a los sectores populares. Sus intereses sociales se chocan cada minuto con los intereses de los poderosos. Y las instituciones están para defender a estos últimos. La designación de Eugenio Zaffaroni, es parte de la política gubernamental de hacer cambios superficiales para expropiar los justos reclamos que recorrieron el país desde las jornadas de diciembre de 2001, para ponerlos al servicio de una recomposición más profunda del régimen cuestionado. Mientras la mayoría de los políticos y jueces repudiados se quedan todos, el gobierno presiona in extremis para provocar vacantes en el supremo tribunal que permita una cierta renovación.

¿Qué es lo que se define como un juez “garantista”?

MB: Un garantista es alguien que defiende el “estado de derecho”, o sea quien tiende a aplicar en forma estricta las leyes y procedimientos de este mismo sistema, sin cuestionar las bases profundas de estas políticas de hambre y miseria. Estas garantías como máximo lograrán poner en pie de igualdad formal al genocida que al ladrón de gallinas, lo que es utópico. Como decía Kant: “el derecho más estricto constituye la mayor injusticia”. O más cercano en el tiempo Poulantzas, decía que los negreros sabían manejar la ideología cristiana pero que fueron aprendices de brujo comparados con los ideólogos profesionales de la burguesía que juegan con la noción de justicia e igualdad. Pero no es casual que el inminente ministro de la Corte Zaffaroni se desgaste aclarando que “no es marxista”. El problema de la Corte Suprema no es un problema de hombres. De lo que se trata es de impugnar a la institución judicial toda.

¿Pero el cambio de hombres no modifica la institución?

MB: Veamos, ¿por el recambio de cortesanos se declarará inconstitucional la contrarreforma laboral de la Banelco en este mes en que subieron nuevamente los despidos? Creemos que no. Incluso el sistema judicial argentino está organizado de modo tal que lo que se resuelve en decenas de juzgados inferiores y cámaras de apelaciones puede ser revocado por nueve personas. Ellos, señores de sueldos millonarios que nadie eligió, ligados a los más cerrados círculos de poder e influencias, terminan imponiendo su voluntad sobre la de millones de habitantes. Es una estructura hiper vertical ¿Esto es democrático? ¿Tiene razón de existir un órgano así? Históricamente la Corte ha sido funcional a las políticas de los gobiernos de turno, legitimó los más aberrantes actos de injusticia e impunidad contra la amplia mayoría de la población. Es el exponente máximo de un Poder Judicial que conservó a la salida de la dictadura más de 400 jueces que juraron por el Estatuto del “Proceso de Reorganización Nacional”. Incluso el mismo Zaffaroni fue juez durante la dictadura, aunque eso no sea lo determinante en esta discusión.

¿La renovación que impulsa el gobierno va más allá de la Corte?

MB: También hay planes gubernamentales para producir un cierto recambio en los estratos inferiores del poder judicial, centralmente en los juzgados federales. Los jueces inferiores, han jugado un rol de control social importantísimo en estos años. Ante los reclamos contra este sistema opresivo y de hambre, han instaurado un doble sistema represivo, primero, bajo la orden de un juez, actúan con balas y gases la Policía y Gendarmería, desalojando rutas y fábricas, asesinando piqueteros; y posteriormente los jueces procesan, encarcelan y condenan a quienes participan de huelgas, ocupaciones de fábrica, piquetes, movilizaciones, reclamos de alimentos. A la fecha existen 3.000 luchadores obreros y populares con proceso penal.

El Gobierno, desde su discurso de asunción se viene manifestando contrario a la “criminalización de la protesta social”.

MB: Es por ello que varias organizaciones, entre ellos Correpi, Ex Detenidos, CeProDH, la Aníbal Verón, etc. hemos decidido lanzar una campaña exigiendo la inmediata amnistía para todos los procesados por luchar. Esto es importantísimo. Desde nuestro punto de vista, esta exigencia sería complementaria con la inmediata entrega a las organizaciones sociales y políticas comprometidas de toda la documentación que durante estos años de menemismo y delarruismo se han acumulado en la SIDE. Espionajes, seguimientos y escuchas que sólo tienen por objeto reprimir mejor la protesta.

¿Cuál es la propuesta del CeProDH para la Corte Suprema y el Poder Judicial?

MB: Nosotros opinamos que en este marco, con relación al sistema judicial el planteo debe ser profundo, no es sólo un problema de los corruptos que ocupan la Corte Suprema. Incluso dentro de este mismo sistema si queremos que algo cambie realmente, las medidas democráticas básicas por las que debemos movilizarnos son la disolución de la Corte Suprema, pues como demostró la historia, no merece existir un grupo selecto de jueces cuya función central es legitimar las “cuestiones de Estado” en perjuicio de los destinos de millones. También planteamos la elección de los jueces por voto directo y juicio por jurados populares, hay que poner fin a instituciones como el Consejo de la Magistratura, costoso e inútil, que demostró ser una mera reforma cosmética y elegir los jueces por sufragio universal. Planteamos la instauración de juicios por jurados.

Los jueces también son inamovibles...

MB: Por eso sostenemos que su mandato debe ser revocable, la inamovilidad de los jueces no ha garantizado su independencia y que no se subordinen al poder de turno, sino todo lo contrario. El pueblo debe poder decidir cuando un juez no merece ocupar más su cargo. Ello va acompañado de que ningún juez debe ganar más de lo que gana cualquier trabajador. Hay que terminar con esa elite alejada de las necesidades y padecimientos de los trabajadores y los sectores populares.

¿Algún comentario más?

MB: Si, que vemos que estas medidas que proponemos son las elementales incluso dentro de este mismo sistema social, dentro del mismo orden democrático burgués. Todo lo demás es falso progresismo siempre temeroso del ejercicio de la democracia directa.

Reportaje realizado por el periódico La Verdad Obrera N° 123