Bajo el gobierno de Alfonsín y su política de “autojuzgamiento”, esta causa fue iniciada por un juez de la Marina que recibía a los compañeros con la “carpeta” con las declaraciones arrancadas en la ESMA bajo tortura. Ante el cantado fracaso de esa política, pasó en el ‘87 a la justicia federal, llena, a su vez, de jueces que provenían de la dictadura. Desde esa época, hay cientos de querellantes presentados y que individualizan a los represores. A pesar de ser esta una de las causas con más cantidad de pruebas del país, llegamos a este juicio oral luego de 4 años de reabierta la causa con sólo un prefecto, Héctor Antonio Febres, alias “Selva”, y por sólo 4 casos de tormentos.

Desde la querella de Justicia Ya!, hemos solicitado medidas básicas como que le revoquen la prisión de privilegio que tiene en Prefectura del Tigre y que se le amplíe la acusación por los delitos de privación ilegal de la libertad y reducción a la servidumbre (ya que obligaban a los detenidos a realizar trabajo esclavo). Dichos planteos fueron sistemáticamente rechazados por el Tribunal N° 5, que es el mismo que al condenar al Turco Julián (represor de la PFA), le encontró atenuantes como “no tener condenas anteriores y ser padre de familia”.

Mientras, los sobrevivientes aportaran valiosos testimonios, como Carlos Lordkipanidse, quien realizó un emotivo y extenso testimonio, reivindicando la militancia y la resistencia a la dictadura aun en los centros de exterminio. También, surge de los testimonios que se trató de un genocidio de clase; se pudo escuchar como los miembros de la patota de la ESMA se reunían con directivos de las fábricas de la zona que tenían asignada, para que les marquen a los activistas que luego eran secuestrados; asimismo, varios de los sobrevivientes que declararon eran trabajadores con participación sindical en sus gremios, como telefónicos y gráficos.

Otro testigo contó como quemaban cuerpos en el campo de deportes de la ESMA, por lo que exigimos que se remita ese testimonio al juzgado que instruye la causa, ya que a pesar de nuestro reiterado pedido nunca se ha realizado una inspección judicial en dicho lugar donde puede haber cuerpos. La ESMA no puede ser un museo, aun es una prueba judicial porque no hubo justicia para los más de 5.000 compañeros que pasaron por allí.