El día lunes 25 de Agosto comenzaron las declaraciones de los testigos, en el Juicio a 8 genocidas de Neuquén y el Alto Valle. La primera testigo fue Noemí Labrune, fundadora de la Asamblea por los Derechos Humanos -APDH- de Neuquén. La sala llena de compañeros y compañeras que no querían perder un minuto de lo que acontecería en el inicio de los testimonios. Noemí destacó que la dictadura ”fue un plan sistemático, criminal de dominación y por eso nos dimos cuenta de que la pelea iba a ser muy dura"- En gran ejemplo de resistencia dio cuenta de cómo en la zona se comenzaron a organizar y resistir junto con los familiares de las víctimas y los sobrevivientes. Con contundencia denunció la complicidad del Poder Judicial en ese plan sistemático, en el cual el juez federal Pedro Laurentino Duarte rechazaba los habeas corpus y el Fiscal Ortiz, manifestaba que “el dolor físico (por los secuestrados y torturados) acercaba a Dios”.

Seria el testigo Rubén Capitanio, sacerdote de la parroquia de Centenario el que aportaría con su propia historia la persecución y la necesidad de buscar refugio. Capitanio debió mudase de la localidad de Berisso, La Plata, en Agosto de 1976, cuando pedía en sus misas por los obreros desaparecidos, y seria resguardado por el obispo Jaime de Nevares, con quien aportarían a la resistencia de familiares y víctimas que se organizaban en plena dictadura. Dijo que sentía vergüenza por la Institución de la Iglesia, por el rol jugado en la dictadura- contó que fue amenazado en la capilla del Barrio San Lorenzo “simplemente por defender la vida”.

La impunidad vestida de medico

El psiquiatra Raúl Ignacio Lopez Proumen, llegó a la sala de audiencias con la cabeza gacha. Apenas un hilo de voz para relatar su complicidad con el terrorismo de Estado. No miraba a las partes, y quizás tampoco al Tribunal, no por vergüenza, por supuesto, sino por cobardía. Quizás ya presumía que se iba a ir esposado, como se fue.

Este medico que fue jefe del cuerpo medico forense del poder judicial de Neuquén y es hoy Jefe del servicio psico-social del fuero de familia del mismo poder judicial neuquino, durante los años 1977 y 1980, fue nada mas y nada menos que el Jefe de Sanidad del Batallón de Ingenieros 181, lugar en el que funcionó “la Escuelita”. Con total desparpajo declaró que atendió en el mismo centro clandestino de detención a una compañera que estaba secuestrada, sentada en una silla, con los ojos vendados, y un embarazo de siete meses. Tenia que verificar si estaba por nacer el bebe, como no fue así, se fue por la misma puerta que entró.

Lamentablemente las esposas le duraron poco, pues fue detenido por el delito de falso testimonio, por mentir y por ocultar, pero todavía falta que se lo encarcele por ser parte de la maquinaria genocida. El como tantos otros, que están libres, impunes y en funciones.

Los retumbes de la palabra genocidas, fue lo que se llevó a su celda. El retumbe de los tambores de la calle que resuenan: “Cárcel común, perpetua y efectiva, ni un solo genocida por las calles argentinas”