Con la publicación de una escala de indemnizaciones, Ibarra se “adelantó” mediante un decreto a un proyecto del macrismo para la legislatura, que ahora podría incluír la elevación de los montos anunciados.. Con semejante porquería proveniente desde el poder, y especulando vilmente con la extracción humilde de la mayoría de las pibas y pibes masacrados, intentan aplacar, por la vía económica, la lucha de los familiares por el castigo a los culpables. Pero esta torpe y cínica maniobra oficial produjo el inmediato repudio de padres y hermanos. Así es que tanto en los medios como en la marcha del Jueves 20, desde La Matanza a Quilmes se redobló la exigencia de cárcel para Ibarra y todos los corruptos, convocando a movilizarse el 30/1 a un mes de la masacre, siendo esta una valiosa respuesta ante la pragmática política de ofrecimientos oficiales por un lado y la de imposición de orden por el otro, con saturación policial en cada manifestación, según la práctica del restaurador Alvarez.
La rápida y publicitada “reparación” viene contrastando con el prolongado secreto sumarial de la causa penal. Aparte de la privación de la libertad de Chabán ( en una situación política que no deja espacio para que lo hubieran excarcelado), ha trascendido la inhibición de bienes de Ibarra y dos funcionarios renunciantes.
Tanta reserva sobre las actuaciones judiciales, cuando los responsables son notoriamente públicos, impide el elemental derecho de información de los damnificados y de proponer las medidas que consideren necesarias.
Como la desconfianza es legítima ante el resultado de causas como la AMIA, Cabezas o Río Turbio (donde hasta ahora la responsabilidad recae vergonzozamente sobre los trabajadores y no sobre el empresario y el estado), la conformación de una comisión investigadora, que sea independiente de los tres poderes, serviría, entre otras cuestiones, para denunciar la verdad de los hechos y a sus responsables, para avanzar con la investigacion hasta el final puesto que los familiares y quienes luchamos junto a ellos somos los mayores interesados en que este caso no quede impune.
Para aportar en este sentido está a la orden del día que los abogados y profesionales defensores de Derechos Humanos trabajemos en el asesoramiento a familiares en una comisión común, tal como se hace en grandes causas como el juicio a los militares genocidas. La unidad para lograr el castigo a los responsables de la masacre de Cromagnón es la mejor forma de responder a la división que se opera desde el gobierno.