La textil está ocupada desde diciembre, cuando fue a la quiebra. Un contingente de la Guardia de Infantería, armado como para la guerra, tomó ayer el lugar por la fuerza pese a que sólo había tres mujeres y una nena, “para realizar un inventario”. Un cacerolazo barrial y un cordón de 200 vecinos evitó males mayores.
Los 54 empleados que mantienen abierta la fábrica cobran 150 pesos por semana, sin jerarquías. Insisten en que “no robamos, trabajamos”.

Setenta policías, muchos de civil, se movilizaron ayer como para la guerra, bajo un cielo color plomo y cuando el día era apenas un proyecto, para desalojar a tres mujeres –una de ellas acompañada por su hija de 6 años– que a las siete de la mañana eran las únicas ocupantes de la fábrica Brukman, en Jujuy al 500, barrio de San Cristóbal. Desde hace dos meses, la empresa es administrada por sus 54 empleados, en su mayoría mujeres. La puerta de acceso fue abierta desde adentro, luego de una breve discusión, porque las empleadas querían evitar “cualquier destrozo, porque nos cuesta mucho mantener la fuente de trabajo”, explicó a Página/12 Lorena, la mujer que estaba con su hija y que tuvo que ser asistida en el hospital Durand porque sufrió un pico de presión derivado de “la increíble violencia” del operativo. Los policías, por orden judicial, realizaron “un inventario” dentro de la planta, pero luego los trabajadores volvieron a ocupar el predio en forma pacífica, esta vez con el apoyo de cerca de 200 vecinos y organizaciones sociales que cortaron por unas horas el tránsito por Jujuy e hicieron sonar sus cacerolas.

“Los policías desalojaron en forma violenta a los trabajadores, a los vecinos que intentaron mediar y también a las abogadas del personal”, afirmó por medio de un comunicado el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Miriam Bregman, una de las abogadas que representa a los empleados de Brukman, confirmó a este diario que las mujeres presentes, incluso ella misma y su colega Ivana Dal Bianco, fueron “golpeadas y maltratadas por la policía, que estaba acompañada por asistentes sociales del Gobierno de la Ciudad”. El allanamiento fue ordenado por el juez Enrique Velázquez, en el marco de una causa abierta a pedido de los dueños de la empresa y que está caratulada como “usurpación y robo”.

Ayer, según informaron voceros del juzgado, la labor se centró en la realización de “un inventario de la maquinaria que hay en la planta”. Todo indica que no pudo constatarse faltante alguno, aunque ni el juzgado ni la policía quisieron informar acerca del resultado del operativo. La comisaría 8ª, que tiene jurisdicción en el barrio, aclaró que sus hombres “sólo concurrieron como apoyo, porque el allanamiento estuvo a cargo de Metropolitana”, en referencia a la Guardia de Infantería, que envió cuatro celulares llenos de uniformados armados hasta los dientes. De todos modos, los primeros en llegar fueron policías de civil al mando de un comisario de apellido Campos.

Los de la “avanzada” fueron los que entraron prácticamente a sangre y fuego, aunque sólo había tres mujeres y una menor. Juana, una de las empleadas de Brukman, relató que ella fue “una de las últimas en salir” entre las que se habían quedado a pasar la noche en la planta y esperaban que llegaran las compañeras que las reemplazarían en la guardia. Eso lo vienen haciendo todos los días desde el 18 de diciembre pasado, cuando los dueños de la fábrica iniciaron un proceso de quiebra que dejó sin trabajo a 115 personas. De ellas, 54 resolvieron tomar la fábrica y seguir con la producción y con la venta de productos al público. Desde hace dos meses mantienen su fuente de trabajo y todos cobran el mismo salario, de 150 pesos por semana, sin distinción de jerarquías ni sexo. Casi todas son mujeres, acompañadas por unos pocos hombres.

“Casi me arrancan el brazo”, dijo Juana, cuya mayor preocupación era su hija de 6 años, que lloraba mientras los policías seguían “cumpliendo con su deber, como nos decían a nosotras”. Juana, que es viuda, tiene cuatro hijos y está un poco molesta con la actitud de los asistentes sociales: “Me trataban de convencer para que me fuera y que empezara los trámites para conseguir una pensión por mi marido”. Los policías entraron finalmente al local, luego de algunos forcejeos y golpes que determinaron que otra de las empleadas, Lucía Ruiz, tuviera que ser asistida en el hospital Ramos Mejía por las lesiones recibidas. Elisa, otra de las trabajadoras de la empresa textil, aseguró que el comisario Campos ya había venido al lugar, dos jueves atrás, “para retirar algunos trajes para hombres de los que nosotras confeccionamos”. Dijo que el policía había invocado “un supuesto pedido de los dueños de la empresa”. En ese momento, los empleados se negaron a entregar ninguna prenda y ahora Elisa cree que “tal vez trataron de hacernos una trampa para después presentar una denuncia por robo”. Antes de las ocho de la mañana de ayer, cuando el allanamiento estaba todavía en veremos, muchos vecinos comenzaron a reunirse frente al edificio. La presencia de más de 200 vecinos y la llegada de legisladores, entre ellos Luis Zamora, y de dirigentes o personalidades como Liliana López Foresi, Sergio Di Gioioia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el ex candidato a diputado Juan Carlos Dante Gullo, modificaron el cuadro de situación.

La policía había dejado una férrea línea defensiva frente a la puerta principal de la fábrica, compuesta por hombres de la Guardia de Infantería preparados para resistir un ataque del mismísimo Bin Laden. Sin embargo, ante el cariz que iban tomando las cosas, al parecer recibieron una orden judicial o de la superioridad, metieron el palo y las pistolas lanzagases en la bolsa y partieron a bordo de los mismos vehículos en los que habían llegado. Los vecinos, con pancartas y banderas de las Asambleas Barriales de San Cristóbal, San Telmo y Parque Patricios, habían cortado la avenida Jujuy, entre México y Venezuela, mientras desde muchos balcones vecinos se asomaban otras personas que hacían sonar cornetas y cacerolas.

Anoche, los trabajadores habían vuelto a ocupar la fábrica, a la que ingresaron por una puerta que había quedado abierta. Nilda, otra de las empleadas, recalcó que los 54 trabajadores están allí “para mantener la fuente de trabajo y no para robar”. Por ese motivo, cuando llegó la policía, la actitud de las tres mujeres fue la de “evitar cualquier enfrentamiento que significara algún destrozo en la fábrica, que es nuestra única fuente de trabajo y a la que estamos tratando de salvar de la quiebra a la que quiere llevarla la empresa”. Nilda resaltó que hasta pagaron una deuda de 4.800 pesos, por gastos de electricidad, que tenía la fábrica. “Lo único que queremos es trabajar”, sostuvo.