El Tribunal Oral Federal de Neuquén juzgará desde hoy a ocho militares retirados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Escuelita y en dependencias de la Brigada de Infantería de Montaña VI durante la dictadura. Entre los imputados sobresalen el general de brigada Enrique Braulio Olea, los coroneles Oscar Lorenzo Reinhold y Mario Alberto Gómez Arenas, y el mayor Luis Alberto Farías Barrera. Se los juzgará por asociación ilícita, 17 secuestros y torturas agravadas y una desaparición forzada. Se trata del primer juicio oral y público por crímenes imprescriptibles en el sur argentino, tercero en el interior del país.

El juicio se hará en una sala con capacidad para 40 personas, que obligará a las víctimas a seguir las audiencias desde la calle, donde habrá pantallas, y a los periodistas a pasar la noche en la puerta del tribunal para acceder a uno de los veinte lugares para la prensa. Hay 160 medios acreditados y se asignarán por orden de llegada. La sede original era la ex Legislatura local, con capacidad para 130 personas, pero se cayó el techo del edificio. Los querellantes sugirieron como alternativa la sala cultural Conrado Villegas, pero fue rechazada. Los gremios estatales y la Universidad del Comahue declararon asueto para estar hoy presentes.

La causa por crímenes de lesa humanidad en Neuquén y el Alto Valle se reabrió en 2005, tiene más de 90 víctimas y varias decenas de represores identificados. El juez federal Guillermo Labate la fragmentó y elevó en una primera etapa los 17 casos por los que se juzgará a los ocho militares. Desde hoy al viernes, se prevé la lectura de la elevación a juicio, y los requerimientos de fiscalía y querellantes: APDH y Ceprodh.
Olea era jefe del Batallón de Ingenieros 181. En un terreno aledaño funcionó La Escuelita. Reinhold era jefe de inteligencia de la Brigada. Farías Barrera, de personal. Gómez Arenas era jefe del Destacamento de Inteligencia 182. Los otros imputados son los oficiales Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Sergio Adolfo San Martín, miembros del destacamento y acusados de torturas, el médico Hilarión de la Paz Sosa, acusado de adormecer a las víctimas antes de los traslados, y el suboficial Francisco Julio "Loro" Oviedo. El 1º de agosto, para evitar sorpresas, el tribunal ordenó concentrar a los militares en la cárcel de General Roca. Cinco tenían arresto domiciliario. Murió impune el jefe de la brigada general José Luis Sexton y están prófugos el capitán Jorge Di Pascuale y el ex comisario Héctor Mendoza.