El pasado jueves 22 de abril los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera decidieron plantear públicamente su posición sobre los exámenes de ADN realizados, en el marco de la causa que investiga sus adopciones y sus identidades.

A través de cuatro solicitadas en los diarios Clarín, La Nación, Crítica y Página/12 y un spot en TN, dijeron tener miedo de “habernos convertido en una presa más de esa embestida” y afirmaron que “nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos”. Declaraciones que se dan en el marco de la pelea entre el Grupo Clarín -del cual su “madre” es directora- y el gobierno.

En la revista Veintitrés se publicó una carta dirigida a ellos y a los otros nietos apropiados firmada por dos nietas restituidas: Victoria Moyano y Paula Logares.

¿Por qué la carta publicada en la revista Veintitrés?

Las dos, con Paula que es la primera nieta restituida, opinamos que había que contestar la campaña que impulsó el grupo Clarín incluso contratando a empresas publicitarias, a través de las voces y los cuerpos de Marcela y Felipe. Una campaña que tiene un solo objetivo: que Ernestina Herrera de Noble siga impune, como todos los grandes patrones vinculados directamente a los crímenes de la dictadura. Desde hace ocho años, por el tremendo poder político y económico del Grupo Clarín que tuvo la capacidad de comprar jueces, destituir a otros, y por la impunidad garantizada al empresariado por parte de este gobierno y de todos los que le antecedieron, se viene deteniendo la causa para que no se investigue la identidad de estos jóvenes.

¿Qué te parece la orden judicial de que se coteje su ADN con todos los que tiene el Banco Genético?

En el marco de la batalla del Grupo Clarín con el gobierno por otros motivos, luego de 27 años de terminada la dictadura y de años en que las familias vienen pidiendo la verdad, recién ahora se resuelve que el ADN de los jóvenes se coteje con la totalidad del Banco Genético, para saber acerca de su apropiación y cual es su origen. Hay que ver qué dice ahora la Corte. Vimos a los hermanos –a través de un libreto que seguramente no escribieron– defender a la mujer con la que se criaron, pero la dueña de Clarín está acusada del delito de apropiación de menores. Porque hay que destacar que no fue una adopción común de chicos que abandonaron, sino que se da en el marco del genocidio en la Argentina. Y si eso se comprueba, deberá terminar sus días entre rejas. Tengamos en cuenta que no hay un solo burgués imputado por genocida, cuando hasta Estela (Carlotto, Presidenta de Abuelas) denunció a los Macri, los Herrera de Noble, los Bunge y Born, los Pérez Companc, los Rocca, Fortabat, Blaquier y su ingenio Ledesma, la Sociedad Rural Argentina, Mercedes Benz –que donó el equipo de obstetricia para la maternidad clandestina de Campo de Mayo– , Ford, Techint, Acindar y tantos otros. Ni uno solo tiene una causa por crímenes de lesa humanidad y por haber impulsado el golpe, mientras que a Martínez de Hoz lo ponen preso no por haber tenido un campo de concentración en el mismo predio de la empresa Acindar, de la que era presidente, ni por haber pergeñado el golpe genocida y haber aplicado un plan económico contra el pueblo y a favor del imperialismo, sino sólo por haber ordenado el secuestro de otro empresario.

¿Qué opinás sobre las restituciones de estos años?

Yo nací en el Pozo de Banfield, una maternidad clandestina dirigida por Camps. Si algunos sobrevivientes no hubiesen hecho la denuncia acerca de mi nacimiento, mi familia no me habría buscado, porque no sabían de mi existencia; y como yo ¿cuántos más hay de los que no se sabe de su nacimiento? Es terrible. Es tanta la impunidad que el obstetra de apellido Vidal, que firma mi partida de nacimiento y que ha firmado muchas más, está prófugo. Además de ese obstetra yo no sé quiénes fueron los que secuestraron y torturaron a mis viejos y cuál fue su destino, quiénes estuvieron implicados en mi entrega. Quiero el nombre de todos. Opino que hay dos mecanismos perversos alrededor de la restitución de la identidad, uno es dejar a las víctimas la responsabilidad de encontrar su propia identidad por su presentación espontánea en la CONADI o en Abuelas de Plaza de Mayo, y el otro es que no abran los archivos donde figura el personal que actuaba en cada centro clandestino y, particularmente, los de aquellos lugares donde se supo que hubo maternidades clandestinas, como denunciamos con Paula en la carta.

Estela Carlotto debe exigirle al gobierno esos listados. Hasta hoy solamente con el testimonio de los sobrevivientes se pudo avanzar un tanto, muy poco con respecto a la realidad, en las investigaciones, para ir demostrando la verdad del genocidio y encarcelar a algunos… digamos la verdad, muy pocos responsables. Terrible, con todo lo que implica exponer a las víctimas en estos juicios a cuentagotas para enjuiciar algunos casos paradigmáticos. Luego de 34 años, con 30.000 desaparecidos, con al menos 500 centros clandestinos de detención reconocidos que fueron manejados por al menos 20.000 efectivos hay solo unos 100 condenados.

La revista Veintitrés no esconde su carácter de vocero del kirchnerismo…

Efectivamente, pero tuvieron que aceptar algunas frases en la carta que no creo que le hayan caído muy bien al gobierno, porque si no publicábamos la carta por otra vía. Allí denunciamos que “El Estado que nos apropió hace más de 30 años debe garantizar el derecho a la identidad y ninguno de nosotros, nietos apropiados, debería atravesar esta situación. Sería solucionable si los archivos y las nóminas de quienes actuaron en cada centro y maternidad clandestina fueran entregados a la Justicia por parte del gobierno que todavía los mantienen ocultos: allí está toda la información que permitiría una investigación certera, encontrar a cada niño y condenar a los responsables. Porque sabemos que esas nóminas existen”. ¡Exigimos la apertura de los archivos ya, por nuestros 30.000 y por los 400 hermanos apropiados!