Su documento estaba tirado muy cerca de su cadáver. El mensaje mafioso estaba más que claro. Las bandas de la bonaerense practicaban una nueva vendetta contra un testigo. Jorge Galván estaba detenido en la comisaría primera de Varela en la noche del 10 de mayo de 2002 cuando llevaron detenida a Andrea por averiguación de antecedentes. Escuchó sus gritos de dolor así como los de su novio Gustavo Cardozo, al que le prestó la remera para que se limpiara las manchas de sangre. Inclusive la cabo Jorgelina Oviedo le confesó que esa noche “se les había ido la mano” y que ella “sólo le había pegado seis patadas”. Como producto de las torturas recibidas Andrea murió el 22 de mayo. En los días posteriores Galván recibió varios aprietes junto al resto de los presos para que “no cantaran” Como indican sus familiares Galván sufrió amenazas antes, durante y después del juicio, inclusive de parte de policías uniformados. A pesar de todo Galván fue uno de los principales testigos en el juicio por el caso que se llevó a cabo el año pasado. Su testimonio, así como el de otros testigos, fue claro y contundente en cuanto a las torturas efectuadas por los cinco policías procesados así como por otros que no estaban incluídos en la causa a quienes se les inició un nuevo proceso. Además denunció que era una práctica común torturar a los detenidos en esa comisaría. Sin embargo el Tribunal Oral 3 de Quilmes, el mismo que dejó libre al oficial que me disparo y me dejó en una silla de ruedas, absolvió por el beneficio de la duda a cuatro policías y sólo condenó a perpetua….con prisión domiciliaria! a la Cabo Jorgelina Oviedo.

Una institución de criminales

Hoy estamos viendo nuevos costos de la impunidad en la que quedan los asesinos con uniforme gracias a la complicidad de la justicia y del Estado en su conjunto. Y no es la primera vez que un testigo que se atreve a denunciar el accionar represivo de la policía sufre represalias. Ayer fue Julio López por los crímenes ocurridos durante la dictadura militar. Hoy es Plaza por denunciar las torturas en las comisarías que junto con el gatillo fácil constituyen su continuidad en democracia. En ambos casos sufrieron represalias que involucran a una institución verdaderamente irreformable que alberga al día de la fecha a más de 9.000 policías que participaron del proceso militar y a miles de asesinos de gatillo fácil. Una institución que además participa en todas las actividades criminales que se producen en la Provincia. Por esto compartimos las declaraciones de Eugenia Viera, hermana de Andrea: “no sospecho de nadie, digo directamente que fueron policías los que lo mataron”. Los sucesivos gobiernos han amparado el accionar de terror de esta verdadera banda de asesinos contra los jóvenes del pueblo trabajador. El actual intenta crear una nueva imagen policial mostrando como “casos aislados” lo que es una práctica cotidiana y creando una policía 2, “instruída en derechos humanos”, que ya se ha cobrado como víctima a Hugo Krince. Cabe preguntarse por qué se protege tanto a estos criminales. El asesinato de Carlos Fuentealba en manos de un policía torturador, la represión que sufren los trabajadores y los distintos sectores populares cada vez que salen a luchar es la respuesta. Hacen falta asesinos entrenados para defender los intereses de los patrones y de sus políticos a sueldo. Llamamos a los familiares de víctimas de la represión, a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones obreras y estudiantiles y a los partidos de izquierda que no tranzan con la represión y la impunidad a enfrentar con la lucha y la movilización esta nueva provocación contra el pueblo trabajador que se suma a la desaparición de Julio López y los permanentes casos de represión. Asimismo, y a pesar de que el fiscal separó a la policía de la investigación del crimen de Galván, consideramos que no podemos confiar en que esta justicia y otras instituciones represivas como la gendarmería, asesina de Teresa Rodríguez y Aníbal Verón entre otros mártires de la clase trabajadora, vayan a esclarecer el caso. Hace falta poner en pie una Comisión Investigadora Independiente con plenos poderes integrada por los abogados del caso, los familiares de víctimas de la policía y los organismos de derechos humanos.