En un comunicado dado a conocer el mediodía de este jueves, la Comisión Provincia por la Memoria rechazó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que beneficia a un genocida mediante la aplicación de la ley 24.390. “Se trata de un retroceso muy significativo en materia de derechos humanos que no sólo desconoce la historia de lucha de todo el pueblo argentino, sino que contradice lo actuado por esa misma Corte en la temática”, afirmó el organismo.

Es “un fallo contra la humanidad”, manifestaron desde la CPM en el comunicado. “Con esta decisión, la Corte Suprema habilita la posibilidad de reducir el tiempo de reclusión para los genocidas condenados por la justicia argentina, permitiendo que las condenas impartidas puedan moderarse considerablemente”, afirmaron.

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Según el organismo presidido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y que integra, entre otras personalidades, la Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) Nora Cortiñas, “la decisión afecta al estado de derecho y constituye una afrenta para todo el pueblo argentino que, desde los años de la dictadura, ha venido sosteniendo una lucha incansable para que el reconocimiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar y la condena a sus responsables se constituya en un baluarte irrenunciable de la vida democrática”.

“Con esta decisión arbitraria y parcial, la Corte Suprema desconoce además su propia historia como máximo tribunal de justicia”, recuerda la CPM, en referencia a que, “con decisiones anteriores, fue forjando un camino de lucha contra la impunidad, como la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad”.

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En una lectura socio-política de la acción del Poder Judicial, la CPM afirma que “mientras desde los tres poderes del Estado se promueven reformas regresivas en materia penal, anulando garantías constitucionales y endureciendo leyes para que los autores de delitos comunes permanezcan más tiempo en la cárcel aún sin condena, se favorece a los autores de delitos más graves como el genocidio, la desaparición de personas y las torturas. La desigualdad con la que se tratan unos y otros delitos es muy clara”.

Acusando de inconstitucional el fallo, la Comisión por la Memoria recordó que los tres jueces que votaron a favor de otorgar el 2x1 a un genocida lo hicieron con argumentos contrarios “a los principios de los derechos humanos incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico por el bloque de pactos internacionales de derechos humanos que son parte de la Constitución Nacional”. En ese marco, agregan, “resulta intolerable el argumento de que porque son delitos que se continúan cometiendo, como lo es la desaparición forzada, eso habilite la reducción de la pena”.

La CPM agrega que “la sociedad argentina no ha modificado su percepción sobre estos delitos a los que sigue condenando y rechazando”. Por eso “rechaza este fallo y exige a todos los representantes de los tres poderes del Estado que se expresen en el mismo sentido, salvaguardando la historia y la memoria del pueblo argentino”.

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