Durante la crisis abierta por la protesta agraria de las últimas semanas, la Presidenta Cristina Fernández utilizó a figuras emblemáticas de los derechos humanos para acompañar su política, como Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini, junto a otras Madres y Familiares. Esto fue particularmente notorio en el palco de la Plaza de Mayo del 1º de abril, en el que se encontraban también intendentes como Otacehé vinculado a la utilización de fuerzas de choque contra asambleístas en 2002 y hasta José Rodríguez del Smata, quien fuera cómplice del secuestro de varios trabajadores de la Mercedes Benz y la Ford antes y durante la dictadura, muchos de los cuales hoy siguen engrosando la lista de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos.

En su último discurso, la Presidenta afirmó que su gobierno, y el de Néstor Kirchner, es el que más ha respetado los derechos humanos. Esto se contradice con la realidad de que más del 95% de los genocidas sigue impune. Con el plan oficial de enjuiciar sólo a unos cientos de casos emblemáticos para dejar impunes a las instituciones genocidas y en pocos años, al decir de la ministra de Defensa, lograr la tan ansiada "reconciliación". No fue casualidad que Cristina Fernández haya omitido en todos sus discursos mención alguna a Jorge Julio López, desaparecido hace un año y medio. El gobierno de los Kirchner encubre a sus secuestradores, entre los que se encuentran los 9.000 efectivos de la Bonaerense que actuaron bajo las órdenes de Camps y Etchecolatz y hoy siguen patrullando las calles de la provincia.

En su disputa con los propietarios del campo, el oficialismo sacó a relucir el papel golpista que cumplieron entidades como la Sociedad Rural o la CRA. Pero a la par hizo un permanente llamado al diálogo a estos sectores reaccionarios y antiobreros. Más que doble discurso se trata de cinismo.

Hablar de derechos humanos y no decir una sola palabra del millón trescientos mil peones y obreros rurales que trabajan en condiciones de semi esclavitud regidos por la ley 22248 sancionada en 1980 por Videla y Martínez de Hoz, también es cinismo. Durante 25 años de gobiernos constitucionales y 5 años de gobierno del matrimonio Kirchner nunca se presentó un solo proyecto de derogación. Néstor Kirchner mandó a quitar el cuadro de Videla en el Colegio Militar, pero mantuvo las normas esenciales que se aplicaron gracias a la sangre de los caídos en la dictadura. Esta ley videlista que regula el trabajo en el campo –que es usufructuada por muchos de los propietarios que hicieron por estos días los piquetes- impone jornadas de más de 12 horas y salarios que apenas superan los 1000 pesos; el 75% trabaja en negro, y niños de 14 años trabajan a la par de sus padres sin las mínimas condiciones de higiene.

Apelando también a la mención del golpe genocida en una maniobra para buscar apoyo en sectores del pueblo, Cristina sacó a relucir el lock out patronal de febrero de 1976. Pero lo que "olvidó" mencionar es que de esa medida golpista participaron además de la oligárquica Sociedad Rural y la CRA , las cámaras empresariales como la APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), el CEA (Consejo Empresario Argentino), la Copal (Coordinadora de las industrias de Productos Alimenticios), entre otros. Este "olvido" responde a que éste gobierno responde a los intereses de los sectores industriales que también fueron parte de la preparación del golpe, fomentaron el accionar de la Triple A , y entregaron a miles de obreros activistas a las FF.AA. Tan es así que el titular de la UIA y hombre vinculado estrechamente a Techint, Juan Carlos Lascurain, y el presidente de FIAT, Cristiano Ratazzi estaban entre los que aplaudían entusiasmados el discurso de Cristina Fernández y el ministro Lousteau en el Salón Blanco de la casa Rosasda. Tanto los grandes terratenientes –hoy enfrentados al gobierno– como los grandes empresarios –que son parte de éste gobierno– fueron partícipes de un genocidio realizado para eliminar a todo aquel que cuestionara sus privilegios de clase e imponer un modelo que multiplicara sus ganancias y aumentara la entrega del país al imperialismo. Modelo que sobrevive hoy en las precarias condiciones de trabajo de millones de trabajadores, por no hablar de las deuda externa y otras tantas medidas antipopulares y antinacionales.

Lamentamos una vez más que quienes lucharon durante años contra la impunidad, hoy hagan primar su oficialismo por sobre la lucha por el castigo a todos los genocidas y sus cómplices. Los pañuelos no alcanzan para tapar tanto cinismo.

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos es un organismo que se creó hace once años particularmente para defender los derechos de los trabajadores, sus organizaciones y sus luchas. En ese marco participa activamente en los juicios contra los secuestradores y torturadores de los 30.000, en su inmensa mayoría activistas obreros, exigiendo el castigo a todos por genocidio. Junto a organismos independientes venimos movilizándonos y exigiéndole al gobierno la aparición con vida ya de Jorge Julio López y denunciando el encubrimiento de sus secuestradores, que siguen organizados en instituciones que reprimen a quienes luchan por sus derechos, como hemos visto contra los trabajadores del Casino, reprimidos por la Prefectura de Febres.

Hoy asistimos a una disputa entre dos sectores de las clases dominantes que participaron del golpe y no dudarán en volver a realizarlo si consideran que las circunstancias lo ameritan para ellos. Una disputa por una renta extraordinaria que ninguno se propone ponerla al servicio de los intereses populares. El caso de los trabajadores rurales es más que paradigmático. Invitamos a los organismos, a las organizaciones de los trabajadores, a los centros de estudiantes, organizaciones del pueblo y partidos políticos a realizar una gran campaña activa por la derogación YA de la ley que regula el trabajo rural. ¡Abajo la videlista Ley 22.248!