El CeProDH exige la inmediata e incondicional libertad de los 16 detenidos el viernes pasado y el cese de las arbitrariedades por parte de la jueza a cargo del juzgado de instrucción N° 37 Dra. Silvia Ramond y del Servicio Penitenciario Federal.

En el día de la fecha una delegación de abogados y representantes de organismos de derechos humanos, entre ellos el MEDH, Correpi, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, CeProDH y organizaciones políticas, junto con familiares de los detenidos nos presentamos en el juzgado para asumir la defensa de varios de los detenidos y solicitar una audiencia con la jueza. Sorprendentemente no sólo no fuimos atendidos sino que el juzgado nos impidió asumir la defensa y poder tomar vista del expediente, a pesar de estar presentes los familiares. Todo esto mientras la policía nos acosaba en el pasillo del juzgado para que nos retirásemos.

A esto se suma que el Servicio Penitenciario se negó a certificar las firmas de los detenidos en los escritos que le llevaron sus familiares para poder designarles abogados.

Todas estas maniobras autoritarias constituyen un verdadero atropello a las mínimas garantías constitucionales de legítima defensa y un desprecio hacia los organismos de derechos humanos ni siquiera visto en las peores épocas del menemismo.

Mientras Macri, Ibarra y Kirchner están negociando cómo hacer desaparecer de las calles la protesta social, ya han pegado un salto en la criminalización de los luchadores con la provocación del viernes en la legislatura y las posteriores detenciones.

Con los 16 rehenes acusados de delitos no excarcelables como la coacción agravada, buscan aleccionar a todos aquellos que intenten oponerse a medidas antidemocráticas como el Código de “convivencia”.

La multitudinaria marcha de hoy, a pesar del cuasi estado de sitio policial, es un primer paso en la campaña por la liberación de los detenidos y contra la aprobación de este reaccionario código.

Llamamos a todos los organismos de DDHH, organizaciones sociales, de trabajadores ocupados y desocupados y la izquierda a continuar y redoblar los esfuerzos para derrotar esta escalada reaccionaria. Desde el CeProDH proponemos poner en pie una Coordinadora en Defensa de las Libertades Democráticas y Contra la Criminalización de la Protesta Social y convocamos a marchar el 4 de agosto para impedir que se sancione el código pactado entre Ibarra y Macri.