“En este gobierno no se reprime la protesta social”, “somos enemigos de la judicialización de la protesta” son algunas de las tantas frases enarboladas por el gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, en otra muestra de su doble discurso. Fue esta la bandera que levantaron ante la ofensiva de la patronal agraria y la oposición, luego de la detención por unas horas de Alfredo De Angelis. Pero al mismo tiempo, la Presidenta dejó en claro su intención de no permitir más cortes de calles y rutas, apelando a los jueces y fiscales a intervenir contra las protestas por venir. Mientras tanto, los trabajadores de Mafissa continúan acampando hace 50 días frente a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, reclamando el sobreseimiento de los 18 trabajadores, ante el silencio absoluto del gobierno de Scioli. Se suman así a los más de 5.000 trabajadores y luchadores procesados en la Argentina. La Verdad Obrera entrevistó a los Abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) Ivana del Bianco y Agustín Comas, quienes son parte del equipo de abogados de los trabajadores de Mafissa.

¿Cuál es la situación de los trabajadores procesados de Mafissa?

Ivana: El ataque que sufrieron los trabajadores fue muy grande. No sólo fueron reprimidos con un operativo impresionante, con grupos especiales y más de 700 efectivos que los desalojaron, sino porque fueron encarcelados por tres días y se les inició una causa penal por el delito de coacción agravada, que tiene una pena de hasta 10 años de prisión. Si bien la movilización popular y el apoyo a la lucha de los trabajadores impidió que les aplicaran la figura mas grave -que no permitía la excarcelación-, lo cierto es que hoy son 18 trabajadores acusados e investigados. Me parece importante señalar que este delito, el de coacción agravada, tiene un profundo contenido político antiobrero, pues nació con la reforma represiva del Código Penal en el año 74 con el argumento de “luchar contra la subversión”, aunque era la Triple A la que daba sus primeros pasos aquellos días. Y casualmente se utilizó por primera vez para reprimir trabajadores de una fabrica en lucha.

Agustín: El conflicto de Mafissa es por demás emblemático. El dueño de la empresa Jorge Curi (familia empresarial colaboradora de la dictadura) se dedicó a violar cada una de las leyes laborales, y a no acatar las resoluciones dictadas por el Ministerio de Trabajo y la Justicia. Mientras, a los trabajadores que reclamaban por su fuente de trabajo y sus condiciones laborales, el Estado y la Justicia los “condenaron”, avalando más de 100 despidos, ordenando una salvaje represión, e imputándoseles gravísimos delitos y allanamientos a sus viviendas. Se han abierto causas contra los trabajadores por supuestas amenazas, por “abuso de armas”, en causas inventadas que utilizan como “pruebas” los juguetes de los hijos de los obreros. Sufren un constante acoso judicial. Los jueces Melazo y Atencio fueron candidatos de Luis Patti (PAUFE), y los encargados de desalojar y ahora de juzgar a los obreros de Mafissa. ¿Que podemos esperar de esta justicia con estos jueces?

El discurso de los Kirchner fue siempre que ellos no criminalizaban la protesta social, ¿qué opinan?

Ivana: Mirá, el primer mandato de los Kirchner demostró que eso era sólo un discurso. Kirchner fue el presidente que más presos políticos tuvo desde la caída de la dictadura. Por nombrar algunos casos: 15 trabajadores ambulantes y travestis estuvieron casi un año presos en Devoto por manifestarse contra el reaccionario Código de Convivencia de Ibarra, e increíblemente la Presidenta se da el tupé de nombrar el caso como parte de la inequidad de esta Justicia. También hubieron 7 militantes presos por manifestarse que fueron procesados en su momento por el juez Galeano por asociación ilícita e intimidación pública. En Caleta Olivia, encarcelaron a 17 trabajadores que peleaban por trabajo genuino, en Las Heras hubo doce trabajadores presos en la huelga petrolera, de los cuales hoy permanecen cinco detenidos. Te reitero: todo esto durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Agustín: La realidad la podemos ver en cualquier fábrica o lugar donde existan o surjan activistas combativos, aunque es difícil encontrarla en los grandes medios de comunicación. Para graficarlo aún más: el día en que se reprimió, desalojó y encausó a los trabajadores de Mafissa, había unos 700 policías y ni un sólo medio televisivo. En el conflicto del Casino flotante, a parte de las represiones sufridas por los trabajadores, éstos sufrieron a partir del 15 de enero un “cerco mediático” de parte de toda la prensa escrita, oral y televisiva. Desde esa fecha, el conflicto desapareció de todos los medios, permitiendo al amigo de los Kirchner, Cristóbal Lopez, mantener los despedidos, y al Gobierno reprimir sin que se vea por “cadena nacional”. Pero a pesar de no verse, las represiones y procesos judiciales contra los activistas y comisiones internas combativas crecen día a día en su cantidad. Además, a este ataque contra el activismo, se debe agregar las agresiones por parte de patotas, como ya sucedió con los trabajadores de la Línea 60, Dana, Rigolleau, Hospital Francés, el cuerpo de delegados del Subte o el Indec, por nombrar algunos ejemplos.

Y para finalizar, si utilizando la represión o imputando distintos delitos el Gobierno y la Justicia penal aún no logran aplacar a estos activistas, interviene la Justicia Laboral y/o el Ministerio de Trabajo, con fallos y resoluciones escandalosas. Entonces se desafuera a delegados, se los suspende o directamente avalan cualquier pedido que hagan los empresarios. La realidad nos muestra claramente que la política del gobierno de los “derechos humanos” de los Kirchner, es una política represiva del Estado contra los activistas, utilizando todos los medios a su alcance para llevarla a cabo. Estas son las ‘instituciones de la Constitución’ de las que hace alarde Cristina Fernández para poner en caja la protesta de los explotados.

Esta es la situación que hoy ustedes denuncian...

Ivana: Es que con el gobierno de Cristina no ha cambiado esta situación, sino todo lo contrario. La lista de los trabajadores procesados por luchar ha ido en aumento. Ella dice que en su gobierno “no firmó un sólo decreto de necesidad y urgencia”, pero no puede decir lo mismo acerca de intervenciones represivas o penales contra los trabajadores. Podemos hablar claramente de una escalada represiva por la vía de la justicia penal. El gobierno dice que no “criminaliza” pero es mentira. Además de los compañeros de Mafissa, recientemente fueron procesados dos compañeros por la lucha del Casino, a uno de ellos se lo acusa de un delito gravísimo que es tentativa de homicidio calificada. Los trabajadores de Atento también fueron procesados. Se han revivido viejas causas por corte de ruta como la que mantuvo preso en estos días al dirigente de la UTD Mosconi Pepino Fernández, y otras que se despiertan y les fijan fecha de juicio oral, como en el caso de los trabajadores ferroviarios. En fin, el ataque por la vía penal es claro: aleccionar a los que luchan mantener una espada de Damocles contra los trabajadores combativos. Casualmente los procesados surgen de luchas muy duras, sufrieron represión, la pérdida de su fuente de trabajo y la persecución penal. Ello contiene un mensaje político muy grande: si luchás, si te organizás, podés ir preso, en nombre las leyes y la Constitución. Que quede claro que esta escalada judicial es contra los trabajadores, y el tenor de los delitos que les imputan va en aumento también.

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Qué propone el CeProDH

Agustín: En la Argentina gobernada por los Kirchner actualmente existen casi cinco mil procesados entre trabajadores, desocupados y estudiantes combativos. Y aumenta día a día, por parte de la Justicia, no sólo la cantidad de procesados sino también la gravedad de las imputaciones penales que se les realizan. Como dijimos en un comunicado, cuando la Presidenta habla que la Justicia no actúa con ecuanimidad, tiene toda la razón. Pero habría que decir que se trata de una auto-imputación: hoy hay más de 5.000 procesados por luchar, por parte de las instituciones constitucionales que se defendió desde el palco en el acto de Plaza de Mayo.

Ivana: Gracias al monopolio que tienen de los medios, y me refiero tanto a oficialistas como opositores, esta realidad no es conocida. El mentiroso discurso presidencial se hace creíble en vastos sectores. Es por eso que el CeProDH está preparando un primer informe que va a cubrir todas las acciones punitivas del Estado y las patotas amparadas por éste y las patronales, contra los trabajadores que salen a luchar o a organizarse en forma independiente. La idea es que publiquemos un informe periódico dando cuenta de estos hechos, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego.

Somos concientes que el ataque es hacia los sectores combativos, delegados que comienzan a organizarse, trabajadores que dan luchas heroicas, y que resisten. Ante esto, es indispensable unificar las fuerzas en una campaña nacional unitaria de defensa de los trabajadores y de sus luchas, y contra todo procesamiento a los que reclaman sus derechos. En este momento la crisis ‘del campo’ ha dado un salto importante, pero seguramente el embate no va a ser contra las clases dominantes, sino que como mostró la represión en La Quiaca, será a los trabajadores a los que les dan palo y cárcel. Incluso a niños y mujeres. Por eso es más necesaria que nunca una campaña nacional por el desprocesamiento de los luchadores obreros y populares, en defensa de las conquistas logradas por los trabajadores en los últimos años, como los cuerpos de delegados, internas y sindicatos antiburocráticos.