Jueces y fiscales a tono con la política del gobierno
En estos últimos días se conoció que el Fiscal Romero de La Plata ordenó a la policía que impida que los piqueteros usen palos y se tapen las caras, bajo apercibimiento de iniciarles causas por el delito de intimidación pública, pues su Fiscalia: “no se mantendrá indiferente ante la flagrante comisión de delitos disfrazados de protestas sociales o ante actos criminales de intimidación pública” ya que “las protestas deben ser pacificas”1.
El 23 de abril de este año, la Sala Tercera de la Cámara de Casación revocó un fallo en el cual se había sobreseído a 10 trabajadores ferroviarios, que habían hecho un piquete en las vías del ferrocarril Urquiza. Así estos jueces, representantes de la justicia para ricos, se creen con el derecho de reglamentar la protesta social, ordenando se procese a aquellos que utilizan métodos de acción directa y ejercen el derecho de huelga. En este sentido argumentan: “no es cierto que las personas que impidieron el tránsito ferroviario en las vía del ferrocarril Gral. Urquiza pudieron ejercer sus derechos -de expresión, petición o reunión- de esa exclusiva forma o que ella fuese la más razonable. Máxime cuando, como en el caso, es dable concebir vías alternativas de reclamo, mediante las cuales los imputados pudieron, con igual efectividad pero sin incurrir en conductas delictuales, hacer conocer su disconformidad con las medidas de gobierno que a su juicio resultaban desacertadas.”2
Ambos ejemplos, casualmente coinciden con la política del gobierno del Dr. K: atacar y demonizar a los piqueteros que no aceptan las reglas imputas a la hora de reclamar en las calles y es el primer escalón en la imposición y reglamentación del derecho a reclamar.
Así como la cruzada Axel -que fue apoyada por los sectores más reaccionarios y fue avalada por el Dr.K- terminó en la consecuencia esperada del endurecimiento de penas, no caben dudas que las mismas serán utilizada en contra de los sectores más empobrecidos, cuyos hijos son los que mueren a manos de la policía gatillo fácil. Ello desnuda claramente el carácter de clase de la justicia. Una justicia cuyo rol fundamental es el sostenimiento de la propiedad privada y la imposición mediante la amenaza de la represión y la cárcel, del orden burgués. Por ello no debe llamar la atención que el Dr. K tenga en sus planes la utilización de la vía judicial como forma de represión indirecta y de “disciplinamiento” de aquellos sectores decididos a luchar y que ello empalme con la constante campaña que intenta mostrar la lucha del pueblo como delito y de esta manera crear el escenario que avale una posible salida represiva.
La política de K de renovación de figuritas dentro del marco de las instituciones y del régimen, tiene el claro objetivo de legitimar que las mismas puedan seguir existiendo para utilizarlas luego contra los trabajadores y el pueblo pobre. Así es el caso de la Corte Suprema de Injusticia, cuyo rol históricamente ha sido el de legitimar las “cuestiones de Estado” en perjuicio de los sectores populares.
Actualmente se encuentra en esa Corte el caso de la docente condenada por corte de ruta Marina Shifrin. Ya el Procurador en su dictamen argumenta que “el caso debe incluirse en la teoría del error”. Ello para poder encaminar una posible absolución que permita que el progresista Zaffaroni aparezca “en contra de la criminalización de la protesta” a los ojos de las masas, “perdonándola” en este caso “porque la imputada no sabia que lo que estaba cometiendo era un delito”. Este intento legitimador esconde que, cientos de jueces de todo el país, seguirán sosteniendo que cortar rutas es delito y continuaran los miles de procesados por luchar, mientras garantizan la impunidad de los represores y asesinos del pueblo.
Entendemos que la pelea por el desprocesamiento de los luchadores y el castigo a los represores, debe ir indisolublemente ligada a demandas profundas. Por ello debemos pelear por la disolución de la Corte Suprema, porque no tiene razón de existir un grupo selecto de jueces que deciden el destino de millones. Por la elección de los jueces sea por voto directo y exista el juicio por jurados populares. Para no seguir permitiendo que jueces que cobran sumas siderales (más coimas) y enquistados en sus sillones, sean los que decidan la legitimidad del reclamo de aquellos que cobran $150, creemos que ello debe ir acompañado de que ningún juez debe ganar más de lo que gana cualquier trabajador y su mandato debe ser revocable.
1- Instrucción General 4/2004, 31 de Mayo de 2004, Unidad Funcional N 6 del Departamento Judicial de La Plata.
2- Fallo Sala III Camara Nacional de Casación Penal, Causa 4859, “Alais Julio Alberto y otro s/ Recurso de Casación, 23 de Abril de 2004.