(Neuquén ) Ocho militares del Ejército Argentino que a partir de 1976 ostentaban jerarquías de mando en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, entre ellos hombres estrechamente vinculados con el Servicio de Inteligencia y un médico, serán llevados a juicio por el Tribunal Oral Federal de Neuquén el mes que viene. El lunes próximo finaliza el tiempo para que la fiscalía, defensa y querellantes puedan ofrecer prueba, de acuerdo al artículo 354 del Código de Procedimiento.

La sala de juzgamiento estará integrada por los magistrados Eugenio Krom, Orlando Coscia y Oscar Albrieu.

El titular del Juzgado Federal de Neuquén, Guillermo Labate, incriminó como penalmente responsables de delitos calificados de Lesa Humanidad al Teniente Coronel Oscar Lorenzo Reinhold, al Mayor Luis Alberto Farías Barrera, al General Enrique Braulio Olea.

Las imputaciones también recayeron contra el jefe de Inteligencia Mario Alberto Gómez Arenas, los oficiales Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín, el suboficial Julio Francisco Oviedo, el médico Hilarión de la Pas Sosa y el suboficial Julio Francisco Oviedo.

El magistrado demostró que los jefes castrenses desplegaron intensas actividades clandestinas, seguidas de la aplicación de crueles delitos en perjuicio de militantes políticos y también contra dirigentes sociales y vecinales.

Los tormentos se ejecutaron en el centro encubierto conocido como "La Escuelita", una precaria construcción levantada en el sector sureste del terreno donde aún funciona el Batallón de Construcciones 181, a la vera de la Ruta Nacional 22. En ese lugar de realizaban los interrogatorios de las personas detenidas ilegalmente.

Fuentes judiciales confirmaron a La Mañana de Neuquén que el lunes próximo finaliza el tiempo para que la fiscalía, defensa y querellantes puedan ofrecer prueba, de acuerdo al artículo 354 del Código de Procedimiento.

Más de cien testigos propuestos

Las mismas fuentes aseguraron que el Fiscal de Cámara, Manuel de Reyes Balboa, habría propuesto cerca de 50 testigos, cuyos testimonios fueron considerados relevantes para demostrar las conductas penales de los imputados.

Trascendió ayer que se trata de víctimas y familiares de la represión y también militares y soldados que cumplieron funciones en distintas unidades militares en aquel entonces.

Por otra parte, el Centro de Profesionales de Derechos Humanos de Neuquén (CEPRODH), se constituyó como querellante y presentó un total de 40 testigos, entre ellos el sacerdote Rubén Capitanio y las víctimas Adriana Calvo y Enrique Sukman. Ambos fueron detenidos y sometidos a vejámenes y torturas en distintos centros clandestino de la provincia de Buenos Aires.

En representación de CEPRODH fueron designados los abogados Ivana Dal Bianco, Romina Sckmunck, Natalia Hormazabal, Leopoldo Denaday y Mariano Pedrero. También la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) se constituyó como querellante en la causa. Se sabe que el organismo entregó al Tribunal un listado en el que propone la comparencia de aproximadamente 60 testigos.

Una vez culminado el acto preliminar que finaliza el lunes, el Presidente del Tribunal Federal está facultado para admitir y rechazar la prueba, aunque en este último caso, únicamente cuando se trate de evidencias superabundantes.

Habría coincidencia en el Tribunal y las partes que las audiencias de debate comiencen en agosto próximo en el edificio de la ex Legislatura Provincial.

---

El procesamiento de los jefes

El juez acusó a los militares de asociación ilícita, privación ilegitima de la libertad y torturas.

(Neuquén) El juez Guillermo Labate depositó en el Tribunal Federal de sentencia varios cuerpos de la investigación que contiene concluyentes evidencias que desnudan con solvencia irrebatible el funcionamiento del aparato represivo ilegal montado en esos años durante el denominado "Proceso de Reorganización Nacional".
Los militares fueron procesados por asociación ilícita en concurso real con quince hechos de privación ilegítima de la libertad agravada, que implicó la desaparición forzada de una de las víctimas.
Se los incriminó también de aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravados por ser perseguidos políticos, allanamiento ilegal y robo.
En el primer tramo de la causa fueron acusados el Teniente Coronel Oscar Lorenzo Reinhold, quien se desempeñaba como jefe de la División Inteligencia del Comando de la Subzona 52, el Mayor Luis Alberto Farías Barrera, quien actuaba como Jefe de la División Personal del mismo Comando y el General Enrique Braulio Olea, responsable de la jefatura del Batallón de Ingenieros 181 y del Área Militar 521.
Labate demostró además que Gómez Arenas era el jefe de Inteligencia 182 de Neuquén, y quien ordenaba y controlaba distintas actividades represivas ejecutadas por los oficiales Molina Ezcurra, San Martín y por el médico De la Pas Sosa.
Este último se desempeñaba como jefe de Sanidad del Comando y se habría probado también que prestaba servicios en el centro clandestino "La Escuelita".
En cuanto a Oviedo, se sabe que tenía la misión de controlar la Sección de Contrainteligencia del Destacamento 182.
El magistrado señaló en la resolución que los graves delitos obedecieron a un procedimiento metódico y delictivo que se ejecutó en todo el país a partir del 24 de marzo de 1976 y que se prolongó hasta 1983.
Aseguró que estos hechos deben ser considerados como un "genocidio que tuvo como objetivo perseguir y destruir a un grupo de personas", fundamentalmente militantes políticos y también hombres y mujeres que decidieron comprometerse con la sociedad, realizando actividades sociales y comunitarias.
Las acciones investigadas se desplegaron en la región de manera encubierta, en el amplio marco de contención de la Subzona 52, que tenía su centro de operaciones en la Sexta Brigada de Montaña de Neuquén.