A dos semanas de la masacre de Cromagnón, al mismo tiempo que siguen sumándose víctimas fatales, desde el poder se ha consolidado un pacto de impunidad, cerrando filas entre “transversales”, duahaldistas y kirchneristas, progres y macristas para sostener a Ibarra.
De ese código de connivencia, con el objetivo de poner orden, surgió el regreso del “Restaurador” Juan José Alvarez, responsable funcional de la masacre del Puente Pueyrredón y los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Alvarez para las cámaras allana discotecas y shoppings, aunque su misión es el trabajo sucio de amedrentar para sacar de las calles a sobrevivientes, familiares, amigos, jóvenes y todo aquel que quiera movilizarse. Los detenidos y los dispositivos represivos que se desarrollan para cada marcha de los jueves dan cuenta de ello.
Desde el gobierno nacional o provincial, Juanjo ha estado siempre listo para organizar la represión, como a las trabajadoras de Brukman el 21 de abril de 2003, una de las represiones más feroces que se recuerden en la ciudad de Buenos Aires.
Recién hoy desde los mega medios de comunicación descubren que hay sectores de riesgo. Desde el nacimiento de nuestro organismo venimos denunciando las muertes obreras, o sea los llamados accidentes de trabajo, símbolo de la explotación empresarial, como violación de derechos humanos. Desde hace años se denuncia el gatillo fácil. Parece que para enterarse de tales atrocidades debe ocurrir una masacre. Como cínicamente lo manifiesta el oligarca diario La Nación “con Cromagnón estallaron las estadísticas”.
El problema no es precisamente “el Estado ausente”, sino este Estado y sus funcionarios siempre presentes a la hora de garantizar los negocios de unos pocos, poniendo para ello en riesgo permanentemente la vida de los trabajadores y jóvenes.
El CeProDH seguirá participando de las movilizaciones acompañando a los familiares, asesorándolos y apoyando la formación de una Comisión Investigadora Independiente de los tres poderes del Estado y luchando por terminar con este pacto de impunidad.
¡Libertad a los presos de la Legislatura, encarcelados por manifestarse contra el Código de Convivencia!
¡Castigo a los responsables de la masacre de Once, políticos y empresarios!