De la masacre producida en la fábrica AEROSOLES ARGENTINOS S.A. sito en Virrey del Pino el día 9 de Mayo del corriente año siendo 7 los obreros/as que terminaron con su vida, comenzó con la detención del dueño de la empresa Norberto Aníbal Zon y el director bioquímico Ariel M. Waisman. De las constancias habidas en la causa surge la inexistencia del certificado de aptitud ambiental, requisito éste esencial para poner en funcionamiento una empresa que manipulaba constantemente para el envasado de productos químicos el gas licuado de petróleo altamente peligroso y riesgoso tanto para el medio ambiente como la salud de los trabajadores. Las condiciones deplorables de trabajo, la falta de mantenimiento de las tuberías que por otra parte se encontraban vencidas hacían prever este desenlace fatal para los trabajadores que de haber ocurrido en período de temporada la masacre se hubiera extendido seguramente a varias decenas más de obreros. El Titular de la UFI 6 de Matanza, Sergio Carrera Fernández elevó el requerimiento de prisión preventiva para los nombrados por el delito de estrago doloso que prevé una pena de 8 a 20 años de prisión. El Juez de Garantías Nº 1 Marcelo C. Dau hizo suyo los argumentos del Fiscal respecto de Zon, pero sobreseyendo por falta de mérito a Waisman. Los fundamentos de la responsabilidad por ese delito gravísimo lo hicieron con más de 60 fojas. Sin embargo y “extrañamente” a tan solo un mes de esta Resolución el Fiscal en solo una fojas y media solicita la recalificación legal por el delito de homicidio culposo debido a los nuevos elementos que se aportaron a la causa entre ellos la propia declaración de Zon. El Juez de Garantías tomando nota de esa recalificación da lugar a la misma, quedando la vía para la excarcelación y por lo tanto que camine y transite impunemente en libertad este empresario asesino. De las responsabilidades del Estado, por la falta de controles, por consentir estas condiciones laborales en las que por ejemplo provocaban desmayos y dolores de cabeza debido al escape de gas inholoro, y de haber otorgado una habilitación en éstas condiciones sin poseer el certificado de aptitud ambiental, todo ello no es objeto de investigación como no lo podía ser de ningún modo dado la total confluencia del Estado con su sistema político y económico. Desde el CEPRODH participando en representación de una de las víctimas llamamos a la más amplia solidaridad con las familias de todas las víctimas y repudiamos el desenlace de total impunidad a que nos tienen acostumbrados el sistema Judicial donde los intereses de los ricos y poderosos no se tocan mientras que los sectores obreros y populares siguen siendo los que como los de Aerosoles pagan con su sangre para que estos empresarios puedan seguir disfrutando de la fortuna acumulada gracias al trabajo ajeno.