La utilización por parte del Estado de la justicia penal para acallar los reclamos populares no es novedad. Desde la caída de la dictadura militar hasta el día de hoy todos los gobiernos constitucionales han utilizado el Código Penal para reprimir a aquellos que, pensando diferente y mediante diversos métodos de lucha, deciden enfrentar su realidad y luchar por sus derechos.

Muchas son las razones que el Estado y sus brazos ejecutores darán para justificar el encarcelamiento de aquellos que enfrentan de un modo u otro el “orden” establecido. Para convencer a la sociedad de la legalidad de su accionar, utilizaran los medios de comunicación para crear una “opinión pública” que, al menos coyunturalmente, avale una de las funciones no declaradas de la pena estatal[1]: el encarcelamiento de luchadores obreros y populares.

Esta represión política - que en tiempos de álgidos levantamientos populares se combinará con represión directa[2]- es la cobertura legal que tiene el Estado para intentar acallar y ejemplificar, en el marco de su propia legalidad, a todos aquellos que se opongan y luchen intentando legitimar de esta manera, todo avance represivo. Para ello será necesario que esa legalidad sea creada a imagen y semejanza de sus propios intereses, creando leyes represivas que representen esos intereses, los de la clase dominante sobre los de la inmensa mayoría de la población. Leyes que luego serán engañosamente presentadas como “necesarias” para la población toda.

La legalidad es legalidad de clase

Si partimos de la definición del Estado como el órgano de dominación de una clase sobre otra con la que no puede reconciliarse[3], podremos entender la idea que desarrollamos acerca de que el Estado ira creando su propia legalidad, que no será sino la cobertura legal de la opresión de la clase dominante a la inmensa mayoría. Sus instrumentos privilegiados sin dudas que son el Código y el sistema penal.

El sistema penal es el instrumento por excelencia de represión indirecta a vastos sectores de la población desposeída so pretexto de la violación (real o creada) de la ley penal. En muchos casos, que es lo que aquí analizamos, será el instrumento por excelencia de represión política a los sectores populares que luchan por sus reivindicaciones. Esta tarea será llevada a cabo por los operadores del sistema penal, jueces y fiscales, que intentaran encuadrar la conducta de aquél que realiza algún tipo de acción directa[4]como un delito. Y ese mismo carácter de clase se evidenciara en que esos mismos jueces y fiscales, garantizaran la impunidad de los sectores dominantes, de los políticos burgueses y de las fuerzas de seguridad[5].

Ello es lo que le da el carácter de presos políticos a quienes son encarcelados por el Estado democrático burgués en el marco de protestas, manifestaciones, tomas de fabricas, escraches, huelgas, reclamos, etc, y que evidencia un ataque del Estado a los que luchan. Este ataque a más de encerrar y aleccionar a quienes son molestos para el gobierno de turno, es también un claro mensaje al resto de los luchadores: si luchas, te espera un proceso penal y hasta la cárcel.

Nunca más acertada la definición de Engels acerca de que la fuerza del Estado consiste en destacamentos especiales de hombres armados que tienen a su disposición cárceles y otros elementos[6].

Por qué defender a los presos políticos ?

Del análisis expuesto surge la conclusión clara de que los presos políticos son una cuestión de Estado, en el sentido del propósito político que este encierra. Pues entonces para la clase oprimida, cada preso político debe verse como una cuestión de clase: una embestida del Estado a toda la clase trabajadora.

Cada proceso penal será una pulseada contra la clase dominante, contra la clase que tiene a su servicio los instrumentos de opresión, que utilizara en mayor o menor medida según cual sea la respuesta desde el otro lado.

Categóricamente, en esta pulseada, cada conquista favorecerá a toda la clase obrera, del mismo modo que cada fracaso la debilitará. Cada condena penal a un luchador será una condena para la clase en su conjunto, del mismo modo que una absolución será un antecedente prominoso hacia futuras luchas del pueblo trabajador.
Por ello ante cada ataque represivo del aparato Estatal se requerirá la mayor unidad y movilización de todos los sectores en lucha - de todos los trabajadores y del pueblo pobre- para enfrentarlo. Esa es la manera en que las clases oprimidas podrán ganar ante cada pulseada

Como esta represión política se realiza por medio del sistema penal, es necesario también enfrentar el ataque desde el punto de vista jurídico-político. Aunque los abogados sabemos que las leyes son el terreno de la burguesía y no de los trabajadores, es necesario que existan abogados de la clase obrera que puedan dar la pelea en los Tribunales. Abogados que puedan plantearse la tarea enorme de lograr que triunfe la legitimidad de cada lucha en la legalidad burguesa y de ir sentando una tradición para cada uno de los casos futuros. A ello apostamos cotidianamente desde nuestro Organismo con nuestros abogados, quienes utilizan su profesión como una herramienta más de los sectores oprimidos para enfrentar cada uno de los ataques del Estado y que tienen como tarea primordial la defensa de los presos y procesados por luchar, pues con ello, queremos aportar nuestro grano a la lucha de toda la clase obrera[7].

La Kriminalización de la protesta social

En nuestro país el encarcelamiento o sometimiento a proceso penal de luchadores populares fue adquiriendo dimensiones enormes, y se volvió cosa de todos los días. Se calcula que existen por lo menos 4000 luchadores procesados por luchar y además existen hoy en argentina casi 50 presos políticos.
Tyson Fernandez en Salta, Raúl Castells en Chaco, 15 personas que se manifestaron contra el Código de Convivencia frente a la legislatura porteña están presos en los temibles penales de Villa Devoto y Ezeiza, a ellos deben sumarse los 7 presos de la marcha a Plaza de Mayo el 31/08 a quienes el juez Galeano les dictó la prisión preventiva por asociación ilícita e intimidación
pública[8]. La cuenta no termina ahí, en Caleta Olivia, Tierra del Dr. K encarcelaron a 17 trabajadores que peleaban por trabajo genuino y en una cacería de brujas, en vez de trabajo, represión y cárcel[9]. Todos ellos presos políticos por reclamar derechos, y oponerse a reformas represivas.

El Dr. K que asumió diciendo que no iba a Criminalizar la protesta social, mantuvo su promesa hasta que pudo crear el marco para la represión política. Para ello realizó una gran campaña en pos de atacar y demonizar a los piqueteros que no aceptaban cercenamientos a la hora de reclamar en las calles. Paralelamente a ellos nos encontramos con la campaña de los sectores de la derecha, representado por Blumberg y avalada por el gobierno de K que se encargaron de hacer aparecer a la campaña antiinseguridad junto a la campaña antipíquetera y antilucha del pueblo, generando el marco represivo que permitió que la justicia penal diera el zarpazo.
Esta es la consecuencia mas directa de la constante campaña que intentó mostrar la lucha del pueblo como delito y de esta manera crear el escenario que avale una salida represiva. Como era de esperar esto fue acompañado por el aumento de legislaciones represivas, aumentando la pena de los delitos y cercenando las libertades democráticas[10].

El gobierno de K dejó su disfraz de “progresista” y optó por dar respuesta a los sectores de la derecha y de las clases medias acomodadas que reclaman “mano dura”. La inseguridad que preocupa al presidente no es la de los trabajadores que mueren todos los días por las malas condiciones de seguridad en las fabricas, ni tampoco la inseguridad de los jóvenes que mueren a manos de la policía gatillo fácil, ni mucho menos la de quienes no tiene trabajo ni qué darle de comer a sus hijos. La inseguridad que importa es la de los Blumberg, que exigen cárcel y represión para el pueblo trabajador y para los pibes pobres.

Desde ya que el gobierno intenta mostrar que es la “justicia la que actúa” y que ellos no tienen nada que ver, pero como vimos en el análisis que efectuamos, la justicia no ha hecho más que cumplir con su rol fundamental: el sostenimiento de la propiedad privada y la imposición mediante la amenaza de la represión y la cárcel, del orden burgués. Mal que le pese a mas de un ingenuo, en Argentina hay presos políticos y la Criminalización de la protesta se escribe con K. Es necesario más que nunca impulsar una gran campaña unitaria en las calles para ganar la pulseada.

LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A TODOS LOS PRESOS POR LUCHAR
DESPROCESAMIENTO DE LOS MAS DE CUATRO MIL LUCHADORES POPULARES
POR LA VIGENCIA DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

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