La abogada del CEPRODH Neuquén Natalia Hormazabal fue citada por parte de la Fiscalía Federal de Neuquén a notificarse, el 7 de junio, de la iniciación de una causa penal por el delito de “corte de ruta”. La causa se inicia a partir de una acción de protesta sobre la ruta por parte de los obreros de Cerámica Stefani, el 4 de Febrero de 2010, en el cual la policía “identifica” a Natalia.

¿Qué visión tienen desde el CeProDH ante el inicio de esta causa?

Mirá, nosotros la enmarcamos dentro del avance del gobierno provincial de Sapag que intenta cercenar el derecho de huelga de los trabajadores de la educación y que intenta criminalizar la protesta de todos aquellos sectores que salen a reclamar. Es un gobierno que subsidia a empresarios y permite que por ejemplo, los hermanos Stefani hayan abandonado la fábrica, adeudando 7 meses de salarios a los 60 trabajadores y trabajadoras de la cerámica de Cutral Co. Creemos que esto es un ataque doble del Estado a los trabajadores, ya que no solo atacan sus derechos, sino también a los abogados y abogadas que los defendemos.

¿Por qué creés que avanza la investigación?

No es casual este ataque cuando los obreros ceramistas de Stefani y su sindicato convocan a la población de Cutral Co a respaldar su lucha para impedir el cierre de la cerámica con el voto por el SI en el referéndum municipal del 4 de julio. Por otro lado, es parte de la puesta a tono con el giro del gobierno nacional que durante años “toleró” los cortes en Gualeguaychú y hoy impone el cumplimiento de la orden de desalojo a los asambleístas; o con lo que ocurre en Capital, donde los fiscales piden condenas de 50 días de arresto a los dirigentes estudiantiles que cortaron calles en apoyo de Kraft. Aquí, en Neuquén, la misma fiscal federal que no imputa a militares por el genocidio perpetrado en la última dictadura militar, y que no avanza en las denuncias contra los empresarios Stefani, no duda en avanzar en la investigación contra una abogada que acompaña a los trabajadores en las medidas que ellos definen. Claramente vemos a nivel nacional y provincial un intento de disciplinamiento a los luchadores, y en este caso, a quienes ejercemos la profesión en defensa de los derechos de los trabajadores.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Creemos que es importante hacer una gran campaña nacional por el desprocesamiento y absolución de todos los procesados por cortes de rutas y los presos por luchar. No debemos permitir estos ataques a las más elementales libertades democráticas, ni que se siente este tipo de precedentes, que constituyen un ataque al conjunto de los trabajadores.