La nueva campaña contra la “inseguridad” ya se cobró sus primeras víctimas. Después de meses en que los medios machacaron con el tema, después de las marchas fascistas de San Isidro y otras localidades y después de que el gobernador Scioli lanzara su proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores y calificara a las villas miseria de “aguantaderos” (argumento con el que las militarizó) empezamos a ver las primeras consecuencias de esta política de criminalización de la pobreza y la juventud pergeñada en medio de la crisis económica. La semana pasada ocurrieron dos casos que muestran claramente lo que pasa cada vez que se lanza una campaña de este tipo.

El primero de ellos ocurrió en la madrugada de martes 25 de noviembre en Palermo cuando Fabricio Maccarrone (19) y su amigo Lucas (17 años) fueron heridos por balas policiales cuando se dirigían en moto al boliche “Mint” donde se hacía una fiesta de egresados. Los policías reconocen que dispararon, pero dicen que fue en respuesta a tiros que les efectuaron desde la moto. Sin embargo a los jóvenes no se les encontró ningún arma mientras que la herida del sargento es superficial y no está certificado que se trate de un disparo. Por su parte, uno de los chicos recibió un disparo en una de sus piernas y aun no se sabe si podrá recuperarla. Como tantas otras veces, la justicia y la policía convierten a las víctimas en victimarios.

El segundo de los casos que tomó trascendencia nacional fue el de los jóvenes que fueron golpeados por los patovicas del boliche “Coyote” de San Miguel con participación policial. La golpiza de la cual fueron víctimas Darío Rojas y sus amigos se originó en “el delito” de querer salir a divertirse. Darío, que falleció el jueves, trabajaba en el frigorífico Rioplatense, ubicado en la ruta nacional 9, junto a su padre y un hermano Una mujer que vió de cerca todo lo que pasó, y los tres muchachos que también resultaron heridos por los patovicas, contaron a los medios: "le pegaron y le pegaron en la cabeza hasta que cayó en el piso. Pero le siguieron pegando aún en el suelo".

Cuando en el 2004 Juan Carlos Blumberg lanzó su “cruzada contra la inseguridad” el gobierno aprobó por medio de sus legisladores las llamadas “leyes Blumberg” y los casos de gatillo fácil se duplicaron, aumentaron las torturas en las comisarías y crecieron los procesamientos a luchadores obreros y populares. Ahora, con el contexto de la crisis económica, el gobierno provincial, con la anuencia del nacional, vuelven a dar como respuesta la criminalización de la pobreza y la juventud, así como se preparan a reprimir las luchas de los trabajadores que se planten para enfrentar la crisis. No podemos permitirlo. Hay que seguir el camino de los familiares y amigos de los chicos baleados en Palermo y golpeados en San Miguel que no se quedaron quietos y se movilizaron para exigir justicia. En la marcha realizada en San Miguel por el caso de Darío Rojas se hicieren presentes la comisión interna y sus compañeros del frigorífico que acompañaron a la familia y denunciaron la impunidad que reina en casos donde la victima en un joven trabajador.

No podemos permitir que las muertes de los jóvenes solo sean una estadística Es fundamental la unidad de los familiares de víctimas de la represión, los organismos de derechos humanos y las organizaciones obreras, en particular estas últimas ya que son los hijos de los trabajadores los que más sufren la judicialización y la represión y ya estamos viendo como vuelve a utilizarse la policía contra los trabajadores que salen a enfrentar la crisis. Y fundamentalmente son los jóvenes los que tienen que enfrentar este flagelo que los tiene como víctimas principales. En los centros de estudiantes, en los barrios, los pibes ocupados y desocupados tienen que empezar a organizarse para ponerle un parate a esta verdadera criminalización de la juventud y la pobreza que es continuidad del genocidio antiobrero de los milicos del 76.

Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil policial, e integrante del CeProDH