Desde hace tiempo venimos denunciando que el discurso del gobierno de no criminalizar la protesta era una gran hipocresía: los 15 presos políticos de la Legislatura y la detención del dirigente del MIJD, Raúl Castells, eran prueba suficiente de esto.

El martes 31 en Plaza de Mayo, también quedó desenmascarada otra gran mentira del gobierno.

A pesar de lo que intentaron mostrar los medios como un accionar medido, fue todo lo contrario, una brutal represión con decenas de heridos de bala de goma, mujeres con fracturas en las piernas y la gran brutalidad de gasear dentro de los túneles de los subterráneos donde lejos de las cámaras de TV, los detenidos denunciaron que fueron golpeados y "fusilados" a quemarropa con balas de goma.

Lo que sí se pudo observar claramente por televisión fue la numerosísima patota de personal de civil pegando a diestra y siniestra con hierros y palos y hasta algunos con pistolas en la cintura (que sólo pueden cargar balas de plomo), lo que demuestra como patrañas baratas aquellas afirmaciones del mismo Presidente que decían que los efectivos no iban a utilizar armas de fuego. Los integrantes de este ejército de provocadores fueron los que realizaron la mayor parte de las detenciones y los que más salvajemente apalearon a los detenidos en el túnel subterráneo.

Este accionar provocador con policías disfrazados de piqueteros, como ya había ocurrido en la Legislatura, demuestra que el kirchnerismo a pesar de su inicial discurso "progre" y su llamado a la "transversalidad", termina recurriendo a los viejos y conocidos métodos patoteros del viejo PJ. Su antecesor, Eduardo Duhalde, utilizó este método en más de una ocasión para provocar y luego reprimir los cacerolazos en la Plaza aquel verano caliente del 2002. Intendentes como Otacehé de Merlo, ya son harto conocidos por los luchadores de la zona por utilizar a lúmpenes ligados al PJ para acallar violentamente cualquier protesta. Pero fue el mismo Néstor Kirchner quien en su carácter de gobernador también apeló a sus patoteros santacruceños para moler a golpes a un grupo de caceroleros de Río Gallegos, en enero del 2002. Conoce bien el paño.

Esta nueva provocación patoteril (¿de la Federal? ¿de la Side?) y su secuela de 100 detenidos, fue el "bautismo de fuego" de la política represiva que lleva a cabo el "flamante" Secretario de Seguridad, el pejotista Alberto Iribarne y su nuevo jefe, el duhaldista Aníbal Fernández.

Al cierre de esta edición una comisión de más de 10 abogados de distintos organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas nos presentábamos en el Tribunal del fuero Federal a cargo del menemista juez Galeano para tener acceso a las pruebas y asistir a la declaración indagatoria de los detenidos. El juez tuvo que liberar a más de 90 de los detenidos, aunque siguen pesando sobre ellos varias causas. El resto, ocho militantes, fueron acusados de "intimidación pública" (que en su figura agravada tiene pena de hasta 10 años), "daño agravado" y "resistencia a la autoridad". Luego de negarse a declarar por recomendación de los abogados, estaban siendo trasladados a los penales de Devoto y Ezeiza, al igual que los detenidos de la Legislatura que sufren condiciones de detención mil veces peores de las que haya tenido alguno de los pocos genocidas de la dictadura que estuvieron o están "presos". Cuando esta edición esté en la calle, ya se habría conocido la decisión del juez sobre el pedido que hicimos solicitando su excarcelación.

Al cierre de esta edición también se confirmaba desde Resistencia el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Castells, acusado de extorsión (a pesar que los supuestos extorsionados del casino reconocen que no la hubo).

Y como si esto fuera poco la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional suspendió la audiencia que debía realizarse el jueves 2 por la apelación de los procesamientos de la Legislatura y la pateó para el 9, día en el que también fundamentaremos las apelaciones por las excarcelaciones que nos fueron denegadas en primera instancia.

Si estos luchadores continúan impunemente detenidos se fortalece el régimen para reprimir cualquier reclamo de los trabajadores y el pueblo. Son más de cuatro mil los luchadores que tienen sobre sus espaldas causas penales, como compañeros de Zanon, Brukman, Subte y la Unión Ferroviaria de Haedo. Tenemos que realizar una gran campaña nacional por la libertad incondicional de todos estos presos políticos y el desprocesamiento de los luchadores.

Para ponerle un freno a esta escalada represiva del gobierno, diversas organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales y políticas convocamos a una masiva marcha el viernes 3 a las 16 hs. desde Av. de Mayo y 9 de Julio, con la consigna ¡BASTA DE REPRESIÓN! ¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS!.

Debemos ser miles los que levantemos esta consigna y redoblemos los esfuerzos hasta conseguir la libertad del último de los compañeros y compañeras detenidos.