Este martes 27, al inicio del juicio, desde el Ce.Pro.D.H., junto a la agrupación Tesis XI, En Clave ROJA y el PTS, nos movilizamos con más de 150 compañeros a los Tribunales Federales, exigiendo que se condene a Menéndez y al resto de los represores por GENOCIDIO y que se los mande a una CÁRCEL COMÚN, y no a su “segundo hogar”-el Tercer Cuerpo del Ejercito- como hizo el Tribunal de Córdoba.

Este juicio no es el fin de la impunidad. Miles de represores siguen libres y cumpliendo funciones. Los juicios son desmembrados, imputando sólo a algunos genocidas y dejando de lado el plan político y económico existente a partir de marzo del 76’. Plan impulsado por los empresarios, con abierta complicidad civil y de la Iglesia. Cristina Fernández afirmó que sólo hay 992 militares y policías implicados, cuando oficialmente ya se sabe que hubo más de 600 centros de exterminio. La ministra Garré afirmó sin pelos en la lengua que aspiran terminar el juicio para el “bicentenario” (en dos años) y así avanzar hacia la reconciliación con las instituciones genocidas..

Hay una clara política estatal, que tiene solo a 400 represores procesados en todo el país (solo un tercio en cárceles comunes), que va en camino de imponer un nuevo punto final, condenando solo a un par de gerontes y dejando al resto absolutamente impunes, entre ellos los sectores empresariales que lo impulsaron y que hoy hacen negocios con el gobierno de los Kirchner. Mientras ello ocurre, el compañero J..J López sigue desaparecido hace mas de 20 meses y no se sabe absolutamente nada de él y en la Argentina hay mas de 4.500 luchadores procesados: entre ellos numerosos trabajadores que reivindican sus legítimos derechos (como los trabajadores de Mafissa de La Plata a quienes les imputan coacción agravada).

Hay que luchar para que se los enjuicie por GENOCIDIO y porque las causas se agrupen POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN, para imputar a todos los partícipes del golpe y para juzgar por todas las víctimas. Por ejemplo, por el centro clandestino La Perla pasaron más de 2.000 compañeros (insistimos: al carnicero Menéndez se lo está enjuiciando sólo por cuatro (4)!). Sólo así los testigos dejarán de estar expuestos a amenazas y secuestros, como ha ocurrió en otra parte del país.

El enjuiciamiento de estos asesinos por GENOCIDIO permite incluir a TODOS LOS IMPLICADOS. Menéndez es conocido por realizar un “Pacto de sangre” donde todos los integrantes de las fuerzas eran parte de los secuestros y torturas. Hoy, en el banquillo hay sólo 8 acusados ¿Dónde están los miles de policías y militares que participaron en ese gran centro de exterminio que fue La Perla (comparable sólo con la ESMA y Campo de Mayo), en los secuestros, torturas, traslados, etc.?

Gran cantidad de jueces que hoy están en actividad fueron nombrados por los genocidas. El colmo es que uno de los que impartirá “justicia” en este caso es Carlos Otero Álvarez, ¡quien fuera Secretario en un Juzgado Penal en la época de la dictadura! ¿Qué confianza podemos tener en esta justicia integrada por cómplices?

Ya estamos viendo como actúa. Menéndez y los demás genocidas tienen privilegios. Se los ve en las cámaras de televisión protegidos por un blindex, sin esposas en las manos, riendo distendidos. Mientras, los jueces, expulsaron de la sala a una compañera familiar de desaparecidos, por haber gritado contra estos asesinos.

Lamentablemente muchos organismos de derechos humanos y personalidades impulsaron una solicitada que fue publicada en día del inicio del juicio en varios diarios nacionales y provinciales. En la misma no solo no se denuncia la política del gobierno, ni a la justicia cómplice que mantiene la impunidad, sino que por el contrario plantean que es necesario “rescatarla” y “fortalecerla” en su función institucional.

Además nos parece lamentable que la firma que encabeza la solicitada sea la del actual gobernador, Juan Schiaretti, el candidato y amigo de De la Sota, quien hace unos años afirmó, sin sonrojarse, que los desaparecidos eran consecuencia de que “las madres no habían cuidado bien a sus hijos”.

Sólo podemos confiar en la movilización independiente del Estado y del gobierno. Nada vendrá de esta justicia que durante más de 25 años ha amparado y lo sigue haciendo, a estos asesinos. Sólo la movilización de la juventud secundaria y universitaria, de los trabajadores, de las organizaciones sociales y de los partidos de izquierda podrá imponer la necesaria condena por Genocidio.