Los querellantes agrupados en Justicia Ya! reclamaron que el juez federal Sergio Torres detenga a más militares acusados en la causa ESMA y denunciaron que el Tribunal Oral 5 "silenció a sus abogados en los juicios".

En la Escuela de Mecánica de la Armada estuvieron secuestradas alrededor de cinco mil personas.

Siete represores fueron ubicados e identificados, y como hasta la fecha no tienen orden de detención, sus víctimas decidieron dar a conocer sus nombres a la prensa. En la misma conferencia, el colectivo de organizaciones Justicia Ya! denunció que el Tribunal Oral Federal 5 "intenta silenciar la voz de sus abogados en los juicios", a partir de la unificación de las querellas en los tramos de la causa ESMA ya elevados a proceso oral y público.

"Uno de los argumentos que dieron los jueces del TOF 5 es la necesidad de que haya ’igualdad de armas’, es decir, que si un represor tiene dos abogados, del otro lado no puede haber cinco, como si fueran juicios comunes", explicó la abogada Myriam Bregman a PáginaI12. "Que junten a más represores, eso es un problema de cómo hacen los juicios, en lugar de eso reducen la presencia de los abogados de las víctimas y así están desdibujando la dimensión del plan masivo", completó.

Por la ESMA pasaron unos cinco mil detenidos-desaparecidos y hay 300 represores denunciados. Según Justicia Ya!, es la causa con más pruebas del país, pero fue "desmembrada en expedientes mínimos por el juez Sergio Torres". Sólo hubo un juicio oral vinculado a esta causa, contra el represor Héctor Febres, por cuatro casos, y sin sentencia porque fue asesinado en su lugar de detención, donde gozaba de increíbles privilegios y libertades. Este año fueron elevados a juicio cuatro tramos más (Donda-Capdevilla-Montes, Testimonios A, Walsh y Santa Cruz, parte 1), y en los dos primeros que se acumularon "el Tribunal Oral Federal 5 decidió negarle a Justicia Ya!, que representa a siete de las trece víctimas y a tres de los seis organismos de derechos humanos, el derecho a tener voz durante el juicio". De hecho, el TOF 5 determinó que habrá dos cabezas de querella: la de Víctor Basterra, representada por Rodolfo Yanzón, y la de Mauricio Brodsky, en manos de Carolina Varsky. "Me separan de Basterra, con el que estuve un año y medio preso", se quejó Carlos Lordkipanidse en diálogo con este diario. Bregman apuntó que "usaron en cada caso argumentos diferentes, en el de Basterra porque fue el primero que se presentó, y en el de Walsh dijeron que con una querella alcanzaba y eligieron a su hija, por ser víctima directa, lo cual está bien, pero no tuvieron el mismo criterio en el caso Donda, donde la mayoría de las víctimas directas son de Justicia Ya!".

A criterio de este colectivo, la decisión del TOF 5 es una "represalia" por el pedido de juicio político que presentaron ante el Consejo de la Magistratura por la responsabilidad de no haber prevenido el asesinato del represor Febres. Y creen que también incidió su insistencia con que los juicios sean televisados y en salas con gran capacidad. "El TOF 5 llega al extremo de decir que la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos tiene un ’interés difuso’ sobre los hechos, cuando sus miembros fueron víctimas directas, como si fuera lo mismo que el reclamo de una ONG sobre los pingüinos empetrolados", protestó Bregman. Y precisó que el mayor perjuicio es que "ya no habrá alegatos por genocidio", como entiende Justicia Ya! que deben ser considerados los hechos que se juzgan.

En un escrito remitido al juez Torres, aportaron nombres y direcciones de Víctor Olivera, alias "Lindoro", acusado del asesinato de Raimundo Villaflor; Raúl Cejas, alias "Leo", torturador de Lordkipanidse y denunciado por su propia familia; Paulino Altamira, Daniel Cuomo, Juan Daer, Daniel Bravo y Ramón Monjes. "Los difundimos en la prensa porque el juez no hace nada", se quejó Lordkipanidse.