COMUNICADO ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Buenos Aires, Agosto de 2010

Utilizando como excusa un nuevo aniversario del atentado a la AMIA , los máximos dirigentes de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de Ley Antiterrorista. Lleva las firmas de Ricardo Gil Lavedra, Oscar Aguad, Federico Pinedo, Roy Cortina, Juan P. Tunessi, Juan C. Vega, Lidia Satragno, Elisa Carrió, Adrián Pérez, Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, Patricia Bullrich y Felipe Solá.

Esta iniciativa parlamentaria reviste suma importancia para todas las organizaciones políticas, obreras, populares y defensoras de los derechos humanos. Con la aprobación de esta ley se permitiría que una metodología de reclamo tan extendida como el corte de ruta pueda ser calificada como “acto terrorista”.

Decimos que este proyecto implicaría una nueva escalada en la criminalización de la protesta social porque, como hemos venido denunciando, hoy ya se utilizan figuras gravísimas del Código Penal, para intentar acallar las protestas y reclamos: los trabajadores que toman una fábrica son acusados de privación ilegítima de la libertad, los delegados de trabajadores en lucha son acusados de coacción, los trabajadores que enfrentan a patotas para-estatales son acusados de daños y lesiones.

De aprobarse esta ley se estaría elevando toda la tipificación del código penal argentino, por ende las figuras con las que se persigue a la protesta social, a la categoría de acto terrorista internacional.

En su artículo 1º el proyecto tipifica, decenas de medidas de lucha utilizadas por nuestro pueblo cotidianamente, como actos terroristas.

En su artículo 2º el proyecto, tal cual lo realiza el presentado oportunamente por el gobierno nacional y aprobado por la mayoría de los bloques del Congreso, avanza en definir cuales serían las organizaciones “terroristas”. Toda organización que lleve adelante cualquiera de las medidas de protestas tipificadas en el artículo 1º con la intención de “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo”. De esta manera y como manera de ejemplo, se acusaría de organización terrorista a toda organización de estatales que pretenda que el gobierno se abstenga de despedir trabajadores, o los desocupados que cortan rutas para pedir trabajo o por supuesto los organismos de derechos humanos que durante años y años reclamamos y exigimos, por ejemplo la anulación de las infames leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En los fundamentos de este proyecto de ley se aclara que se intentan escandalosamente igualar las acciones que pretende condenar, con los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Otra vez entonces, se pretende imponer la teoría de los dos demonios, que ha sido repudiada por la inmensa mayoría de nuestro pueblo.

Decimos, una vez más que, antes el gobierno y ahora parte de la oposición, utilizan el atentado a la AMIA para justificar sanciones de leyes represivas, bajo el nombre de la lucha contra el terrorismo, cuando es el propio Poder Ejecutivo Nacional quien garantiza la impunidad de los responsables, negando la apertura de los archivos secretos de inteligencia existentes sobre el atentado y desviando la investigación según los intereses de EE.UU. e Israel. Mientras al mismo tiempo, se mantiene detenido a Roberto Martino, acusado falsamente de antisemitismo, por ser parte de una movilización que condenaba al terrorismo del estado de Israel contra el pueblo palestino.

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA