(Ceprodh, 18/06/07) Ante un comunicado titulado "Los organismos de DDHH vamos a la Plaza", el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), -integrante de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y del Colectivo Justicia Ya!- afirma que el CeProDH NO participará del acto oficial, como así tampoco de las actividades convocadas por las entidades patronales del campo o sus simpatizantes para apoyar el lockout que vienen llevando a cabo desde hace 100 días contra los más elementales intereses del pueblo como es el acceso irrestricto a los alimentos.

• Hoy se cumplen 21 meses de la desaparición forzada de Jorge Julio López. El encubrimiento por parte del gobierno de los Kirchner y de los de Solá y Scioli con este hecho criminal es un hecho incontrastable, en concordancia con actitud cómplice del Poder Judicial que lleva el caso. A casi dos años que el entonces Secretario de Seguridad de la provincia haya confirmado que en la Bonaerense hay más de 9.000 efectivos que actuaron durante la dictadura -muchos bajo las órdenes de Camps y Etchecholatz-, estos efectivos siguen patrullando las calles de la provincia.

• Desmintiendo el discurso oficial de que "este es un gobierno que no reprime": la represión a los trabajadores que salen a luchar es una constante en el gobierno de Cristina Fernández. La Bonaerense, con más de 500 de sus efectivos, desalojó violentamente a la textil Mafissa de La Plata que luchaban contra despidos masivos. Al igual que varias de las represiones que sufrieron los trabajadores y trabajadoras del Casino Flotante que se enfrentaron contra el empresario amigo del matrimonio presidencial, Cristóbal López, lo de Mafissa fue abiertamente ocultado por los medios cómplices que hoy se critican desde el poder. Hace pocos días asistimos a una violenta represión a trabajadoras y trabajadores desocupados en La Quiaca, ordenada por el gobernador kichnerista Barrionuevo. En el mes en que la Presidenta anunció una recaudación récord, los manifestantes exigían un subsidio de 500 pesos, contra los 150 pesos que hoy les pagan a algunos.

• Aprovechando su disputa contra otro sector patronal, el gobierno de Cristina Fernández intenta dejar sentado que no se puede protestar más en las calles y rutas y apela a los jueces y fiscales -muchos de ellos designados por la dictadura- para que ordenen la represión a manos de las mismas fuerzas que realizaron el genocidio. Rechazamos todo cercenamiento a las libertades públicas. Nos manifestamos por el legítimo derecho de los trabajadores y el pueblo a luchar por sus reivindicaciones en las calles, rutas y en sus lugares de trabajo o estudio, que enfrentan a las patronales, a un aparato estatal a su servicio y a la abierta censura de los grandes medios de difusión.

• Hablar de "derechos humanos" y no decir una sola palabra que el millón trescientos mil peones y obreros rurales que trabajan en condiciones de semi esclavitud están regidos por la ley 22.248 sancionada en 1980 por Videla y Martínez de Hoz, es más que cinismo. Néstor Kirchner mandó a quitar el cuadro de Videla en el Colegio Militar, pero mantuvo las normas esenciales que se aplicaron gracias a la sangre de los caídos en la dictadura. Esta ley videlista que regula el trabajo en el campo -que es usufructuada por los propietarios que realizaron el lockout agropecuario- impone jornadas de más de 12 horas y salarios que apenas superan los 1.000 pesos; el 75% trabaja en negro, y niños de 14 años trabajan a la par de sus padres sin las mínimas condiciones de higiene. Ayer se presentó un proyecto de Ley en el Congreso para que se avale el plan oficial de retenciones, pero ni se nombra la derogación de esta ley.

• Hoy, a cuatro años de anuladas las leyes de impunidad, hay sólo 12 genocidas condenados y menos de 400 imputados, muchos de los cuales gozan del privilegio de las prisiones domiciliarias o en las mismas dependencias donde actuaban como amos y señores en la época de la dictadura genocida. En el gobierno de los Kirchner más del 95% de los genocidas sigue impune.

• Cuando la Presidenta habla que la Justicia no actúa con ecuanimidad, tiene toda la razón -aunque en realidad se trate de todo una auto-imputación-. Hoy hay más de 5.000 procesados por luchar por parte de las instituciones constitucionales que hoy defenderán en la Plaza de Mayo. Entre ellos se encuentran aquellos que peleaban contra los despidos en el Casino Flotante realizados por empresarios amigos del poder, con imputaciones gravísimas como la de "tentativa de homicidio". Dieciocho trabajadores de Mafissa se encuentran con una causa por "coacción agravada".

El día en que algunos organismos convocan al acto de un gobierno que sostiene la impunidad y defiende los mismos intereses de los que pergeñaron el golpe genocida, el CeProDH participará de la marcha en La Plata, convocada por la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada para exigirle al gobierno la aparición con vida de Jorge Julio López y para repudiar la complicidad oficial con la impunidad. Ese es el lugar donde estarán todos los organismos independientes del Estado y del gobierno que consecuentemente luchan por el juicio y castigo por genocidio a todos los culpables y sus cómplices civiles, por todos los compañeros.