La nueva reforma al Código Procesal Penal bonaerense es un nuevo paso en la ofensiva represiva que el gobernador Scioli lanzó, y que tiene como punta de lanza el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores. Cada vez que los medios machacan con la “inseguridad”, los sucesivos gobiernos avanzan en la militarización de los barrios del pueblo trabajador y en la criminalización de la juventud y la pobreza, aumentando los casos de gatillo fácil y de torturas en las comisarías. La “nueva campaña” se lanza no casualmente en medio de la crisis económica, es decir que la única respuesta que tiene el gobierno para los sectores que más la van a sufrir es más sangre y fuego. Cada vez que se lanzaron este tipo de “cruzadas” también se hicieron reformas cada vez más reaccionarias en el Código Penal. En este caso, la limitación extrema de las excarcelaciones, junto a la creación de tribunales unipersonales para “acelerar las causas” terminarán profundizando el ya gravísimo problema de la superpoblación carcelaria (de hijos de obreros y del pueblo pobre) con todas las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el servicio penitenciario. Vaya como ejemplo solamente la masacre de Magdalena. En este sentido la reforma parece hecha para satisfacer la postura del gobierno nacional que, al mismo tiempo que criticaba a Scioli por su proyecto fascista de bajar la edad de imputabilidad, instaba a los jueces a “ponerse los pantalones y no liberar presos”. Eso sí, esto no corre para los genocidas, los grandes empresarios y poderosos como Varizat y Sobisch. Por eso la reforma es claramente represiva y clasista (en el sentido propatronal del término) y complementa la ofensiva reaccionaria ya lanzada.

En otras oportunidades también denunciamos que en “cruzadas” de este tipo, como la de Blumberg en el 2004, la policía y la justicia se vieron fortalecidas para reprimir y procesar trabajadores que salían a luchar por sus legítimos derechos. Es así que en la actualidad tenemos más de cinco mil compañeros encausados, casi la mitad en los últimos años. Este panorama de procesamientos amenaza con profundizarse ante la perspectiva de miles de trabajadores que tendrán que salir a la lucha en defensa de sus puestos de trabajo. Ahora bien, con esta reforma los compañeros no sólo enfrentarán los procesamientos sino la posibilidad de estar encarcelados mientras dure el proceso. Por eso consideramos que tenemos que enfrentar con todo esta ofensiva represiva en toda la línea. Llamamos a la más amplia unidad de sindicatos, organismos de derechos humanos, centros de estudiantes y todas las organizaciones que no comulgan con la represión y la impunidad, para enfrentar en las calles este flagelo.