(CeProDH, 23/05/08) El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos denuncia que Octavio Crivaro, miembro de la junta directiva de la FUBA y de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), fue procesado por el Juzgado en lo Criminal de Instrucción nº 34 por considerarlo "coautor penalmente responsable del delito de atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas". Esta resolución se da en el marco de la causa iniciada contra los trabajadores del Casino Flotante y los estudiantes solidarios que fueron reprimidos por la Prefectura Naval Argentina el 4 de diciembre pasado, seis días antes de que asesinaran al genocida y apropiador de bebés Héctor Febres para que no hablara en el juicio que se le llevaba a cabo. En esta causa armada a favor de los represores ya había sido procesado con una gravísima imputación, "tentativa de homicidio", el trabajador despedido del Casino Hernán Lopatka.
Este nuevo atentado a las libertades democráticas más elementales, se dio en la misma jornada en que Cristina Fernández declaró cínicamente en un acto realizado por la dirigencia de UPCN en el Luna Park que no reprimirá a las protestas, como tampoco lo habría hecho Néstor Kirchner que, según la Presidenta, tuvo la política de "no levantar la mano contra otro argentino". La cruda realidad la desmiente terminantemente y no sólo por lo que aconteció en el mandato anterior. En 100 días de lucha por la reincorporación de cientos de despedidos, la Prefectura coordinada con la Policía Federal reprimió en 8 (ocho) oportunidades a las trabajadoras y trabajadores del Casino Flotante cuyo propietario, Cristóbal López, es amigo de la familia presidencial. La represión incluyó personal de civil golpeando a los manifestantes, detenciones y apremios ilegales, a lo que ahora se le agregan estos procesamientos. La mayoría de las represiones se sucedieron durante el mandato de la actual Presidenta.
Entre el 17 y 18 de abril de este año, la policía Bonaerense asedió durante horas la planta de la fábrica textil Mafissa en La Plata y desalojó violentamente a los trabajadores en conflicto contra despidos y suspensiones masivas. El operativo incluyó a 400 efectivos de la policía, el grupo Halcón, divisiones de infantería y caballería, utilización de helicópteros, 18 trabajadores fueron detenidos. Los trabajadores fueron liberados luego de una movilización popular, pero se encuentran con una causa por "coacción agravada" que prevé una pena de entre 3 y 10 años de prisión. La Bonaerense, destinó más hombres a reprimir a los trabajadores de Mafissa que en el operativo dispuesto durante el secuestro de Juan Puthod.
También fue una constante en los últimos meses la utilización de patotas de distinta composición contra varias luchas obreras, como la de la autopartista Dana, la del mismo Casino, la de los choferes de la Línea 60 y contra el Cuerpo de Delegados del Subte y los trabajadores del Indec, entre otras.
En la Argentina de los Kirchner hay menos de 400 imputados por el genocidio que dejó a 30.000 detenidos desparecidos. En la Argentina de los Kirchner hay más de 4.000 luchadores procesados por luchar.
Reiteramos lo que planteamos junto a centenares de organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en la multitudinaria marcha del pasado 24 de marzo: "BASTA DE REPRESIÓN Y PATOTAS CONTRA LOS QUE LUCHAN".
Exigimos el desprocesamiento inmediato de Octavio Crivaro, Hernán Lopatka, los 18 trabajadores de Mafissa y los más de 4.000 luchadores procesados por luchar. Juicio y castigo a los genocidas de ayer y a los represores de hoy.