Nieta restituida por las Abuelas de Plaza de Mayo - Miembro del CeProDH

Finalmente, luego de décadas de impunidad, las muestras de ADN de Marcela y Felipe serán comparadas con las de los familiares de desaparecidos que se encuentran en el Banco Nacional de Datos Genéticos. No nos tiene que extrañar para nada que Ernestina de Noble se haya podido mantener impune tantos años, destituido jueces, comprado fiscales, fraguado documentos públicos como son las partidas de nacimiento de Felipe y Marcela, ya que representa a lo más granado de la clase social que perpetró el golpe genocida de 1976. Las cárceles están atestadas de pibes pobres, la mayoría sin condena, y esta señora sigue manejando hasta el día de hoy uno de los principales grupos empresarios de Argentina. Nunca se la juzgó siquiera por haberse quedado hasta el día de hoy con Papel Prensa gracias al secuestro y torturas que sus socios de la dictadura le propinaron a miembros de la familia Graiver.

Saber la verdad del origen de Marcela y Felipe es un derecho elemental que tienen los familiares a los que el Estado les secuestró a sus hijas e hijos, quienes viene luchando hace 34 años para encontrar a sus nietos, y con su lucha incansable lograron que aparezcan 101 de ellos. Estoy muy ansiosa por conocer la verdad, al igual que todos mis hermanos recuperados. Después que hagan ellos con su vida lo que les plazca. El punto es que esto no puede quedar impune. Ernestina debería estar presa de por vida, no sólo por la apropiación de hijos de detenidos desaparecidos –si se comprueba-, sino también por ser partícipe del genocidio y enriquecerse a costa de éste.

Ahora bien. No pensemos que con esto se acaba el conjunto de la impunidad que hoy, a 27 años de terminada la dictadura, sigue imperando en nuestro país. Hay menos de 100 genocidas condenados, cuando hubo al menos 500 centros clandestinos de detención manejados en forma directa por decenas de miles de efectivos policiales y militares. Y en cuanto a la burguesía, no hay un solo empresario imputado por haber participado del genocidio, por haber entregado a los mejores activistas de sus fábricas, y hasta por haber tenido campos de concentración en el mismo predio de sus empresas, como los Rocca de Techint, como en Acindar, la Ford y tantos otros lugares. A Martínez de Hoz no lo apresan por eso, ni por haber aplicado un brutal plan económico antinacional y antipopular, sino por haber ordenado el secuestro de otro empresario.

Y por más que conozcamos el verdadero origen de Felipe y Marcela – ¡ojalá! –, no tenemos que olvidar que quedan al menos 400 jóvenes apropiados, con su identidad fraguada. Y digo “al menos” porque es muy probable que sean más. Mi propio caso así lo confirma: si no hubiese habido una testigo que vio a mi mamá cuando me tuvo en el centro de exterminio “Pozo de Banfield”, manejado por la Bonarense, mi familia nunca me hubiera buscado porque no sabían que mi mamá estaba embarazada. Por eso es imprescindible que el gobierno entregue ya mismo las listas de todo el personal policial, militar y civil que actuó en donde se supo que hubo maternidades clandestinas. Que se los impute a todos y que digan qué se hizo, a quién se entregó cada bebé apropiado.
Lejos de esto, desde las voces oficiales están volviendo a hacer oír las campanas de la “reconciliación” con las FF.AA.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Que el gobierno entregue las listas de los que participaron en las maternidades clandestinas y de todos los efectivos que revistieron en los centros clandestinos de detención. Que se destituya a todos los jueces y fiscales que fueron puestos por la dictadura y hoy siguen impartiendo “justicia”.
Juicio y castigo a todos los culpables, civiles y militares, por todos los compañeros detenidos-desaparecidos y por la restitución de la identidad de todos sus hijos apropiados.