Rechazamos el proyecto del gobierno contra el derecho a manifestarnos

Rechazamos de plano el proyecto de ley presentado por varios diputados del kirchnerismo oficialista por ser un atentado a las más elementales libertades democráticas y nos comprometemos a enfrentarlo con la más amplia unidad de acción.

El derecho a manifestarse va a pasar a ser una acción “ilegítima” según el proyecto de ley que presentaron los diputados Pedrini, Kunkel y Conti entre otros, que plantea una serie de requisitos inquisitorios y retrógrados, peores aun que los que quiso imponer Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Tan reaccionario es que tiene términos prácticamente calcados del Decreto Supremo 1086 (año 1983) de Pinochet, vigente en la actualidad; no por nada toda la oposición de derecha está aplaudiendo esta burda iniciativa, un “etapa superior” y complementaria en lo reaccionario y coercitivo a la Ley antiterrorista y al llamado “Proyecto X” de infiltración en organizaciones sociales y de trabajadores, ambas gestadas por este gobierno.
El derecho a la lucha, a la protesta e incluso a la rebelión contra cualquier tipo de opresión es una condición necesaria para poder conquistar o defender otros derechos. Por lo tanto estamos frente a un ataque en regla a la mayoría del pueblo trabajador, no casualmente en el marco de un plan de ajuste.

De qué “ampliación de derechos” estará hablando el kirchnerismo cercenando este derecho elemental, presentando este proyecto justamente a menos de una semana del paro general del 10A donde el movimiento obrero se manifestó contra el ajuste y donde el sindicalismo combativo y antiburocrático se expresó en calles, rutas, autopistas. El carácter despótico de este intento de ir contra el derecho de manifestación, reunión y expresión es evidente cuando los autores de ese mamarracho pretenden que sea el gobierno, éste o el que venga, quién decida la legitimidad o no de las movilizaciones.
La ley propuesta no es una ley sólo contra los piquetes, por más que así quieran disfrazarla, buscando el amparo de sectores hostiles a los cortes de ruta. Es una ataque directo contra toda manifestación y expresión de demandas insatisfechas de los trabajadores y sectores populares.
Ese carácter "ilegítimo" tendrán todas las protestas que no sean comunicadas con 48 horas de anticipación a autoridad policial; las que impidan "el normal funcionamiento de los servicios públicos" -como lo hace toda manifestación-; las que no deje circular normalmente a "grupos vulnerables" como los "niños" -el 30% de la población-; o en las que la “mediación” con funcionarios del Ministerio de Seguridad se prolongue por más de dos horas. Entonces, se infiere que cualquier movilización que podamos imaginarnos, todas prácticamente, podría ser declarada "ilegítima" por el gobierno de turno.
¡Absurdo! ¡Frente a un caso de gatillo fácil, frente a un posible caso de trata, no podemos salir a la calle “obstaculizando el tránsito” sin pedirle permiso 48 horas antes a la misma policía! No sólo eso, se va a prohibir por “ilegítima” toda protesta que se quiera lleva a cabo frente a un hospital, una escuela o comisaría.

Tenemos que señalar también que el anteproyecto de Reforma del Código Penal impulsado por el gobierno mantiene el vigente y reaccionario artículo 194 que condena la interrupción de la vía pública, dejando al criterio del poder judicial su evaluación para configurarla o no como delito y ordenar su posterior desalojo. Mientras tal proyecto es congelado por el kirchnerismo debido a algunas críticas parciales de la oposición de derecha que quiere aún menos "garantismo", todo el arco patronal cierra filas alrededor de este nuevo proyecto de ley, donde la evaluación de "legitimidad" de una manifestación recae en mediadores civiles del Ministerio de Seguridad, es decir, funcionarios como Sergio Berni, que ya sin orden judicial ha detenido y trasladado a dependencias militares de Campo de Mayo a decenas de manifestantes, niños y ancianos que recamaban por condiciones de vida dignas, lo cual le valió al Secretario de Seguridad un procesamiento penal por su accionar ilegal. Con esta ley propuesta, el gobierno evita la posibilidad de que algún juez de turno no conceda la orden de desalojo de las manifestaciones, y por ello es festejado por Macri, Massa, De la Sota y otros.

Pero además, hay también una operatoria enorme para ocultar los motivos por los cuales los trabajadores y el pueblo pobre se ven obligados a cortar una ruta como la Panamericana, por ejemplo las condiciones terribles de trabajo que llevaron a la muerte de varios trabajadores en la alimenticia Kraft por culpa de la desidia patronal; las condiciones de vivienda indignas de los habitantes de la Villa 31 de Retiro que cortan la Autopista Illia; o la lucha por la absolución de los petroleros de Las Heras que adquirió visibilidad en los medios cuando se cortaron varios accesos a la Capital. Y es mentira, como reclama la derecha, que “no se hace nada” contra los cortes ni las manifestaciones: ya, sin esta ley del kirchnerismo, hay casi 6000 luchadores con procesos penales por manifestarse, hubo más de 20 asesinados, y presos por luchar, entre ellos tres petroleros en Santa Cruz con prisión preventiva por luchar por mejores condiciones laborales.

Está claro que para el gobierno, la oposición patronal y el empresariado, el ajuste que se está aplicando sobre el pueblo trabajador puede ser aplicado con represión y limitación de las libertades democráticas más básicas. También es claro que este proyecto, de ser votado, será parte de un andamiaje legal que está vaticinando más luchas no sólo en lo inmediato sino a futuro, y el gobierno quiere dejar esa tarea terminada. El kirchnerismo, Massa y Macri están unidos en este objetivo y no hay retórica que lo niegue.

Desde el CeProDH vamos a promover la más amplia unidad contra este proyecto, llamando a pronunciarse y manifestarnos en las calles e impedir que se vote.
En lo inmediato, estamos convocando este 29 de abril a las 12.30 a participar a organismos y personalidades de los derechos humanos, gremiales, sociales y políticos de la audiencia pública donde se presentará el Proyecto de Ley Contra la Criminalización de la Protesta Social para que se cierren todas las causas penales iniciadas por participar en protestas, manifestaciones y/o cualquier otra forma de lucha, casi 6000 en todo el país, y será la primera manifestación pública de rechazo al proyecto de ley contra las manifestaciones populares.
El proyecto contra la Criminalización ha sido propuesto por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Liberpueblo, CeProDH y otros organismos de derechos humanos que integramos el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. El proyecto es encabezado en el Congreso de la Nación por los diputados Virginia Linares (GEN), Nicolás Del Caño (PTS-FIT), Victor De Gennaro (UP).
Allí denunciaremos los casos de criminalización de la protesta, y estarán presentes los principales referentes de los sectores criminalizados, como los petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua sin pruebas, en un juicio plagado de irregularidades y torturas.

CeProDH
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