DETENCIONES Y ALLANAMIENTOS CONTRA TRABAJADORES ESTATALES
Salvajes detenciones y persecución en Córdoba
El gobierno de Córdoba y su justicia lanzaron una verdadera “caza de brujas” contra los trabajadores estatales. El sábado 06/09, el fiscal Enrique Gavier libró orden de detención y allanamiento contra 12 trabajadores estatales, la mayoría de ellos del sindicato de Luz y Fuerza. Los detenidos y sus familias denunciaron que fueron apresados en sus domicilios en horas de la madrugada, en varios casos violentando las puertas de sus hogares e incluso ingresando por los techos.
El gobierno de Córdoba y su justicia lanzaron una verdadera “caza de brujas” contra los trabajadores estatales. El sábado 06/09, el fiscal Enrique Gavier libró orden de detención y allanamiento contra 12 trabajadores estatales, la mayoría de ellos del sindicato de Luz y Fuerza. Los detenidos y sus familias denunciaron que fueron apresados en sus domicilios en horas de la madrugada, en varios casos violentando las puertas de sus hogares e incluso ingresando por los techos.
Según el fiscal, sólo fueron llevados a “declarar” y se les imputa “daño calificado”, “atentado a la autoridad calificado” e “intimidación pública agravada” (este delito con una pena que va de 3 a 10 años de prisión), por los hechos de la marcha del pasado 20/08. Sin embargo, fueron detenidos de manera absolutamente ilegal y llevados a la unidad carcelaria de Encausados (UCA) para ser trasladados al penal de Bower. Allí, en la cárcel de máxima seguridad de la provincia, están alojados los genocidas condenados recientemente, entre ellos Luciano B. Menéndez. Esto fue una clara provocación, ya que entre los detenidos se encontraba Tomas Di Toffino (Luz y Fuerza), hijo de desaparecidos y miembro de la agrupación H.I.J.O.S.
Schiaretti, que lloró “lagrimas de cocodrilo” en la audiencia de condena a Menéndez, demuestra que para perseguir a los trabajadores que luchan, no vacila en utilizar los mismos métodos que la dictadura.
El lunes 8/9 fueron liberados los 10 trabajadores con la condición - entre otras- de garantizar una “caución real” de 20 mil pesos cada uno y la prohibición de concurrir a manifestaciones públicas mientras dure el proceso! Esto es un claro amedrentamiento a todos los trabajadores en el marco de la convocatoria a un nuevo paro activo y una forma de evitar que protesten contra el ajuste implementado o los que puedan venir.
Desde el Ce.Pro.D.H. hacemos un llamado urgente a los organismos de derechos humanos, centro de estudiantes, profesionales y abogados que defienden el derecho mínimo de los trabajadores a manifestarse, a unirnos en la defensa incondicional de todos los luchadores perseguidos y a iniciar una campaña unitaria por el desprocesamiento, levantando el planteo de que SI TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS.
Ante un nuevo aniversario de la desaparición del compañero Jorge Julio López -el próximo 18 de Septiembre-, resulta imprescindible lograr la mas amplia movilización para exigir su aparición con vida y repudiar este avance represivo y persecutorio a los sectores que luchan.