El Consejo de la Magistratura rechazará mañana la acusación de Justicia YA! por mal desempeño presentada contra el juez Sergio Torres y los magistrados que integran el Tribunal Oral Federal 5. Los consejeros, entre los que se encuentra la oficialista Diana Conti, no dudaron en afirmar que los jueces no fueron responsables por las condiciones de excepción que mantuvo el represor Héctor Febres mientras estuvo detenido. Argumento que contrasta con el esgrimido por la presidente Cristina Fernández, quien había manifestado que eran los magistrados los encargados de asegurar la cárcel común y efectiva para los genocidas.

Los integrantes de la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistraura desestimaron una denuncia presentada tiempo atrás por el colectivo Justicia YA!. Los organismos de Derechos Humanos habían denunciado al juez Sergio Torres, que entiende en la causa ESMA, así como a los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 5, quienes tuvieron a su cargo el juicio contra el represor Héctor Antonio Febres, asesinado antes de que se le dictara sentencia. Justicia YA! había explicitado la responsabilidad que pesaba sobre los magistrados por las condiciones "escandalosas" de detención de las que había gozado Febres, tal como también reconoció la jueza Sandra Arroyo Salgado, que investiga el homicidio del torturador de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

Febres fue envenenado el 10 de diciembre último, a días de que se diera a conocer el veredicto en el juicio que se estaba llevando adelante por algunos crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica. Después de su asesinato, salieron a la luz las condiciones de excepción que mantuvo mientras estuvo detenido en la Prefectura, arma a la que había pertenecido. Dentro de los "lujos" de Febres, se enumeraron vacaciones, cenas oficiales, un chofer, visitas sin registros. Elementos que facilitaron su eliminación, tal como denunciaron los organismos de Derechos Humanos.

"Los magistrados no tienen a su cargo la supervisión diaria de las condiciones de detención de los sujetos privados de su libertad, sino el Servicio Penitenciario Federal", manifestaron los integrantes de la comisión presidida por la diputada kirchnerista Diana Conti. Sin embargo, la afirmación de que "el juez no es la custodia del preso" debe ser contrastada con las declaraciones formuladas por la presidente Cristina Fernández de Kirchner a principio de año en el Congreso de la Nación. "El Estado a través de los organismos competentes, ha demandado permanentemente a la Justicia de que sean internados en lugares comunes y no nos equivocábamos. El episodio que nos tocó vivir con respecto al prefecto Febres, creo que es demostrativo de lo acertado que estábamos cuando demandábamos que fueran precisamente sometidos al Servicio Penitenciario Nacional en cárceles comunes", había afirmado la primera mandataria. De lo afirmado por el Gobierno y el Consejo de la Magistratura surge la duda acerca de quiénes son los encargados reales de velar por que los genocidas estén en cárcel común y efectiva: ¿El Servicio Penitenciario?
"La política judicial de proscribir a Justicia Ya! ha recibido un fuerte espaldarazo político con esta denegatoria de someterlos a enjuiciamiento"

Las organizaciones nucleadas en Justicia YA! han sido quienes llevaron adelante la denuncia contra los jueces que participaron en la instrucción y en el juicio a Héctor Febres. Causalmente, también han sido estos organismos los que hicieron saber días atrás que fueron separados de las cabezas de querella en los próximos juicios por los delitos cometidos en la Escuela de Mecánica durante la última dictadura.
"Justicia Ya! se conformó en el 2003 como un colectivo de organismos de derechos humanos y querellantes particulares para actuar en forma independiente de la política estatal en las causas por delitos de lesa humanidad. Tenemos un rol fundamental en los procesos que se están desarrollando. Fuimos los que denunciamos que estos juicios en cuotas eran más impunidad; que los archivos de la represión continúan ocultos; que en la Argentina hubo un genocidio; que los genocidas están libres y en funciones; que Julio López está desaparecido; que Febres fue envenenado; que el juez Torres y del Tribunal Oral Nº 5 son co-responsables de ese asesinato. También identificamos nuevos represores en la causa ESMA, aportamos sus fotos y direcciones, solicitamos su urgente detención al juez federal Sergio Torres", enumeró la abogada Myriam Bregman.
La integrante de Justicia YA! no dudó en afirmar: "Ahora nos están cobrando esas políticas", en obvia alusión a la decisión con respecto a la conformación de las próximas querellas así como respecto a la del Consejo de la Magistratura. "Mañana lo tratará el plenario del Consejo de la Magistratura, pero ya podemos advertir que la política judicial de proscribir a Justicia Ya! ha recibido, cuanto menos, un fuerte espaldarazo político con esta denegatoria de someterlos a enjuiciamiento", advirtió Bregman.

Reconciliación y algo más

"La resolución de la Comisión comandada por los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel -y que mañana tratará el Plenario del Consejo de la Magistratura- debemos analizarla en el contexto más general en que se proyectan los juicios por crímenes de lesa humanidad en el país. Este lunes en la cena con los militares, Cristina Kirchner hizo importantes definiciones que vienen a acompañar anteriores dichos de la ministra Nilda Garré", sostuvo Myriam Bregman.

La abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) se refirió a la velada en la que la presidente Fernández de Kirchner anunció un aumento de sueldo para las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que manifestó que éstas no fueron las únicas responsables del golpe militar de 1976. "La ministra Garré ya había anunciado que ’casi no hay genocidas en las Fuerzas Armadas’ y que los juicios tienen que estar terminados para el 2010. Ahora la Presidente avanzó más. Intentó una especie de "coautoría del golpe", pero no para inculpar a los empresarios y eclesiásticos que lo propiciaron, planearon y ejecutaron, sino para diluir la responsabilidad de estos autores materiales, de los militares", analizó Bregman.

"Tan lejos llegó, que prometió que nunca más hablará del tema, juramento más que llamativo si tenemos en cuenta que por ahora se cuentan con los dedos de la mano los genocidas que han sido juzgados; menos de 400 son los imputados en todo el país y Secretario de Derechos Humanos recientemente declaró en el juicio a Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba que los milicos implicados en el genocidio fueron 200.000. El mensaje es claro, que lo entienda quién quiera entender". Los dichos de Luis Eduardo Duhalde también entran en contradicción con los de Cristina Fernández, quien en marzo había afirmado que sólo habrían estado "992 personas directamente involucradas en violación a los derechos humanos" durante la última dictadura militar.

Según afirmó Myriam Bregman, la política oficial de ponerle fin a los juicios y de avanzar hacia una reconciliación con las Fuerzas Armadas, en las que- los mismos funcionarios afirman que- existen miembros que participaron en el genocidio, no es concurrente con la presencia de Justicia YA! en los tribunales. "Es evidente que nuestra actuación es incompatible con el objetivo de cerrar los juicios y abocarse a la reconciliación con las fuerzas armadas genocidas que sobrevoló la mesa en la cena del Edificio Libertad", manifestó. "Aquí debemos contextualizar la exclusión que hace el Tribunal Oral Nº 5 respecto de la participación de Justicia Ya! en los próximos juicios orales".