Días atrás el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, afirmó en el diario Página 12 que había que terminar con el trabajo esclavo en la Argentina (Página 12, 24-08-2008). Bajo este lema el Gobierno Nacional está impulsando un proyecto de ley que deroga la actual Ley 12.713 de Trabajo a Domicilio del año 1941 que, según este funcionario, ha quedado obsoleta por el paso de los años.
Bajo esta consigna, el gobierno pretende hacer pasar como progresista una ley hecha a medida de los industriales textiles, quienes reclamaban medidas para reformular dicha ley desde principios de este año y quienes además participaron de la elaboración del proyecto. Como señala el titular de la Cámara de Indumentaria de Bebés y Niños, Víctor Benyakar “El anuncio es excelente, y al fin se va a erradicar una ley que es de 1941. Nosotros hace trece años que venimos peleando con todos los gobiernos para que entiendan cuál es la situación” (Pagina 12, 21-08-2008).

La ley al servicio de las patronales

No es este el primer gobierno que modifica la norma a favor de las patronales.
A principio del silo XX la modalidad del trabajo a domicilio era utilizada sobre todo por la industria textil y del calzado, y recaía especialmente en las mujeres y los menores de 16 años. El justificativo que utilizaban las empresas para este tipo de práctica era que tanto las mujeres y los niños podían desarrollar las tareas en casa, realizar jornadas de trabajo más reducidas y trabajos más livianos. Sin embargo, nada de esto pasaba. Los únicos beneficiados eran los empresarios, ya que, además de naturalizar el trabajo infantil, las jornadas eran más extensas que en las fábricas, las condiciones de higiene eran muy precarias y los salarios muy bajos. Así la primer ley sobre Trabajo a Domicilio (10.505) se dictó en 1918, durante el primer gobierno de Yrigoyen, y establecía entre otras cosas, un salario mínimo y una serie de controles por parte del Estado, pero esta ley no servía eficazmente a los intereses de la gran industria, que utilizaba el trabajo a domicilio casi como modalidad exclusiva de producción, por lo cual esta ley nunca fue cumplida por los empresarios que optaban por el trabajo en negro.
Al operarse grandes cambios en la producción en las décadas del 20 y 30, debido a la incorporación de maquinarias que aumentaron enormemente la productividad, las grandes industrias concentraron la producción en sus talleres, ya que era mas beneficioso para ellas que el obrero trabaje en la fabrica a que lo haga en su domicilio. A partir ese momento, argumentando una competencia desleal de los pequeños talleres clandestinos (que continuaban utilizando la explotación a domicilio) y con el fin de terminar con ellos, las grandes empresas comienzan a exigir al Estado que haga cumplir la ley de Trabajo a Domicilio y un mayor control que los que contemplaba la ley.
Producto de los reclamos empresariales, en 1941 se sanciona la actual ley de Trabajo a Domicilio, que establece más requisitos de control, la necesidad de una licencia para utilizar esta modalidad de trabajo y penas de prisión de hasta 2 años en el caso de que los patrones paguen salarios inferiores a los establecidos por las comisiones mixtas (de empresarios y sindicatos) o cuando no lleven los registros. Así la ley venía a satisfacer el reclamo de los grandes industriales textiles.
El gobierno de los Derechos Humanos pretende una “amnistía” encubierta a las grandes marcas esclavistas

Hoy, las necesidades de las grandes marcas han cambiado. En los rubros como el textil, gran parte de la producción se distribuye entre miles de talleres, buena parte en manos de empresarios pymes, aunque también en manos de cuentapropistas y talleres familiares. La flexibilización, tercerización y precarización laboral son llevadas al extremo, y las grandes tiendas y marcas de ropa encuentran en el trabajo a domicilio una modalidad que garantiza altos niveles de ganancia en base a la superexplotación y el trabajo esclavo. Jornadas de 12, 14 y hasta 16 horas, trabajo en negro (que en este sector llega al escandaloso 78%), hacinamiento en condiciones de higiene deplorable, trabajo infantil, constituyen la base de la ganancia de los industriales textiles.
El proyecto del gobierno y los industriales textiles esclavistas tiene un fin bien concreto: “eliminar los delitos que establece la actual ley” y por los que están siendo investigados por la justicia 85 grandes marcas (entre las que se encuentran Kosiuko, Montangne, Lacar, Adidas, etc). Si el proyecto del gobierno prospera, los delitos de estos grandes empresarios “desaparecerán”, por eso las Cámaras Empresarias que representan a esas 85 marcas festejen el proyecto Kirschnerista.
El proyecto de ley, lejos de obstaculizar el trabajo a domicilio, apunta a la implementación de esta modalidad en otras ramas de la producción como la gráfica y los servicios, estableciendo beneficios para las patronales como la eliminación los registros (bastando con los libros
laborales de las empresas sin necesidad de obtener licencia alguna).
Esto favorece que las patronales deslocalicen y lleven el trabajo de sus propias plantas al domicilio del obrero y su familia, implicando además un ataque al conjunto de los trabajadores de planta, ya que atenta contra su unidad y precariza extremadamente el trabajo.
Pero fundamentalmente, asimila la responsabilidad de las marcas y los talleristas e intermediarios a la nefasta responsabilidad solidaria de las tercerizadas noventistas (una relación comercial entre las grandes empresas o marcas y los intermediarios talleristas). Esta es la solución del ‘gobierno progresista’ para terminar con el ’Trabajo esclavo’.
Realizando una especie de ’amnistía’ a los grandes empresarios esclavistas, el proyecto de ley del gobierno fomenta la precarización y la esclavitud laboral. Esto no significa que la ley vigente garantice la eliminación del trabajo esclavo, como lo demuestran la situación de miles de trabajadores de talleres y a domicilio, y los efectos sobre la clase obrera durante sus 66 años de vigencia.
Hoy los fabricantes imponen precios miserables, pagando 5 pesos por camperas que luego venden a 100 en las grandes tiendas. Además de quienes son simples capataces de los talleres montados por las grandes marcas, buena parte de los talleristas se desarrolla como empresarios, beneficiándose del trabajo de los costureros, de quienes obtienen sus ganancias. La mayoría de los afectados trabajadores inmigrantes que no cuentan con documentación legal producto de las restricciones migratorias del Estado argentino y se ven obligados a trabajar en condiciones de superexplotación por no tener otra opción.
Solo la unidad de todos los trabajadores podrá terminar con la superexplotación y el trabajo esclavo, exigiendo el cumplimiento de los convenios de cada rama y los derechos laborales y sindicales, y desarrollando los lazos fraternales de la clase obrera cualquiera sea su nacionalidad.

Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos -Ceprodh- denunciamos el proyecto de reforma de la Ley de Trabajo a Domicilio que promueve la impunidad de los grandes empresarios esclavistas y la precarización del trabajo. Exigimos cárcel a los responsables del
trabajo esclavo, documentación gratuita para todos los Trabajadores Inmigrantes, un Plan de Vivienda Pública para los inmigrantes, salario mínimo acorde a la canasta familiar, obra social y jubilación. Abajo la tercerización y toda modalidad de flexibilización laboral.