El lunes 11 comenzaron las declaraciones testimoniales del juicio por el asesinato del “Negrito” Avellaneda y el secuestro y torturas a su madre, Iris Pereyra de Avellaneda, donde se juzga a 6 genocidas que actuaron en Campo de Mayo.

En forma conmovedora, Iris relató cómo fue torturada junto a su hijo de 14 años en la comisaría de Villa Martelli, siendo interrogada sobre el paradero de su marido, buscado por la patota de Campo de Mayo por haber sido delegado de la fábrica TENSA. Quince años antes habían protagonizado importantes luchas y conformado una comisión interna opuesta a la burocracia sindical. En su declaración, Iris contó las inhumanas formas de detención y torturas cotidianas en Campo de Mayo, rompiendo en llanto al contar que producto de la picana, años después de liberada, no pudo amamantar a su bebé por tener quemadas sus mamas.

Pese a lo estremecedor del relato, y sin considerar que se trata de una víctima directa del terrorismo de Estado, afectada además por el asesinato brutal de su hijo de 14 años, Iris se vio obligada a sufrir el acoso de la defensa que la atormentó con preguntas injuriantes: ¿cuántas veces la torturaron? ¿en qué horarios la torturaban?

Semejante maltrato generó la indignación de los que formábamos parte del público y de los abogados que éramos parte querellante. Pero mayor fue la indignación ante la actitud de la presidenta del Tribunal, la Dra. Lucia Larrandart (otrora “progresista” que redactó junto al juez de la Corte Zaffaroni un proyecto de Régimen Penal Juvenil). Larrandart no sólo rechazó las oposiciones interpuestas por la Fiscalía y las Querellas para impedir las preguntas indignantes de la defensa, sino que en varias oportunidades increpó autoritariamente a Iris para que las conteste. Eso sí, Larrandart impidió que Iris contestara sobre otros trabajadores de TENSA perseguidos por la dictadura, por estar fuera del “objeto de juicio”. Asimismo, las Sras. Arcinoe Avellaneda y Azucena Avellaneda, quienes tienen más de 80 años de edad, también fueron tratadas con total falta de respeto. Parece que esta justicia considera que los privilegios de la edad sólo corren para los genocidas.

Evidentemente, no hay ninguna voluntad de juzgar realmente el genocidio, justamente porque se realizan juicios como si se trataran de delitos comunes. Por ello, las víctimas son tratadas como un testigo más, se juzga a seis genocidas por sólo dos casos de Campo de Mayo, cuando por allí pasaron más de 5000 compañeros, desdibujando así el plan sistemático de exterminio y el genocidio perpetrado.

En la última semana, Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil policial, tuvo que afrontar una nueva intervención quirúrgica para subsanar, aunque sea parcialmente, una de las tantas secuelas que al día de hoy le sigue produciendo el balazo que recibió en junio del 2001 en Quilmes, por parte del policía José Ignacio Salmo. Mientras tanto, Salmo sigue en la impunidad, ya que la sentencia con la que fue condenado en abril del 2008 por la Sala III de la Cámara de Casación Penal de La Plata fue apelada por su defensa ante la Suprema Corte bonaerense, instancia en la que se encuentra sin que haya existido ningún avance. Vale recordar que Salmo había sido absuelto por el Tribunal Nº 3 de Quilmes con un fallo escandaloso que legitimaba la práctica del gatillo fácil.

Pero no sólo la causa penal se encuentra frenada, sino que el juez interviniente en lo civil se escuda en una serie de tecnicismos para no dictar sentencia, con lo cual nuestra compañera se ve privada de poder afrontar económicamente todos los tratamientos necesarios para mejorar su estado de salud. Están jugando con la salud de Carla.

Desde el CeProDH, denunciamos que mientras Carla sigue en silla de ruedas, sometida a periódicas intervenciones quirúrgicas, a casi ocho años del hecho, Salmo sigue en completa libertad. Una impunidad peligrosísima, que alienta la práctica del gatillo fácil y otras formas de brutalidad policial en momentos en que crecen en forma alarmante las voces que piden “mano dura”. Vaya como muestra el escandaloso fallo en la causa de Gastón Duffau en La Matanza.

Seguiremos apostando a la movilización y la organización y, dada la lentitud -cómplice con la impunidad- con la que avanza la causa, anunciamos que a la brevedad denunciaremos al Estado argentino ante las instancias jurisdiccionales internacionales.