Reconciliación. "Ningún presidente argentino, ni uruguayo tiene la autoridad moral para decirnos reconcíliense"

"La sociedad tiene derecho a saber qué pasó y quiénes fueron los responsables"

Organizaciones sociales llevaron adelante la Semana de la Impunidad. Bajo la consigna "todos y todas contra la impunidad" debatieron sobre la vigencia de la "impunidad", consagrada con el terrorismo de Estado, en el actual contexto uruguayo y regional. La vigencia de la Ley de Caducidad como manto de fondo.

Mauricio Pérez | Victoria Alfaro |

Amnistía Internacional, Crysol y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), entre otras organizaciones sociales, realizaron durante toda la semana una ronda de coloquios, mediante los que se procuró "ir desarmando, entre todos, la impunidad de hoy y de ayer".

En los mismos, connotadas personalidades de la lucha por la verdad y la justicia disertaron sobre los aspectos centrales del proceso represivo, que hoy permanecen. La vigencia de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", y las formas de eliminarla permearon la amplia mayoría de las intervenciones.

En este sentido, el coloquio "La Ley de Caducidad: realidad jurídica", con la participación de los abogados Pablo Chargoñia y Lilián Tojo (representante de Cejil), fue el inicio del debate, del que participaron víctimas del terrorismo de Estado, activistas por los derechos humanos, economistas, abogados y periodistas.

Tojo y Chargoñia cuestionaron la vigencia de la norma, contraria al "derecho internacional consuetudinario" e "intrínsecamente inválida" por consagrar la "amnistía" de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los agentes represivos del Estado en Dictadura.

En este sentido, Tojo afirmó que los crímenes de lesa humanidad "no pueden ser equiparados con delitos comunes", por lo que existe una "necesidad social de esclarecimiento". Por tanto, la Ley de Caducidad deberá ser eliminada "sin dejar rastro", afirmó Tojo.

"Obligación del Estado"

"Los tratados internacionales se firman para ser cumplidos", por lo que más allá de las posibles "contradicciones y tensiones entre las normas internas y el derecho internacional", los crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados, señaló Tojo.

Existe una "obligación de los Estados de garantizar los derechos protegidos por el tratado prevenirlos, investigarlos y sancionarlos", porque de lo contrario "viola el derecho de acceso a la justicia" de las víctimas, violentando "el derecho a la verdad" en su "dimensión colectiva", dijo.

"Toda la sociedad tiene derecho a saber qué pasó y quiénes fueron los responsables", por lo que el Poder Judicial debe tener la potestad para promover una "investigación exhaustiva e imparcial" de los hechos. La vigencia de la Ley de Caducidad significa "una continua y permanente violación del derecho internacional", por lo que el Estado uruguayo debe procurar los mecanismos para "dejarla sin efectos para adelante y para atrás", porque el mero surtir efecto hacia atrás configura una "violación de los derechos humanos", estimó Tojo.

En la misma línea se pronunció Chargoñia (abogado querellante en varias causas por crímenes del terrorismo de Estado), para quien el 22 de diciembre de 1986 el Estado uruguayo "no podía" sancionar la Ley de Caducidad, porque diversos tratados internacionales firmados en forma soberana lo impedían.

Ley inválida
El Estado uruguayo está "obligado a enjuiciar y castigar los crímenes de lesa humanidad", porque con la firma de los pactos internacionales (desde 1946 en adelante) "no son los Estados nacionales los titulares de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado", ya que dicha prerrogativa "es una capacidad de la comunidad internacional". La Ley de Caducidad es "incompatible" con el derecho internacional, expresó Chargoñia.

El abogado utilizó, además, los argumentos esgrimidos por la Suprema Corte de Justicia donde se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, para rebatir la "falacia metajurídica" sobre la legitimación de la norma tras el resultado de los dos plebiscitos a los cuales fue sometida.

"No hay ninguna forma de saneamiento, ni siquiera el pronunciamiento del cuerpo electoral", porque "hay asuntos que no pueden ser plebiscitados" ni "ninguna mayoría puede decidir ni modificar". Los dos pronunciamientos populares, por tanto, "no modifican su intrínseca invalidez", pero debe tenerse "cuidado" en los reclamos por la anulación "porque la opinión pública podría reprocharle a las organizaciones de derechos humanos escaza vocación de respeto hacia el pronunciamiento del ciudadano". Para esto el abogado recomendó debatir con todos los argumentos por la invalidez de la norma.

Asimismo, el abogado alertó sobre la existencia de "islas de impunidad fáctica" en el Estado, ante la imposibilidad de los jueces de acceder a la totalidad de los archivos existentes de la Dictadura, en particular los del Servicio de Información y Defensa (SID). "Los jueces, muchas veces, no tienen el apoyo necesario o la capacidad para desentrañar el complejo entramado del sistema represivo uruguayo", estimó Chargoñia.

"Fue un genocidio"
Por su parte, la hija de desaparecidos y niña recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo María Victoria Moyano afirmó que las acciones del Terrorismo de Estado fueron "un genocidio", por lo que "no hay ningún presidente que tenga la autoridad moral" para plantear la reconciliación.

Moyano es hija del matrimonio de Alfredo Moyano Santander y María Asunción Artigas, ambos detenidos en Argentina y presuntamente trasladados a Uruguay en forma clandestina en 1978.

María Victoria nació en cautiverio y a los nueve años se enteró que era hija de desaparecidos. Actualmente reside en Buenos Aires, estudia derecho y milita en una organización de Derechos Humanos.

Moyano narró su postura sobre los procesos políticos y judiciales existentes en ambas márgenes del Río de la Plata, en relación a los crímenes de lesa humanidad. En este sentido, la joven afirmó que "la única lección importante que se puede rescatar de la Argentina, es el grado de organización y lucha que se dio durante 34 años en las calles y que hoy sigue".

"Hemos podido lograr que caiga la ley de impunidad, pero en Argentina hubo 500 centros clandestinos y siguen apareciendo más. Tenemos más centros clandestinos que procesados", menos de 100, comparó. En este sentido, la joven afirmó que los crímenes de la Dictadura fueron "un genocidio".

"Fue un genocidio de clase, casi el 70% de los desaparecidos fueron trabajadores sindicales, activistas y un 25% fueron estudiantes. Esos eran los sectores que estaban organizados, cuestionando el modelo económico y político". "Me parece que la situación uruguaya es similar", expresó.

En este sentido, Moyano afirmó que estos temas "no son cosas del pasado", porque "la impunidad tiene consecuencias hasta el día de hoy". "Sin embargo estamos viendo en Argentina lo mismo que ustedes: un gran discurso de reconciliación", advirtió.

El gobierno argentino está buscando la reconciliacion, anunciando que las "Fuerzas Armadas de ahora, están adoctrinadas bajo la ley y la constitución".

"En Uruguay el discurso de reconciliación es bastante jodido también. Recuerdo que a la salida de la dictadura uruguaya hubo un Pacto del Club Naval.

Todas las fuerzas políticas, incluso las actuales, mantuvieron la impunidad hasta el día de hoy", afirmó Moyano. Sin embargo, "no hay ningún presidente ni argentino, ni uruguayo, que tenga la autoridad moral para venir a decirnos que nos reconciliemos", concluyó.

Abogado Pablo Chargoñia
Actual interpretación implicaría la prescripción de causas en 2011

El abogado Pablo Chargoñia alertó durante su alocución sobre la inminente posibilidad de "obstaculizarse" el proceso de juzgamiento de los crimenes de la dictadura, de continuarse aplicando la tesis preponderante entre jueces y tribunales de apelaciones de no considerar estos crímenes como "delitos de lesa humanidad".

La mayoría de los jueces y tribunales adhieren a la tesis de juzgar los crímenes de la dictadura como delitos de "homicidio muy especialmente agravado", comenzando a computarse el plazo de prescripción desde el retorno de la democracia, el 1º de marzo de 1985.

La extensión del plazo de prescripción de la pena (20 años) en un tercio, por la gravedad de los crímenes, permitió el enjuiciamiento de los principales referentes del proceso cívico­militar y la represión dictatorial, entre ellos, los dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Alvarez. Sin embargo, la continuidad de dicha tesis implicará la "prescripción" de los delitos sobre mediados de 2011, lo que significaría "una afrenta de la lucha contra la impunidad".

En este sentido, el abogado afirmó que la utilización del cómputo de la "prescripción" en el juzgamiento de estos crímenes es "antijurídico", porque son crímenes "imprescriptibles", ante lo cual debe fomentarse y defenderse la tipificación del delito de "desaparición forzada" y la consideración de estos crímenes como delitos de lesa humana.

Chargoñía mencionó la existencia de otra tesis (fomentada por el juez penal de 1er Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, en la condena al ex dictador Juan Carlos Blanco por el crímen de la maestra Elena Quinteros y al conceder la extradición de varios militares hacia Argentina, mediante la que se estima que el plazo de prescripción deberá computarse desde el 1º de marzo de 2005, porque fue en dicho momento que el Poder Ejecutivo permitió "de hecho" el juzgamiento de estos crímenes. Sin embargo, en la tesis de Fernández Lecchini "tampoco estamos ante la tesis de la imprescriptibilidad", señaló Chargoñia.

Fuente: La República

Extraído de: http://notas.desaparecidos.org/2010/06/uruguay_la_sociedad_tiene_dere.html