La Izquierda Diario - Libertades democráticas

Comunicado de En Clave Roja (PTS en el Frente de Izquierda y estudiantes independientes)

Se sigue agravando la situación en nuestro terciario. En el marco de las elecciones de centro de estudiantes, la conducción “representación estudiantil” organiza elecciones con irregularidades donde en estas mismas han violado el estatuto del propio centro de estudiantes, siendo un hecho inédito sin precedentes en la historia de nuestra casa de estudio.

Desde En Clave Roja, junto a decenas de estudiantes de distintas carreras, venimos denunciando semejante atropello a los derechos democráticos, poniendo sobre la mesa los puntos del estatuto que estan siendo desconocidos por quienes presiden el centro. Hemos planteado postergar una semana las elecciones, y hasta las mismas autoridades del Instituto sugirieron que se posterguen (ya que muchísimos estudiantes ni se enteraron de las elecciones). Queda claro que el único objetivo de la conducción al imponer que haya lista única, es perpetrarse en los cargos, y evitar la democracia estudiantil impidiendo que haya más listas en estas elecciones.

En una carta presentada a los estudiantes por En Clave Roja, planteamos:

El estatuto dice: “Inc. X: La Comisión Directiva actuante convocará a elecciones 30 días antes de finalizar su mandato. Además, otorgará a las agrupaciones 15 días, a partir de la convocatoria para presentar las listas correspondientes”. No sólo no sucedió esto, sino que la comisión directiva convoca a elecciones con 3 días de anticipación (debiendo ser con 30 días de anticipación) y también a cada lista que quiera presentarse, no se destinaron los 15 días correspondientes para presentar listas, solo fueron 3 días.

Ademas, el estatuto plantea: “Inc. F: Durante el acto eleccionario la única autoridad es la Junta Electoral”. Como aclaración, la Junta Electoral debe conformarse con los días planteados con antelación previos a la convocatoria de elecciones. Y esta Junta debe estar conformada por un apoderado de cada lista. Lo cual, al no convocarse con tiempo, no hay Junta Electoral ante los comicios”.

Y por ultimo, y no menos grave, el estatuto sostiene: : “Inc. H: La Comisión Directiva confeccionará el padrón electoral. Los alumnos que no figuren en el mismo podrán ser incluidos en él en el momento de presentarse a votar en tanto presente la libreta de estudiantes”. Este es otro punto preocupante. La Comisión Directiva no solo que no confeccionó y garantizó los padrones con tiempo para que cada lista que quiera presentarse pueda revisarlos con anticipación, sino que armaron un drive para que los y las estudiantes se anoten para poder votar. Esto atenta contra la posibilidad de ir a elecciones democráticas, ya que cada lista tiene derecho a revisar el padrón para detectar irregularidades.

En este contexto de crisis social y económica, donde el gobierno nacional viene atacando nuestras condiciones de vida, con ajuste a la educación, a la salud y a nuestro bolsillo, y mientras la derecha reaccionaria en la Argentina quiere aun ir por mas, las y los estudiantes debemos organizarnos de forma democrática, en asambleas, para no solo rechazar estas elecciones, sino para poner en pie un verdadero centro de estudiantes democrático, participativo e independiente de las autoridades, que pelee junto a la clase trabajadora y por nuestros derechos.

Desde En Clave Roja peleamos por esta perspectiva, porque es importante que el movimiento estudiantil sea protagonista de las luchas por venir, y que se ponga de pie ante cada injusticia, como lo estamos viendo en distintos lugares del mundo a miles de estudiantes y trabajadores que salen a luchar contra el genocidio perpetrado por el estado asesino de Israel y en defensa del pueblo palestino. Esto es un gran ejemplo de solidaridad en las calles, y es necesario volver a pensar de pie un movimiento estudiantil solidario y que no sea indiferente ante estos brutales hechos.

Un cable de la agencia Télam de este lunes dice que “seis policías fueron detenidos como acusados de brindarle protección a una banda de narcotraficantes y de iniciarle causas penales a la organización rival, a cambio de $ 1.600.000 mensuales, en el partido bonaerense de Florencio Varela”. La información surgió de fuentes judiciales y hasta el momento desde el Ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni se mantienen en silencio.

El comisario de la Policía Bonaerense Pablo Ojeda, el oficial ayudante Nahuel González y los oficiales Claudio y Ricardo Hinz, Diego Leiva y Agustín Solís fueron detenidos este domingo por efectivos de la Policía Federal Argentina que actúan como auxiliares del Poder Judicial. Los cuatro últimos pertenecen a la Delegación Narcotráfico de la fuerza represiva provincial. La causa está cargo del fiscal Darío Provisionato, titular de la UFI 1 de Varela y a los imputados se los acusa de “venta de estupefacientes agravada, cohecho e incumplimiento de los deberes de un funcionario público”.

Según las fuentes, la investigación se inició en marzo tras la detención de una mujer identificada como “Paola”, a quien se la sindica como líder de una banda que vende drogas en esa populosa localidad de la Zona Sur del Gran Buenos Aires. Al momento de ser detenida, la acusada habría querido “pedir explicaciones” a los responsables de la Comisaría Segunda porque “tenía protección” para hacer su negocio sin problemas.

Cuando se peritó el teléfono de “Paola”, el fiscal Provisionato accedió a información de su WhatsApp según la cual, entre diciembre y marzo, hubo muchos mensajes y audios entre esa banda y sus cómplices uniformados. De allí se dedujo, entre otras cosas, que le brindaban protección a la banda “a cambio de ‘romper' a otra banda”. Es decir que la Policía protegía a un grupo y garantizaba sus privilegios en la competencia con otro.

Según determinó el fiscal, los efectivos de la Policía “obtenían información” de parte del grupo de “Paola” y luego “iniciaban expedientes a los vendedores” rivales. Los nombres, lugares y circunstancias los obtenían miembros de la banda protegida que se hacían pasar por clientes y, una vez comprada la droga a las otras bandas, facilitaban las “pruebas” para su imputación y detención.

“Te mando al pibe con la remera de Defensa y Justicia, va con pantalón negro y con ojotas. Usalo de ‘previo' y después cuando lo manoteás da la vuelta manzana y devolvémelo que lo necesito para laburar”, les decía la mujer a los policías en uno de los audios peritados.

Según consta en el expediente, “Paola” le pagaba a los efectivos una suma semanal para que le garantizaran la prevalencia del grupo en la comercialización de drogas en la zona. La protección incluía reiteradas “desmentidas” de parte de la Comisaría Segunda respecto a que la mujer fuera narcotraficante cuando ésta era señalada por otros narcos que eran detenidos sin contar con los favores policiales.

A través de las escuchas telefónicas se habría determinado que se les pagaba por semana alrededor de $ 200.000 al comisario Ojeda y sus socios de uniforme y otros 200.000 a la Delegación de Narcotráfico de la fuerza represiva provincial. “Tenían blindada la jurisdicción con todos los organismos de la Policía Bonaerense que se dedican al tema de drogas”, dijeron desde la UFI 1 a Télam.

Hasta el momento el ministro Sergio Berni, tan acostumbrado a difundir “operativos” de desarticulación de bandas narco, incluso inventando causas que no existen y hasta acusando a personas inocentes, se mantiene en silencio sobre este escándalo que lo salpica de lleno. Ni siquiera desde las propias vías de comunicación oficiales del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Axel Kicillof se hizo mención al tema.

La pregunta que ahora recorre los despachos ministeriales, policiales y judiciales es quién o quiénes fueron los “buchones” que, decididos a cortar (y quizás quedarse con) el negocio, obligaron al fiscal Provisionato a mandar a detener a Ojeda, González, Leiva, Solís y los hermanos Hinz. Sobre todo porque, como es de público conocimiento, no hay jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires en la que uno, dos o varios comisarios no protejan a las bandas narco y demás capitalistas ilegales.

Aunque posiblemente haga declaraciones para salir del paso sobre este caso, el silencio inicial de Berni es más que entendible. Ya casi en el estribo de su gestión (si es que cumple con su rol de senador electo de Unión por la Patria), el ministro lleva cuatro años haciendo todo el “trabajo sucio” que le exige el cargo, lo que incluye el encubrimiento de cuanto crimen o delito cometan los hombres y las mujeres de azul-celeste.

Si Berni protege a policías que desaparecieron y mataron a jóvenes pobres de la provincia, como Facundo Astudillo Castro y Francisco Cruz, ¿por qué no haría lo imposible para evitarles daños colaterales a comisarios y oficiales metidos en “negocios menores” como la venta de droga en los barrios?

Hola, ¿cómo va? Espero que bien. Antes que nada, no dejes de suscribirte en este enlace a los newsletter de La Izquierda Diario.

Mientras el país se mantiene expectante para saber quién será el nuevo presidente, volvemos acá para hablar de un crimen de Estado cometido hace seis años en la Patagonia.

En Río Negro está llegando a su fin el juicio oral y público por el asesinato de Rafael Nahuel, el joven mapuche de 22 años de la comunidad Lafken Winkul Mapu , ubicada en la zona de Villa Mascardi, cerca de Bariloche. El crimen ocurrió el 25 de noviembre de 2017, a manos de miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina con amparo del gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Además de Nahuel, muerto de un tiro por la espalda, otros dos jóvenes mapuche resultaron heridos de bala.

En los Tribunales de Fiske Menuco (General Roca) se juzga a los prefectos Sergio Cavia, Francisco Pintos, Carlos Sosa, Juan Obregón y Sergio García, acusados por la Fiscalía de ser coautores de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”. Las querellas (familia de Nahuel por un lado y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por otro) procuran que se los condene por “homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad”.

“Por la complejidad del juicio, después de seis años de los hechos en los que se mató a un pibe y se hirió a otros dos, en un proceso donde intervienen varias fuerzas de seguridad nacionales y en un contexto de odio racial frente al reclamo de los pueblos originarios, creo que se pudo transmitir al Tribunal la mayor claridad posible de los hechos”, nos dice Ezequiel Palavecino, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche y uno de los abogados de la familia de “Rafita”.

Podés leer acá todas las entregas de Antipoliciales, crimen y violencia con una mirada de otra clase

El juicio contra los cinco albatros se inició el 15 de agosto en los Tribunales roquenses. Terminadas las audiencias de debate y ya realizada una inspección ocular en la escena del crimen, el martes 7 y miércoles 8 se escucharán los alegatos de la parte acusadora. Las defensas harán lo propio el 15 y 16. La sentencia se dará a conocer el miércoles 22, tres días antes del sexto aniversario del asesinato.

El crimen, emblemático, es uno de los más recientes de una zaga de ataques extremos contra los pueblos originarios que lleva siglos. Con las particularidades que pueden diferenciar este caso de otros, a las comunidades mapuche el Estado las criminaliza igual que a las tehuelche, a las qom, a las colla, a las wichí, a las diaguita, a las pilagá, a las nivaclé, a las quechua, a las charrúa, a las guaraní, a las comechingón o a las aymara. Actualmente hay más de 1650 reclamos territoriales en Argentina. Lejos de estar “ausente”, el Estado siempre responde con represión y desalojos.

Inspección ocular

Tras 18 audiencias por las que pasaron 63 testigos y se expusieron diversas pruebas y pericias, el martes 24 de octubre los jueces del Tribunal Oral Criminal, el fiscal, las querellas, dos de los imputados con sus abogadas y varios testigos se dirigieron al predio donde Rafita fue asesinado y donde habitaba su comunidad, Lafken Winkul Mapu , hasta el brutal desalojo de octubre de 2022 ejecutado por el gobierno del Frente de Todos .

La inspección ocular fue solicitada por la querella. Las defensas se opusieron para evitar que la coartada de los prefectos fuera contrastada con el lugar de los hechos. Finalmente los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava ordenaron que se haga. Pese a la decisión judicial, ese día sólo asistieron los imputados Obregón y García. Cavia, Pintos y Sosa no fueron por recomendación de su defensor Marcelo Rochetti, a quien parece no haberle quedado otra que mantener a sus clientes alejados y en silencio. En este otro texto podés ver un prontuario del doctor Rochetti.

También participaron el fiscal Rafael Vehils Ruiz, los abogados de la familia Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, y el doctor Mariano Przybylski como cabeza de la querella constituida por la Secretaría de Derechos Humanos.

Fue muy especial la participación de tres miembros de la comunidad y testigos claves. Aquella tarde Johana Colhuan vio caer a su lado a Nahuel y ella misma resultó herida de un balazo. Sus lamien Lautaro González y Fausto Jones Huala zafaron de los tiros y fueron quienes trasladaron, cerro abajo y por más de un kilómetro, el cuerpo agonizante de Rafita para que fuera asistido. Ambos terminaron detenidos por los prefectos. Los tres testimonios en el juicio fueron conmovedores. Al escucharlos, Tito Nahuel y Graciela Salvo, padre y madre de Rafael, no pudieron evitar quebrarse.

En Villa Mascardi los tres testigos recordaron frente a los jueces, el fiscal, los abogados y ante la mirada de Obregón y García los momentos de la persecución, la balacera y la muerte de Rafael. Marcaron cada lugar clave que mantienen intacto en su memoria y dieron detalles de la huida montaña arriba.

Para la comunidad mapuche la inspección ocular era muy importante. Porque, como se relató en otra crónica, desde el inicio del juicio el Poder Judicial les mostró su rostro más reaccionario, con todo tipo de obstáculos teñidos de racismo, empezando por el hecho de que el juicio no se hiciera en Bariloche (donde también hay tribunales federales) sino a 500 kilómetros. Por eso era crucial que los testigos pudieran contar lo vivido sobre el propio territorio, más allá de la incertidumbre por lo que sentencien los jueces.

Johana, Lautaro y Fasto les dijeron en la cara al Tribunal y a la Fiscalía cómo y dónde los imputados mataron a su lamien. Ese momento de verdad lanzada en pleno cerro es de gran valor para una comunidad siempre perseguida y criminalizada.

“Se demostró la cacería de Prefectura”

Consultado tras la inspección ocular, el doctor Palavecino nos dice que “se pudo corroborar todo lo que se planteó por parte de la acusación. Los lugares señalados en las audiencias por los testigos presenciales coinciden exactamente con el terreno observado. Los jueces pudieron cotejar el escenario del crimen con las versiones dadas tanto por las defensas como por quienes acusamos”.

Para el abogado de la APDH la inspección “también sirvió para llevar al menos una parte del juicio al territorio. Ojalá en algún momento se respete el derecho indígena, que estos juicios se hagan en torno a los propios territorios y no donde el Poder Judicial diga a discreción. Por lo concreto y por haber estado todas las partes en el lugar de los hechos, que pudieron explicar sus posiciones, esta medida seguro tuvo algo de revelador y esclarecedor para los jueces”.

En el recorrido de casi 1.200 metros, desde la vera de la Ruta 40 hasta el lugar donde cayó Rafita, se hizo más veraz aún el relato de los jóvenes mapuche. Aquel 25 de noviembre de 2017 debieron escapar montaña arriba en busca de refugio mientras eran perseguidos por uniformados que disparaban armas automáticas. El lugar donde se encontraron las vainas servidas coincide con el escenario descrito en los testimonios. Los jueces pudieron comprobar que los albatros estaban a resguardo, contrariamente a lo que dijeron ellos y repitió como lora durante años Bullrich. Dispararon sin riesgo de ser atacados.

Se pudo corroborar la existencia de múltiples espacios donde podían resguardarse. Es decir que nunca estuvieron en un lugar en el que no pudieran parapetarse si es que, como dicen, estaban recibiendo piedrazos y otros proyectiles.

“Quedó clara la innecesariedad de esa persecución a los tiros”, dice Palavecino. Sin ninguna amenaza concreta a su seguridad, los albatros dispararon más de 140 proyectiles (aunque sólo 31 vainas fueron peritadas). Los jóvenes no tenían escapatoria ante esa violentísima avanzada. Pero la avanzada misma parecía carecer de sentido ya que no estaban cometiendo ningún delito. Sólo una real intención de herir y matar explica tamaña brutalidad.

En la inspección ocular Obregón y García buscaron acomodar su versión de los hechos a la incuestionable geografía. Pese a haber tenido seis años para armar una “escena” en común, entraron en contradicciones (que habrían sido muchas más si hubieran estado los cinco presentes). Uno dijo que se habían cubierto detrás de determinado árbol, el otro dijo que el árbol en cuestión no era ése sino uno de más allá. Para uno los disparos fueron en determinado momento, para el otro fueron mucho después. Curiosas imprecisiones, teniendo en cuenta que se trata de hechos que les cambiaron la vida.

Al contrastar el relato con el terreno, para las querellas quedó claro que los prefectos no sólo mataron a Rafael e hirieron a otros dos jóvenes, sino que con su accionar también demostraron lo insostenible de su excusa respecto a que tenían una “orden” de detectar, identificar y detener a quienes deambularan por el predio que les habían mandado a custodiar. Nunca la cumplieron, no detuvieron a nadie en el cerro. Al contrario, tras desatar la balacera volvieron a la ruta.

Doble juego del Estado

Las fuentes del caso comprometidas con la búsqueda de la verdad aseguran que, ante tanta evidencia, el relato de los prefectos es “totalmente inverosímil”. Además de contradicciones entre ellos, la cronología de los hechos que armaron junto a sus abogados evidencia que en todo el trayecto recorrido en su persecución a los jóvenes mapuche estuvieron a resguardo de cualquier eventual agresión.

Al igual que Palavecino, el abogado Mariano Przybylski de la Secretaría de Derechos Humanos valora positivamente la inspección ocular. Y agrega un balance político. Al salir del predio de Mascardi dijo ante una consulta del sitio Perycia que “ningún gobierno está exento de que una fuerza de seguridad cometa un hecho de violencia institucional”, pero que “la diferencia es cómo reacciona cada gobierno ante eso. Un gobierno puede salir a justificarlo, apoyarlo, marcarlo como ejemplo, que es lo que pasó; o sancionar y decir esto no puede pasar más. Separar o ponerse a querellar e investigar qué es lo que pasó para que haya responsables”.

El doctor Przybylski debería matizar sus afirmaciones. Por un lado, aunque le toque “enfrentarlas” en este juicio, como funcionario no puede desconocer que a los prefectos Obregón y García los defienden las abogadas Anabella Schmidt y Alejandra Busetti, respectivamente, ambas empleadas de Prefectura. Esa tarea les fue encomendada por Bullrich (al principio, de hecho, defendieron a los cinco), pero desde diciembre de 2019 sus sucesores Sabina Frederic y Aníbal Fernández las mantuvieron al frente de ese rol encubridor.

Schmidt y Busetti son funcionarias públicas y por hacer su trabajo reciben buenos honorarios del Estado a través del Ministerio de Seguridad. Como se viene detallando, en este caso su “trabajo” es robustecer la coartada de sus defendidos.

Menos aún debería desconocer el doctor Przybylski que en octubre de 2022, cinco años después del crimen de Nahuel, su propio gobierno envió a las fuerzas federales a desalojar a la comunidad Lafken Winkul Mapu . En un hecho escandaloso, el Estado desalojó brutalmente, detuvo y torturó a mujeres y niñes, destruyó casas y pertenencias. Sólo tras el repudio nacional e internacional, el Gobierno les propuso un “acuerdo” que, como denuncian desde la propia comunidad, hasta el día de hoy no cumple. Aquella brutalidad le costó el cargo a la entonces ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta.

El riesgo de no decir toda la verdad, es quedar al borde de la mentira.

¿Será justicia?

Graciela Salvo y Tito Nahuel esperaron, pacientemente, seis años para ver y escuchar lo que tenían para decir quienes, con las armas del Estado, les arrebataron a su hijo. Pudieron hacerlo, aunque los acusados se parapetaron detrás de una pantalla de Zoom. Por la memoria de Rafita viajaron 500 kilómetros para estar en las primeras audiencias. Pero sin ninguna ayuda económica y ante las dilaciones del Tribunal, el resto del juicio lo debieron seguir virtualmente desde Bariloche.

Tito y Graciela flaquearon al escuchar a Johana, Fausto y Lautaro contar cómo vieron caer a Rafita mientras los disparos rozaban sus propios cuerpos. Pero nunca perdieron ni conciencia ni convicción. Ahora están muy atentos a lo que pueda arrojar la sentencia, sabedores de que, pese a todas las evidencias, el Poder Judicial no deja de ser todo lo racista e injusto que es.

“Como pasó en el caso de Elías Garay (de la Lof Quemquemtrew ) es importante para las comunidades que se hagan estos juicios y se alcance algo cercano a la justicia. Ese algo incluye que los propios miembros de las comunidades puedan enfrentar a jueces y fiscales y decirles cómo sucedieron los hechos. Que se llegue a ese momento ya es muy importante. Claro que lo esperable es que haya condenas acordes a la gravedad del crimen, pero sabemos cómo actúa el sistema y no podemos descartar ninguna sorpresa”, nos dice el doctor Palavecino.

Desde la querella pidieron que, al menos, los alegatos se pudieran hacer en Bariloche. Pero los jueces se negaron. “Nos hubiera gustado que se hiciera acá para que la propia sociedad tenga la posibilidad de ver todo mucho más directamente, pero así y todo creo que pudimos hacer nuestro trabajo y demostrar la fortaleza de nuestra acusación”, comenta el abogado de la APDH .

Hace seis años Patricia Bullrich confiaba en su impunidad. Venía de bancar a la Gendarmería por su represión del 1° de agosto de 2017 en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut) que derivó en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. El cuerpo del artesano de 28 años fue encontrado en el Río Chubut el 17 de octubre en un operativo casi guionado por el juez Gustavo Lleral y la Prefectura que lo “asistía”. Tras la autopsia, la familia lo sepultó en 25 de Mayo, su pueblo natal. Fue el 25 de noviembre, el mismo día en que, 1.400 kilómetros más al sur, la misma Prefectura asesinaba a Nahuel.

Y allí también fue Bullrich. Para bancar a los albatros creó un relato según el cual sus subordinados no fueron asesinos a sueldo sino víctimas de una salvaje agresión mapuche. Como lo contamos a fines de aquel 2017, la sofisticación de su estrategia incluyó el insólito “Informe RAM”, mediocre cobertura argumental para justificar los crímenes de Maldonado, Nahuel y otros más.

Pese a ser aquellos los meses más críticos de su gestión, Bullrich zafó de ser investigada penalmente por haber dado las órdenes políticas de esas represiones. Ni siquiera tuvo que renunciar al cargo de ministra. Y hasta se encaminó a una candidatura presidencial que, de no haber sido por la aparición en escena de Javier Milei, la podría haber ungido este año como sucesora de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Suena antipático decirlo, pero está claro que sea cual sea la sentencia del Tribunal Oral Criminal de Fiske Menuco (General Roca), el miércoles 22 no habrá “justicia”. Incluso si condenan a los cinco prefectos a reclusión perpetua, haciendo caso el requerimiento de la querella. Justicia sería otra cosa, empezando por que Rafael Nahuel estuviera vivo y conviviendo con sus lamien de Lafken Winkul Mapu en el territorio ancestral apropiado por el mismo Estado que lo mató.

Pero si Cavia, Pintos, Sosa, Obregón y García son declarados culpables del “homicidio doblemente agravado” de Rafita, es muy probable que Graciela y Tito tengan un poco de paz en sus almas. Y además, al quedar en evidencia las dimensiones de este crimen de Estado, tal vez se abra una nueva etapa en la que tengan que rendir cuentas los responsables políticos de aquella represión y del posterior encubrimiento. Empezando por Patricia Bullrich y sus esbirros, claro; pero siguiendo con el resto de quienes en estos seis años contribuyeron a la impunidad.

Hasta dentro de quince días. Cuidate de la gorra. Y avisá si te enterás de algún nuevo capítulo del rati horror show. No seas botone.

Postdata 1- Este newsletter trata de crímenes y violencia. Imposible dejar de mencionar el genocidio que en Medio Oriente se está llevando la vida de miles de palestinos a manos del Estado de Israel. Tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, el sionismo se cree autorizado a masacrar inocentes, muchos niños y niñas, con la excusa de la lucha contra el “terrorismo”. Lo hace con la complicidad de gobiernos imperialistas y una comparsa de políticos, intelectuales y medios. En Argentina, desde Massa y Milei, pasando por Clarín y La Nación , ni hablan del terrorismo que aplica Israel en Gaza. Por suerte en todo el mundo cientos de miles salen a las calles a decir la verdad.

Postdata 2- Hace pocos días Marcos Levin, exdueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte , fue condenado a 18 años de prisión. Como tantos otros miembros del empresariado nacional y transnacional, durante la dictadura Levin participó en crímenes de lesa humanidad. Ya había sido condenado a 12 años de prisión por secuestro y torturas al trabajador Víctor Cobos. Ahora le suman más años por haber hecho lo mismo con otros 17 empleados. La condena se festeja, desde ya. Pero no te olvides: en cuarenta años de “democracia”, la totalidad de los mentores del genocidio se mantuvieron impunes, libres y cogobernando el país con el peronismo, el radicalismo y sus derivados patronales.

«En este enlace podés suscribirte a todos los newsletter de La Izquierda Diario» y acá es a donde tenés que ir si querés ayudarnos a sostener este proyecto. Sabemos que la cosa está difícil, pero queremos seguir independientes de las empresas y los gobiernos, por eso tu aporte es muy importante para nuestras finanzas y poder seguir adelante.

La segunda audiencia del primer juicio oral llamado La Escuelita VIII, contra funcionarios de la dictadura militar en la región se desarrolló este 3 de noviembre, en el salón AMUC de la ciudad de Neuquén.
Durante la audiencia las abogadas del Ceprodh avanzaron con la lectura de la acusación de la querella, que representan Natalia Hormazabal y Mariana Derni a la familia Ragni, Inés Rigo de Ragni, Madre de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle. Y a Oscar Ragni, quien es militante histórico en la región, por el caso de la desaparición de su hijo Oscar Ragni, el 23 de diciembre de 1976.

Te puede interesar: Neuquén: comenzó el juicio "La Escuelita VIII"

“Esperamos más de 10 años para llegar al juicio oral, estamos satisfechas de poder estar acusando a dos integrantes de la justicia federal, Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, que actuaron como juez y fiscal durante la dictadura”, dijo Natalia Hormazabal.

La abogada se refirió al desarrollo de la audiencia. “Vamos a avanzar con la lectura de la acusación de la querella, que va a consistir en mostrar que los funcionarios, en su rol de funcionarios no actuaron, cuando fueron presentadas denuncias de habeas corpus, y brindaron coberturas judiciales a cada uno de los crímenes que se cometieron. Mostrando de esta manera cual fue la actuación concreta de la cobertura judicial, permitiendo que el plan represivo se llevara adelante”.

Aclaró que “se trató de un rol específico que tenía la justicia federal en todo el país, no solo en la región. En este debate oral hay decenas de compañeras y compañeros que permanecen desaparecidos”.
También explicó cuál fue el rol de los funcionarios. “Daban un trámite meramente formal a las denuncias cuando las recibían, a sabiendas de lo que estaba ocurriendo”.

En el caso de Duarte fue integrante del Ejército, que integró desde los 12 años, ya que fue parte del Liceo Militar, hay evidencia moral y espiritual al ejército, por lo cual estaban sustanciados con el plan. “No podían desconocer lo que estaba ocurriendo en todo el país, ni en la región”. En el caso del fiscal Ortiz, él fue funcionario judicial, fue secretario del juzgado federal, “es decir que sabía específicamente lo que ocurría allí”.

“Esta cobertura judicial consistió en una acción de decidir no investigar cada uno de estos hechos, y en muchos casos inclusive hasta cobrar costas a quienes presentaban estas denuncias de habeas corpus”, enfatizó la abogada querellante.

Los imputados estuvieron conectados vía remota. En la última audiencia la querella planteó la necesidad de que estén de manera presencial, según explicaron “no hay motivo por el cual no estén. En el día de ayer conocimos una resolución del tribunal en donde la jueza Marisi hizo lugar a nuestro planteo, pero por mayoría ganó el voto de los jueces Silva y Foglia, permitiendo que hoy estén por zoom, acompañados por integrantes de la defensa”.

Indagatorias

Llegado el momento de las indagatorias a los imputados, en donde hicieron uso de la palabra, tanto Duarte como Ortiz expresaron “que los hechos que ha expresado la querella no han ocurrido, o fueron cambiados o mutilados”. “No garanticé la impunidad para nadie”, expresó Duarte.

Ortiz a su turno dijo que “teníamos habeas corpus de detenidos que no estaban en ningún lado, en todo caso si yo cometí un error, fue sostenido por mi sucesor”.

Walter Pérez integrante de la APDH habló al finalizar la indagatoria del ex juez Duarte. “Tiene un nivel de cinismo vergonzoso, porque existe suficiente prueba, documentación y testimonios que los vamos a escuchar en el transcurso de las audiencias, que acreditan que fue cómplice del sistema represivo y del plan criminal que se aplicó en Río Negro y Neuquén.

“Hizo su defensa, pero a uno le genera reacciones fuertes que las tiene que contener”, aseguró Pérez.

En la segunda audiencia también estuvo Yazmin Muñoz Sad, secretaria adjunta de Aten capital, que habló sobre la importancia de la participación en los juicios. “Creemos en la pelea por la verdad histórica, porque son 30 mil contra el negacionismo. Es la forma de señalar a las y los compañeros de cada una de las escuelas que tenemos que construir con nuestros estudiantes un presente de lucha contra la impunidad. Para que realmente haya justicia para todos los familiares y las Madres de Plaza de Mayo que son un ejemplo histórico y tenemos que seguir sus pasos”.

“Debemos educar desde el aula en Derechos Humanos, en un contexto en donde se banaliza mucho con los discursos de odio que circulan en la campaña electoral con Milei. Los chicos querían participar, les pareció muy buena la actividad, ven en concreto la realidad actual es muy importante para posicionarse y defender sus derechos”, fueron las palabras de la docente Laura Opazo, que dicta Orientación y Ciencias Sociales, y concurrió a la audiencia con el curso de la escuela del Cpem 48 de Villa Ceferino.

Conclusión de la querella

Al finalizar la audiencia Mariana Derni, abogada querellante del Ceprodh expresó que “lo que pudimos escuchar es que hasta hoy continúa la impunidad, continúa el pacto de silencio. De los dos tuvimos que escuchar, incluso con sobrevivientes y familiares en la sala, que la responsabilidad es de los sobrevivientes y de los familiares de los desaparecidos”.

“En la audiencia del 17 de noviembre, esto probablemente sea contestado nada menos que por Inés Rigo, que va a declarar, ya que su hijo Oscar Ragni, aún sigue desaparecido. Tenía 21 años cuando lo secuestraron de su casa”, relató Derni.

“Lo que hoy vemos con esta audiencia a sala llena, es que más allá de estos discursos de este sostenimiento de la impunidad, son amplísimos los sectores de la comunidad que continúan con esta pelea por Memoria, verdad y justicia y que la vamos a llevar hasta el final”, finalizó.