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La huelga no es delito: importante fallo absolutorio contra la criminalización de la protesta obrera
16 de octubre, por San Nicolás — Mundo de l@s trabajador@s, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Myriam Bregman, Sindicato de Camioneros, San Nicolás, Florencia Arietto, Mundo de l@s trabajador@s, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Myriam Bregman, Sindicato de Camioneros, San Nicolás, Florencia Arietto
El Tribunal en lo Criminal N.° 2 de San Nicolás dictó la absolución de Maximiliano Cabaleyro y trabajadores del gremio de Camioneros en la causa promovida por la patronal de Rey Distribución. Un fallo fundamental que reafirma la primacía del derecho constitucional a la huelga por sobre las pretensiones patrimoniales de las empresas y sienta un fuerte precedente contra la judicialización del reclamo laboral.
En un contexto signado por las constantes tentativas de reprimir y criminalizar el derecho de protesta, el fallo dictado por el juez Alejandro López del Tribunal en lo Criminal N.° 2 de San Nicolás sienta una posición clave en defensa de las libertades democráticas y los derechos de la clase trabajadora.
La causa, caratulada alrededor de supuestos delitos de «turbación de la posesión, coacción y extorsión», pretendía penalizar a Maximiliano Emanuel Cabaleyro junto a Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez por las medidas de acción directa e inspecciones llevadas a cabo frente a la firma Rey Distribución (San Pedro). La sentencia determinó la absolución de todos los imputados por atipicidad de la conducta, dejando asentado que los hechos investigados ocurrieron estrictamente en el ejercicio de un derecho constitucional.
El fallo resalta que lo ventilado a lo largo del debate fue un genuino conflicto laboral. Como establece el fundamento judicial, la utilización de medidas de fuerza —como la colocación de barreras humanas o la obstaculización del ingreso y egreso de transportes— no constituye un accionar delictual, sino el legítimo ejercicio del derecho de huelga amparado por los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.
El magistrado fundamentó la decisión en la causa de justificación del artículo 34, inciso 4º del Código Penal, remarcando que quien obra en el ejercicio de un derecho constitucional no comete delito. Asimismo, la sentencia recuerda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en fallos como Aquino), la cual establece una tutela constitucional preferente hacia los derechos de los trabajadores por sobre los de índole patrimonial.
En relación al fallo y a las continuas ofensivas para penalizar la organización gremial, la diputada nacional del PTS-FITU y abogada de derechos humanos, Myriam Bregman, señaló enfáticamente: “Protestar no es delito, la huelga es un derecho constitucional que conquistó la clase trabajadora con la lucha y ningún tribunal patronal ni gobierno de turno nos lo va a quitar”. Cuestionando también el rol que cumplen figuras políticas alineadas a las patronales, Bregman apuntó de forma directa contra Florencia Arietto y sus intentos de montar operaciones antiobreras en cada conflicto: “el autodenominado Movimiento Empresarial Anti Bloqueos quiso usar esta causa como propaganda política contra trabajadores y trabajadoras que protestan contra los despidos, los bajos salarios y el autoritarismo patronal. Y, tal vez, para juntar algunos pesitos... Pero, como suele ocurrir con las gorilas, Arietto perdió otra vez, aunque con un alto costo para los trabajadores que padecen estos procesos.”
Uno de los puntos más graves expuestos en los fundamentos del fallo fue la violación al deber de objetividad por parte del Ministerio Público Fiscal. Durante el juicio, quedó al descubierto que la Fiscalía ocultó e ignoró escuchas telefónicas fundamentales en las que el propio empresario (Gustavo Rey) ofrecía dinero al dirigente sindical Maximiliano Cabaleyro, oferta que fue rechazada de plano por convicciones del referente gremial. A pesar de esto, la Fiscalía desestimó el audio rotulándolo como «sin interés para la investigación» para sostener una acusación falsa y arbitraria.
El tribunal remarcó además que la justicia penal debe ser la ultima ratio del sistema legal y que pretender estirar los tipos penales del Código Penal para dirimir reclamos salariales o convencionales constituye un verdadero «despropósito» instituido para amedrentar a quienes se organizan. También la sentencia realiza una larga cita de un fallo del año 2013 donde abogados del CeProDH representaron a Carlos Ruiz, un trabajador metalúrgico de la multinacional Finning Cat que también lo persiguió penalmente.
Este fallo representa un duro revés para las patronales y los sectores políticos que buscan avanzar en la persecución judicial y penal contra los métodos históricos de lucha de la clase trabajadora. Reafirma que la huelga, las asambleas y los piquetes fabriles son herramientas legítimas frente a las arbitrariedades del poder económico.
Frente a la escalada represiva y las reformas que pretenden cercenar las libertades sindicales, la resolución judicial en San Nicolás fortalece la perspectiva de que los derechos laborales se defienden en las calles y que la movilización popular es la única garantía para frenar todo intento de criminalización de la protesta social.
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Liberaron a los cuatro detenidos por manifestarse contra el DNU 70/23
16 de octubre, por Protestar es un derecho — Edición Argentina, Libertades Democráticas, Discapacidad, Marcha Nacional Universitaria, Principal 3 Nuevo, DNU 70/2023, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Discapacidad, Marcha Nacional Universitaria, Principal 3 Nuevo, DNU 70/2023
La liberación de los cuatro manifestantes vuelve a poner en evidencia la criminalización de la protesta. Estudiantes y organizaciones de derechos humanos reclamaron por el presupuesto universitario y defendieron los fondos para discapacidad y jubilaciones.
“Protestar es un derecho, no un delito”, sostienen estudiantes que este 15 de octubre volvieron a movilizarse. Reclamaron por el presupuesto universitario y defendieron también los fondos para discapacidad y jubilaciones. Además, exigieron la anulación del DNU 70/23, al que señalaron como responsable de más atropellos.
“Lxs estudiantes y trabajadorxs tenemos derecho a rebelarnos”, decía uno de los carteles que acompañó a lxs jóvenes desde el jueves, cuando cuatro manifestantes fueron detenidos. Estudiantes y allegadxs se acercaron a la comisaría para exigir su liberación.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) acompañaron a familiares y amigxs en la puerta de la comisaría y de la fiscalía. También pusieron a disposición a sus abogadxs para integrar la defensa. Asumieron la representación legal de Alicia Espina, una estudiante universitaria de la UNTREF, y de Esteban Montalvo, 31 años, docente de Provincia de Buenos Aires.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>La plaza se convirtió en un espacio de resistencia frente a las políticas de ajuste del Gobierno, que golpean a jubiladxs, universidades y trabajadorxs, y avanzan sobre el ambiente y los bienes del país. En ese marco, la movilización defendió el derecho a protestar y denunció la violencia del accionar policial.
Mientras aguardaban para ingresar a entrevistar a lxs detenidxs, lxs abogadxs del CeProDH, cuestionaron el operativo. Afuera, decenas de familiares, amigxs y compañerxs de la universidad acompañaban y exigían la liberación de quienes habían sido detenidxs por luchar.
Protestar es un derecho, no un delito, reclaman los manifestantes.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>El gobierno NO cumple la LEY y quiere imponer un Estado Policial.
No se puede seguir así. La resistencia civil es un derecho legítimo. Y la auto-defensa, también.
HUELGA GENERAL YA https://t.co/MTprY7SYjn
— Luca Bonfante (@lucabonfante_) October 15, 2026
<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Las detenciones son arbitrarias e ilegales, que hay que seguir peleando para que se caigan. Además de Alicia, también liberaron a otro de los detenidos, Esteban que es docente. https://t.co/m48mUfPv4G
— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) October 16, 2026
<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Foto de Enfoque Rojo: Manifestación frente al Congreso para reclmar la anulación del DNU 70/23
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Hermana de Gustavo Lescano a Rafecas: "Queremos saber qué pasó con él: ¿es tan difícil de entender?"
16 de octubre, por Desaparecidos — Política, Edición Argentina, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, La Matanza, Daniel Rafecas, Haedo, 50 años del golpe de Estado de 1976, Política, Edición Argentina, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, La Matanza, Daniel Rafecas, Haedo, 50 años del golpe de Estado de 1976
Roberto Gustavo Luis Lescano fue detenido desaparecido en el año 1977, en San Justo, La Matanza. La causa confirma su paso por la Comisaría de Haedo. Su hermana denuncia que no se investigó qué pasó con el joven realmente y que la resolución del Juez federal Rafecas complica la posibilidad de llegar a la verdad y a la justicia. Compartimos la carta pública de Graciela.
Gustavo Lescano cursó parte de su secundario en el Normal de San Justo, en La Matanza, y era militante de la Unión de Estudiantes Secundarios. El 9 de febrero de 1977 fue secuestrado por efectivos de la dictadura militar en la ciudad de San Justo. Cuando fue desaparecido tenía 17 años y fue visto por última vez con vida en 1977 en el CCD comisaría de Haedo, según consta en el legajo 5129 de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
En estos momentos, su hermana Graciela denuncia en una carta pública que no están investigando, que sigue sin saber qué pasó con su hermano, que siguen sin encontrar sus restos y sin explicarme qué ocurrió durante su paso por la Comisaría de Haedo. Sostiene que la resolución del 3 de marzo de 2026 del Juez Federal Daniel Rafecas (CFP 7273/2006 ) reconoce el paso del joven por dicha comisaría, pero no responde qué ocurrió allí.
El Juez no hace más que complicar la posibilidad de llegar a la verdad y a la justicia. La Resolución da a entender que en algún caso avanzará un poco el expediente cuando presenten pruebas, que dependerá de lo que acerque o aporte alguien por ahí o la propia familia, los propios sobrevivientes a partir de la búsqueda. El juez Rafecas se desentendió del pedido de la familia de Lescano para que se investigue el caso a fondo y se juzgue, aún estando fallecidos, a los responsables de eso.
A 50 años Golpe cívico- militar, la lucha por juicio y castigo a los responsables de la desaparición de Gustavo tiene que seguir en los tribunales y especialmente en las calles. Así fue como se anuló el fallo de la corte del 2x1 y como se logró anular las leyes de impunidad. En las calles y con la movilización por Gustavo y por los 30.000 desaparecidos.
"Queremos saber como murieron, en donde están sus restos, saber que compartimos nuestro ADN con sus restos y entonces morir con algo de paz luego de tanta angustia, dolor y negacionismo. ¿Es tan difícil de entender?" sostiene Graciela en la carta que compartimos a continuación.
Carta abierta al Poder Judicial de la República Argentina
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 de octubre de 2026
Dr.: Daniel Rafecas,Juez de la NaciónDe mi consideración:
Mi nombre es Graciela B. Lescano, y soy hermana de Roberto Gustavo Luis Lescano.
Estado: Detenido/a desaparecido/a.
Fecha de secuestro. 09/02/1977.
Lugar de secuestro: SAN JUSTO. BS. AS.
D.N.I. 13.158.854
según obra en:
– Conadep 5129
– Parque de la Memoria
https://basededatos.parquedelamemoria.org.ar›Me dirijo a Usted porque he leído su conclusión referida al paso de mi hermano por la Comisaría de Haedo, especialmente al hecho de que sus responsables de entonces, han fallecido o han sido Juzgados por otras causas similares.
Entiendo lo difícil que debe ser impartir Justicia para usted y para los jueces en general, más en los casos inéditos ocurridos en nuestro país que vivimos durante la Dictadura. También me doy cuenta de que es posible, dado que no existen precedentes anteriores, sea aún más arduo llegar a una conclusión que satisfaga a los familiares de los 30.000 desaparecidos y, le explico por qué:
Porque aún comprendiendo su escrito, esperaba de su parte, otra consideración, una visión mucho más amplia y humana.
Nosotros, los familiares de secuestrados, desaparecidos, y asesinados cruelmente no entendemos de leyes. Entendemos que en algún momento nos moriremos de viejos, de enfermedades, en accidentes, pero no entendemos la vida arrebatada por genocidas, tampoco que como los comisarios o subcomisarios hayan fallecido, este sea un capítulo cerrado.
Lo primero que pienso es que los integrantes de las dependencias policiales no se mueren simultáneamente. Seguramente habrá personal de carrera de ese entonces, que tenga alguna jerarquía y algo de honorabilidad como para ser indagado e intentar conocer que sucedió durante la estadía de mi hermano allí y conocer adonde fue trasladado luego.Investigar es la parte más importante para llegar a un fallo condenatorio, pero saber que Videla murió detenido y tantos otros, por ser hallados culpables no alcanza, no se llega a la Verdad y Justicia que esperamos.
Queremos saber como murieron, en donde están sus restos, saber que compartimos nuestro ADN con sus restos y entonces morir con algo de paz luego de tanta angustia, dolor y negacionismo.
¿Es tan difícil de entender?
Creo que cincuenta años de sufrimiento son suficientes para recibir, de parte de la Justicia, un poco más de consideración, empatía e interés humano.
Esta carta sólo tiene la intención de que Usted revise el caso de mi hermano, revise la posición tomada y entienda que una respuesta judicial es mucho más que una resolución y que las familias de desaparecidos le vamos a agradecer todo lo que pueda hacer para cumplir con su deber de hacer justicia a 50 años del golpe.
Te puede interesar: [Estudiantes desaparecidos. Graciela, hermana de Gustavo Lescano: "¿Cómo pueden decir que no son 30 mil si desaparecieron familias enteras?"->https://www.laizquierdadiario.com/Graciela-hermana-de-Gustavo-Lescano-Como-pueden-decir-que-no-son-30-mil-si-desaparecieron-familias
Foto:Gustavo Lescano y su hermana Graciela
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De la mano de la Policía de Mendoza no hay seguridad para quienes luchamos
15 de octubre, por ¡Con Riili no hay garantías! — Política, Edición Argentina, Mendoza, Libertades Democráticas, Policía de Mendoza, Represión, Política, Edición Argentina, Mendoza, Libertades Democráticas, Policía de Mendoza, Represión
Repudiamos la reunión con el comisario Riili y rechazamos que se ponga la seguridad de estudiantes, docentes y manifestantes en manos de las fuerzas represivas
De cara a la movilización del 15 de octubre contra el DNU 70/23, nos preocupa que las autoridades universitarias busquen acuerdos con la Policía de Mendoza como supuesta garantía para quienes salimos a las calles a defender nuestros derechos.
Pero hay algo más grave: no se trata de cualquier interlocutor. Se trata del comisario Riili, denunciado por violencia contra nuestra compañera Liza Rule Larrea, detenida en el marco de la lucha en defensa del agua en Mendoza. Una denuncia que Ni Una Menos impulsó y que es central en nuestra pelea contra la violencia institucional y de género.
¿Qué garantías de seguridad puede ofrecer una fuerza policial encabezada por funcionarios denunciados por ejercer violencia contra quienes luchan? ¿Cómo podemos confiar en quienes tienen la responsabilidad de garantizar nuestros derechos cuando son parte de los mecanismos de persecución y represión?.
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Desde Contraimagen sostenemos una posición independiente de las instituciones represivas. No confiamos la seguridad de nuestras compañeras, estudiantes y docentes a quienes pueden convertirse en responsables de su persecución. Sabemos que nuestros derechos no se garantizan con acuerdos a puertas cerradas ni publicando en redes que exhiben como un logro la negociación con la Policía.
Nuestra experiencia demuestra que la respuesta frente a la violencia institucional no puede ser depositar la confianza en esas mismas instituciones. Por eso construimos herramientas de organización y cuidado colectivo, denunciamos los abusos y nos organizamos para defendernos entre nosotras.
No somos ingenuas: sabemos que, en cada movilización, se disputa el derecho a ocupar las calles, que existen intentos de imponer condiciones y que las autorizaciones y negociaciones son parte de esa disputa. Pero una cosa es discutir cómo garantizar una movilización y otra muy distinta es presentar a la Policía como garante de nuestra seguridad, sin cuestionar sus prácticas ni las denuncias que pesan sobre sus responsables.
Este 15 de octubre marchamos en defensa del agua, de nuestros territorios, de nuestros bienes comunes, por la aplicación de la ley de financiamiento universitario, por qué se derogue por completo el decreto 70/23 y contra el ajuste y la represión. No podemos naturalizar que quienes enfrentan esas luchas deban confiar su integridad a funcionarios policiales denunciados por violencia.
¡Basta de violencia institucional y de género!
¡Que se investiguen las denuncias contra Riili!
¡No a la criminalización de la protesta!
¡Por una movilización independiente y organizada desde abajo! -
“Transformamos el dolor en lucha”: lecciones de madres que enfrentan al gatillo fácil y la represión
15 de octubre, por Taller en Córdoba — Política, Edición Argentina, Mar del Plata, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Violencia policial, Policía Bonaerense, Brutalidad policial, Tandil, Represión, Política, Edición Argentina, Mar del Plata, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Violencia policial, Policía Bonaerense, Brutalidad policial, Tandil, Represión
En el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, familiares de víctimas, activistas y organizaciones pusieron por primera vez en pie un taller específico sobre la problemática. Asesinatos, amenazas, hostigamiento e impunidad pueblan las experiencias de lucha. Pero también la organización colectiva ante un Estado que le roba el futuro a la juventud. Y el compromiso de salir a las calles este jueves para enfrentar el DNU 70/23.
El taller fue mucho más que un espacio para compartir el dolor, las madres y familiares de víctimas de gatillo fácil y represión estatal reconstruyeron años de búsqueda de justicia, denunciaron la complicidad y las responsabilidades de las instituciones estatales y transmitieron las herramientas que fueron construyendo para enfrentar la impunidad.
La incorporación de un taller específico sobre gatillo fácil al Encuentro Plurinacional tuvo, para las participantes, un valor político: sus experiencias no son tragedias individuales ni asuntos privados, sino parte de una problemática social que requiere organización y respuestas colectivas.
“Aprendimos de las Madres y las Abuelas que nunca dejaron de pedir justicia por sus desaparecidos”, compartió una de las participantes.
La experiencia de quienes llevan años reclamando por sus hijos volvió a mostrar que la lucha no termina con una sentencia judicial: “No buscamos solo una sentencia, sino conciencia, transformamos el dolor en lucha colectiva. El poder que recuperamos pasa por construir redes,, por cómo ayudarnos entre nosotros. Hay un aparato gigante que se ocupa de romper esas redes”, expresó una de las madres.
La violencia no termina con el gatillo
Detrás de cada caso hay una historia de búsqueda, denuncias y obstáculos para llegar a la Justicia. A la pérdida de un hijo se suman, muchas veces, las amenazas, los golpes, las detenciones y el hostigamiento contra quienes se atreven a denunciar a la Policía y exigir respuestas al Poder Judicial y a los gobiernos.
Una de las madres recordó las agresiones que debió soportar mientras buscaba respuestas por la desaparición de su hijo: “Con el dolor que tenés encima, tener que responder ante mucha agresión…”. Sus palabras expusieron una violencia que no se limita al momento del asesinato de sus hijos en manos de la Policía, sino que continúa cuando las familias deciden enfrentar la impunidad.
A esa violencia se suma la discriminación de clase. Una participante contó que, cuando una familia llega a una institución para reclamar justicia y dice que su hijo vivía en Villa Lugano, puede encontrarse con una respuesta cargada de prejuicios: “Ah, villerito”, como si vivir en un barrio popular convirtiera automáticamente a un pibe en sospechoso.
Los medios de comunicación también fueron señalados por exponer la vida privada de las víctimas y reproducir versiones que buscan presentarlas como delincuentes, de esa manera, la discusión se desplaza de la responsabilidad del aparato represivo hacia la conducta, la historia personal o el lugar de residencia de los jóvenes asesinados. “Un negro menos en la villa”: esa es la lógica criminalizante de la juventud y la pobreza, frente a ella, reconstruyen quiénes eran sus hijos, qué soñaban y qué proyectos tenían. Se niegan a que sus vidas queden reducidas a un expediente judicial o a los prejuicios que pesaron sobre ellos.
Años de lucha contra la impunidad
Las historias de Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco, Lucas Verón, Brandon Romero y Rodrigo Sánchez aparecieron entre los casos que las familias compartieron para mostrar las distintas formas que puede tomar la violencia institucional y la dificultad de conseguir justicia. Los recorridos judiciales son diferentes, pero varias intervenciones señalaron obstáculos que se repiten: fiscales que desestiman los reclamos, demoras, cambios en las causas, decisiones que favorecen a los acusados y una cobertura mediática que puede condicionar la mirada social sobre las víctimas.
La madre de Rodrigo Sánchez relató la pelea que debió dar durante años y recordó que, después de reiterados obstáculos, llegó a encadenarse frente a los tribunales para exigir que la causa avanzara. “Lo que no se hizo en siete años, se hizo en doce días”, explicó al recordar esa medida.
Otra madre contó que debió enfrentarse a un discurso judicial que calificaba de “heroica” la actuación del policía acusado de matar a su hijo. El relato expuso una de las experiencias más duras que atraviesan las familias: mientras intentan conseguir una investigación seria, también deben defenderse de quienes pretenden desacreditarlas por reclamar.
Las participantes cuestionaron el entramado de relaciones entre policías, fiscales y jueces, y señalaron que la lucha por justicia no puede depender exclusivamente de esperar una respuesta de las mismas instituciones a las que denuncian. La organización, el acompañamiento de otras familias y el apoyo de organizaciones sociales y de derechos humanos aparecen como herramientas centrales para sostener las causas y evitar que queden en el olvido.
Contra la baja de punibilidad y la criminalización de la juventud
La preocupación por el futuro de las nuevas generaciones atravesó las intervenciones del taller. Las madres que luchan por justicia para sus hijos también expresaron su rechazo a las políticas que criminalizan a la juventud pobre, desde el avance de la baja de la edad de punibilidad hasta los operativos represivos en los barrios populares.
La discusión sobre el Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de punibilidad puso sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué respuesta se ofrece a una juventud atravesada por la pobreza, la falta de perspectivas y el deterioro de sus condiciones de vida? Para las familias que enfrentan el gatillo fácil, resulta imposible separar estos debates de una realidad en la que los pibes son estigmatizados por su origen social y quedan expuestos a la violencia policial.
Las madres conocen el costo de esa criminalización. Saben que sus hijos no pueden ser reducidos a una etiqueta, a un expediente o a la mirada prejuiciosa que los presenta como peligrosos. Detrás de cada pibe hay una historia, vínculos, deseos y proyectos, por eso, cuestionar la baja de punibilidad también significa defender el derecho de las infancias y juventudes a tener un futuro, en lugar de ofrecerles más castigo y encierro.
Esta misma preocupación explica el rechazo al operativo “Tormenta Negra”, desplegado por el gobierno de Jorge Macri en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Las denuncias de vecinos y organizaciones apuntaron contra la militarización de los territorios, el hostigamiento policial y la persecución de trabajadores informales, vendedores ambulantes y habitantes de las villas. La represión no aparece aislada de las condiciones de pobreza: golpea precisamente a quienes ya enfrentan mayores dificultades para sostener sus vidas.
La preocupación por la salud mental de la juventud también formó parte de esta mirada. ¿Cómo construir un proyecto de vida cuando se deterioran las condiciones materiales, se cierran oportunidades y, en lugar de garantizar derechos, se responde con persecución y amenazas? El sufrimiento de los jóvenes no puede analizarse de manera individual ni desligarse de las condiciones sociales en las que viven. Hace falta escucha, acompañamiento, acceso a la salud y espacios comunitarios, educativos y culturales, no más estigmatización.
La defensa de la juventud, entonces, no termina en el reclamo de justicia por los pibes asesinados por la Policía, también implica enfrentar las políticas que precarizan la juventud, rechazar la baja de la edad de punibilidad y exigir condiciones dignas para crecer, estudiar, trabajar y vivir. En ese sentido, las madres que transformaron el dolor en lucha colectiva plantearon una perspectiva que va más allá de sus propias historias: defender a sus hijos también es defender a quienes todavía tienen toda la vida por delante.
El 15O, a las calles contra el DNU 70/23
La discusión sobre el gatillo fácil y la represión también planteó la necesidad de enfrentar las políticas de saqueo y hambre que quiere imponer Milei y sus cómplices. En el taller se señaló la importancia de movilizarse el próximo 15 de octubre para derrotar el DNU 70/23. La convocatoria se inscribe en una pelea más amplia: enfrentar el ajuste que solo pasa con más represión. Frente a un futuro que se vuelve cada vez más incierto para la juventud, la organización y la movilización aparecen como herramientas para defender derechos y enfrentar el avance represivo.
Las familias también señalaron las dificultades económicas que implica sostener esta lucha durante años. “Muchas familias no pudieron estar presentes por falta de recursos económicos”, se comentó durante el encuentro, “viajar, acompañar una causa y mantener un reclamo requieren tiempo y dinero, además de una enorme fuerza para seguir adelante”. Por eso, construir redes de solidaridad es indispensable para que ninguna familia tenga que atravesar sola ese camino.
Sus nombres, presentes
El taller terminó con las madres nombrando a sus hijos. Después de cada nombre, resonó el grito colectivo de “¡Presente!”. En ese cierre, el recuerdo se convirtió en una afirmación política: esas vidas importan, sus historias no se borran y sus familias no aceptan el olvido.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Las madres no estaban allí únicamente para recordar a sus hijos, sino también para exigir justicia por ellos y defender a quienes siguen viviendo en sus barrios. Aun con el dolor y el desgaste de tantos años de lucha, se mostraron juntas, plantadas y dispuestas a seguir peleando.
Frente al gatillo fácil, la represión y la impunidad, dejaron una certeza: el dolor puede transformarse en organización colectiva, porque cada pibe tiene un nombre, una historia, sueños y una vida que merece ser vivida.