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Bullrich y sus "controles" en la frontera: ahora apunta a Brasil en medio de la tensión con Bolivia
28 de enero, por Plan Güemes — Libertades Democráticas, Fronteras, Patricia Bullrich, Salta, Edición Uruguay, Plan Güemes , Libertades Democráticas, Fronteras, Patricia Bullrich, Salta, Edición Uruguay, Plan Güemes
Luego del anuncio del alambrado de 200 metros en Aguas Blancas, la ministra afirmó que aumentará la vigilancia en Misiones en la frontera con Brasil. No son operativos contra el narcotráfico ni contra la trata sino contra el comercio de bienes que en los países limítrofes están más baratos.
Patricia Bullrich, en complicidad con gobernadores como Gustavo Saénz, busca reforzar el aparato represivo del Plan Güemes. En declaraciones en Radio Mitre, anunció que también apunta al control en la frontera de Formosa con Paraguay y de Misiones con Brasil. “Ahora hicimos Aguas Blancas, después vamos a ir a la Triple Frontera, que la tenemos controlada hace mucho tiempo y vamos a ir los límites con Brasil, donde tenemos un problema muy serio”, afirmó.
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La ministra respaldó al gobierno de Salta que licitó la construcción de un alambrado de 200 metros en Aguas Blancas en la frontera con Bermejo y declaró utilizar “tecnología de avanzada” para aumentar los controles. La narrativa oficial es fácil de ridiculizar pero resulta siniestra cuando recordamos que ya le costó la vida a Fernando Gómez, un bagayero de Orán, asesinado por la Gendarmería Nacional.
Bullrich y el gobierno salteño defienden la implementación del alambrado como un paso necesario para "mejorar la seguridad" y garantizarla lucha contra el “narcotráfico y el contrabando”. La medida, con una carga racista importante, ya trajo roces con el gobierno boliviano.
Este control fronterizo, más que una política de seguridad, refleja la creciente criminalización de las comunidades de frontera, que son tratadas como sospechosas permanentes, sin considerar las realidades socioeconómicas de la población. El encarecimiento de los bienes y productos en Argentina vuelve cada vez más una necesidad la búsqueda de conseguirlos en los países fronterizos con precios más baratos. El contrabando de bienes tiene sus raíces en la carestía de vida y en la falta de otras oportunidades laborales como denuncian los bagayeros de Orán.
Sobre este tema, Bullrich se limitó a decir que la cuestión del cambio y la moneda “ es muy compleja y de un día para otro se da vuelta”. Lo cierto es que son las políticas económicas del gobierno las que aumentan la brecha de precios efectivos con los países limítrofes. Aún sabiendo que es ilegal, cientos de personas se juegan la vida para darles de comer a sus familias. Pero esta terrible situación también muestra las contradicciones discursivas del gobierno que dice querer un estado mínimo y que el mercado se regule solo.
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Un gobierno que asumió con la promesa de bajar impuestos en nombre de la libertad, criminaliza a quienes solo buscan el “mejor precio en el mercado”. Para millonarios como Galperín la evasión de impuestos no solo es tolerada sino incluso celebrada, pero cuando son las poblaciones más vulnerables las que buscan alimentos y ropa, el control represivo aumenta y se difunde bajo la bandera de “protección nacional”. Lo que queda de manifiesto es el carácter clasista de la libertad que promulga el gobierno.
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Criminalizar a los más pobres: Sáenz y Bullrich quieren poner un alambrado en la frontera con Bolivia
27 de enero, por En modo Trump — Política, Salta, Libertades Democráticas, Bolivia, Gustavo Saénz, Plan Güemes , Política, Salta, Libertades Democráticas, Bolivia, Gustavo Saénz, Plan Güemes
El cerco fronterizo propuesto por el gobernador peronista de Salta alimenta la criminalización contra los sectores más humildes de la clase trabajadora, que viven del comercio a través de la frontera.
El gobernador peronista de Salta, Gustavo Sáenz, con el aval de Patricia Bullrich, busca instalar un cerco fronterizo en la localidad de Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia. Este proyecto, que implicaría construir un cerco de 200 metros de alambre, tiene como objetivo declarado “combatir el contrabando” y la “migración ilegal" en esta región del norte argentino.
La propuesta ya despertó la respuesta del gobierno de Bolivia, que señaló que las cuestiones fronterizas deben ser abordadas mediante el diálogo y la cooperación entre los Estados, rechazando acciones unilaterales como la que impulsa la parte argentina. La Cancillería de ese país subrayó que buscará aclaraciones por los canales oficiales.
El proyecto de cerco esta lejos de ser una solución a los problemas planteados por ambos gobiernos. Más bien, es otra muestra de los intentos de criminalizar a los sectores más pobres de la clase trabajadora en esa zona, cuyas fuentes de ingresos están en el comercio que pasa a través de las frontera.
Saenz y Bullrich como Trump. El plan Güemes trajo represión y la muerte de Fernando Gomez y otros trabajadores heridos. Quieren resolver la problematica de la falta de trabajo con un alambre. pic.twitter.com/9lh5i4Z7Iq
— Daniela PlanesS (@DaniPlanesS) January 27, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Esta acción se enmarca en el "Plan Güemes", diseñado por Patricia Bullrich y apoyado por el gobernador Sáenz, un amigo y ex aliado de Sergio Massa. El plan reforzó la militarización de las fronteras, lo que llevó a hechos represivos y de violencia estatal contra trabajadores. El más resonante fue el que llevó al asesinato de Fernando Gómez por parte de la Gendarmería.
El joven trabajador bagayero perdió la vida el 18 de diciembre pasado, en el marco de una represión que, además, dejó otros trabajadores heridos. La familia de Fernando, junto con organizaciones sociales y de derechos humanos, exige justicia por el asesinato. En esa provincia se inició una campaña que busca impedir la impunidad en el caso.
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Realizan Festival en apoyo a los trabajadores del Sitio Virrey Cevallos
25 de enero, por Sin trabajadores no hay Memoria — Política, Mundo de l@s trabajador@s, Libertades Democráticas, Despidos, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Sitio de la memoria, Secretaria de Derechos Humanos, Política, Mundo de l@s trabajador@s, Libertades Democráticas, Despidos, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Sitio de la memoria, Secretaria de Derechos Humanos
Este sábado, cientos de personas están pasando por Virrey Cevallos 630 en el barrio de Monserrat. Llevan su solidaridad a la pelea que están dando contra los despidos y el cierre. Una muestra de la respuesta que despertó el negacionismo del gobierno de Milei con su intento de vaciamiento de estos espacios y el ataque a la Secretaría de DDHH.
Este sábado 25 de enero, se realiza el Festival en defensa de Cevallos “Arderá la memoria”, impulsado por la Mesa de Trabajo y Consenso de Virrey Cevallos, un espacio donde los trabajadores del sitio y un conjunto de organizaciones vienen desarrollando actividades desde hace años en el Espacio de Memoria.
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Cientos de personas se acercaron a Virrey Cevallos 630 en el barrio de Monserrat, desde las 16 y durante toda la tarde, para sumar su apoyo a la pelea contra los despidos. Una muestra de la respuesta que despertó la política negacionista del gobierno con su intento de vaciamiento de estos espacios y el ataque a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.
✊? Cientos se acercaron al Festival en defensa de los Sitios de Memoria, en el Ex Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos. ¡Sin trabajadores no hay memoria!
Participan también @myriambregman, @Barry__Ale y @chipicastillo pic.twitter.com/l3UkBieA2H
— Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) January 25, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Trabajadores de otros sectores en lucha como el Bonaparte, familiares y militantes de Derechos Humanos, Asambleas barriales, colectivos de jubilados en lucha, distintas organizaciones políticas, sociales, de DDHH, sindicales, estudiantiles referentes de distintas agrupaciones, y mucha gente suelta abrazan esta pelea que implica no solo rechazar los despidos sino el intento del gobierno de avanzar con la impunidad de los genocidas y avalar la represión pasada y actual.
Sin trabajadores no hay memoria. La lucha continua. Enorme festival en el sitio Virrey Cevallos. Quienes estuvimos presentes afirmamos un fuerte compromiso de continuar la lucha por memoria, verdad y justicia, reafirmando que el negacionismo no podrá borrar estos lugares! pic.twitter.com/FE4zNKpfC7
— Federico Puy (@fedepuy) January 25, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>El gobierno de Milei viene intentado llevar a cabo el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, anunciando miles de despidos entre fines del 2024 y el comienzo de este año. Estos despidos implican, en casos como el de Cevallos, el peligro de cierre porque los trabajadores a los que no echaron oficialmente no les garantizan la continuidad. En otros casos el gobierno fue por el cierre directamente como en el Centro Cultural Haroldo Conti.
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Salta: lanzaron campaña por justicia por Fernando Gómez, joven asesinado por la Gendarmería
23 de enero, por No puede haber impunidad — Política, Salta, Libertades Democráticas, Patricia Bullrich, Gustavo Saénz, Represión, Política, Salta, Libertades Democráticas, Patricia Bullrich, Gustavo Saénz, Represión
Organizaciones sociales, políticas, de mujeres, disidencias sexuales y de izquierda se reunieron este jueves en Salta Capital. Definieron lanzar una campaña por justicia para el joven bagayero y los heridos tras la brutal represión del pasado 18 de diciembre, al calor del plan Güemes de Bullrich y Sáenz.
Este jueves por la mañana distintas organizaciones se reunieron en el centro de la ciudad para pedir justicia por el joven bagayero asesinado hace un mes tras la brutal represión ordenada por la justicia, tras el pedido de Patricia Bullrich y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. A tan solo 9 días del lanzamiento del Plan Güemes en la frontera.
Luego de la conferencia de prensa brindada por el abogado de la familia de Fernando Gómez, integrantes de la Asociación de DDHH Lucrecia Barquet, Red por la defensa de los Derechos Humanos, La fuerza de las mujeres, Lxs Fierxs de abya Yala Lesbianas Antiracistas Anticapitalistas, Pan y Rosas, Rebelión popular Facundo Molares, el CEPRODH de jujuy y los partidos integrantes del Frente de Izquierda en la provincia se reunieron y, luego de un rico debate, definieron lanzar una campaña por "Justicia para Fernando Gómez" y los heridos de bala de la Gendarmería, y por el "Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de su asesinato".
En las próximas semanas armarán una declaración desde los organismos de derechos humanos que se solidarizan e impulsarán una colecta solidaria económica para aportar a la familia de Fernando. Van a llevar adelante, además, actividades en la plaza 9 de julio el 18 de febrero, cuando se cumplan dos meses de este crimen de estado, y proyectar en la U.N.Sa. el documental “Morir en Oran” cuando esté abierta la universidad.
Además, llaman a sumarse a otras organizaciones a la campaña por justicia, para que este caso no quede impune.
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La militarización del país y los llamados al “diálogo” de Maduro
22 de enero, por Represión — Internacional, Libertades Democráticas, Edición Estado Español, Nicolás Maduro, Represión en Venezuela, Edición México, Edición Uruguay, Edición Venezuela, Política Venezuela, FANB, Edición Costa Rica , María Corina Machado, Internacional, Libertades Democráticas, Edición Estado Español, Nicolás Maduro, Represión en Venezuela, Edición México, Edición Uruguay, Edición Venezuela, Política Venezuela, FANB, Edición Costa Rica , María Corina Machado
Para este 22 y 23 de enero, el gobierno de Maduro ha anunciado un nuevo salto en la militarización del país bajo el pretexto de ejercicios militares, luego de hacer llamados a inicio de unos diálogos con los sectores políticos que le son afines y económicos. Endurece su gobierno y busca una fachada "democrática" tras su imposición fraudulenta el pasado 10 de enero.
En el marco de la militarización del país, el ministro de Defensa, Padrino López, anunció un despliegue los días 22 y 23 de enero con el supuesto fin de hacer "inexpugnables" las ciudades y fronteras del país, ante las "amenazas y agresiones" dentro y fuera del territorio nacional, un “ejercicio popular-militar-policial se ejecutará con un nivel superlativo en lo estratégico, operacional y táctico”. Enfatizó que se pondrán en práctica "operaciones que garanticen la defensa militar y el orden interno del país, asegurando el funcionamiento de los servicios básicos y la seguridad de instalaciones estratégicas".
Es más que sabido que estos despliegues militares y de los cuerpos represivos del Estado llegan para quedarse, avanzando en la militarización del país y en el mayor control policial-militar que ha venido funcionando como un despliegue disuasivo armado que ensaya el gobierno desde hace un par de meses en las calles, acentuándose semanas antes de su asunción fraudulenta el pasado 10 de enero. Maduro quiere seguir demostrando que tiene el control militar y de la situación política del país.
Las Fuerzas Armadas realizan este gran despliegue nacional junto a todos los cuerpos represivos del Estado como la temida DGCIM (contrainteligencia militar), la Guardia Nacional y la Policía Nacional, y cuando habla que lo hace “junto al pueblo”, no se trata más que grupos parapoliciales y otros civiles armados. Una vez más se pone en el primer plano a la corporación militar y policial, con la disuasión, contención y represión, ante el vacío de apoyo popular, a sabiendas que están atornillados en el poder gracias al estamento militar.
Entre más está vaciado de apoyo, más es el entroncamiento del aparato represivo para sustentarse. Por eso la represión no cesa, y las detenciones por razones políticas no han parado, que se suman a los más de mil quinientos presos. En los días previos de la imposición del nuevo mandato de Maduro, varios dirigentes sindicales y trabajadores activistas fueron detenidos, así como dirigentes políticos, entre ellos Juan Valor, ex dirigente sindical de Sidor, Enrique Márquez, del partido Centrados, y el hostigamiento por funcionarios policiales a dirigentes como Juan Barreto, como también María Alejandra Díaz.
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A la par de esta militarización y tras su asunción blindada Maduro ha realizado sus llamados al diálogo “nacional” a sectores políticos y económicos del país, como parte de un libreto que ya es crónico cada vez que refuerza su carácter autoritario y represivo, y más aún ahora, luego de la imposición de su gobierno de facto. Incluso ya ha anunciado la celebración de diez elecciones y “consultas populares” y hasta un proceso constituyente, pero eso sí, con aquellos que lo reconozcan como “legítimo” gobierno del país.
Una convocatoria a “todos los sectores económicos, políticos e ideológicos, culturales y sociales del país a un gran diálogo incluyente”. Un primer encuentro se realizó el pasado martes 14 de enero en la Asamblea Nacional, donde se reunió un grupo de partidos políticos con la Comisión Especial para la Revisión de las Normas y Leyes sobre los Procesos Electorales y los Partidos Políticos, “con el objetivo de establecer las fechas, procesos y escenarios de los comicios de 2025”.
Se trata de un paquete ya previamente anunciado por Maduro, de la realización de un total de diez procesos electorales, entre ellos un referéndum constitucional, comicios legislativos, elecciones de autoridades municipales y de “seis consultas populares nacionales”. partidos de la oposición patronal que colaboracionista con el gobierno, que cohabita subordinada al PSUV y le avala la casi totalidad de sus actuaciones -incluyendo la represión política y la política económica totalmente favorable a los intereses del capital-, muchos de los cuales vienen de ser intervenidos judicialmente por el Ejecutivo Nacional. Se sabe que el cronograma de las mismas ya está definido, siempre a conveniencia del gobierno.
Tras su imposición fraudulenta y el asentamiento de su régimen dictatorial estas convocatorias no se tratan más que un intento de lavado de cara, difícil de sostener. Este mismo 21 de enero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que definió la fecha de convocatoria de la primera de las tres elecciones que deben realizarse en 2025, aunque no definió si serían las regionales, municipales o parlamentarias. No es casualidad que hayan decidido separar los comicios regionales y municipales que ya lo había también anunciado Maduro que a él “le gustarían así”, que por lo general se convocan en un mismo proceso. Se trata de mantener un ambiente electoral durante todo el año.
Faltan los encuentros con los sectores económicos, en el marco de los llamados cinco diálogos. De allí ya se sabe también lo que saldrá, y no será otra cosa que la continuidad de la aplicación de los severos planes económicos que se han venido aplicando contra el pueblo, y a favor de garantizar las ganancias de las grandes cámaras empresariales e incluso de las transnacionales. Este diálogo no se ha convocado aún, a la espera de cuáles serán las medidas hacia Venezuela del gobierno de Trump que acaba de asumir este 20 de enero, si avanzará en más sanciones económicas como la suspensión de las licencias a las grandes petroleras estadounidenses como la Chevron, pero también las europeas, como la Repsol, entre otras.
En un país militarizado y un régimen de gobierno fraudulento nada puede esperarse de estos diálogos. Por su parte María Corina Machado ha vuelto a su incansable llamado a los militares para que le saquen el apoyo a Maduro, siempre el apelo al ruido de los sables. Como hemos dicho, se trata de otro de los bandos reaccionarios, con sus planes agresivos económicos capitalistas, que ahora sientan sus esperanzas con la llegada de Trump a la Casa Blanca, y atienda a sus llamados intervencionistas.
Ante este escenario es necesaria una perspectiva política propia como clase, una política ante la cuestión democrática y ante los problemas sociales y nacionales, que exprese independencia política de la clase trabajadora, que plantee un programa desde los intereses de las y los trabajadores. Evitar que nuestra clase solo tenga como alternativas políticas aquellas que expresan los intereses de clase de quienes nos pisotean, de los grandes capitales de cualquier origen geográfico y de los ricos de este país, sean los nuevos o los de vieja data. Somos acérrimos antiimperialistas, por eso hemos rechazado siempre y seguimos rechazando las sanciones imperialistas, la confiscación de bienes y toda agresión o amenaza imperialista.
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Foto: Prensa presidencial
