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Los rostros del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” que seguimos llevando como bandera
18 de marzo, por 50 años del Golpe Genocida — Política, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ), Corriente Nacional 9 de Abril, Joaquín V. González, Estudiantes terciarios, Política, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ), Corriente Nacional 9 de Abril, Joaquín V. González, Estudiantes terciarios
Se trata de a quienes detuvieron-desaparecieron del ISP. “Dr. Joaquín V. González” durante la última dictadura cívico-militar. Este año, en el contexto de un gobierno abiertamente negacionista del genocidio, la movilización se realizará por primera vez con las baldosas ya colocadas en su memoria, constituyendo un nuevo hito colectivo contra la impunidad de ayer y de hoy. Son 8 rostros, pero seremos millones los que saldremos a las calles.
Como ya fuera publicado por primera vez en este diario en 2018, la investigación “Represión y desapariciones durante el terrorismo de Estado (1973-1983). El caso de los desaparecidos del ISP. Dr. Joaquín V. González” permitió ampliar de 3 a 7 los estudiantes y egresades registrados en el profesorado que fueron detenides – desaparecides en el período que comprende desde la redacción del “Documento Reservado del 1° de Octubre de 1973” elaborado por el Consejo Superior Peronista hasta el retorno constitucional en 1983. Posteriores averiguaciones y contrastaciones posibilitaron identificar una octava víctima, Patricia Dina Palacin Robert, quien se encontraba embarazada de 3 meses al momento del secuestro.
Este 24 de Marzo se cumplen 50 años del último Golpe genocida en nuestro país, pero el primer año en que quienes marchemos desde las puertas de Ayacucho 632 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplemos en la vereda las Baldosas por la Memoria con cada uno de los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado del ISP. “Dr. Joaquín V González”. Ser millones en las calles manteniendo vigentes las consignas “ni Olvido, ni Perdón ni Reconciliación” es el mejor homenaje que hoy les podemos hacer.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Se logró identificar así, en orden cronológico según su fecha de detención – desaparición, a: Valentina Noemí Keheyan (21 años, estudiante de Historia), Gustavo José Pasik (19 años, estudiante de Historia) Carlos Alberto Gudano (29 años, graduado de Geografía) Jorge Antonio Cappello (32 años, estudiante de Química), José Gabriel Voloch (27 años, estudiante de Historia), Patricia Dina Palacin Robert (25 años, graduada de Psicología), Alberto Aníbal Anchepe (22 años, estudiante de Psicología) y Jorge Marcelo Dyszel (21 años, estudiante de Cs. de la Educación). Una característica que comparten todas las víctimas hasta el momento es el modus operandi en sus detenciones, realizados en sus domicilios particulares a la medianoche o madrugada, por parte de varias personas armadas que en varias ocasiones se movilizaban en Ford Falcón y que, en algunos casos, incluyeron la detención-desaparición de familiares o parejas.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Desde la agrupación estudiantil – docente “9 de Abril” y el PTS al realizar esta investigación combatimos la construcción de una idea artificiosa y naturalizada que entendió al profesorado como una “isla” ajena a la situación nacional. Aunque con clara diferencia de la represión desplegada en secundarios y universidades de todo el país, podemos afirmar que existió represión al interior del ISP. “Dr. Joaquín V. González” que en esos años se hallaba en Av. de Mayo 1396. No descartamos la aparición de nuevas víctimas pero entendemos como medida mínima e imprescindible la apertura y difusión irrestricta de todos los archivos estatales y eclesiásticos del período del Terrorismo de Estado (1974 - 1983).
Te convocamos a marchar con la agrupación docente - estudiantil “9 de Abril” y el PTS, junto a todas las organizaciones que reivindicamos la independencia política del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en una columna que pueda leer su documento en la Plaza, como todos los años: una marcha, dos documentos. Un documento independiente es más necesario que nunca frente a la traición abierta de casi toda la dirigencia sindical frente a la reforma laboral. Es necesario sacar las conclusiones de cómo se llegó al 24 de marzo de 1976, el rol del gobierno de Isabel Martínez de Perón, el Operativo Independencia en Tucumán y de las bandas parapoliciales de la CNU y la Triple A, la responsabilidad directa de los grandes empresarios, el imperialismo norteamericano y la complicidad de la cúpula de la Iglesia Católica.
Quienes luchamos en las aulas y en las calles por una educación para otra sociedad, no podemos desligar la lucha por cárcel común y efectiva a todos genocidas y sus cómplices civiles y eclesiásticos, de las luchas contra las brutales medidas de ajuste de Javier Milei y los gobernadores provinciales peronistas y radicales, de derogar la reaccionaria (contra) Reforma Laboral y de detener inmediatamente las pretensiones imperialistas de Estados Unidos e Israel contra Irán, Cuba y el resto de naciones oprimidas, como ya vimos con Venezuela.
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Juicio 1 y 60: solicitaron perpetua para genocidas que actuaron en La Plata
18 de marzo, por Lesa Humanidad — Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Lesa humanidad, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Crímenes de lesa humanidad, 50 años del golpe de Estado de 1976, Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Lesa humanidad, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Crímenes de lesa humanidad, 50 años del golpe de Estado de 1976
La querella de Justicia Ya! cerró el alegato de la parte acusadora en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en tras centros clandestinos de la ciudad de La Plata. Con un alegato profundamente político, la querella hizo un racconto histórico y pormenorizado del plan sistemático de exterminio contra trabajadores y estudiantes. A días del 50° aniversario del golpe genocida, se renueva el pedido de cárcel común y efectiva para todos los responsables.
En la historia, medio siglo puede ser apenas un destello de tiempo. Sin embargo para quienes fueron víctimas directas del terrorismo de Estado, para aquellos que sobrevivieron al horror, para familares de detenidos y detenidas desaparecidas, para los y las nietas cuya identidad les fue robada, 50 años es un largo e interminable proceso de memoria, verdad y justicia.
Este proceso de lucha incansable llevó a que el 18 de mayo de 2023 comience el juicio contra 18 genocidas por sus crímenes en los centros clandestinos “ 1y 60 ”, “Comisaría 2da. y “Comisaría 8va". Tres centros clandestinos que poco se conocen y se encuentran en pleno caso urbano de la ciudad de La Plata y en actividad de las fuerzas de seguridad.
Días atrás culminaron los alegatos presentados por la parte acusadora. En esta oportunidad, las abogadas Pía Garralda y Carolina Vilchez, integrantes de la querella Justicia Ya! fueron los encargados de cerrar los alegatos. Todos coincidieron en el pedido de prisión perpetua para los imputados.
El exoficial de Inteligencia del Regimiento 7 de Infantería, Jorge Alberto Crinigan, y sus excamaradas el exoficial de Operaciones Ismael Ramón Verón; el exjefe de la Compañía A, Lucas Marcelo Castro; y los exoficiales de Personal Enrique Francisco Welsh y Rubén Vicente Sánchez; el exoficial de Logística Enrique Armando Cicciari; los expolicías bonaerenses Claudio Rubén Mejías, Tomás D'ottavio y Raúl Ricardo Monzón, quienes se desempeñaron como oficiales en las instalaciones de 1 y 60; los exoficiales del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale; y los civiles Carlos Ernesto Castillo, integrante de la CNU, y Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. También estaba acusado el excabo primero de la Policía Federal Carlos Hugo Leguizamón, pero falleció durante el juicio.
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Justicia Ya! solicitó la pena de prisión perpetua de cumplimiento efectivo para los imputados por encontrarlos coautores del delito de Genocidio, ya que fue demostrado, una vez más, que los delitos cometidos “son parte de un plan sistemático de exterminio parcial del grupo nacional argentino, contra una generación militante, de activistas y luchadores, al que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar regresivamente la estructura del país; disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora; esto a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas”.
Un plan de exterminio que no comenzó en marzo de 1976, haciendo referencia a la escalada represiva adelante durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón con las organizaciones paraestatales como la Triple A y la CNU, en el marco de un avance imperialista en la región contra el ascenso revolucionario que crecía en América Latina. No es casual que más de la mitad de las víctimas del juicio fueron trabajadores y trabajadoras de fábricas del cordón industrial de la provincia de Buenos Aires: Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, SIAP, YPF, Frigorífico Swift, entre otros.
Ajuste y represión, la continuidad de un plan económico que hoy el gobierno negacionista de Milei lleva adelante con reformas estructurales regresivas contra la clase trabajadora y el pueblo pobre. En este sentido se señaló el desmantelamiento y cierre de espacios de suma importancia para llevar adelante estos juicios: Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, el cierre de la Mesa sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos. El desfinanciamiento de los sitios de memoria con el despido de más de la mitad de sus trabajadores. Se estableció que los ministerios de Defensa y Seguridad no aporten legajos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a la (CoNaDI) en los expedientes administrativos donde se investiga el destino de niñas y niños apropiados. Se modificó por decreto el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y se eliminó la Unidad Especializada de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, quedando aún pendiente la restitución de la identidad de alrededor 300 hijos e hijas.
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En el marco del negacionismo que sostien el gobierno, el alegato destacó el nombramiento de Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa, hijo del genocida Roque Carlos Presti, quien como jefe del Regimiento de Infantería 7 de La Plata en dictadura, fué responsable entre otros hechos del ataque a la Casa de la Calle 30 donde es apropiada Clara anahí con tres meses de edad
En este sentido, la querella sostuvo que la impunidad biológica de la que gozan los genocidas tiene su contracara con el fallecimiento de sobrevivientes y familiares, teniendo en cuenta que estamos frente a un delitos cometidos hace 50 años, en un juicio que lleva tres años. Por lo que exigieron se revoque la prisión domiciliaria de la que son beneficiados varios de los imputados imponiendo la prisión efectiva en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.
Asimismo sostuvieron, como lo hacen desde el retorno de los juicios la exigencia de juzgamiento a los responsables civiles del genocidio que gozan de gran impunidad y siguen beneficiándose hasta nuestros días. “Son esos mismos sectores impunes los que propician y se benefician con este plan económico de pobreza, precarización y sumisión ante las recetas impuestas por el FMI, salarios estancados, jubilaciones de miseria, y el saqueo de nuestros recursos naturales”.
Para finalizar y a pocos días cumplirse 50 años del golpe genocida recordaron con profunda emoción a los compañeros y compañeras que dieron su vida para que estos juicios se lleven adelante.
“Adriana Calvo, constructora de los Trabajos de Reconstrucción de Datos con los cuales, ante la falta de investigación del Estado, pudimos llevar adelante parte de estos juicios. Adriana, al igual que Nilda Eloy y Cachito Fukman, el Turco Sobrado y Patricia Chabat marcaron el camino en la lucha por el Juicio y Castigo a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros y compañeras.
Expresamos, a la vez, que la lucha inconmensurable de la querida Norita Cortiñas, Mirta Baravalle y Chicha Chorobik de Mariani, es también parte indisoluble de la construcción de estos juicios y reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por encontrar a Clara Anahí Mariani Teruggi, a Victoria Petrakos Castellini- hermana de nuestra compañera Clara Petrakos-, al igual que a los más de 300 jóvenes que fueron apropiados durante la dictadura y aún desconocen su identidad”.
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.
NO A LAS EXCARCELACIONES Y DOMICILIARIAS.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.
SON 30.000, FUE GENOCIDIO.
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Comenzó el juicio oral por la Masacre de Calle Corro, los genocidas en el banquillo de los acusados
18 de marzo, por Memoria, verdad y justicia — Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Rodolfo Walsh, Patricia Walsh, Masacre Calle Corro, Bloque3 A3 2, Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Rodolfo Walsh, Patricia Walsh, Masacre Calle Corro, Bloque3 A3 2
Representando a la querella de Patricia Walsh y Lucía Coronel, las abogadas Myriam Bregman, Lilen Reyes y Charly Platkowski participaron de la primera audiencia, que finalmente se llevó a cabo de manera virtual, rechazando el pedido de presencialidad formulado por las querellantes.
El juicio oral aborda la Masacre de Calle Corro, en la que fueron asesinados Vicki Walsh, José Coronel, Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán e Ismael Salame, y resultaron secuestrados cinco integrantes más, incluyendo a la hija de Vicki, de apenas un año y tres meses.
Los imputados son seis oficiales y suboficiales: Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González Ramos, exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Cuerpo I del Ejército, responsables del operativo ilegal en la casa de la calle Canónigo Miguel Calixto del Corro 105, en Villa Luro, Ciudad de Buenos Aires.
Llegan a juicio los 6 acusados, porque en el día de ayer el Tribunal resolvió que Danilo González Ramos sea declarado capaz para defenderse en juicio. El ex Capitán del Ejército en el Grupo de Artillería 101 de Ciudadela fue visto por conscriptos ingresando a los tiros a la casa de Corro. Sus defensores plantearon durante años que era mentalmente incapaz. Tanto los peritos del Cuerpo Médico Forense, del Ministerio Público Fiscal, como los peritos de las querellas particulares, Adriana Taboada y Ariel Rossi, consideraron que simulaba en cada evaluación para salvarse del juicio.
En esta primera audiencia, destinada principalmente a la lectura de las acusaciones y delitos que se imputan y la declaraciones declaración de los acusados, que en su mayoría se abstuvieron de hacerlo por recomendación de sus abogados, remitiéndose a las declaraciones contenidas en la causa.
Por la parte querellante, la Dra. Lilen Reyes, integrante junto con Myriam Bregman, Cristina Fau y Carlos Platkowski del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, formuló dos solicitudes al tribunal:
En primer lugar, la revocación de la prisión domiciliaria de los acusados y su traslado a un penal federal. Argumentó que, tratándose de delitos de lesa humanidad, la permanencia en domicilio incrementa los riesgos procesales, incluyendo la obstrucción de testigos, intimidaciones y fuga, especialmente ante la proximidad del juicio y la expectativa de pena. Citó como ejemplo el caso de Jorge Julio López, que evidencia la necesidad de medidas de control.
En segundo lugar, la realización de las audiencias de manera presencial, destacando su relevancia para la participación pública, la memoria histórica, la obtención de verdad y justicia, y la interacción directa con el tribunal y el Ministerio Público. Señaló que la virtualidad limita estos derechos fundamentales, especialmente en el contexto de los 50 años del golpe y de los crímenes cometidos en la casa de la calle Corro.
La sesión fue seguida de manera virtual por mas de cien personas, entre los que se encontraban familiares y organismos de Derechos Humanos. La sola enumeración da cuenta de la importancia que reviste este caso y la lucha contra la impunidad y la represión a 50 años de la dictadura militar: Asociación ex Detenidos Desaparecidos; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Centro de estudios legales y sociales; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; CEPRODH; SIPREBA; Hermanas de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia; HIJOS CABA; Hijos por la Memoria y Mesa de la Memoria de Lanus; Comisión de Vesubio y Puente 12. También siguieron la audiencia: Victoria Montenegro, nieta recuperada; Alejandrina Barry, hija de desaparecidos; Maria Laura Bretal, ex detenida desaparecida; Marta Ungaro, hermana de Horacio Ungaro, desaparecido de La Noche de los Lápices; Guadalupe Godoy, abogada defensora de crímenes de lesa humanidad; Margarita Cruz, ex detenida desaparecida; Margarita Noia de Hermanos y Secretaria de DDHH de CTA Capital y Andrea Robles, hija de un militante asesinado por la Triple A, entre otros que vamos a ir nombrando y que le haremos llegar al tribunal.
Un dato central de esta audiencia fue la calificación del asesinato de Vicki Walsh, considerado por la instrucción como tentativa de homicidio, dado que la reconstrucción indica que Victoria se suicidó. Para la querella, se trata claramente de un homicidio agravado, ya que fue empujada a esa decisión mientras se intentaba ejecutar la práctica genocida de la dictadura de torturar a los bebés para obtener información de sus padres.
La segunda audiencia quedó fijada para el 1° de abril a las 9 horas.
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Dan a conocer los nombres de las 12 personas identificadas en la fosa común de La Perla
18 de marzo, por A 50 años del golpe — Córdoba, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Córdoba setentista, La Perla, Córdoba, A 50 años del Golpe, 50 años del golpe de Estado de 1976, Córdoba, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Córdoba setentista, La Perla, Córdoba, A 50 años del Golpe, 50 años del golpe de Estado de 1976
Fue este miércoles en los Tribunales Federales de Córdoba mediante una conferencia de prensa en la que participaron el Juez Vaca Narvaja, a cargo de la causa, y familiares de las victimas de ese campo de concentración. La identificación se logró gracias al trabajo del Equipo de Antropología Forense.
Si bien la identificación se había confirmado hace una semana, se espero que fueran notificadas las familias de las y los detenidos desaparecidos. De hecho, uno de los grupos familiares optó por mantener en reserva la identidad de una de las victimas.
Los trabajos se realizaron a cabo en la zona conocida como "Loma del Torito", ubicada en la reserva militar alrededor del cuartel de La Perla. Dicho cuartel, en el camino entra Córdoba y Carlos Paz, fue el campo de concentración más grande del interior del país durante la última dictadura cívica-militar.
Los nombres conocidos este miércoles fueron los de Carlos Alberto D'Ambra Villares del PRT-ERP, cuyos padres se convirtieron en algunos de los referentes más importantes de los organismos de Derechos Humanos de Córdoba. José Nicolás Brizuela, militante del PC y del Sindicato de Luz y Fuerza. Alejandro Monjeau López, secuestrado a sus 21 años y militante de la Juventud Universitaria Peronista. Sergio Tissera Pizzi, que contaba con 33 años al momentos de su secuestro en abril de 1976. Elsa Mónica O´Kelly Pardo también secuestrada en Abril de 1976 con 18 años, estudiante de Arquitectura y militante de la Juventud Guevarista.
Estos nombres se suman a los que se habían conocido a través de los mismos familiares días atrás que son los del abogado Eduardo Valverde, de los militantes del PC Oscar Omar Reyes (Obrero de Fiat) y Ramiro Bustillo. Mario Alberto Nivoli, militante de la JUP de 28 años y Raúl Ceballos Cantón militante de Montoneros y obrero de Materfer, secuestrado en Agosto de 1976.
También se identificó a una de las mellizas Carranza, oriundas de San Francisco, militantes del PRT y secuestradas a sus 18 años. Debido a que comparten el mismo ADN no se pudo dilucidar si se tratan de los restos de Cecilia o Adriana Carranza. Sobre este caso, sus sobrinas señalaron en declaraciones radiales que "encontramos los restos de Adriana o Cecilia, y seguimos buscando a Adriana o Cecilia".
En declaraciones a La Nueva Mañana el nieto de Oscar Reyes, Santiago Reyes, afirmó que "Estamos muy agradecidos con los antropólogos, por el trabajo que hicieron todo este tiempo. Es un alivio saber, después de tanto tiempo, qué pasó con él y poder cerrar este ciclo como familia que, la verdad, nos afectó bastante"
En tanto, el hijo de José Nicolás Brizuela recordaba cuando lo buscaba siendo niño en Plaza San Martín con su pancarta y señaló que “Ahora, es como decir: volvió mi papá”.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Estos hallazgos se producen en las semanas previas a un nuevo aniversario del golpe de 1976, que será recordado con una movilización que se espera sea masiva con la particularidad de estar frente a un gobierno negacionista. La represión de la dictadura de Videla tuvo una especial saña en Córdoba, que luego del Cordobazo se había convertido en un importante centro de agitación política en fábricas, lugares de trabajo, escuelas y facultades.
Foto: SRT
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Graciela, hermana de Gustavo Lescano: "¿Cómo pueden decir que no son 30 mil si desaparecieron familias enteras?"
18 de marzo, por Estudiantes desaparecidos — Historia, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Golpe de Estado, 50 años del golpe de Estado de 1976, Historia, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Golpe de Estado, 50 años del golpe de Estado de 1976
Hermana de Gustavo Lescano, ex estudiante del Normal de San Justo, desaparecido en 1977. Relata la militancia de su hermano, el exilio familiar y su labor actual en el Colectivo "Memoria, Verdad y Justicia en la Escuela Normal de San Justo. "A los jóvenes les digo que hay que militar"
En vísperas de cumplirse medio siglo del inicio de la última dictadura cívico militar en Argentina, la voz de Graciela Lescano emerge para recordarnos que las heridas siguen abiertas y la búsqueda de justicia no cesa. En una entrevista reciente, la hermana de Gustavo —militante secuestrado y desaparecido en 1977— reconstruye el rompecabezas de una vida marcada por el compromiso político y la posterior golpe cívico militar en Argentina. "¿Cómo pueden decir que no son 30 mil si acá desaparecieron familias enteras?" nos dice Graciela.
Gustavo Lescano
Nos describe una militancia que Gustavo sostuvo con convicción tanto antes como durante el golpe y los meses posteriores. El asedio de las fuerzas represivas no dio tregua, forzando a la familia a situaciones límite, como el hecho de "tener que irse de su casa para estar seguros" ante la inminencia del peligro que acechaba a los jóvenes comprometidos, activistas o que simplemente peleaban por sus derechos a etudiar. Gustavo fue secuestrado, dando inicio a un calvario que Graciela define como "la pelea una vez que Gustavo fue secuestrado por encontrarlo".
"A mí me falta justicia, no tengo justicia por lo que pasó con Gustavo, por lo que pasó en mi casa. Necesito que se haga justicia. Ellos ( los responsables cívicos y militares) empiezan a morirse y no va a quedar nadie. ¿A quién van a enjuiciar?" refiere con respecto a los juicios a los genocidas.
Los grandes empresarios y los terratenientes con el apoyo del imperialismo yanqui y la bendición de la cúpula de la Iglesia Católica, pergeñaron un genocidio para terminar de aplastar el ascenso de las luchas obreras y populares iniciado por el Cordobazo y liquidar a toda una generación de luchadores obreros y populares y de las organizaciones de la izquierda.
A pesar de las décadas transcurridas, el dolor se ha transformado en organización colectiva. Graciela es hoy un pilar fundamental del Colectivo "Memoria, verdad, justicia en la Escuela Normal de San Justo", espacio desde donde lucha para que el nombre de su hermano y del 30 mil no sea borrado de la historia. Su objetivo es nítido: "mantener viva su memoria" y no claudicar en la exigencia de "Verdad y Justicia por él y por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos". Para esta defensora de los derechos humanos, recordar es un acto de resistencia que reafirma, a 50 años del horror, que la memoria sigue en pie.
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