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Masivas movilizaciones en Uspallata y Mendoza exigen libertad a referente ambiental detenido
25 de febrero, por El Agua de Mendoza no se Negocia — Mendoza, Libertades Democráticas, Ecología y ambiente, Criminalización de la protesta social, Minería, Extractivismo, Mendoza, Libertades Democráticas, Ecología y ambiente, Criminalización de la protesta social, Minería, Extractivismo
“No les tenemos miedo” se escuchó en la movilizaciones que se realizaron en simultaneo, tanto en la Ciudad de Mendoza como en Uspallata, lugar de donde viven los detenidos. Allí exigieron la liberación inmediata del compañero detenido y el fin de la persecución judicial a quienes se movilizan en defensa del agua y contra el proyecto San Jorge.
Criminalización de la Protesta
La detención de Mauricio Cornejo y los allanamientos a casas de referentes del movimiento "No A la Mina San Jorge" han generado una ola de indignación en toda la provincia. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata denunció estos hechos como una gravísima criminalización de la protesta en defensa del agua. Cornejo, quien defendió a un compañero agredido por la UOCRA, fue arrestado en un operativo que despertó alarma entre la comunidad, quienes además sufrieron allanamientos en sus casas.
En repudio a la detención de Cornejo y de los allanamientos a por lo menos dos referentes de la lucha contra el proyecto San Jorge, este lunes se realizaron movilizaciones tanto en Uspallata como en la ciudad de Mendoza, donde cientos de personas se movilizaron para dejar en claro que a la avanzada represiva con la que quieren imponer la minería contaminante la vamos a enfrentar con unidad en las calles, como cada vez que defendimos la Ley 7722 de los intentos tanto peronistas como radicales por modificarla.
La concentración en el Informador de Uspallata se tranformó en Asamblea y la asamblea resolvió marchar por las calles del pueblo. A su paso se fueron sumando vecinos y familias enteras y fue recibiendo el apoyo desde los negocios. Una importante movilización popular que cantó durante todo el recorrido contra la criminalización de la protesta, por fuera San Jorge y señalando las responsabilidades del gobernador, el intendente y los funcionarios.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Te puede interesar: Reactivan el proyecto San Jorge en Uspallata y también la resistencia
Resistencia en Crecimiento
La reactivación del proyecto San Jorge puso en alerta nuevamente la resistencia en Mendoza. Durante las últimas semanas, se han realizado varias movilizaciones con miles personas que han marcharon por el centro de la ciudad, dejando claro que el agua de Mendoza no se negocia. A pesar de los intentos del Gobierno provincial de avanzar en proyectos mineros, la movilización demostró la falta de licencia social para el extractivismo y la contaminación.
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Proyecto San Jorge: Un Futuro Amenazante
El 10 de enero se presentó formalmente la adaptación del Informe de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, renombrado como PSJ Cobre Mendocino. El rechazo al proyecto se fundamenta en las consecuencias ambientales, la biodiversidad, y el impacto en las comunidades locales. San Jorge sería el primer proyecto minero de Mendoza en ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que ha incrementado la preocupación de los ciudadanos.
La mafia judicial del Gob. Alfredo Cornejo avanza con allanamientos y detenciones de referentes de la Asamblea de Vecinos de Uspallata por el Agua. Buscan criminalizar la lucha contra la minería contaminante de San Jorge en el Río Mendoza. Libertad inmediata a los compañeros!
— Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) February 24, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>La Comunidad se Levanta
El 24 de enero, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, intentó inaugurar una oficina de Minera San Jorge, lo que desató el rechazo de la comunidad. Los vecinos, encabezados por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, enfrentaron la violencia de la UOCRA y evitaron la inauguración. Al día siguiente, más de 3.000 personas marcharon en Uspallata bajo el lema "¡El agua es del pueblo, no de las corporaciones!", en una manifestación que contó con el respaldo de vecinos y organizaciones sociales.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Impacto Ambiental y Social
El proyecto San Jorge implica el uso de sustancias químicas en la extracción de cobre mediante minería a cielo abierto, un proceso conocido por su gran impacto ambiental. La negativa de la minera a impermeabilizar la base del depósito de colas y escombreras ha generado aún más inquietud. Uspallata, situada en la cuenca del río Mendoza, podría ver comprometido el abastecimiento de agua para más de dos millones de personas.
Precedentes Alarmantes
El precedente de la multinacional Barrick Gold en San Juan, donde se han producido desastres ecológicos debido a fracturas en sus diques de cola, alimenta la oposición al proyecto San Jorge. La dependencia de muchos barrios de Jáchal en cisternas para su consumo de agua subraya los riesgos del extractivismo. Además, la capacidad de las empresas de llevar litigios al CIADI, un tribunal del Banco Mundial, genera preocupación sobre la justicia de los conflictos.
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Detienen y allanan a referentes del No A la Mina San Jorge en Mendoza
24 de febrero, por Gravísimo — Mendoza, Libertades Democráticas, Ecología y ambiente, Extractivismo, Persecución política, #Ley7722, Mendoza, Libertades Democráticas, Ecología y ambiente, Extractivismo, Persecución política, #Ley7722
Vecinos y vecinas de Uspallata denuncian allanamientos y la detención de Mauricio Cornejo por las movilizaciones contra la mina San Jorge. Un hecho gravísimo de criminalización de la protesta en defensa del agua en Mendoza
A través de mensajes y comunicados de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata difundidos desde esta mañana se hizo conocer la detención de Mauricio Cornejo y el allanamiento de dos casas de otros referentes de la pelea contra el proyecto de megaminería San Jorge en Uspallata. Mauricio Cornejo es uno de los vecinos que viene siendo parte de las multitudinarias movilizaciones contra San Jorge y fue quien defendió al compañero a quien la patota de la UOCRA le rompió el tabique y terminó siendo noticia nacional.
Los vecinos allanados se sospecha que son los referentes de la Asamblea de Uspallata que vienen encabezando una pelea de la que somos parte miles.
La mafia judicial del Gob. Alfredo Cornejo avanza con allanamientos y detenciones de referentes de la Asamblea de Vecinos de Uspallata por el Agua. Buscan criminalizar la lucha contra la minería contaminante de San Jorge en el Río Mendoza. Libertad inmediata a los compañeros!
— Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) February 24, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Rechazamos la persecución política del gobierno de Cornejo que pretende acallar las voces de oposición a un proyecto que no tiene licencia social y que es rechazado hace 15 años. A este gravísimo hecho se le suma el intento de censura del que fue protagonista la policía enviada por Cornejo a Radio La Mosquitera para evitar la proyección de HAM el documental que cuenta la historia de la lucha por el agua en Mendoza en 2019.
Detienen y allanan las casas de lxs compañerxs de la asamblea de vecinos autoconvocados de Uspallata por ser el rostro de una pelea de miles, por decir No a San Jorge! Total repudio a esta persecución política! Cornejo quiere imponer con métodos antidemocraticos la megamineria
— Giulia Piglionico ? (@GiuliaPiglioni2) February 24, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>La criminalización de la protesta es una marca registrada de Cornejo, tanto a dirigentes y referentes sindicales como a luchadores y luchadoras por el agua, por lo que tenemos que redoblar la solidaridad y movilización en las calles para que esta avanzada judicial contra la defensa del agua y nuestros bienes comunes naturales no pase.
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Murió el genocida Vázquez Sarmiento, uno de los visitados por los diputados libertarios
22 de febrero, por Lesa humanidad — Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Negacionismo , Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Negacionismo
Prófugo por casi 20 años, fue detenido en 2021 mientras caminaba libremente. El "Colorado" cumplía condena en Ezeiza por el robo de un bebé y estaba siendo juzgado por crímenes cometidos en un centro clandestino de la zona oeste del Gran Buenos Aires.
El pasado miércoles falleció Juan Carlos Vázquez Sarmiento, uno de los genocidas visitados por diputados del oficialismo el año pasado.
Estaba imputado por privación ilegítima de la libertad en el Juicio Mansión Seré IV, que se encuentra en proceso. El proceso judicial se había demorado debido a medidas interpuestas por su defensa.
Conocido como "El Colorado Vázquez", formó parte de la patota de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA). Entre 1977 y 1978, Vázquez Sarmiento fue suboficial de Inteligencia de la Fuerza Aérea en la RIBA. Secuestró a José Pérez Rojo y Patricia Roisimblit, embarazada de ocho meses. Fue el apropiador de Ezequiel Rochistein Tauro, quien restituyó su identidad en 2010. Por este hecho fue condenado a 15 años de prisión.
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La Justicia confirmó que sustrajo y retuvo a Ezequiel, nacido en la ESMA en 1977, modificó su identidad y falsificó documentos públicos. También fue acusado de secuestrar en 1978 a Gabriel Pontnau, a Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, padres de Mariana Pérez –secuestrada durante algunas horas en el mismo operativo– y de Guillermo Pérez Roisinblit, que fue apropiado y restituyó su identidad en 2000.
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Vázquez Sarmiento permaneció prófugo por casi 20 años. Fue detenido en octubre de 2021, mientras caminaba por las calles de la zona oeste del conurbano, la misma zona donde actuó en los años de la dictadura genocida.
Nunca declaró, guardó silencio hasta su último día. Lo último que hizo fue mostrar sus genitales y orinar frente a la pantalla que lo conectaba al juicio en el que, desde fines de agosto pasado, era uno de los acusados.
El largo proceso de “impunidad biológica” para la gran mayoría de los genocidas y sus cómplices empresarios, de la burocracia sindical y de la Iglesia católica fue, y es, garantizado por los tres poderes del Estado desde 1983. Y para el puñado de genocidas que, producto de la lucha incansable de sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos, lograron ser juzgados y condenados, está la Corte Suprema y sus tiempos.
La lucha contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy es vital, cuando el gobierno nacional lleva adelante un ataque contra las políticas de derechos humanos. El intento de cierre de los Sitios de la Memoria constituye una ofensiva contra las conquistas en ese terreno y luchar contra esa agenda negacionista es una necesidad imperiosa para impedir la impunidad y en defensa de las libertades y derechos democráticos.
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Identificaron a la víctima 120 en la fosa clandestina Pozo de Vargas
22 de febrero, por Fue genocidio — Política, Tucumán, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Operativo Independencia, Pozo de Vargas, Política, Tucumán, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Operativo Independencia, Pozo de Vargas
Se logró identificar los restos de René Salustiano Ruiz, trabajador rural secuestrado en junio de 1976.
René Salustiano Ruiz era conocido como "Chala" y vivía en Caspichango, Monteros, una zona donde se desplegó el plan genocida iniciado durante el Operativo Independencia en 1975 y continuado por la dictadura tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Tenía 39 años cuando fue secuestrado el 2 de junio de 1976. De acuerdo al testimonio de sobrevivientes, fue visto en el centro clandestino de detención Arsenal Miguel de Azcuénaga, a cargo del Ejército.
En una de las audiencias del juicio por la megacausa “Jefatura II - Arsenales II”, en 2013, Juan Manuel Quinteros relató que en el Arsenal “frente a su casillero estaba ‘Chala' Ruiz, que le pidió que le diga a su mujer dónde estaba para que ponga un abogado y lo saque”. “Ruiz no salió nunca. Trabajaba en el monte con la leña, vivía de Santa Mónica para arriba”, agregó.
Tras más de 20 años, el 10 de febrero de 2023 se anunció la finalización de la excavación: en los más de 40 metros de profundidad el CAMIT recuperó los restos de 149 personas, de las que 120 ya fueron identificadas por el EAAF.
Cada identificación en el Pozo de Vargas es una prueba contundente del plan genocida desplegado por las Fuerzas Armadas y sectores civiles para el beneficio del gran empresariado. Frente a los discursos negacionistas o apologistas de los crímenes de lesa humanidad, sobran razones para seguir peleando por memoria, verdad y justicia.
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El brigadista voluntario Nicolás Heredia permanecerá detenido en el penal de Bariloche
21 de febrero, por Incendio El Bolsón — Sociedad, Chubut, Río Negro, Libertades Democráticas, El Bolsón, Incendio forestal, Criminalización, Incendios forestales, Sociedad, Chubut, Río Negro, Libertades Democráticas, El Bolsón, Incendio forestal, Criminalización, Incendios forestales
La justicia ratificó la prisión preventiva por 30 días para Nicolás Heredia, brigadista voluntario detenido sin pruebas. Mantienen un joven privado de su libertad mientras evaden la responsabilidad de los gobiernos provinciales y nacionales.
La Fiscalía afirma que “había situaciones que ameritaban las graves sospechas en ese momento y en ese contexto”, reconociendo que no hay ninguna prueba contra Nicolás Heredia sino solo supuestos o “sospechas”, claramente infundadas en este proceso judicial. En esta oportunidad, no se permitió que un corresponsal de este medio participara de la audiencia. Mismo el fallo fue notificado por escrito en lugar de en la audiencia, así funciona la justicia a pedido del poder político.
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El Tribunal de Impugnación Provincial conformado por la Jueza María Rita Custet Llambí y los Jueces Carlos Mohamed Mussi y Miguel Ángel Cardella resolvió “declarar inadmisible la impugnación respecto de la formulación de cargos y rechazar la impugnación relativa a la prisión preventiva”. Reproducimos algunos fragmentos en los que el tribunal pretende justificar este fallo:
“Se consideró suficiente la información que trajo la fiscalía: testimonios que dieron cuenta que habrían encontrado una botella con combustible (que finalmente resultó gasoil aunque no se estableció la proporción del combustible) rodando detrás de la camioneta que trasladaba a Heredia, sumado, a los testimonios referidos a la situación de Heredia en el lugar y que el imputado tiene residencia fuera de la provincia de Rio Negro.” No hay ninguna certeza ni prueba de que esa botella pertenecía a Heredia, y menos aún que hubiera sido utilizada para iniciar un incendio (siendo combustible que usan brigadistas para las motosierras).
“Ellos establecen concretamente como fue la dinámica por la cual ellos entienden que eran los únicos testigos del lugar en ese momento que pudo haber habido de parte de Heredia un descarte de una botella que contenía un líquido inflamable en momento de incendios que son de público conocimiento en un lugar donde no había ningún tipo de incendio. Es decir, había muchas situaciones que ameritaban la grave sospecha sobre Heredia en esas circunstancias y en ese contexto”. Nuevamente sospechas infundadas, sin ninguna prueba.
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“La fiscalía, requiere unos días más que estima hasta la próxima semana (tiene información que hoy se peritaría la mochila y en los primeros días de la semana que viene se finalizarían las pericias telefónicas) por lo cual seguramente estará en condiciones de expedirse sobre la necesidad de que continúe la cautelar dictada”. Entonces la semana que viene, se completarían las pericias que demostrarán la inocencia de Nicolás. El mundo del revés, el joven albañil no percibió el principio de inocencia. Es urgente pelear por su libertad inmediata.