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La Izquierda Diario - Libertades democráticas

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Artículos

  • Persecución política: el poder judicial denegó una garantía constitucional a la defensa del Polo Obrero

    3 de enero, por Otro escándalo — , , , , , , ,

    Luego de hacer lugar al pedido de agravar las penas, un Tribunal de Casación denegó el derecho de revisión, una garantía contemplada en la Constitución y tratados internacionales. Bullrich presiona y el fiscal Pollicita busca que una eventual condena signifique directamente la cárcel.

    La causa contra el Polo Obrero, impulsada por el gobierno, ya cumple un año. Pero sigue confirmando, en cada resolución judicial, que no hay reparos en el objetivo de Milei y Bullrich de condenar la protesta social y las organizaciones que son parte de ella.

    La última ofensiva judicial implica una violación de las garantías constitucionales para la defensa de los acusados. Recordemos que en los últimos meses se agravó la acusación. El fiscal Pollicita había apelado el procesamiento por considerar que los militantes del Polo Obrero debían ser procesados, además de los planteados en la causa original, por los delitos de coacción y extorsión. La Cámara de Apelaciones hizo lugar, lo que implica un fuerte aumento de las penas si son condenados.

    Como explica Prensa Obrera, “ante este procesamiento resuelto por la Cámara de Apelaciones que confirma el dictado por el juez por el delito de administración fraudulenta y lo amplía por coacción y extorsión, la defensa del Polo Obrero presentó ante la Cámara de Casación, para actué como tribunal revisor en relación a la ampliación del procesamiento”. Para eso se basó “en la garantía procesal, de raigambre constitucional, que tienen las partes a contar con una instancia de revisión de aquellas resoluciones que resultan gravosas por sus consecuencias”.

    Lo sucedido es escandaloso pero a esta altura parece no sorprender. En cada instancia hay nuevos obstáculos a las garantías procesales elementales. Ahora, la Sala IV de la Cámara de Casación declaró inadmisible el recurso asegurando que no les correspondía entender porque “la resolución en cuestión no se trata de una sentencia definitiva”.

    La maniobra que confirma la persecución política. Como explica la defensa, “la propia Cámara de Apelaciones consideró antes que era admisible presentar la apelación ante Casación, pese a que no se trataba de una sentencia definitiva, haciendo lugar a los argumentos de la defensa sobre el derecho a revisión. Pero además la Cámara de Casación rechazó que el procesamiento sin posibilidad de ser revisado importa un daño imposible de ser reparado con posterioridad cuando ello es evidente ya que un procesamiento ampliado con los delitos de coacción y extorsión agrava sustancialmente la situación procesal de nuestros compañeros”. Como plantean las abogadas, “se da vía libre a las pretensiones del fiscal Pollicita de que una eventual condena implique la cárcel directamente, sin que puedan “salir libres con una probation” como lo expresó en la apelación de lo resuelto por Casanello”.

    Los detalles del fallo, como en otras ocasiones, fueron ventilados por Infobae y otros medios que tienen fuertes relaciones con Comodoro Py y los despachos oficiales. Con mentiras sobre la causa, refuerzan la campaña de persecución y estigmatización.

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    Esta nueva resolución es parte de la continuidad de los ataques contra el Polo Obrero y las organizaciones sociales que luchan contra el hambre. Es importante repudiar este ataque a las garantías constitucionales de la defensa, así como continuar la campaña contra la persecución y elevación a juicio de militantes y dirigentes del Polo Obrero.

    Difundimos el petitorio que ya reúne cientos de cifras de personalidades, diputadxs, abogadxs y activistas de distintos sectores.

    Abajo la persecución contra el movimiento piquetero

    Rechazamos la elevación a juicio de militantes y dirigentes del Polo Obrero

    Los abajo firmantes expresamos nuestro rechazo a resolución de la Cámara Federal de Apelaciones confirmando los procesamientos a militantes y dirigentes del Polo Obrero y también a la decisión del juez de cerrar la instrucción para que la causa sea elevada a juicio. Ambos hechos son de extrema gravedad para las libertades democráticas y el derecho a la protesta.

    La Cámara avala los atropellos del derecho a defensa presentes en la instrucción y agrega en la calificación amenazas coactivas y extorsión, buscando presentar la movilización piquetera como resultado de un apriete contra quienes cobraban planes sociales, cuando en realidad, era un canal de expresión de los reclamos de los barrios. Es un libreto a la medida de Patricia Bullrich, para avanzar en amedrentar a quienes se organizan y se movilizan por los reclamos populares.

    Por eso, de producirse una condena sentaría un precedente gravísimo para la libertad de organización y movilización en el país. Los argumentos de la Cámara el gobierno los extiende a todas las organizaciones sociales y más ampliamente, también contra las huelgas, los bloqueos sindicales y las medidas de fuerza en general.

    Llamamos a rechazar los procesamientos y la elevación a juicio, y a defender el derecho a la organización, la protesta y las libertades públicas amenazadas por el gobierno y el poder judicial.

    Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la paz), Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo), Diego Morales (CELS), Carlos Lordkipanidse (Encuentro militante Cachito Fukman), María del Carmen Verdú (Correpi), Roberto Félix Cipriano García (Comisión Provincial por la Memoria), Julio Piumato (Sec. Gral. UEJN), Hugo “Cachorro” Godoy (Sec. Gral. CTA Autónoma), Sonia Alesso (Sec. Gral. de CTERA), Alejandro Crespo (Sec. Gral. SUTNA), Rodolfo Aguiar (Sec. Gral. de ATE), Ileana Celotto ( Sec. Gral. AGD UBA), Norman Briski (actor y director), Mirta Busnelli (Actrices Argentinas), Carlos Belloso (actor), Iván Moschner (actor), Vanina Biasi (Diputada Nacional – PO FITU), Myriam Bregman (PTS – FIT U), Mónica Schlottauer (Diputada Nacional IS – FITU), Cele Fierro (Legisladora CABA MST – FIT U), Paula Penacca (Diputada Nacional, Unión por la Patria), Esteban Paulón (DIputado Nacional, PS),Victoria Montenegro (Legisladora CABA, UxP), Matías Barroetaveña (Legislador CABA, UxP), Gabriel Solano (Legislador CABA PO FIT U), Nicolás del Caño (Diputado Nacional PTS – FIT U), Alejandro Vilca (Diputado Nacional PTS – FIT U), Christian Castillo (Diputado Nacional PTS – FIT U), Alejandro Bercovich (periodista), Nicolás Caropresi (MTE), Nacho Levy (La garganta poderosa), Juan Carlos Alderete (CCC), Adriana Meyer (periodista), Cyntia García (periodista), Agustín Lecchi (Sec. Gral. SIPREBA), Ezequiel Rodríguez (Organización Social William Cooke), Daniela Calarco (MTR Votamos Luchar por el Cambio Social), Carla Gaudensi (Sec. Gral. Fatpren), Ricardo Manetti (Decano FFyL UBA), Ana Arias (Decana FSoc UBA) Maristella Svampa (Investigadora CONICET), Lucas Rubinich (FSoc, UBA), Junta Ejecutiva FUA, Albertina Vidal (Presidenta FULP), Isabel González Puente (Presidenta CeFyL), Tatiana Fernández Martí (consejera directiva Filosofía y Letras UBA), , Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad), Claudio Lozano (Instrumento electoral para la Unidad Popular), Romina Del Plá (PO – FITU), Néstor Pitrola (PO-FITU), Lucía Klug (Diputada PBA, Patria Grande), Juan Marino (Diputado UxP), Juan Manuel Pedrini (Diputado Nacional UxP) Alejandro Bodart (MST), Daniel Yofra (Sec. Gral. Federación de Aceiteros), Roberto “Beto” Pianelli (Sec. Gral. AGTSyP), Alejandro Amor (Sec. Adjunto SUTECBA), Hugo Russo (Sec. Gral. AJB), Carlos de Feo (Sec. Gral. CONADU), Francisca Staiti (Sec. Gral. CONADUH), Rubén “Pollo” Sobrero, (Sec. Gral. UF Oeste), Laura Azcurra (Actrices Argentinas), Andrés Mangone (Director de teatro), Hernán “Cabra” de Vega y Germán “Pecho” Anzoátegui (Las Manos de Filippi), Eduardo Graziadei (Cadena Perpetua), Julieta Laso (Cantante), Patricia Barone (Cantante), Javier González (músico), Candelaria Botto (Periodista El destape), Nahuel Prado (Periodista), Alejandra Aristegui (Actrices Argentinas), Alcira Daroqui (Carrera de Sociología UBA), Graciela Morgade (Vicedecana Ffyl), Federico Penelas (Depto de Filosofía UBA), Flavia Terigi (Rectora UNGS), Germán Pinazo (Vicerrector UNGS), (Eduardo Rinesi (Profesor UNGS), Hernán Camarero (Historiador), Enrique Carpintero (Director Editorial Topia), Mariana Scayola (Sec. Gral. Ademys), Claudia Korol (Referente del Movimiento de mujeres), María Elena Naddeo (Asamblea permanente por los derechos humanos), Susana Rearte (Red Socialista por los derechos humanos), Ismael Jalil (Abogado de Derechos Humanos), Tilda Rabi (Federación de entidades Argentino-Palestina), Laura Cano (Diputada PBA FIT-U), Gabriela Suppicich (Diputa Provincial Neuquén PO – FIT U), Santiago Vasconcelos (Diputado Provincial Chubut PO – FIT U), Alejandro Lipcovich (Sec. Gral. JI ATE Garrahan), Ingrid Urrutia (Sec. Gral. ATE INCAA) María José Cano (CTA Autónoma), Marco Pozzi (Sec. Gral. del Soear -Aceiteros Rosario), Enrique Gandolfo (CTA Bahía Blanca), Francisco Garrido (Sec. Gral. ADUNC Neuquén) Gustavo Teres (Sec. Gral. CTAA Autónoma), Rubén Sacchi (Sec. Gremial del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional), Marcelo Langieri (Fsoc. UBA), Alberto Santillán (padre de Darío Santillán), Santiago Adano (Músico), Nono Nahuel (Movimiento Evita), Lucía Cavallero (Ni Una Menos), Verónica Gago (Ni Una Menos) Daniela Sánchez Capalbo (Presidenta CEA), Florencia Sarmiento (Presidenta CECYT UNSAM), Pablo Alabarces (Profesor Fsoc. UBA), Claudio Katz (Investigador y Docente UBA), Juan Carlos Capurro (CAJ, FIDH), Éric Toussaint (CADTM), Angélica Lagunas (Sec. Gral. ATEN Capital), Franco Boczkowski (Sec. Gral. UEPC Córdoba), Lorena Almirón (ATE Rosario), Elizabeth Gómez Alcorta (Profesora Derecho UBA), Alejandro Wall (Periodista), Victorio Pirillo (Sec. Gral. del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López), Matías Tomasello (CD de FOETRA por la minoría), Florencia Saracho (CD de FOETRA por la minoría), Sebastián Rodríguez (Sec. Gral. CI Morvillo), César Folonier (Coordinador de Pueblo Libres), Juan Tomás Coronel (Frente de la Resistencia), Sandra Vila (MTR MTL Rebelde), y siguen firmas.

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  • Trabajadores de la Secretaría de DDHH enfrentan los despidos y el cierre del Archivo Nacional de la Memoria

    2 de enero, por Sin trabajadores no hay memoria — , , , , , , , , , , , , ,

    Este 26 de diciembre empezaron a llegar los despidos masivos en la Secretaría de DD.HH. de Nación, el viernes sus trabajadores junto a sectores solidarios realizaron un importante abrazo a la ex ESMA. El 31 llegaron más avisos de despidos y esta mañana aparecieron cerrados el Archivo Nacional de la memoria y el Centro Haroldo Conti con la Policía en la puerta. Los trabajadores se organizan para enfrentar el ataque.

    A días de fin de año, mientras varios de sus funcionarios anunciaban sus vacaciones en Miami, el gobierno negacionista comenzó a cumplir la promesa de nuevos despidos en la secretaría de DDHH y en todo el Ministerio de Justicia. Hoy los trabajadores se concentraron en la Ex Esma para realizar una asamblea abierta, logrando ingresar al predio donde se aloja el Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultutal Haroldo Conti que hoy amanecieron cerrados y con personal policial en sus puertas.

    Acompañados por cientos de integrantes de asambleas barriales, trabajadores aeronaúticos, también despedidos en lucha, trabajadores estatales de otros organismos se solidarizan con su lucha. El diputado nacional Nicolás del Caño y la legisladora Andrea D'Atri, ambos del PTS-FIT y referentes de los Derechos Humanos como el ex diputado Luis Zamora y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) también están presentes.

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    Además se anuncia la disminución del 60 % del salario de todos sus trabajadores lo que es completamente ilegal ya que el salario es un derecho adquirido, los trabajadores se encontraron con el cierre del Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultural Haroldo Conti que funcionan en el predio de la ex Esma. En el primero, se encuentran nada menos que los archivos de la CONADEP y documentación de relevancia sobre las causas contra los responsables de la desaparición de 30.000 personas durante la última dictadura cívico-militar.

    Además de defender sus puestos de trabajo los trabajadores también están defendiendo conquistas democráticas resultado de años de lucha contra la impunidad del genocidio de la última dictadura militar. Se trata de un ataque a los derechos de los trabajadores y a los derechos humanos de nuestro país.

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    Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia se lograron gracias a la lucha de gran parte del pueblo argentino. Los Sitios de Memoria son prueba judicial en los juicios de Lesa Humanidad y están bajo tutela de jueces. El gobierno de Milei pretende barrer con años de luchas democráticas. La semana pasada se realizó un multitudinario abrazo a la ex Esma del que participaron diferentes sectores de trabajadores, organizaciones sociales y organismos de DDHH. En la acción la reconocida luchadora de Derechos Humanos Myriam Bregman dirigió un combativo discurso.

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    Las direcciones sindicales tienen que organizar la resistencia contra este ataque, como hicieran las y los trabajadores del Hospital Bonaparte, asambleas unitarias y acciones contundentes. Sin trabajadores no hay memoria.

    Te puede interesar: Gigante abrazo a la ESMA contra los despidos en la Secretaria de DDHH

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  • Chofer asesinado por policía retirado: el sacrilegio de la música y la libertad de matar

    27 de diciembre de 2024, por Opinión — , , , , , , , , ,

    Un festejo, en el que pasa todo lo que se espera de un festejo, culmina con el asesinato de una persona, un trabajador, quemado por la bala de un policía que hizo todo lo que se espera de la Policía: matar. Milei y su ethos de plebeyismo desalmado tuvieron una navidad a medida.

    La historia ya la conocemos, por lo que no necesitamos que la repita este cronista de dudosa procedencia. El 25 a la tarde, plena navidad, un grupo de familiares festejan, bailan y toman algo en la vereda de la casa de uno de ellos en Lomas del Mirador. Uno de los asistentes es un fornido chofer de la línea 109 de colectivos. De repente se acerca un señor, que si lo encontrara en la parada de colectivo uno conversaría amablemente, se queja del volúmen de la música, se da un intercambio, el visitante saca un arma, lo blande para amenazar, forcejean, lo apoya en el pecho del colectivero y lo ejecuta. El trabajador muere al rato. El asesino mira apoyado en la reja que separa su casa de la vereda, como quien ve la tarde caer con dulzura.

    El tirador, cuándo no, era un policía retirado que, como tal, cuenta con dos recursos en su haber: un arma reglamentaria y el instinto para matar. Policía hace lo que policía está programado a hacer. La Policía forma así a sus agentes y el discurso del gobierno estimula ese accionar. Nada de lo que pasó en esa jornada roja fue accidental. Hay allí un modus operandi.

    Una doctrina Chocobar con anabólicos

    Conocida la noticia, un servidor hizo el siguiente posteo en la red X, otrora conocida como Twitter: “Fe de erratas: donde dice "Un policía retirado mató a su vecino porque no bajaba el volumen de la música" debe decir "Un policía retirado mató a su vecino porque aún porta armas, porque fue formado para asesinar y porque el gobierno y el Estado estimulan el gatillo fácil".

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    De inmediato recibió una chorrera de (al momento de escribir esta nota) 400 respuestas justificando el accionar del policía y , por las dudas, revictimizando al chofer asesinado. Total, los muertos no pueden defenderse.
    “Uno menos”, “Subí un poco más la música”, “A los marrones, ni olvido ni perdón, gruyerización”, en el sentido de volverlos queso gruyere: agujereados por balazos. Esta es una muestra de apenas el 1% de los comentarios en ese tuit y apenas un grano de arena en los millones de comentarios que hubo por el estilo en redes sociales. Los más sofisticados (pero no menos fascistoides) hablan de “legítima defensa”, cuando las imágenes hablan de una lisa y llana ejecución.

    Opera ahí un cambio de discurso: de la derecha punitivista se pasa a la ultraderecha donde todo vale, en cualquier circunstancia. Lo único que sirve para definir si un hecho vale o no, es quién actúa y contra quién lo hace. Policía versus chofer, el lector podrá imaginar con quién se quedan esos discursos.

    El beneficiario de esos discursos, spoiler alert, es el Estado que, parapetado en esos comentarios de “ciudadanos” virtuales, va legitimando la ampliación de su radio de acción y del tipo de proceder. La doctrina Chocobar, entre otros discursos por el estilo, buscan lograr el aval de los agentes “del orden” en situaciones extremas: robos, etc. Con el argumento de la “legítima defensa” o de que está actuando en función de su labor policial, esos discursos legitiman casos en los que policías armados fusilan presuntos ladrones desarmados, o por la espalda, o ya reducidos, o las tres cosas. Es la misma doctrina que defendió el gobernador Pullaro en el caso del policía gatillero Luciano Nocelli, que fulminó a dos presuntos delincuentes y que será funcionario de “Justicia” en Santa Fe. La ultraderecha, se ve, tiene quien le escriba.

    Pero volvamos: la doctrina Chocobar, con todo lo odiosa que es, tiene su “marco teórico”: busca justificar el accionar de gatillo dulce con una ocasión excepcional (un delito) y en una situación extrema (“es la vida de uno o la del otro”). En esos dos sentidos, para justificar el rol asesino del Estado, busca explicar que no viola la normativa vigente, aunque por derecha busquen, simultáneamente, también, modificar por derecha esa “letra” con nuevas leyes represivas.
    Pero acá pasa otra cosa, se le quita todo límite, atenuante y condicionante al violento oficio de matar gente inocente que defiende esa doctrina de la que hablamos. Ya no se trata de matar chorros ni de una supuesta autodefensa. Se busca “bajar” a un tipo que, a lo sumo, escucha música alta. De Chocobar a Chocopeor.

    Si hubiera personas escuchando música alta en la puerta de su casa, sépalo el lector, este cronista tendría su humor cascoteado. A no dudarlo. Pero si se abre la puerta de Pandora que habilita a una persona a matar a otra por el volúmen con que suena “Llorarás más de mil veces” de Leo Mattioli, algo se rompe ahí. ¿Cuál es el límite a ese discurso y a esa práctica? ¿Dónde termina?

    El que gana con ese discurso, claro, es el Estado y particularmente su hardware, las policías, que ven legitimado su accionar no solo en situaciones de flagrancia sino en cualquier situación posible, incluso la inocua elevación de unas cumbias. Si un policía retirado con el grado de cabo puede matar a sus 74 años a un vecino, ¿se imagina a lo que quedarían habilitadas las fuerzas policiales en general? ¿Puede suponer hasta dónde llega el alcance del accionar de las huestes de la patética pero no por ello menos peligrosa Patricia Bullrich?
    El Estado usa la cosa pública para legitimar su poder de fuego. Aunque solo parta del volúmen de un estéreo callejero. Nada es inocente y en vano.

    La exacerbación en “la construcción del enemigo”

    Claro, si no hay “chorro”, hay que crear un enemigo que merezca no solo el escarnio en general sino la muerte sumaria en particular. “Marrón”, “involucionado”, “kuka”, “villero”, “zurdo”, “votante kirchnerista”, son algunas de las menciones o definiciones que este cronista pudo consignar que recibió la víctima que, recordemos, está muerta. No existe más en este plano. Pero aún así sigue siendo lapidado debajo de una montaña de perros muertos por parte de este sector exacerbado de la población que busca un accionar estatal que podríamos llamar “todo vale”.

    Si la construcción del enemigo “chorro” sirve para justificar un accionar policial sin superyó ni limitante alguno, acá se rompe todo parámetro de racionalidad precaria y el enemigo puede ser cualquiera, vos elegís. Ponele un mote, asignale un pecado inaudito y gatillá. La ideologización póstuma del difunto (kuka, vago, villero, zurdo) ayuda a identificar con pintura roja a los eventuales enemigos a derrotar: choferes, laburantes, sectores populares. Y con pintura azul y un poco de agua bendita se deja brillante y sano al ejecutor: un individuo que, en definitiva, es un agente informal en armas del Estado.

    Esa díada culpabilización/legitimación es preparatoria y nada ingenua. Sirve para ir ganando nuevas porciones de bases sociales para dar consenso al accionar paulatinamente endurecido de un Estado frente a las amenazas que, supuestamente, lo acechan en condiciones sociales, económicas y políticas cada vez menos soportables. El gobierno, los grandes empresarios, con sus políticas, van dando cuerpo a su enemigo y, por ello mismo, afilan sus colmillos para enfrentarlo eventualmente.

    Con cada tuit y cada defensa del “policía jubilado”, como le dicen cándidamente, se invierte en un plazo fijo para que el Estado, sus esbirros retirados y, eventualmente, sus bandas paralegales, actúen bajo la lógica schmittiana de amigo-enemigo. Si el enemigo está ahí, gatille y después pregunte. Si es un “marrón”, si es un laburante y, para peor, de un sindicato fuerte y reconocido como la UTA, debe ser un potencial delincuente. Mate y después vemos. Nuevamente, pensemos el paroxismo: si puede matarse a un chofer que mueve su cuerpo con una cumbia, imaginemos lo que pretendan que el Estado esté habilitado a hacer frente a un levantamiento de “marrones”, frente a una lucha de choferes, frente al crecimiento de zurdos. Y esas cosas, sépanlo, van a ocurrir. Bah, ya están ocurriendo.

    Un mundo sin música

    “Para vos lo peor es la libertad”, grita Luca Prodan en Los viejos vinagres, ese temazo del disco Llegando los monos (je) de Sumo. Y es así. Para los monos libertarios que llegaron, y sus palometas tuiteras, lo peor es la libertad. Se deleitan, se estremecen con un policía retirado que gatilla por un pleito trivial, y se arrancan con furia la solapa de la ropa ante el crimen inaudito e inadmisible de escuchar música fuerte el aniversario del día en que, nos dicen, nació Jesucristo. Ni eso ya se puede festejar…

    La libertad de distenderse en los poquísimos días al año en que los trabajadores tienen para descansar, para comer, para bailar, para disfrutar de los suyos, es vista como un sacrilegio cuando se trata de los sectores populares. Los mismos que festejan las andanzas impunes de los más ricos, penalizan los breves estertores de “libertad”, en realidad casi salidas transitorias en el régimen social asalariado, de los trabajadores.

    La libertad es solo para la sumisión, la aceptación de condiciones de vida penosas o la claudicación ante agentes libres del Estado en armas que amenazan si no se baja la música. Esto habla mucho del tipo de libertad que pregonan: la libertad libertaria es la ausencia de todo tipo de genuina libertad, de garantía democrática, de esparcimiento o de diversión. Su modelo de sociedad es una cárcel, con horarios establecidos, con la vida y la savia vital de cada ser humano ofrendada al dios capitalista. Y para peor, una cárcel sin música.

    Ojo, eh

    Para cerrar, una advertencia: la elección de las noticias que aparecen en los medios no es un hecho fortuito ni que se rija por el azar. Es eso: una elección editorial. Este cronista que, como usted lector, llega con el caballo cansado a este fin de año, nota que todas las noticias nos muestran una imágen post apocalíptica: personas que rompen a palazos, como primates, un auto estacionado en una esquina. Un conductor de una enorme 4x4 que atropelló a un motociclista en Mar del Plata. Una comerciante que deja encerrado un perrito, Coco, hasta morir en un auto, y que provoca reacciones en gente que quiere que esa mujer transcurra multiplicado por diez el calvario del can muerto ridículamente. Podríamos nombrar decenas de noticias donde hay un hilo conductor: hay una pelea por una supervivencia del más malo, una puja entre pares, un “hazlo tú mismo” que busca o al menos logra instalar una idea: uno está solo en este mundo y pelea con, contra, el de al lado.

    En un año en el que hubo miles de acciones colectivas, donde los pares se unieron más allá de las diferencias o especificaciones para enfrentar un gobierno de ajustadores y porquerías, en estos últimos días se busca que uno se vea, se encuentre y se sienta solo y aislado. Hombres y mujeres que están solos y esperan. Por eso, más que nunca, hablar de estos temas tiene una finalidad: deslegitimar todo relato que busca blindar los pliegues del Estado y señalar la fuerza implacable de la clase trabajadora y de los sectores populares cuando se pone en movimiento y actúa. El discurso naif de que hay que “rechazar la crueldad” es peligroso porque busca que, a lo sumo, uno pueda oponerse a las aristas más brutales del accionar de un gobierno y de un Estado de clase. Pero humildemente, desde acá, decimos: no nos oponemos solo a los ángulos más crueles y pinchudos de su política de clase, sino que nos oponemos a toda su política y, en definitiva, a su clase.

    Que arranquen un lindo año 2025.

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  • Combativo discurso de Myriam Bregman en el abrazo a la ex ESMA

    27 de diciembre de 2024, por Construir la resistencia — , , , , , , , , ,

    Este viernes 27, trabajadores del Ministerio de Justicia, junto a diversas organizaciones, se manifestaron en defensa de los Sitios de la Memoria y la lucha por los Derechos Humanos, ante el intento del Gobierno de desmantelar estos espacios clave. Myriam Bregman denunció despidos y bajas salariales, recordando a Rodolfo Walsh y la importancia de estos sitios que aún conservan pruebas valiosas para los juicios.

    “Sin trabajadores no hay Memoria Verdad y Justicia, por eso hoy abrazamos la Ex ESMA”, sostuvo la dirigente de izquierda del PTS-FITU. Además, agregó que “Necesitamos un plan de lucha y un paro nacional para enfrentar los despidos y todo el plan de ajuste del gobierno de Milei”. Cerró su discurso diciendo: “Son 30.000. Fue genocidio. La lucha sigue”.

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  • Casación ordena prisión efectiva: Arakaki condenado a 3 años

    27 de diciembre de 2024, por Gravísimo — , , , , , , , , ,

    La condena a César Arakaki, tras un proceso judicial arbitrario, refuerza la criminalización de la protesta social. El fallo de la Cámara de Casación, en un contexto de ajuste económico y represión, busca disciplinar a quienes luchan en las calles.

    El caso de César Arakaki tuvo un nuevo giro después de ocho años de tramitación judicial. El 26 de diciembre, la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, resolvió en un fallo dividido reducir la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3. La pena inicial, de 3 años y 4 meses de prisión, fue rebajada a 3 años tras declararse prescripto el delito de atentado contra la autoridad, uno de los cargos por los que Arakaki había sido condenado.

    Además, también en votación dividida, Casación determinó que la pena deberá cumplirse de manera efectiva, rechazando la propuesta del juez Mahiques de otorgar el beneficio de la ejecución condicional. Un fallo gravísimo que busca aumentar la persecución sobre la protesta social.

    Esta decisión judicial llega luego de un proceso plagada de arbitrariedades, confirmando una condena sin sustento probatorio, ya que el efectivo de la policía retiró su acusación como querellante ante la evidencia presentada de que sus lesiones no fueron provocadas por Arakaki. La insistencia en la condena, así como la utilización del delito de “intimidación pública” es un grave antecedente que ataca las libertades democráticas y el derecho a la protesta.

    Ante esta decisión escandalosa, la defensa de Arakaki anunció que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, buscando revertir la medida. Sin embargo, ninguna confianza puede dar un Poder Judicial viciado de disputas de poder junto a los gobiernos de turno y lobbies empresariales, y que luego de ocho años sigue confirmando esta condena.

    El gobierno de Milei con Patricia Bullrich, quien también estuvo a la cabeza de la represión del 2017, vienen avanzando en intentar restringir cada vez más el derecho a la protesta e incrementar la persecución a los sectores que luchan contra el ajuste. El último hecho brutal fue el asesinato de Fernando Gómez en Salta en el marzo de la represión a los trabajadores, por el cual se inició una campaña exigiendo justicia y que se investiguen los responsables.

    Las jornadas de lucha contra la regresiva reforma Previsional

    César Arakaki fue encarcelado y condenado por su participación en las multitudinarias movilizaciones del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Esa jornada, en la que más de 70.000 personas rodearon el Congreso Nacional, estuvo marcada por una violenta represión policial, dejando decenas de heridos y detenidos.

    Días antes, el 14 de diciembre, otra masiva protesta obligó a suspender la sesión parlamentaria. El gobierno desplegó más de 3.500 efectivos de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad, utilizando gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes para dispersar a los manifestantes. La represión dejó más de 80 heridos, entre ellos varios con lesiones graves como la pérdida de visión, y más de 160 detenidos. Sin embargo, ningún agente policial fue sancionado por estos hechos.

    La movilización del 18 de diciembre fue otra muestra del rechazo popular a una reforma que significaba un ajuste sobre jubilados. Un ajuste que se profundizó de manera constante bajo los siguientes gobiernos y ahora, con Milei a la cabeza, es uno de los sectores más golpeados por los recortes al gasto público. Pese a la represión, columnas de trabajadores y organizaciones sociales se hicieron presentes, señalando que las calles podían ser un límite al avance de las políticas regresivas.

    Estas jornadas históricas dejaron en claro que, pese a las divisiones y la represión, la organización y las calles siguen siendo un terreno clave para enfrentar políticas que afectan a las mayorías populares.

    La condena a Arakaki, en este contexto, no puede desvincularse de una intención de disciplinar la protesta social. Mientras los responsables de la violencia policial permanecen impunes, el fallo busca acallar la capacidad de movilización de los sectores populares.

    Esta sentencia se da en un momento donde Milei continúa aplicando medidas de ajuste, en función de beneficiar a grandes grupos económicos y pagar la deuda con el FMI, y junto a Patricia Bullrich buscaron reprimir muchas manifestaciones de trabajadores, jóvenes, jubilados, atacar las libertades democráticas y la lucha por los derechos humanos. Cientos de heridos, como el abogado del CeProDH Matías Aufieri, decenas de detenciones y causas contra quienes luchan contra el ajuste, y ahora el primer muerto, asesinado en una represión, bajo el gobierno de Milei.

    Frente a este panorama, donde las respuestas en la calle se han sostenido durante todo el año a pesar de las amenazas represivas, es necesario que redoblar esta lucha y organizarse para detener la criminalización de la protesta social y el avance de la derecha, exigiendo justicia por Fernando Gómez, y la contra la condena al compañero Arakaki

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