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La Izquierda Diario - Libertades democráticas

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Artículos

  • Repudio a los homenajes al Operativo Independencia y su apología del genocidio

    8 de febrero, por Lesa Humanidad — , , , , , , , , , , ,

    Este 8 y 9 de febrero, exmilitares y familiares de condenados por delitos de lesa humanidad planean homenajes al Operativo Independencia, prueba piloto del genocidio sistemático tras el golpe de 1976. Estos actos reiterados buscan legitimar crímenes y promover una narrativa falsa de guerra. Que se abran los archivos.

    Este 8 y 9 de febrero, exmilitares y familiares de condenados por delitos de lesa humanidad pretenden hacer un "homenaje" al Programa de Aniquilamiento implementado en Tucumán en febrero de 1975 (Operativo Independencia), que fuera prueba piloto del plan sistemático de exterminio a partir del golpe de 1976. También pregona este acto Héctor Sottovia, hijo obediente de un genocida. Pretenden hacer una vigilia en la Casa Histórica de Tucumán y un acto en el pueblo fundado por el genocida Bussi, Teniente Berdina. Bussi y Vilas, antes, fueron jefes de este operativo.

    Sobre este homenaje, tanto el gobernador de Tucumán, el peronista Osvaldo Jaldo, como el ministro de Defensa, Luis Petri, y el Hada Madrina de los milicos, Victoria Villarruel, todavía no se pronunciaron, ni a favor ni en contra.

    Ahora bien, dicho esto, quiero expresar mi más enérgico repudio ante este tipo de actos, ya reiterados (2023, 2024), que no sólo intentan homenajear a criminales genocidas, sino que hacen una ostentosa apología de lo que fue y es un genocidio. Un genocidio de clase.

    Con este tipo de actos y narrativas se pretende instalar nuevamente la idea de que fue una guerra, cuando de ningún modo lo ha sido y la Justicia ya ha sido muy clara en ese aspecto.
    También se intenta introducir una supuesta memoria completa: la única Memoria Completa, señores, es que abran los archivos desde 1974 a 1983 y que los genocidas y sus cómplices hablen y rompan ese maldito pacto de silencio que mantienen hasta el día de hoy.

    Soy reiterativa, lo sé, pero en tiempos de oscuridad hay que repetir las cosas para quienes no ejercitan la memoria. Estos actos pretenden, por un lado, la impunidad de los genocidas (ojo con la concesión silenciosa de domiciliarias y condicionales) y, por otro, legitimar a las fuerzas armadas y de seguridad: las de otrora y las de hoy, con una vía libre a la represión de las protestas sociales y de los gatillos "facilísimos". Este jueves en Jujuy, la Gendarmería de Patricia Bullrich asesinó al joven estudiante y trabajador Rodrigo Torres; un mes atrás, a Fernando Gómez. En la provincia de Buenos Aires, la Policía de Axel Kicillof: uno en Moreno y dos en Mar del Plata.

    A medida que el ajuste crece sobre el pueblo trabajador, las fuerzas de seguridad se envalentonan para hacer lo único que saben históricamente hacer: dar palos, gasear y balear.

    Personalmente, este repudio lo hago en doble carácter, como trabajadora despedida del Ministerio de Justicia, donde estas políticas negacionistas despiden a los trabajadores de los Sitios de Memoria, que son prueba judicial en los juicios por delitos de lesa humanidad y también guardianes de nuestra historia, porque la transmiten y la hacen permanecer viva; sin trabajadores no hay memoria. También vacían CONADI que, gracias a sus trabajadores, pudimos recuperar 139 nietos (y faltan muchísimos más); la Secretaría de Derechos Humanos; el Archivo de la Memoria, etc. En Tucumán funcionaron varios Centros Clandestinos, como la Escuelita de Famaillá, un Sitio de la Memoria hoy día.

    Pero también hago este repudio como hija de un genocida que no sólo fue segundo jefe de la Maternidad clandestina de Campo de Mayo, sino que estuvo en el Operativo Independencia en el 75 y se jactaba prepotente de haber participado y "reventado" (textual) comunistas (el verso tan oído en mi casa paterna sobre la amenaza del comunismo sobre toda América Latina). También contaba que allí, en Tucumán, había estado junto con Rico y otros que luego fueran carapintadas junto con él durante el alzamiento. Por esa razón yo luego nazco en Salta en noviembre del 76.

    Cuento esto porque aún son muchos los hijos de genocidas que eligen el silencio o la complicidad con sus padres, como este Sottovia que ahora pugna por hacer este acto apologista u otros que reciben cargos en los distintos estamentos del estado o en empresas vinculadas al genocidio. Este gobierno se encargó de tener a varios como funcionarios.

    Hay que decir que un carapintada como Sergio Berni aún orbita en la provincia de Buenos Aires.
    Me preocupa también que el 9 de Julio en Palermo haya habido una bandera con la leyenda "Los carapintadas tenían razón". Me preocupan los afiches provocadores que me encuentro en las calles reivindicando a Isabel Perón y a Rucci; me preocupa que desde el Estado de nuevo se diga "zurdos van a correr" y otras amenazas a la comunidad LGTBIQ+.

    Los que vamos a correr no somos nosotros: tenemos la experiencia de luchas pasadas, como el Córdobazo y las jornadas de 2001, por nombrar algunas. Somos más pueblo que milicos; somos más trabajadores que milicos; somos más vulnerados, oprimidos y explotados que milicos.
    Los trabajadores hacemos girar al mundo y lo hacemos funcionar. Un régimen social que excluye, ataca a los trabajadores y mortifica continuamente a los sectores más vulnerables, no merece existir.

    Basta de apología del genocidio.
    Basta de represión.
    Basta de hambre.

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  • Ordenan libertad inmediata para brigadistas voluntarios acusados de generar un incendio

    8 de febrero, por Comarca Andina — , , , , , , ,

    Este sábado se realizó la audiencia de formulación de cargos contra las seis personas detenidas en el Hoyo el jueves 6 acusados de iniciar un foco de incendio en Mallín Ahogado. El Juez Ricardo Calcagno dijo que la fiscalía no pudo fundamentar sus acusaciones y ordenó liberarlas. Exijamos la libertad del Nicolás Heredia.

    En una audiencia que tuvo más de 300 pedidos de conexión virtual, lo que obligó a limitar el acceso en función a limitaciones técnicas, en la misma quedaron a la luz lo ridículas de las acusaciones del Ministerio Publico Fiscal (MPF) contra las seis brigadistas voluntarias detenidas el pasado 6 de febrero. Sin dudas, el amplio repudio a la decisión de Calcagno el día previo al dictar un mes de prisión preventiva para Nicolás Heredia, único imputado en la causa, cuya acusación es tan endeble como la presentada hoy, pesó a la hora de la resolución del Juez.

    Tanto el Jefe de Fiscales de Río Negro, Martín Losada, como el Fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, fueron incapaces de demostrar la “razonabilidad y sustento de los cargos para decidir la verosimilitud y responsabilidad de los actos juzgados”, en palabras del propio Losada. Ya al inicio de la audiencia por la plataforma ZOOM, el Fiscal Arrien dejó abierto su micrófono y en una conversación telefónica se le oyó decir “tiene que quedar detenido, simplemente eso”, algo que generó suspicacias entre los oyentes de la audiencia.

    Luego del relato que las imputadas hicieron de los hechos, y ante la evidente contradicción en los dichos de la fiscalía. Calcagno, desestimó el pedido de procesamiento en base a los argumentos del defensor público Marcos Cicciarello, planteando que se violaba el principio legal de presunción de inocencia y que toda la acusación se sustentaba en la sospecha generada en la denuncia de cuatro personas que no fueron testigos de tal hecho en sí.

    Se cae así el armado de causas que rápidamente salió a pedir el gobierno de Río Negro y sus poderes vienen llevando adelante para conseguir criminalizar a quienes se solidarizan con los afectados por el incendio, dejando impunes a quienes atacaron a quienes pedíamos sui libertad y ante todo buscando tapar las causas profundas de la actual catástrofe en la Comarca Andina: el ajuste del propio gobierno, el desfinanciamiento de los servicios de lucha y prevención, los intereses inmobiliarios, las forestaciones con exóticas y el cambio climático.

    Sigamos exigiendo la libertad inmediata de Nicolás Heredia y organizando la solidaridad desde abajo para poner fin a esta catástrofe ecológica y social.

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  • Crimen de Matías Paredes: ministro de Kicillof justificó el accionar de la Policía Bonaerense

    7 de febrero, por Gatillo fácil — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Si bien los cinco efectivos directamente involucrados fueron “separados”, Javier Alonso reconoció que el hecho de que hayan perseguido al albañil de Mar del Plata armados hasta los dientes, vestidos de civil y en autos particulares sin patente es una decisión de su ministerio. El gatillo fácil sigue siendo moneda corriente, gobierne quien gobierne.

    En la madrugada del jueves el albañil Matías Paredes, de 26 años, fue asesinado de cuatro balazos por miembros de la Policía Bonaerense que, armados y vestidos de civil, transitaban en autos particulares y sin patente, supuestamente buscando a quien días antes había matado a un kiosquero.

    El hecho ocurrió en la zona del barrio Bosque Grande, al sur de Mar del Plata. Los policías mataron a Paredes sin siquiera identificarse, sin dar la protocolar “voz de alto” y mucho menos permitirle algún tipo de defensa. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

    El caso recuerda a muchos otros ocurridos en el país en los últimos años y casi un calco de la llamada Masacre de San Miguel del Monte, ocurrida en 2019, también a manos de la Bonaerense. O al de Lucas González en Barracas, en 2022, ejecutado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

    En este caso, Matías y dos amigos viajaban en un auto hacia sus casas, luego de ir a buscar un maso de naipes y participar de un evento del Club Alvarado. Los efectivos camuflados de personas comunes los persiguieron durante varias cuadras a bordo de una camioneta y un auto sin identificación policial. Hasta este viernes los cinco involucrados en el hecho siguen en libertad, pese a existir un claro peligro de entorpecimiento de la investigación judicial e incluso de fuga.

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    Este viernes Cristian Paredes, hermano de Matías, dijo que “los milicos lo mataron como a una rata. Dejó una nena de tres años. Tenemos el apoyo de toda la gente. Hoy lo vamos a despedir tranquilos pero mañana vamos a empezar a pedir justicia. Lo mataron sin decir nada”. En conversación con el periodista Diego Iglesias en Radio Con Vos, agregó que las tres víctimas del ataque “se asustaron cuando los vieron bajar (a los policías) armados, pensando que los querían robar”.

    En las útimas semanas la Departamental de la Policía Bonaerense de Mar del Plata quedó en medio de varios escándalos. Los titulares de la división Drogas Ilícitas fueron procesados por quedarse con sustancias y dinero secuestrados en allanamientos, parte de los cuales luego se plantaban en otros operativos.

    Y también tras el asesinato del kiosquero, el gobernador y su ministro habían desplazado a toda la cúpula de la Distrital local. Fue dos días antes del crimen de Matías. El nuevo titular de la Departamental es Edgardo Vulcano, con antecedentes en Miramar, de donde fue removido tras el asesinato del joven Luciano Olivera en 2021, también a manos de la Bonaerense.

    No se hacen cargo

    Luego de escuchar al hermano de Matías, en el mismo programa radial Iglesias entrevistó a Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Allí se produjo un intenso cruce entre el periodista y el funcionario de Axel Kicillof, sobre todo cuando éste buscó justificar el operativo sin identificación policial aunque, lógicamente, buscó despegarse del luctuoso resultado de ese mismo operativo y hasta afirmó que él también quiere justicia.

    “Primero, lamentar y manifestar el pesar nuestro, del Ministerio y del Gobierno de la provincia por el resultado del fallecimiento, ¿no? Los policías fueron desafectados de la fuerza, estamos colaborando con el fiscal en la investigación de lo que pasó”, arrancó diciendo Alonso.

    El ministro confirmó que “el operativo se dio en el marco de una decisión” tomada por su cartera y la Policía Bonaerense, ya que supuestamente estaban “tratando de encontrar a Monje, el asesino de Cristian, el muchacho que trabajaba en un kiosco”. Agregó que tenían “toda la información de inteligencia” recolectada y se dispuso “el trabajo de diferentes grupos de policías recorriendo el espacio público” para encontrar al sospechoso. Así se dio “ese operativo de búsqueda”, en el que se produjo el asesinato de Paredes. “Todo lo demás es responsabilidad de la Justicia”, sentenció.

    Alonso informó que los cinco efectivos involucrados en el crimen “fueron desafectados” de la fuerza mientras son investigados judicialmente. “Veremos qué grado de responsabilidad tiene cada uno”, manifestó con total tranquilidad.

    Al ser consultado sobre las evidentes irregularidades del operativo, con policías no identificados persiguiendo, deteniendo y disparando contra personas que no hacían más que circular por la calle, Alonso se puso nervioso y volvió a justificar la presencia de esa patrulla asesina. Dijo que como se estaba buscando “a un delincuente peligroso, suelto y que cuando ve a un patrullero se aleja”, el accionar debía ser ése.

    Profundizando su razonamiento, el ministro dijo que “por algo existen las brigadas de investigación, pero no quiere decir que puedan hacer cualquier cosa. Hay una estrategia que es legal, hay una orden de servicio, hay que ver cómo la ejecutaron ellos. Eso lo está investigando un fiscal y Asuntos Internos está colaborando”.

    En ningún momento Alonso pidió siquiera disculpas a la familia del joven asesinado. Sólo busca “despegarse” de toda responsabilidad para salvar el pellejo de un gobierno que se disfraza de progresista pero mantiene intacta a la misma Policía Bonaerense que lleva décadas cometiendo todo tipo de atrocidades contra la población, mayormente contra los sectores más empobrecidos de la provincia.

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    Cuestión de Estado

    Aún el Gobierno de Axel Kicillof debe rendir cuentas por los muchos crímenes cometidos por la fuerza durante la cuarentena por la pandemia de covid-19. Allí está como ejemplo el crimen aún no resuelto e impune de Facundo Castro, prueba flagrante de un accionar policial criminal acompañado de un claro encubrimiento político-judicial-mediático.

    Alonso hoy busca defenderse diciendo que en las calles hay muchos “delincuentes” que están en una “clara situación evasión de la Policía” y que, por eso, hay “personal de civil que se mimetiza con el paisaje, que busca la información, que está tratando de chequear”. Desde su óptica, los asesinos de Matías eran parte de ese “trabajo” encomendado por las autoridades para buscar al hombre que mató al kiosquero.

    Lejos de cualquier mínima autocrítica, el funcionario deja en un limbo de especulaciones cualquier explicación seria de por qué los casos se acumulan a lo largo de los años y son moneda corriente en la Bonaerense que él conduce. Como discípulo del derechista Sergio Berni, no tiene nada que envidiarle a las justificaciones de Patricia Bullrich en casos como los de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel o Fernando Gómez, donde a los sumo sus subordinados cometen “excesos”.

    En la conversación en Radio Con Vos el ministro no mostró siquiera algún tipo de empatía con la familia de Paredes. Otro “homenaje” a su antecesor Berni. Sólo se limitó a decir que lo que hicieron los policías “está mal”, que ahora “todo el proceso de justicia va a ocurrir” y que esto “no es algo que está ocurriendo todos los días”. Aunque minutos después reconoció que en los últimos tiempos está creciendo el número de personas que caen bajo las balas de la Policía.

    “Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para profesionalizar y transformar a la Policía y lo estamos logrando”, dice Alonso. Pero el gobierno al que pertenece ya lleva más de seis años conduciendo a la Bonaerense. Y el partido político en el que milita con Kicillof ya gobernó 32 de los 41 años que pasaron desde el final de la dictadura. Sus palabras no pueden más que caer en el saco de la hipocresía.

    El sostenimiento de ese ejército criminal de cien mil personas (a quienes algunes tienen el tupé de llamarles “trabajadores”), especializado en todo tipo de represiones y connivencia con el crimen organizado, es una cuestión de Estado. De Estado capitalista, donde una minoría poderosa maneja los destinos de las mayorías sociales. Tanto que los funcionarios de turno, como Alonso, siempre están prestos a encubrir y hasta justificar aquello que, cínicamente, llaman “excesos”.

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  • Juez determinó prisión preventiva a Nicolás Heredia, el tercer brigadista voluntario detenido en El Bolsón

    7 de febrero, por Todo armado — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Se desarrolló la audiencia de formulación de cargos donde el Juez Calcagno determinó dar lugar, aún reconociendo “contradicciones”, al pedido de fiscalía para la imputación del cargo de “incendio en grado de tentativa” con un mes de prisión preventiva. Más necesario que nunca ampliar el arco democrático por la libertad del brigadista voluntario.

    El juez Calcagno determinó todo lo que le pidió Fiscalía, a cargo del fiscal de El Bolsón, Francisco Arrién y Martín Lozada, quienes sostuvieron un relato de lo sucedido con muchas inconsistencias. En primera instancia reconocen que Nicolás Heredia fue “interceptado” por dos personas que ahora son testigos de la causa, quienes declararon que lo hicieron por “tener cara sospechosa” mientras aguardaba a la vera de un camino, lejos del lugar de los incendios y en soledad. A las sospechas que los fiscales usan como base de su imputación se le agrega que Heredia no tenía herramientas de trabajo mientras tenía puesta remera amarilla del SPLIF. Agregaron también el relato de estos “testigos” de que Heredia habría descartado una botella con líquido combustible.

    Nicolás Heredia, un trabajador changarín neuquino de vacaciones en la Comarca Andina, alojándose en el camping El Rústico; fue compañero brigadista voluntario junto a Fabián Pasos, dueño del camping y también detenido en el día de ayer en la Comisaría de Dina Huapi pero que fuera liberado sin cargos. Ambos habían estado luchando contra el fuego los días anteriores y en el día de la detención martes 5 de febrero, Nicolás Heredia estaba aguardando que lo pasaran a buscar en horas de la mañana para seguir cooperando en la lucha contra las llamas. Heredia declaró que en su mochila solo tenía comida para los chicos que estaban arriba en “los Pozones”. “Llevaba sánguches porque así me lo pidieron, porque el otro día trabajamos todo el día sin comida, ni agua”.

    Sobre la supuesta botella con líquido inflamable Heredia planteó que él nunca tuvo ni tocó ninguna botella y recalcó que estando de vacaciones se sumó a colaborar, incluso siendo llevado a los lugares hasta por el chofer del intendente Pogliano en una camioneta del municipio. El abogado defensor del brigadista voluntario, Nelson Vigueras, señaló las contradicciones del relato de los supuestos testigos que utilizó la Fiscalía para la imputación de cargos. En primer lugar planteando que los testigos atribuyen a Heredia como una persona con una “camisa amarilla” (del SPLIF, organismo provincial de combate al fuego) cuando luego se lo describe con la ropa que tiene puesta y que es visible durante su detención, pantalón de jean y camisa celeste. Esto es importante porque hasta el propio gobernador Weretilneck se suma al discurso mentiroso acusándolo de estar “vestido como brigadista para pasar desapercibido”.

    A su vez, Vigueras, demostró que en los relatos de los testigos se dice claramente que encontraron una botella tirada en el camino, todo lo contrario a lo que sostiene fiscalía de ser Heredia el poseedor de la misma. La defensa también aseveró que una de las testigos declaró que la “intercepción” de Heredia fue por la actitud sospechosa y ser “muy morocho”, sin que ninguno de esos supuestos testigos declarase que Nicolás tenía esa botella.

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    Cabe aclarar una cosa elemental sobre esta supuesta botella de líquido inflamable que claramente fue “encontrada tirada” como relatan los testigos: gran parte de las herramientas de lucha contra el fuego, como ser las motosierras, necesitan “botellas” de nafta y aceite para recargarlas en plena faena. Pero toda la argumentación de los fiscales, inconsistente con los propios relatos de los testigos que utilizaron para la imputación, fue aceptada por el Juez Calcagno. El magistrado, aún aceptando las contradicciones sobre la camisa amarilla, la botella o incluso sobre la “intercepción” de Heredia por parte de estos testigos, decidió sostener la formulación del cargo de “incendio en grado de tentativa” y mantenerlo detenido por un mes por considerar que un joven mochilero changarín, alojándose en un camping, pueda “huir” u “obstruir” la investigación.

    Mientras el circo que sostienen Bullrich y Weretilenck continúa, dadas las nuevas detenciones arbitrarias producidas en el día de ayer. Ante estos atropellos e impunidad, y con la presencia de más de 200 agentes policiales llevados de distintos lugares hacia la Comarca Andina, se hace perentorio ampliar el arco democrático para enfrentar estos atropellos, le ponga un freno a las patotas de paisanos pagos por el poder local y logre imponerle a esta justicia la libertad para Nicolás Heredia.

    Juez Calcagno en la audiencia pública.

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  • Más de 50 organismos de DDHH y centenares de organizaciones de todo el país repudiaron el acto reivindicativo del Operativo Independencia

    7 de febrero, por Tucumán — , , , , , , , , ,

    El documento impulsado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de Tucumán, tuvo centenares de adhesiones. Repudio al acto que impulsan sectores vinculados al ejército directamente involucrados en el Operativo Independencia, a 50 años del decreto que firmó María Estela Martínez de Perón y el inicio lo que constituyó la antesala de la dictadura genocida que se extendió a todo el país.

    Reproducimos el comunicado del EMVyJ de Tucumán:

    Más de 50 organismos de DDHH de todo el país, y centenares de organizaciones sociales, políticas y culturales, repudiaron el acto reivindicativo del Operativo Independencia

    En unas pocas horas, la declaración en repudio al acto que preparan sectores vinculados a los militares retirados, a 50 años del Operativo Independencia, cosechó centenares de adhesiones entre organismos de DDHH de todo el país, organizaciones sociales, sindicales, políticas y culturales, así como referentes políticos y de la cultura de Tucumán y el país. La iniciativa fue impulsada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia desde Tucumán y las firmas se siguen sumando.

    El Operativo Independencia constituyó el inicio del genocidio, luego sostenido por la última dictadura cívico militar en la Argentina. Sectores vinculados a los militares retirados, directamente involucrados en la desaparición forzada de personas, preparan un acto el próximo 9 de febrero frente a la Casa Histórica en el que esperan la presencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

    La declaración también llama a defender y rodear de solidaridad los espacios de la memoria que están siendo vaciados y atacados por un gobierno negacionista que fomenta discursos de odio, mientras endurece el aparato represivo y pretende prohibir la protesta social, y que fue ampliamente repudiado por miles en todo el país en la movilización del pasado 1 de febrero.

    Encuentro Memoria, Verdad y Justicia - Tucumán

    Declaración repudio a los a... by Emiliano Tr

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