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  • El último testimonio de Adriana Calvo: los rugidos de una loba

    15 de diciembre de 2024, por Lucha contra la impunidad — , , , , , , , , , , ,

    Fue la primera sobreviviente de la dictadura que declaró en el Juicio a las Juntas de 1985. Hoy cumpliría 77 años. Aquí su último testimonio, mensaje de resistencia inquebrantable. Su lucha contra la impunidad se reactualiza ante el negacionismo de sectores reaccionarios aliados al Gobierno nacional.

    “El día que parí a mi hija en el patrullero en el que me trasladaban de la Comisaría 5° de La Plata al Pozo de Banfield hice la promesa que, si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todos los días de mi vida para que se hiciera justicia”, dijo Adriana Calvo ante el juez Guillermo Ledesma. La entonces integrante de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y luego fundadora de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), así lo hizo hasta el día en que murió, el 12 de diciembre de 2010, hace 14 años.

    Myriam Bregman, que luego sería una de las abogadas querellantes en numerosos juicios de lesa humanidad, recuerda que la noche del 21 de agosto de 2003, “mientras festejábamos en la calle la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Adriana me dijo que iban a necesitar muchos abogados, porque las querellas iban a ser tantas que iban a tener que llevarlas con carritos por Tribunales”. Fue entonces también que, luego de la fundación de la AEDD y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Adriana fue una de las principales impulsoras de Justicia Ya!, que actuaría como una gran querella colectiva en los juicios de lesa humanidad.

    Para eso, Adriana encabezó el trabajo de investigación y recolección de datos como no quiso realizar ningún gobierno constitucional. Ella misma sabía cómo funcionaba la memoria: “al día siguiente de su liberación, con mi papá empezaron a avisar a las familias. Entre los dos llamaron a más de 50 familias de quienes compartieron cautiverio”, cuenta su hija Teresa Laborde, que nació secuestrada pero pudo conservar su identidad. Sin embargo, la tarea de Adriana, ahora, era otra: dar con todos los genocidas, llevarlos al banquillo de los acusados y lograr que sean condenados como tales por todos sus compañeros y compañeras.

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    Irene Ippolitto, docente de la Facultad de Ingeniería e investigadora del CONICET, una de las mejores amigas de Adriana, cuenta que “ella siempre tuvo un método científico: cada vez que tenía que testimoniar, sacaba sus tablas que había hecho en un excel, con fechas, nombres, hechos, acotaciones, para no olvidarse de ningún compañero o compañera, y dependiendo de la causa en la que testificaba, armaba su testimonio. Lo mismo hacía en sus clases. Tenía un método científico característico”.

    Adriana fue pionera en la pelea por que la justicia reconociera la figura del genocidio en esos juicios, en los que además denunciaba que sólo algunos genocidas eran condenados a cuentagotas. No pudieron detenerla ni las amenazas que recibió luego de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz; ni las que recibió antes, cuando se preparaba para declarar en el Juicio a las Juntas; ni la propia enfermedad.

    “El cáncer de mi mamá duró un año y tres meses. No podía casi ni hablar. Pero aún así, la memoria que tenía era impresionante”, refuerza Teresa al acercarnos la última denuncia, el último testimonio de Adriana Calvo, en el marco de la causa de “Automotores Orletti II”, en octubre de ese 2010, unas semanas antes de su fallecimiento.

    Como recuerda su amiga Irene, para Adriana, declarar, denunciar la impunidad a los genocidas, civiles y militares, siempre era de primer orden. No sabía cuál iba a ser la última vez. Y cada vez era una renovada expresión de resistencia. En aquella oportunidad, dos cosas marcaron la declaración de Adriana: la pelea por la inclusión de Alicia Raquel D'Ambra en esa causa, y la denuncia del robo del nieto 133, cuya identidad aún no se conocía.

    Hasta el último respiro

    Adriana luchó incansablemente contra la impunidad. Hasta sus últimos días trabajó en denuncias y rodeada de familiares, compañeras y compañeros. No llegó a ver elevada a juicio la causa de la brigada de Pozo de Banfield, que se instruyó precisamente por la reconstrucción minuciosa que realizó junto a AEDD sobre el funcionamiento de ese Centro de Detención y de la maternidad clandestina que funcionó allí dentro.

    Según sus registros, en ese lugar estuvieron secuestradas al menos 23 mujeres embarazadas o inmediatamente después de parir y 12 hijos, hijas, hijes fueron apropiados. Hasta el momento en que Adriana dio su último testimonio, 8 de ellos continuaban desaparecidos: “uno de ellos es el hijo de Cristina Navajas”, volvió a repetir en aquella declaración.

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    Compañeras

    En cautiverio, Adriana conoció a Manuela Santucho, Cristina Navajas y Alicia Raquel D'Ambra, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que previamente habían sido secuestradas y torturadas en Automotores Orletti, el Centro Clandestino de Detención con el que contó la SIDE en el barrio de Floresta, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la dictadura.

    “Las conocí el 16 de abril de 1977 en el segundo piso del Pozo de Banfield, donde había sido llevada la noche anterior, desde la Comisaría 5ta. de La Plata”, contó en su lúcida y minuciosa exposición, ante fiscales y jueces que intervenían en la "Causa Orletti II", donde se condenó a 15 genocidas.

    Adriana no llegó tampoco a conocer esa sentencia, pero el 8 de octubre de 2010 estuvo allí para decir, ante el Tribunal que llevaba adelante ese juicio:

    “No puedo ni quiero terminar mi declaración sin explicar al Tribunal quiénes eran Manuela, Cristina y Raquel. Creo no haber mencionado hasta ahora que cuando llegué a Banfield llevaba dos meses y medio de cautiverio, que había adelgazado muchos kilos, a pesar de estar en mis últimos meses de embarazo, que venía de parir en el asiento de atrás de un auto, con los ojos vendados y las manos atadas atrás, que al llegar me habían obligado a limpiar la camilla donde me sacaron la placenta y el piso, desnuda frente a 10 o 12 guardias que se burlaban, mientras mi hija Teresa lloraba en una mesada, (...) estábamos en definitiva, en el último de los círculos de un infierno no imaginado siquiera por el Dante.
    Sin embargo, allí mismo y en gran medida gracias a Manuela, a Cristina y a Raquel conocí también lo más excelso, lo más sublime, lo más grandioso, del ser humano.
    (...)
    ¿Cuál es la otra respuesta posible al motín organizado por Manuela y Raquel cuando un guardia pretendió arrancarme a Teresa de los brazos para supuestamente protegerla del efecto de la pastilla de Gamexane que iba a prender para eliminar los piojos que estaban contagiándolos a ellos? Aprovechando que habían abierto todos los calabozos para que el gamexane hiciera su efecto, todas las compañeras formaron una barrera humana infranqueable delante de mí, gritando al mismo tiempo, ‘no, no se la llevan' en un rugido de leonas defendiendo a sus crías, que jamás olvidaré.
    Por último ¿qué otra explicación hay para el silencio de Cristina acerca de su parto y de por qué su bebé no estaba con ella que la voluntad expresa y admirable de no transmitirme el temor de que se llevaran a Teresa?
    Sres. Jueces, Manuela, Cristina y Raquel fueron personas dignas, justas, valientes, solidarias y libres. Están desaparecidas y los responsables están impunes.
    Para ellos pido castigo, para ellas, mi homenaje!

    El 27 de julio de 2023 fue restituida la identidad del nieto 133, hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho.

    8 de octubre de 2010 - Audio de la Declaración completa de Adriana Calvo en la causa “Automotores Orletti II”, facilitado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, grabado por Nilda Eloy

    8 de octubre de 2010 - Desgrabación de la Declaración completa de Adriana Calvo en la causa “Automotores Orletti II”, facilitada por Teresa Laborde

    Manuela Santucho, Cristina ... by Sol Bajar

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  • Brutalidad policial en San Nicolás: el “método Bukele” de Passaglia y Kicillof

    15 de diciembre de 2024 — , , , , , , , , , , ,

    En la madrugada del domingo, la ciudad de San Nicolás fue escenario de un operativo masivo y represivo que encendió alarmas por su brutalidad y el abuso de poder ejercido por las fuerzas policiales. En el Parque San Martín, bajo la excusa de combatir las “picadas ilegales” y el ruido de motos con escapes libres, las autoridades municipales, la policía de Passaglia y Kicilof, y la justicia realizaron un procedimiento que recuerda peligrosamente al autoritarismo del “método Bukele”.

    El operativo, que según las autoridades había sido “planeado durante meses”, consistió en cercar a más de un centenar de motociclistas con vallas, dejando a los presentes sin posibilidad de salir del perímetro establecido. Durante horas, las fuerzas policiales retuvieron a las personas presentes, secuestraron 113 motos y 11 autos, y reportaron que algunos menores de edad fueron detenidos y luego entregados a sus padres.

    Si bien el comunicado oficial destaca la incautación de vehículos “por distintas irregularidades” y el hallazgo de armas blancas, testigos del operativo denuncian un accionar desmedido de la policía, que incluyó amenazas, golpes y un despliegue militarizado que no solo criminalizó a los motociclistas, sino que buscó instalar el miedo entre la población.

    Criminalización de los jóvenes y estigmatización de los barrios populares

    El operativo de San Nicolás no puede analizarse de manera aislada. Se inscribe dentro de un contexto en el que el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei y Patricia Bullrich, alienta a políticas de mano dura que se traducen en operativos policiales masivos, criminalización de la juventud y la implementación de medidas represivas similares a las utilizadas por Nayib Bukele en El Salvador.

    Bajo el pretexto de combatir el desorden y el delito, este tipo de operativos impactan principalmente en sectores vulnerables y buscan consolidar un control social autoritario. En este caso, el Parque San Martín se convirtió en una zona de guerra, donde quienes estaban presentes fueron tratados como criminales sin pruebas ni motivos claros más allá de la pertenencia a un sector social que suele ser señalado por prejuicios de clase.

    Esta política no es nueva. San Nicolás fue el escenario del brutal asesinato de Ulises y Ezequiel a manos de las fuerzas de seguridad, una tragedia que sigue sin justicia y que evidencia cómo la violencia estatal se ensaña contra los sectores más jóvenes y vulnerables.

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    “Seguridad” a costa de derechos humanos

    Lejos de solucionar los problemas estructurales de inseguridad o de ruido urbano, este operativo deja en claro la intención de las autoridades de imponer el miedo como método de control. San Nicolás es testigo de una creciente militarización en nombre de la “seguridad”.

    La implementación de operativos que cercan a grupos enteros de personas y los retienen durante horas no es solo un retroceso en términos democráticos, sino que constituye un ataque directo a los derechos humanos. La violencia estatal no se puede justificar bajo el paraguas de la “tranquilidad” o el “orden”.

    Tampoco se puede naturalizar estas provocaciones del intendente Passaglia. En tiempo récord, la Municipalidad publicó un video de edición profesional celebrando la brutalidad del operativo. Es el método de Sergio Berni y Patricia Bullrich que publicita los actos represivos como actos de gobierno contra la inseguridad.

    Ya en mayo de este año, con la presencia del gobernador Kicillof y la concejala Comerio, se inauguraba una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Lejos de combatir el narcotráfico, desde entonces se dedican a hostigar a los habitantes de los barrios de San Nicolás.

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    Frente a este escenario alarmante, es necesario que los organismos de derechos humanos, las organizaciones sindicales, sociales y políticas en su conjunto denuncien este tipo de prácticas. No se puede permitir que el “método Bukele” se normalice.

    El operativo de Passaglia y Kicilof no es un caso aislado, es un síntoma de un modelo autoritario que pretenden instalar en el país. También lo venimos viendo en la provincia vecina de Santa Fe con Pullaro con la excusa de enfrentar el narcotráfico. No hay que permitir estos avances.

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  • La creación de la Conadep: la teoría de los dos demonios y el impacto del Informe “Nunca Más”

    13 de diciembre de 2024, por A 41 años — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Hace 41 años, el gobierno radical de Raúl Alfonsín creo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), con la misión de investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Argentina. El silencio sobre la Triple A, la teoría de los dos demonios y el objetivo del informe Nunca Más.

    El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir la presidencia de la Nación, Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que un año después pasaría a la historia por el informe Nunca Más.

    Al momento de la creación, el Poder Ejecutivo destacaba la necesidad de conocer la verdad como base de la futura “unidad” y “reconciliación” nacional. El informe Nunca Más representó, según Alfonsín, un “aporte fundamental para que, de aquí en adelante, los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina.

    Si bien las cúpulas de las Fuerzas Armadas habían rechazado la creación de la Conadep, su existencia desde fines de 1983 respondía a las aspiraciones del gobierno de Alfonsín de dar por terminado el tema de la violación de los derechos humanos con el menor costo posible para la institución militar y las fuerzas de seguridad.

    “Unidad” y “reconciliación” nacional no podían tener otro significado. La Conadep estuvo integrada por personalidades destacadas de la cultura. Su presidente fue el escritor Ernesto Sábato, quien había sido cuestionado por su postura frente al golpe de 1976 (compartió un almuerzo con Jorge Rafael Videla en el que le agradeció y lo elogió por haberse puesto al frente del gobierno, luego cambio de posición y adscribió a la llamada teoría de los dos demonios).

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    Sábato estuvo acompañado por la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide (madre de un desaparecido y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH-), el médico René Favaloro y religiosos de todos los cultos como Jaime De Nevares y Marshall Meyer, entre otras personalidades.

    En los hechos concretos, la Conadep representaba un intento oficial de desmovilizar a los sectores que, junto con los familiares de los desaparecidos y los organismos de derechos humanos, reclamaban juicio y castigo para todos los genocidas.

    Los objetivos concretos

    En primer lugar, los objetivos de la Conadep se alineaban con la orientación impulsada por el gobierno de Alfonsín de juzgar únicamente a los miembros de las juntas militares que ocuparon la Casa Rosada entre 1976 y 1983.

    Así, como indica su nombre, la Comisión se limitaba a reunir información sobre la identidad de los desaparecidos (en base a denuncias y testimonios de sobrevivientes) y a examinar la metodología empleada por la dictadura, sin recurrir a los innumerables archivos que el Estado recibió de esa misma dictadura y que hasta el día de hoy, en gran medida, siguen bajo siete llaves.

    Si bien los testimonios de los sobrevivientes estaban llenos de menciones sobre sus secuestradores y torturadores, la Conadep no tenía como propósito develar la identidad de militares ni civiles cómplices, sino dar a conocer la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura.

    De ese modo, la Conadep desestimaba el discurso militar sobre supuestos excesos cometidos durante el gobierno de facto pero, al mismo tiempo, evitaba contribuir con el juzgamiento de los genocidas. Este aspecto fue denunciado por las Madres de Plaza de Mayo que, desde un principio, no apoyaron la formación de la Conadep.

    En segundo lugar, la Comisión se limitó al tratamiento de las desapariciones ocurridas en los primeros años de la dictadura militar, desestimando la investigación de los asesinatos cometidos por la Triple A durante el gobierno de Perón e Isabel. Este recorte temporal respondía a la política del gobierno de evitar el involucramiento de la dirigencia peronista pero también de sus propios correligionarios.

    El informe Nunca más

    Así, el 20 de septiembre de 1984 aún no se encontraba definida la instancia judicial que evaluaría la información reunida en el Nunca Más. En diciembre de 1983, el gobierno radical había derogado la ley de amnistía, estableciendo por decreto el procesamiento de las cúpulas guerrilleras y la persecución penal de las Juntas militares.

    Mientras la Conadep se reunía con el presidente en la Casa de Gobierno, unas 70.000 personas se concentraban en Plaza de Mayo para marchar hacia los Tribunales en reclamo de justicia civil. Hasta ese momento no estaba claro si el juzgamiento de los responsables iba a quedar en manos del Poder Judicial o de la llamada Justicia Militar.

    A los pocos días, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas declaró legítimas las órdenes dadas por las juntas militares y el tratamiento jurídico quedó a cargo de la Cámara Federal.

    La teoría de los dos demonios

    “Durante la década del '70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”, arrancaba el prólogo del Nunca Más. A continuación indicaba que “a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”.

    El prólogo fue escrito por Ernesto Sábato y acompaña el informe que publicó como libro la editorial de la Universidad de Buenos Aires, Eudeba. En este texto se resume la interpretación que el gobierno de Alfonsín intentó imponer, con la colaboración inestimable de los miembros de la Conadep sobre lo sucedido en los años 70 y las respuestas dadas por los militares durante los siete años de gobierno de facto.

    En esta interpretación, que equipara los crímenes del terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones armadas (la llamada “teoría de los dos demonios”), se oculta que el golpe militar tenía por objetivo liquidar a toda una generación de luchadoras y luchadores obreros y populares. Porque al momento del golpe la guerrilla estaba diezmada, mientras que la clase obrera se enfrentaba a la burocracia sindical peronista y a las patronales.

    En esos años, los trabajadores construyeron las Coordinadoras Interfabriles, desde donde organizaron las huelgas y movilizaciones de masas que lograron destituir al ministro de economía Celestino Rodrigo y a uno de los principales organizadores de la Triple A, José López Rega.

    La clase obrera, que tenía como aliado al movimiento estudiantil, iniciaba un proceso de enfrentamiento con el peronismo en el poder. Un movimiento obrero, que aún quebrada sus organizaciones de base y desaparecidos sus principales dirigentes, continuó resistiendo durante la dictadura.

    Pero el informe de la Conadep perseguía un ambicioso interés: colaborar con la recomposición del Estado burgués. Para eso fue necesario equiparar la lucha de clases con el terrorismo, ocultar a la clase obrera como sujeto y presentar a la mayoría de los desaparecidos como inocentes víctimas sin ideología, que quedaron atrapados entre el fuego cruzado de la extrema derecha y la extrema izquierda.

    El informe también oculta que, previo al golpe, la democracia burguesa, fue el régimen de la violencia contrarrevolucionaria que organizó bandas paraestatales, la Triple A, junto a la burocracia sindical, para quebrar esa alianza de clase entre el movimiento obrero y la juventud.

    Un segundo prólogo

    El segundo prólogo del Nunca Más, publicado en 2006 (a treinta años del golpe) si bien reivindicó el informe de la Conadep, cuestionó la teoría de los dos demonios: “es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como un juego de violencias contrapuestas”, dice y reconoce que, al momento del golpe militar, “la guerrilla ya había sido derrotada militarmente”.

    Ese nuevo prólogo, escrito por el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, se ubicaba a la izquierda del escrito por Sábato, pero no daba cuenta del ascenso obrero-estudiantil, y en consecuencia, de los objetivos contrarrevolucionarios del golpe.

    Relatos

    En ese entonces, el relato del kirchnerismo reivindicaba la militancia de los 70 al tiempo que ocultaba el ascenso revolucionario de la época. Porque quienes asumieron el gobierno post 2001 también tuvieron la tarea de recomponer el orden institucional: apelaron a la Corte Suprema para que declare inconstitucional las leyes de impunidad; el 24 de marzo de 2004 el presidente Néstor Kirchner ordenó que los cuadros de Videla y Bignone, que estaban colgados en una de las galerías del Colegio Militar, fueran retirados.

    Estas concesiones parciales de los gobiernos kirchneristas fueron acompañadas de la cooptación de organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, presididos por Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, respectivamente.

    Pero para el 24 de marzo de 2013, Cristina daría una nueva interpretación a lo sucedido en los 70, más cerca del primer prólogo. Consolidada la cooptación de algunos de los organismos y con la llegada de Jorge Bergoglio al Vaticano, la presidenta convocó a un acto oficial en el ex centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea en Morón, la Mansión Seré, y tuvo como invitadas a dos integrantes destacadas de la Conadep: Magdalena Ruiz Guiñazú y Graciela Fernández Meijide, defensoras del Punto Final, la Obediencia Debida y la teoría de los dos demonios.

    En su discurso, Cristina Kirchner reivindicó a la Conadep y destacó que “el odio nos convierte también en personas feas, no se puede vivir con odio”, para rememorar a continuación “la tragedia que hemos vivido, familias donde había una víctima y del otro lado un victimario". Un discurso que, claramente, respondía al clima de reconciliación promovido desde la Santa Sede.

    Negacionismo

    El gobierno de Mauricio Macri estuvo cargado de negacionismo. Habló de curros de los derechos humanos e intentó darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas, a quién no dejó de elogiar, y pretendió, vía la Corte Suprema, otorgarle el 2x1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad. Una inmensa movilización, casi espontánea, colmó la Plaza de Mayo que se extendió por todas las calles laterales. Un intento de impunidad que fue derrotado en las calles.

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    En la era de Millei y Villarruel

    Con los libertarios, el negacionismo volvió a la primera plana. Durante los debates presidenciales, Javier Milei negó la desaparición de 30.000 luchadores y reivindicó a las Fuerzas Armas. Solo Myriam Bregman lo enfrentó y desmintió con datos certeros.

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    Luego, bajo el nuevo gobierno, un grupo de diputados de La Libertad Avanza fueron al penal de Ezeiza a visitar a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. En tanto Victoria Villarruel convocó a un acto en el Senado para homenajear a las "víctimas" del terrorismo. Entre ellas la hija de José Rucci, un sindicalista peronista que apoyaba los crímenes de la Triple A.

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    El gobierno que reivindica el legado económico del golpe genocida de 1976 busca también la reconciliación con aquellos que asesinaron a miles de trabajadores y jóvenes para imponer un plan de país al servicio del gran capital y el imperialismo. Por eso hoy como ayer, la lucha contra la reconciliación y la impunidad sigue más presente que nunca.

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  • Denuncian a Laje y al Gordo Dan por apología del crimen e incitación a la violencia colectiva

    13 de diciembre de 2024, por Comodoro Py — , , , , , , , , , , , , ,

    Dos denuncias penales ya se encuentran en los juzgados de Lijo y Rafecas. Las firman abogados y referentes de organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Por los delitos que se les adjudican podrían tener penas de hasta seis años de prisión.

    En las últimas horas Agustín Laje y Daniel “el Gordo Dan” Parisini, dos de los más fervientes propagandistas del ultraderechista gobierno de les hermanes Milei, fueron denunciados penalmente por un conjunto de organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y culturales. Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) , que nuclea a esas organizaciones, los acusan de encabezar una sistemática campaña de odio, discriminación y apología del crimen contra referentes y grupos de personas a través de medios y redes sociales.

    “Como nos enseñaron Norita (Cortiñas), Mirta (Baravalle) y todas las Madres (de Plaza de Mayo), instamos la presente denuncia”, dicen los dos escritos presentados ante los Tribunales Federales de Comodoro Py (a los que accedió este diario). Allí recuerdan que el EMVJ es un “espacio unitario, independiente del Estado y los gobiernos” que lleva años “impulsando los juicios de Lesa Humanidad (...) exigiendo la reapertura de los archivos de la dictadura, denunciando las complicidades civiles, oponiéndonos al negacionismo de los crímenes estatales, acompañando la búsqueda de los nietos apropiados, exigiendo la restitución de su identidad y luchando contra la impunidad de ayer y de hoy”.

    En ese marco, recuerdan que “los discursos negacionistas y de odio que realzan la violencia estatal y paraestatal” tienen larga data en Argentina. Citan de hecho algunos ejemplos como la Triple A, la Concentración Nacional Universitaria (CNU), el Comando Libertadores de América y la Liga Patriótica.

    Ambas denuncias fueron presentadas en Comodoro Py por abogados de organizaciones que integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Entre los firmantes están el Colectivo de Abogados Populares La Ciega, el Serpaj, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Sobrevivientes de Campo de Mayo, Hijos Oeste, el Encuentro Militante "Cachito" Fukman, la Mutual Sentimiento, Cadhu, Hermanos, el Colectivo Memoria Militante, Anfedh y Fadhus.

    La acción penal contra Laje cayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 que conduce el juez Ariel Lijo, nada menos que uno de los jueces propuesto por el Gobierno para ocupar uno de los sillones de la Corte Suprema de Justicia. La denuncia contra Parisini, en tanto, se tramita en el Juzgado 4 del mismo fuero, a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

    A Laje lo acusan de cometer “apología del crimen”. Según el artículo 213 del Código Penal, esa imputación le cabe a quien haga “públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”. Y le suman el agravante establecido en la Ley 23.592 sobre “actos discriminatorios”, que penaliza a quien haga propaganda basado “en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas”, y justifique o promueva la discriminación a través de “la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas”. Por ambos delitos podría caberle una pena de hasta tres años de prisión.

    A Parisini, en tanto, se lo acusa de incurrir en “intimidación pública” e “incitación a la violencia colectiva”, tal como lo tipifican los artículos 211 y 212 del Código Penal. Las penas contempladas pueden alcanzar los seis años de cárcel para quien difunda “un temor público” a través de mensajes y amenazas de “la comisión de un delito de peligro común” y/o incite públicamente “a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.

    Las pruebas contra Laje

    La denuncia contra el flamante presidente de la reaccionaria Fundación Faro toma como prueba central un video en el que éste despliega una expresa apología del genocidio, atacando a las mundialmente reconocidas Madres de Plaza de Mayo. En el video, Laje dice que “estas viejas de mierda (...) criaron a chicos para matar, para poner bombas, para secuestrar, para torturar, y con toda justicia les mataron a sus hijos. Con toda justicia, con toda justicia, porque el mejor terrorista es el terrorista muerto”.

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    Les denunciantes agregan que “según el último dato oficial, existen 1.159 represores condenados por delitos de lesa humanidad, es decir, cuando Laje dice que ‘con toda justicia les mataron a sus hijos' está enalteciendo el acto de ‘matar' como un acto moralmente valorable, negando la existencia de cientos de fallos judiciales donde, habiendo cumplido con todas las garantías procesales de defensa en juicio de los imputados, se probaron los delitos de Lesa humanidad que cometieron en perjuicio de una parte de la población civil, entre ellos, se encuentran los hijos de esas ‘viejas', a las que alude Laje en sus dichos”.

    “No sólo niega los crímenes de Estado cometidos por la última dictadura militar de nuestro país, invirtiendo los roles entre víctimas y victimarios, sino que los reivindica, poniendo en cuestionamiento a las víctimas y a sus familiares”, continúa el escrito presentado ante el juez Lijo. Y plantea que, según Laje, “los delitos de lesa humanidad cometidos por los condenados que llevaron a cabo un genocidio en nuestro pais, son actos de justicia”.

    Las pruebas contra el Gordo Dan

    En el caso del streemer que en el último año escaló en seguidores a partir de comandar un ejército de trolls pagos desde las oficinas de la Casa Rosada, les denunciantes destacan sus propias definiciones y arengas realizadas el 16 de noviembre durante el lanzamiento de la agrupación Fuerzas del Cielo en la localidad bonaerense de San Miguel. Se trata del acto viralizado y cuestionado masivamente por su destilada simbología nazifascista.

    El escrito que tiene en sus manos el juez Rafecas destaca que de aquel evento, además de “Dan” y Laje, participaron funcionarios como el secretario de Culto y Civilización (sic) de la Nación Nahuel Sotelo, el presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza en la Cámara baja bonaerense Agustín Romo y el director titular de la empresa estatal Intercargo Lucas Luna.

    Parisini dijo en ese acto que “la agrupación Fuerzas del Cielo que se está formando hoy aquí es el brazo armado de La Libertad Avanza, es la guardia pretoriana del presidente Javier Milei”.

    “El lanzamiento de esta agrupación nos preocupa particularmente no solo por el nivel de violencia que expresan sus referentes, sino por el apoyo visible que reciben por parte de funcionarios estatales muy cercanos al Presidente de la Nación”, reforzaron desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en su denuncia.

    Y agregan que “no es inocua la estética elegida para dar a conocer a la sociedad el surgimiento de la organización”, ya que “además de expresar que son el brazo armado del partido político oficial que hoy gobierna el país, muestra con total intencionalidad una estética y escenografía fascista”. En ese marco plantean que tal simbología es un mensaje claro que acompaña las palabras de Parisini.

    “La agrupación Fuerzas del Cielo debe ser valorada en el marco de una escalada de discursos de odio y persecución a sectores populares, de vinculaciones entre referentes de esta agrupación de derecha y funcionarios públicos en ejercicio”, insiste la denuncia al tiempo que pide al Poder Judicial que investigue si la “actividad y conformación de la agrupación Fuerzas del Cielo se financian con recursos estatales”.

    Por todo ello desde el EMVJ solicitan a Rafecas que “libre orden de allanamiento a los domicilios personales y oficinas laborales” de los funcionarios Romo, Sotelo y Luna. Quieren saber si del análisis de teléfonos, computadoras y cuadernos de los nombrados pueden obtenerse las respuestas sobre el financiamiento de esa campaña de odio, discriminación y apología del crimen.

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  • Milani en Tucumán: un barniz progresista para el genocida

    13 de diciembre de 2024, por Impunidad — , , , , , , , , , , , , ,

    El ex jefe del Ejército fue convocado por el Frente Grande para hablar de “soberanía” y el “rol de las Fuerzas Armadas”. Rechazo por su rol en la desaparición del conscripto Alberto Ledo en 1976.

    Este jueves 12 César Milani regresó a Tucumán aunque en esta ocasión no es por una de las causas de delitos de lesa humanidad en la que está involucrado. El ex jefe del Ejército durante la presidencia de Cristina Kirchner fue convocado por el Frente Grande, la organización de José Vitar que integra Unión por la Patria, para disertar en una charla titulada “Soberanía, defensa y proyecto nacional: el rol de las Fuerzas Armadas”.

    La charla es parte de un largo operativo para lavar la imagen de Milani, presentándola como un militar nacionalista y una referencia para construir un presunto “nuevo rol” de las FFAA. A su vez, se relaciona con los últimos intentos bajo el gobierno de Alberto Fernández de rehabilitar y reivindicar a los militares, justamente repudiados por su historial genocida. Como parte de ese operativo, Milani habla como un opositor de los gobiernos de Macri y Milei, cuestionando sus gestiones y a su vez como un referente para pensar las FFAA en el marco de “un proyecto nacional”.

    En una entrevista en La Gaceta, el ex jefe del Ejército afirmó que sus charlas tienen el objetivo de revalorizar a las FFAA y su rol ante “una amenaza externa”, diferenciándose de las declaraciones de Petri o Bullrich de buscar involucrarlas frente al narcotráfico o el “terrorismo”. “Hay una crítica a la política en general, en los últimos 40 años las Fuerzas Armadas han sido ninguneadas, un poco dejadas de lado, un poco con presupuesto bajo, un poco con salarios bajos”, afirmó Milani.

    Repudio total

    La filial riojana de Madres de Plaza Mayo emitió una declaración de repudio que sitúa el papel de Milani en la desaparición del conscripto riojano Alberto Ledo, entre el Operativo Independencia y la dictadura. “Repudiamos totalmente que se hable de militares defensores de la soberanía, como San Martín y Belgrano, junto a un represor genocida”, afirman.

    “Nos sorprende que hayan olvidado tan pronto que siendo Monteros y la provincia de Tucumán el Centro de Operaciones del Operativo Independencia, que en el año 76 el mando de ese Operativo fue heredado por Bussi, del cual Milani fue su esbirro. En efecto, durante el genocidio, desde el Tercer Cuerpo de Ejército se instalan en Tucumán distintos campos de concentración y de exterminio, dónde se exigió la presencia de los batallones militares de todas las provincias del norte argentino vinculadas al Tercer Cuerpo”, señalan las Madres.

    “Debido a ello, el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja destaca para prestar servicio, indeterminado número de soldados conscriptos, oficiales y suboficiales para la represión en esa provincia, entre otros a César Milani. Y esto está certificado en el propio legajo personal de Milani que en la parte pertinente referido a: Servicios y destinos. Dice por ejemplo: 16-12-76. Sale en comisión a la zona de operaciones jurisdicción de la Brigada 5 de Infantería”, continúa reconstruyendo la declaración. “La fecha citada anteriormente en el legajo de Milani corresponde al momento en que Alberto Ledo, el soldado conscripto de La Rioja, fue ingresado al Campo de Exterminio de los Polvorines ubicado en el predio militar de Miguel de Azcuénaga, donde fue visto por dos testigos por última vez”, agrega.

    Luego de décadas de pelea, Milani fue sentado en el banquillo de los acusados por la desaparición de Ledo. El juicio finalizó en noviembre de 2019 con un fallo vergonzoso que absolvió a Milani y condenó a Esteban Sanguinetti a 14 años de prisión en suspenso. La apelación fue presentada y aguarda el tratamiento de la Corte Suprema.

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